(1)

La finalidad de la presente Directiva es permitir a entidades representativas habilitadas, que representen el interés colectivo de los consumidores, intentar obtener medidas correctoras a través de acciones de representación contra infracciones de las disposiciones del Derecho de la Unión. Las entidades representativas habilitadas deben poder solicitar el cese o la prohibición de una infracción, y la confirmación de que se ha producido una infracción, y tratar de obtener reparación, como una indemnización, reembolso del precio pagado , arreglo , sustitución, retirada, reducción del precio o resolución del contrato , conforme a las leyes nacionales. [Enm. 1]

(2)

La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) permitía a las entidades representativas habilitadas interponer acciones de representación destinadas principalmente a poner fin y prohibir infracciones del Derecho de la Unión perjudiciales para los intereses colectivos de los consumidores. No obstante, esa Directiva no abordaba suficientemente las dificultades a la hora de aplicar la legislación en materia de consumo. Para mejorar la disuasión de las prácticas ilícitas , fomentar las buenas prácticas comerciales responsables y reducir el perjuicio al consumidor, es necesario reforzar el mecanismo de protección de los intereses colectivos de los consumidores. Habida cuenta de los numerosos cambios introducidos, en aras de la claridad procede la sustitución de la Directiva 2009/22/CE. Existe una gran necesidad de intervención de la Unión, sobre la base del artículo 114 del TFUE, a fin de garantizar el acceso a la justicia y su buena administración, ya que reduciría los costes y la carga que implican las acciones individuales. [Enm. 2]

(3)

Una acción de representación debe ofrecer una forma eficaz y eficiente de proteger los intereses colectivos de los consumidores tanto frente a las infracciones nacionales como transfronterizas . Debe permitir a las entidades habilitadas actuar con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y superar los obstáculos a los que se enfrentan los consumidores en el marco de acciones individuales, como la incertidumbre acerca de sus derechos y los mecanismos procesales disponibles, la experiencia previa de demandas infructuosas, la duración excesiva de los procedimientos, la reticencia psicológica a emprender acciones y el saldo negativo de los costes y beneficios previstos de la acción individual , aumentando la seguridad jurídica tanto para los demandantes como para los demandados, así como para el sistema jurídico . [Enm. 3]

(4)

Es importante garantizar el equilibrio necesario entre el acceso a la justicia y las salvaguardias procesales frente a litigios abusivos, que podrían obstaculizar injustificadamente la capacidad de las empresas para operar en el mercado único. Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deben evitarse elementos como indemnizaciones punitivas y la ausencia de limitaciones respecto del derecho a interponer una acción en nombre de los consumidores perjudicados, y deben establecerse normas claras en relación con diversos aspectos procesales, como la designación de las entidades representativas habilitadas, el origen de sus fondos y la naturaleza de la información necesaria para apoyar la acción de representación. La presente Directiva no debería afectar a las normas nacionales relativas a la atribución de costas procesales La parte perdedora debe soportar las costas del proceso. No obstante, el órgano jurisdiccional no debe condenar a la parte perdedora a pagar las costas generadas innecesariamente o que no guarden proporción con el valor de la demanda . [Enm. 4]

(5)

Las infracciones que afectan a los intereses colectivos de los consumidores suelen tener implicaciones transfronterizas. La disponibilidad de unas acciones de representación más eficaces y eficientes en el conjunto de la Unión debería potenciar la confianza de los consumidores en el mercado interior y capacitarlos para que ejerzan sus derechos.

(6)

La presente Directiva debe abarcar una serie de ámbitos, como la protección de datos, los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, las telecomunicaciones y, el medio ambiente y la salud . Debe abarcar infracciones de las disposiciones del Derecho de la Unión que protegen los intereses colectivos de los consumidores, independientemente de si se hace referencia a ellos como consumidores o como viajeros, usuarios, clientes, inversores minoristas, clientes minoristas u otros términos de la legislación pertinente de la Unión , así como los intereses colectivos de los interesados en el sentido del Reglamento general de protección de datos . Para garantizar una respuesta adecuada a la infracción del Derecho de la Unión, cuya forma y escala evolucionan rápidamente, cada vez que se adopte un nuevo acto pertinente de la Unión para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, debe considerarse si es necesario modificar el anexo de la presente Directiva, con el fin de incluirlo en su ámbito de aplicación. [Enm. 5]

