(-1)

La igualdad fiscal de todos los contribuyentes, y en particular de todas las empresas, es una condición indispensable del mercado único. El planteamiento coordenado y armonizado de la aplicación de los sistemas tributarios nacionales es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del mercado único y contribuiría a impedir la elusión fiscal y el traslado de beneficios. [Enm. 1]

(-1 bis)

La elusión y la evasión fiscales y los sistemas de traslado de beneficios han privado a los gobiernos y a las poblaciones de los recursos necesarios para, entre otras prestaciones, garantizar un acceso universal y gratuito a los servicios públicos de educación y sanidad y a los servicios sociales del Estado, y han impedido asimismo que los Estados pudieran financiar viviendas y medios de transporte público a precios asequibles y construir infraestructuras esenciales para impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico. En resumen, esos sistemas han sido un factor de injusticia, desigualdad y divergencias económicas, sociales y territoriales. [Enm. 2]

(-1 ter)

Una fiscalidad de las empresas equitativa y eficaz debe responder a la necesidad urgente de una política fiscal global progresiva y justa que promueva la redistribución de la riqueza y combata las desigualdades. [Enm. 3]

(1)

La transparencia es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del mercado único.  A lo largo de los últimos años, el problema que supone la elusión del pago del impuesto de sociedades ha aumentado de manera considerable y se ha convertido en un importante motivo de preocupación en la Unión y a nivel mundial. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 18 de diciembre de 2014, reconoció la urgencia de avanzar en la lucha contra la elusión fiscal, tanto a nivel mundial como de la Unión. La Comisión, en sus Comunicaciones tituladas «Programa de trabajo de 2016. No es momento de dejar las cosas como están» (3) y «Programa de trabajo de la Comisión para 2015. Un nuevo comienzo» (4), identificó como prioridad la necesidad de pasar a un sistema en virtud del cual el país en que se genere el beneficio sea también el país de imposición. La Comisión señaló asimismo como prioridad la necesidad de responder a la exigencia de equidad y transparencia fiscal expresada por la sociedad. ofrecer una respuesta a los ciudadanos europeos en su exigencia de transparencia, y la necesidad de actuar como modelo de referencia para otros países. Es fundamental que la exigencia de transparencia tenga en cuenta el factor de reciprocidad entre los diferentes competidores . [Enm. 4]

(2)

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 16 de diciembre de 2015, sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión (5), reconoció que el aumento de la transparencia , la cooperación y la convergencia en el ámbito de la política de tributación de las sociedades en la Unión puede mejorar la recaudación tributaria, hacer que el trabajo de las autoridades fiscales sea más eficiente, apoyar a los responsables de la toma de decisiones políticas en su evaluación del actual sistema tributario con miras a desarrollar la futura legislación, aumentar la confianza de la ciudadanía en los sistemas fiscales y los Gobiernos y mejorar la toma de decisiones de inversión sobre la base de perfiles de riesgo empresarial más precisos . [Enm. 5]

(2 bis)

El intercambio público de informes por países es un instrumento eficiente y adecuado para aumentar la transparencia en relación con las actividades de las empresas multinacionales y permitir que los ciudadanos evalúen el impacto de las mismas en la economía real. También mejorará la capacidad de los accionistas para evaluar debidamente los riesgos asumidos por las empresas, lo cual redundará en estrategias de inversión basadas en información precisa y contribuirá a que los responsables de las políticas tengan más oportunidades para evaluar la eficiencia y los efectos de las legislaciones nacionales. [Enm. 6]

(2 ter)

La presentación de informes país por país también repercutirá positivamente en los derechos de los trabajadores a la información y a la consulta tal como prevé la Directiva 2002/14/CE, así como en la calidad del diálogo en el seno de las empresas al aumentar la información sobre sus actividades.

(3)

A raíz de las conclusiones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013, se introdujo una cláusula de revisión en la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) que exigía a la Comisión que considerara la posibilidad de introducir una obligación para las grandes empresas de otros sectores de actividad de presentar, con carácter anual, un informe por país, habida cuenta de la evolución en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los resultados de las iniciativas europeas conexas.