(6 bis)

La presente Directiva se aplica a las acciones de representación interpuestas contra infracciones con un amplio impacto sobre los consumidores relacionadas con las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo I. El amplio impacto comienza cuando se ven afectados dos consumidores. [Enm. 6]

(7)

La Comisión ha adoptado una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.o 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) n.o 2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje, y otra propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. Resulta por tanto apropiado establecer que, un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión valore si las normas de la Unión en el ámbito de los derechos de los pasajeros aéreos y ferroviarios ofrecen un nivel de protección adecuado para los consumidores, comparable al que se ofrece en la presente Directiva, y extraiga las conclusiones necesarias en cuanto al ámbito de aplicación de la misma.

(8)

Sobre la base de la Directiva 2009/22/CE, la presente Directiva debe abarcar infracciones tanto nacionales como transfronterizas, en particular cuando los consumidores afectados por una infracción residen en uno o varios Estados miembros distintos del Estado miembro en el que está establecido el comerciante que ha cometido la infracción. También debe abarcar las infracciones que hayan cesado antes de que se haya interpuesto o haya concluido la acción de representación, ya que puede ser necesario prevenir la repetición de la práctica, establecer que una determinada práctica constituye una infracción y facilitar la reparación para los consumidores.

(9)

La presente Directiva no debe establecer normas de Derecho internacional privado en materia de jurisdicción, reconocimiento y ejecución de sentencias o legislación aplicable. Los actuales instrumentos legislativos de la Unión se aplican a las acciones de representación establecidas por la presente Directiva , evitando cualquier aumento de la búsqueda del foro más favorable . [Enm. 7]

(9 bis)

La presente Directiva no debe afectar a la aplicación de las normas de la Unión sobre Derecho internacional privado en asuntos transfronterizos. Se aplica a las acciones de representación previstas en la presente Directiva el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición — Bruselas I), el Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) y el Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II). [Enm. 8]

(10)

Puesto que únicamente las entidades representativas habilitadas pueden interponer las acciones de representación, para garantizar que los intereses colectivos de los consumidores estén debidamente representados, las entidades representativas habilitadas deben cumplir los criterios establecidos en la presente Directiva. En particular, deben estar debidamente constituidas conforme a la legislación de un Estado miembro, lo que puede debe incluir, por ejemplo, requisitos en relación con el número de miembros o el grado de permanencia, o requisitos de transparencia en aspectos relevantes de su estructura, como sus estatutos sociales, su estructura de gobierno, sus objetivos y sus métodos de trabajo. Debe tratarse asimismo de entidades sin ánimo de lucro y deben tener un interés legítimo en garantizar el cumplimiento de la legislación pertinente de la Unión. Estos criterios deben aplicarse tanto a entidades habilitadas designadas previamente como a entidades habilitadas específicamente que se constituyan para una acción concreta Además, las entidades representativas habilitadas deben ser independientes de los operadores del mercado, también desde el punto de vista financiero. Las entidades representativas habilitadas deben contar asimismo con un procedimiento establecido para prevenir los conflictos de intereses. Los Estados miembros no deben imponer criterios que vayan más allá de los establecidos en la presente Directiva . [Enm. 9]

(11)

Los organismos públicos independientes y las asociaciones de consumidores, en particular, deben desempeñar un papel activo a la hora de garantizar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y se encuentran en una buena posición para actuar como entidades habilitadas. Puesto que estas entidades tienen acceso a diferentes fuentes de información acerca de las prácticas de los comerciantes en relación con los consumidores y tienen prioridades diferentes para sus actividades, los Estados miembros deben decidir libremente sobre los tipos de medidas que puede solicitar cada una de estas entidades habilitadas en acciones de representación.

(12)

Puesto que tanto los procedimientos judiciales como los administrativos pueden estar, de forma eficaz y eficiente, al servicio de la protección de los intereses colectivos de los consumidores, se deja a criterio de los Estados miembros si la acción de representación puede interponerse en procedimientos judiciales o administrativos, o ambos, dependiendo del ámbito de aplicación de la ley o del sector económico en cuestión. Esto se entenderá sin perjuicio del derecho a una tutela judicial efectiva conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en virtud del cual los Estados miembros velarán por que los consumidores y las empresas tengan derecho a una tutela judicial efectiva, frente a cualquier decisión administrativa adoptada de conformidad con las disposiciones nacionales por las que se aplica la presente Directiva. Esto incluirá la posibilidad de que las partes obtengan una resolución de suspensión de la decisión impugnada, de conformidad con la legislación nacional.