(4)

La OCDE, instando a la adopción de un sistema fiscal internacional equitativo y moderno, aprobó en noviembre de 2015 su Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), orientado a ofrecer a los gobiernos unas soluciones internacionales claras para colmar las lagunas y subsanar los desajustes de las normas vigentes, que permiten que los beneficios empresariales se trasladen a ubicaciones de tributación baja o nula, en los que puede no producirse una verdadera generación de valor real. Concretamente, la acción 13 del BEPS introduce la presentación, con carácter confidencial, de informes país por país por países a las autoridades tributarias por parte de determinadas empresas multinacionales. El 27 de enero de 2016, la Comisión adoptó el «Paquete de lucha contra la elusión fiscal». Uno de los objetivos de dicho paquete consiste en transponer a la legislación de la Unión la acción 13 del BEPS a través de mediante la modificación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo (7). No obstante, para gravar los beneficios donde se genera valor, es necesario un enfoque más completo en relación con la presentación de informes país por país basado en la elaboración de informes públicos . [Enm. 8]

(4 bis)

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) debe actualizar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), a fin de facilitar la introducción de requisitos para el intercambio de informes públicos por países. [Enm. 9]

(4 ter)

La Directiva 2013/36/UE establece ya la presentación de informes públicos por países para el sector bancario de la Unión, y la Directiva 2013/34/UE, para la industria extractiva y maderera. [Enm. 10]

(4 quater)

Con la introducción sin precedentes de la presentación de informes públicos por países, la Unión ha demostrado que se ha convertido en un líder mundial en la lucha contra la elusión fiscal. [Enm. 11]

(4 quinquies)

Dado que solo es posible luchar con éxito contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva mediante acciones conjuntas a nivel internacional, es imperativo que la Unión, al tiempo que mantiene su posición de liderazgo mundial en esta lucha, coordine sus acciones con los actores internacionales, por ejemplo en el marco de la OCDE. Las actuaciones unilaterales, aun siendo muy ambiciosas, no solo no tienen ninguna posibilidad real de éxito, sino que ponen también en peligro la competitividad de las empresas europeas y perjudican el clima inversor en la propia Unión. [Enm. 12]

(4 sexies)

El aumento de la transparencia en las declaraciones financieras redunda en beneficio de todas las partes, dado que contribuye a la eficiencia de las administraciones tributarias, promueve la participación de la sociedad, mejora la información de los trabajadores y consigue que los inversores sean menos reacios a correr riesgos. Por otra parte, las empresas se benefician de una mejor relación con las partes interesadas, lo cual se traduce a su vez en una mayor estabilidad y un acceso más fácil a la financiación, dado que se precisan los perfiles de riesgo y se produce una mejora de la reputación. [Enm. 13]

(5)

El Además del aumento de la transparencia gracias a la presentación de informes por países a las autoridades tributarias nacionales, el aumento del control público del impuesto de sociedades abonado por empresas multinacionales que desempeñan actividades en la Unión es un elemento crucial para promover la rendición de cuentas y fomentar la responsabilidad empresarial social de las empresas , contribuir al bienestar a través del mediante el pago de impuestos, promover una competencia fiscal más leal en la Unión a través por medio de un debate público mejor fundamentado y restaurar restablecer la confianza de los ciudadanos en la equidad de los sistemas tributarios nacionales. Tal control público puede lograrse mediante la presentación de informes referidos a la tributación del impuesto de sociedades, independientemente del lugar donde esté establecida la sociedad matriz última del grupo multinacional. No obstante, el control público debe llevarse a cabo sin perjudicar el clima inversor o la competitividad de las empresas de la Unión, en particular las pymes, tal como se definen en la presente Directiva, y las empresas de mediana capitalización, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2015/1017  (8) , que deben quedar excluidas de la obligación de presentar informes que establece la presente Directiva. [Enm. 14]

(5 bis)

La Comisión ha definido la responsabilidad social de las empresas como la responsabilidad que tienen las empresas por su impacto en la sociedad. La responsabilidad social de las empresas debe partir de las propias empresas. Las autoridades públicas pueden desempeñar un papel de apoyo por medio de una combinación inteligente de medidas políticas voluntarias y, en caso necesario, regulación complementaria. Las empresas pueden ejercer su responsabilidad social bien sea aplicando la legislación o bien integrando las inquietudes sociales, ambientales, éticas, de los consumidores o de los derechos humanos en sus estrategias y actividades empresariales, o bien optando por una combinación de ambos elementos. [Enm. 15]

(6)