(13)

Para reforzar la eficacia procesal de las acciones de representación, las entidades habilitadas deben tener la posibilidad de solicitar medidas diferentes en una única acción de representación o en acciones de representación separadas. Estas medidas deben incluir medidas cautelares para detener una práctica en curso o prohibir una práctica en caso de que no se haya llevado a cabo pero exista el riesgo de que cause perjuicios graves o irreversibles a los consumidores, medidas que establezcan que una determinada práctica constituye una infracción de la ley y, en caso necesario, que pongan fin o prohíban la práctica en el futuro, así como medidas que eliminen los efectos continuados de la infracción, incluida la reparación. Si se solicita en una única acción, las entidades habilitadas deben poder solicitar todas las medidas pertinentes en el momento de interponer la acción o solicitar primero una orden de cesación pertinente y, posteriormente, y si procede, una orden de reparación.

(14)

Las órdenes de cesación tienen por objeto la protección de los intereses colectivos de los consumidores independientemente de cualquier pérdida o perjuicio real sufrido por cada consumidor. Las órdenes de cesación pueden exigir que los comerciantes tomen medidas específicas, como proporcionar a los consumidores la información previamente omitida infringiendo las obligaciones legales. Las decisiones por las que se establezca que una práctica constituye una infracción no deben depender de si la práctica se ha cometido de forma deliberada o por negligencia.

(15)

La entidad habilitada que inicie la acción de representación en virtud de la presente Directiva debe ser parte en el procedimiento. Los consumidores afectados por la infracción deben tener posibilidades adecuadas de beneficiarse de ser informados adecuadamente en relación con los resultados pertinentes de la acción de representación y el modo en que pueden beneficiarse de ellos . Las órdenes de cesación dictadas en virtud de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de las acciones individuales interpuestas por consumidores perjudicados por la práctica objeto de la orden de cesación. [Enm. 10]

(16)

Las entidades representativas habilitadas deben poder solicitar medidas destinadas a eliminar los efectos continuados de la infracción. Estas medidas deben adoptar la forma de una orden de reparación que obligue al comerciante a ofrecer, entre otras cosas, indemnización, arreglo, sustitución , retirada , reducción del precio, resolución del contrato o reembolso del precio pagado, según proceda y conforme a las leyes nacionales. [Enm. 11]

(17)

La indemnización concedida a los consumidores perjudicados en una situación de daños masivos no debe exceder del importe que deba pagar el comerciante para cubrir el perjuicio real sufrido con arreglo a la legislación nacional o de la Unión aplicable. En particular, deben evitarse las indemnizaciones punitivas que concedan a la parte demandante una indemnización superior al daño sufrido.

(18)

Los Estados miembros podrán deben exigir a las entidades representativas habilitadas que faciliten información suficiente para apoyar una acción de representación para obtener reparación, incluida una descripción del grupo de consumidores afectados por una infracción y las cuestiones de hecho y de derecho que deben resolverse en el marco de la acción de representación. Para iniciar la acción, no debe exigirse a la entidad habilitada que identifique individualmente a todos los consumidores afectados por una infracción. En acciones de representación para obtener reparación, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa debe verificar en la fase más temprana posible del procedimiento la idoneidad del caso para la interposición de una acción de representación, teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y las características de los perjuicios sufridos por los consumidores afectados. En particular, las demandas deben ser determinables y uniformes y las medidas solicitadas deben tener una naturaleza común, la financiación por parte de terceros de la entidad habilitada debe ser transparente y no implicar ningún conflicto de intereses. Asimismo, los Estados miembros deben velar por que el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa tenga la facultad para desestimar los asuntos manifiestamente infundados en la fase más temprana posible del procedimiento. [Enm. 12]

(19)