Los ciudadanos deben poder controlar todas las actividades de un grupo cuando este disponga de varios establecimientos en la Unión. En cuanto a los grupos que desarrollan actividades dentro de la Unión únicamente a través de filiales o sucursales, estas deben publicar el informe de la sociedad matriz última y facilitar el acceso al mismo. Sin embargo, por motivos de proporcionalidad y eficacia, la obligación de publicar y hacer accesible el informe debe limitarse a las filiales medianas y grandes establecidas en la Unión o a las sucursales de tamaño comparable constituidas en un Estado miembro. El ámbito de aplicación de la Directiva 2013/34/UE debe, pues, ampliarse consiguientemente a las sucursales constituidas en un Estado miembro por una empresa establecida fuera de la Unión y fuera de ella . Los grupos que tienen establecimientos en la Unión deben cumplir sus principios de buena gobernanza fiscal. Las empresas multinacionales operan a nivel mundial y su comportamiento empresarial tiene un impacto considerable en los países en desarrollo. Facilitar a sus ciudadanos el acceso a la información empresarial por países permitiría que dichos ciudadanos y las administraciones tributarias de sus países supervisaran, evaluaran y responsabilizaran a esas empresas. Mediante la publicación de información específica para cada una de las jurisdicciones fiscales en las que operan las empresas multinacionales, la Unión reforzaría la coherencia de su política de desarrollo y limitaría los posibles sistemas de elusión fiscal en aquellos países en los que la movilización de recursos internos se ha identificado como un componente fundamental de la política de desarrollo de la Unión. [Enm. 16]

(7)

Para evitar la duplicación de informes en el sector bancario, las sociedades matrices últimas que estén sujetas al cumplimiento de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y que incluyan en su informe elaborado de conformidad con el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE todas sus actividades y las actividades de sus empresas ligadas comprendidas en sus estados financieros consolidados, incluidas las actividades no sujetas al cumplimiento de las disposiciones de la parte tercera, título I, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), deben quedar exentas del cumplimiento de los requisitos de información previstos en la presente Directiva.

(8)

El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades debe facilitar información relativa a todas las actividades de la empresa o de todas las empresas ligadas de un grupo controlado por una sociedad matriz última. La información debe basarse en tener en cuenta las especificaciones para la elaboración del informe de la acción 13 del BEPS y limitarse a lo necesario para permitir un control público efectivo, al objeto de velar por que la divulgación no dé lugar a riesgos o inconvenientes desproporcionados para las empresas interesadas en términos de competitividad o de una interpretación equivocada . El informe debe incluir asimismo una breve descripción de la naturaleza de las actividades. Dicha descripción podría basarse en las categorías expuestas en el cuadro 2 del anexo III del capítulo V de las Orientaciones relativas a la documentación sobre precios de transferencia de la OCDE. El informe debe incluir una exposición general que explique , entre otros aspectos, los casos de discrepancias importantes a nivel de grupo entre los importes de los impuestos devengados y los de los impuestos pagados, teniendo en cuenta los importes correspondientes a ejercicios anteriores. [Enm. 17]

(9)

A fin de garantizar un grado de detalle que permita a los ciudadanos evaluar mejor la contribución de las EMN empresas multinacionale al bienestar en cada Estado miembro una de las jurisdicciones en las que operan, tanto dentro como fuera de la Unión, sin perjudicar a la competitividad de las empresas , la información debe desglosarse por Estado miembro. Además, la información relativa a las operaciones de las empresas multinacionales debe figurar también con un elevado nivel de detalle en relación con determinadas jurisdicciones fiscales que presenten problemas particulares jurisdicciones . El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades solo puede interpretarse y utilizarse con sentido si la información se presenta de forma desagregada para cada una de las jurisdicciones fiscales. . . [Enm. 18]

Para todas las demás operaciones de terceros países, la información debe facilitarse de forma agregada

(9 bis)

Cuando la información que se vaya a divulgar pueda ser considerada sensible desde el punto de vista comercial por parte de la empresa, esta última podrá pedir autorización a la autoridad competente del lugar donde esté establecida para no divulgar la información en su integridad. En los casos en que la autoridad nacional competente no sea una autoridad fiscal, la autoridad fiscal competente deberá tomar parte en la decisión. [Enm. 82]

(10)

A fin de reforzar la responsabilidad frente a terceros y garantizar una gobernanza adecuada, los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de la sociedad matriz última que esté establecida en la Unión y que tenga la obligación de redactar, publicar y hacer accesible el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades deben ser colectivamente responsables de velar por el cumplimiento de tales obligaciones de información. Habida cuenta de que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de las filiales establecidas en la Unión y sujetas al control de una sociedad matriz última establecida fuera de la Unión o la persona o personas encargadas de las formalidades de publicidad para las sucursales pueden disponer de un conocimiento limitado del contenido del informe referido a la tributación del impuesto de sociedades elaborado por la sociedad matriz última, su responsabilidad de publicar y hacer accesible el informe en cuestión debe ser también limitada.