Debe permitirse a los Estados miembros decidir si sus órganos jurisdiccionales o autoridades nacionales ante los que se haya interpuesto una acción de representación para obtener reparación pueden dictar, de manera excepcional, en lugar de una orden de reparación, una resolución declarativa relativa a la responsabilidad del comerciante frente a los consumidores perjudicados por una infracción en la que podrían basarse directamente acciones de reparación subsiguientes por parte de cada consumidor. Esta posibilidad debe reservarse a los casos debidamente justificados en los que la cuantificación de la reparación individual que corresponda atribuir a cada uno de los consumidores afectados por la acción de representación sea compleja y resulte ineficiente llevarla a cabo en el marco de la acción de representación. Las resoluciones declarativas no deben dictarse en situaciones que no sean complejas y, en particular, cuando los consumidores en cuestión sean determinables y cuando hayan sufrido un perjuicio comparable en relación con un período de tiempo o una compra. Del mismo modo, no deberían dictarse resoluciones declarativas cuando la cuantía de la pérdida sufrida por cada uno de los consumidores sea tan escasa que resulte improbable que los consumidores individuales reclamen una reparación individual. El órgano jurisdiccional o la autoridad nacional debe motivar debidamente el recurso a una resolución declarativa en lugar de a una orden de reparación en un caso concreto. [Enm. 13]

(20)

Cuando los consumidores afectados por la misma práctica sean determinables y hayan sufrido daños comparables en relación con un período de tiempo o una compra, como en el caso de los contratos de consumo a largo plazo, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa podrá definir claramente el grupo de consumidores afectados por la infracción en el curso de la acción de representación. En particular, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa podría solicitar al comerciante que haya cometido la infracción que facilite información pertinente, como la identidad de los consumidores afectados y la duración de la práctica. Por motivos de premura y eficiencia, en esos casos los Estados miembros, con arreglo a su legislación nacional, podrían considerar ofrecer a los consumidores la posibilidad de beneficiarse directamente de una orden de reparación después de que haya sido dictada sin necesidad de otorgar un mandato individual antes de que se dicte la orden de reparación. [Enm. 14]

(21)

En asuntos de escasa cuantía, es poco probable que la mayoría de los consumidores interpongan acciones para hacer valer sus derechos, porque los esfuerzos superarían a los beneficios individuales. Sin embargo, si la misma práctica afecta a varios consumidores, la pérdida agregada puede ser significativa. En tales casos, un órgano jurisdiccional o una autoridad puede considerar que resulta desproporcionado distribuir los fondos entre los consumidores afectados, por ejemplo porque es demasiado oneroso o impracticable. Por tanto, los fondos recibidos como reparación a través de acciones de representación tendrán mayor utilidad para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y deben destinarse a un objetivo público pertinente, como un fondo de asistencia jurídica gratuita para los consumidores, campañas de sensibilización o asociaciones de consumidores. [Enm. 15]

(22)

Solo podrán solicitarse medidas destinadas a eliminar los efectos continuados de la infracción sobre la base de una resolución definitiva, que establezca una infracción del Derecho de la Unión amparada por el ámbito de aplicación de la presente Directiva que perjudique el interés colectivo de los consumidores, incluida una orden de cesación definitiva dictada en el marco de la acción de representación. En particular, podrán solicitarse medidas que eliminen los efectos continuados de la infracción sobre la base de resoluciones definitivas de un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa en el contexto de las actividades de aplicación reguladas por el Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 (5).

(23)

La presente Directiva contempla un mecanismo procesal, lo que no afecta a las normas que establecen derechos sustantivos de los consumidores a medidas correctoras contractuales y no contractuales en caso de que sus intereses se hayan visto perjudicados por una infracción, como el derecho a una indemnización por daños y perjuicios, resolución del contrato, reembolso, sustitución, retirada, arreglo o reducción del precio. Una acción de representación que solicite reparación en virtud de la presente Directiva solo podrá interponerse cuando el Derecho de la Unión o la legislación nacional prevea dichos derechos sustantivos. [Enm. 16]

(24)