(11)

Para garantizar que los casos de incumplimiento se hagan públicos, el auditor o auditores legales o la entidad o entidades de auditoría deben comprobar si el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se ha transmitido y presentado con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva y si se puede consultar en el sitio web de la empresa correspondiente o en el sitio web de una empresa ligada y si la información publicada está en consonancia con la información financiera auditada por la empresa en los plazos establecidos por la presente Directiva . [Enm. 19]

(11 bis)

Los casos de incumplimiento por las empresas y filiales de los requisitos relativos a los informes sobre la tributación del impuesto de sociedades que dan lugar a la imposición de sanciones por los Estados miembros, de conformidad con la Directiva 2013/34/UE, deben incluirse en un registro público gestionado por la Comisión. Estas sanciones pueden incluir, entre otras medidas, la imposición de multas administrativas y la exclusión de los procedimientos de licitación pública y de concesión de financiación procedente de los fondos estructurales de la Unión. [Enm. 20]

(12)

La presente Directiva tiene por objeto mejorar la transparencia y el control público del impuesto de sociedades, adaptando el marco jurídico vigente relativo a las obligaciones impuestas a empresas y sociedades en lo que respecta a la publicación de informes, con el fin de proteger los intereses de socios y terceros, a tenor del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE. Como declaró el Tribunal de Justicia, en particular en el asunto C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-Händler (11), el artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE hace referencia a la necesidad de proteger los intereses de los «terceros» en general, sin distinguir o excluir ninguna categoría de estos. Por otra parte, el objetivo de alcanzar la libertad de establecimiento, que encomienda en términos muy amplios a las instituciones el artículo 50, apartado 1, del TFUE, no puede verse restringido por las disposiciones del artículo 50, apartado 2, del TFUE. Habida cuenta de que el objeto de la presente Directiva no es la armonización de los impuestos, sino únicamente la obligación de publicar informes sobre la tributación del impuesto de sociedades, el artículo 50, apartado 1, del TFUE constituye la base jurídica apropiada.

(13)

A fin de determinar las jurisdicciones fiscales respecto de las cuales debe mostrarse un elevado nivel de detalle, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que atañe a la elaboración de una lista común de la Unión de estas jurisdicciones fiscales. Esta lista debe elaborarse a partir de una serie de criterios, definidos sobre la base del anexo 1 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Estrategia exterior para una imposición efectiva» [COM(2016)0024]. Reviste especial importancia que la Comisión proceda a las consultas oportunas durante sus trabajos de preparación, también a nivel de expertos, y que dichas consultas se lleven a cabo de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», de 9 de marzo de 2016. En particular, a fin de garantizar la igualdad de participación en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que traten de la preparación de los actos delegados. [Enm. 21]

(13 bis)

Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del artículo 48 ter, apartados 1, 3, 4 y 6, y del artículo 48 quater, apartado 5, de la Directiva 2013/34/UE, también deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo  (12) . [Enm. 22]

(14)

Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Por consiguiente, la actuación de la Unión se justifica para afrontar la dimensión transfronteriza de la planificación fiscal agresiva o los acuerdos de precios de transferencia. Esta iniciativa responde a las preocupaciones expresadas por las partes interesadas acerca de la necesidad de abordar las distorsiones del mercado único sin poner en peligro la competitividad de la Unión. Dicha iniciativa no debe ocasionar una carga administrativa indebida a las empresas, generar conflictos fiscales adicionales o entrañar el riesgo de una doble imposición. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo , al menos en lo que se refiere a una mayor transparencia . [Enm. 23]

(15)

La presente En términos generales, el alcance de la información divulgada en el marco de la presente Directiva es proporcionado a los objetivos de potenciar la transparencia y el control públicos. Se considera, por tanto, que la Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [Enm. 24]

(16)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (13), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición , por ejemplo, en forma de tabla de correspondencias . Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada para cumplir el objetivo de la Directiva y evitar posibles omisiones e incoherencias en su transposición por los Estados miembros a los ordenamientos jurídicos nacionales . [Enm. 25]

(17)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2013/34/UE en consecuencia.