La presente Directiva persigue una armonización mínima y no sustituye los mecanismos nacionales de recurso colectivo existentes. Teniendo en cuenta sus tradiciones jurídicas, deja a criterio de los Estados miembros la posibilidad de diseñar la acción de representación establecida por la presente Directiva en el marco de un mecanismo de recurso colectivo existente o futuro o como alternativa a estos mecanismos, en la medida en que el mecanismo nacional cumpla las modalidades previstas en la presente Directiva. No impide a los Estados miembros mantener sus marcos actuales ni les obliga a modificarlos. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de aplicar las normas previstas en la presente Directiva en su sistema propio de recurso colectivo o de aplicarlas en un procedimiento separado. [Enm. 17]

(25)

Las entidades representativas habilitadas deben ser totalmente transparentes respecto de la fuente de financiación de su actividad en general y en relación con los fondos que apoyen una acción de representación concreta para obtener reparación, a fin de permitir que los órganos jurisdiccionales o las autoridades administrativas evalúen si puede existir un conflicto de intereses entre el financiador tercero y la entidad habilitada y de evitar riesgos de litigio abusivo, así como de evaluar si el financiador tercero la entidad habilitada cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros ante la entidad habilitada representar los mejores intereses de los consumidores y para asumir el conjunto de las costas judiciales en caso de perder la acción . La información facilitada por la entidad habilitada en la fase más temprana del procedimiento al órgano jurisdiccional o a la autoridad administrativa que supervise la acción de representación debe permitir evaluar si el tercero puede influir en las decisiones de procedimiento de la entidad habilitada en general y en el contexto de la acción de representación, incluidos los acuerdos, y si proporciona financiación para una acción de representación para obtener reparación contra un demandado que es competidor del financiador o contra un demandado del que depende el financiador. Si se confirma alguna de estas circunstancias, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa debe estar facultado para exigir a la entidad habilitada que rechace la financiación en cuestión y, en caso necesario, para no admitir la legitimación de la entidad habilitada en un caso concreto. Los Estados miembros deben impedir la creación de entidades representativas habilitadas a los bufetes de abogados. La financiación indirecta de la acción mediante donaciones, incluidas donaciones de comerciantes en el marco de iniciativas de responsabilidad social de las empresas, deben aceptarse como financiación de terceros siempre que cumplan los requisitos de transparencia, independencia y ausencia de conflictos de intereses enumerados en el artículo 4 y el artículo 7. [Enm. 18]

(26)

Deben fomentarse los acuerdos colectivos extrajudiciales , como la mediación, destinados a proporcionar una reparación a los consumidores perjudicados antes de interponer la acción de representación y en cualquier fase de la acción de representación. [Enm. 19]

(27)

Los Estados miembros pueden establecer que una entidad habilitada y un comerciante que hayan llegado a un acuerdo relativo a la reparación ofrecida a los consumidores afectados por una práctica presuntamente ilegal de ese comerciante puedan solicitar conjuntamente a un órgano jurisdiccional o a una autoridad administrativa que lo apruebe. Esta solicitud debe ser admitida por el órgano jurisdiccional o por la autoridad administrativa únicamente si no existe ninguna otra acción de representación en curso en relación con la misma práctica. El órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa competente que apruebe dicho acuerdo colectivo debe tener en cuenta los intereses y los derechos de todas las partes interesadas, incluidos los consumidores individuales. Se dará a los consumidores individuales afectados la posibilidad de aceptar o rechazar someterse a dicho acuerdo Los acuerdos deben ser definitivos y vinculantes para todas las partes . [Enm. 20]

(28)

El órgano jurisdiccional y la autoridad administrativa deben estar facultados para invitar al comerciante infractor y a la entidad habilitada que haya interpuesto la acción de representación a que entablen negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo sobre la reparación que se ofrecerá a los consumidores afectados. La decisión de invitar a las partes a resolver un conflicto extrajudicialmente debe tener en cuenta el tipo de infracción a la que se refiere la acción, las características de los consumidores afectados, el posible tipo de reparación que se va a ofrecer, la disposición de las partes a llegar a un acuerdo y la diligencia del procedimiento.

(29)

Con el fin de facilitar la reparación solicitada por consumidores individuales sobre la base de resoluciones declarativas definitivas en relación con la responsabilidad del comerciante frente a los consumidores perjudicados por una infracción dictadas en el marco de acciones de representación, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa que haya dictado la resolución debe estar facultado para solicitar a la entidad habilitada y al comerciante que alcancen un acuerdo colectivo. [Enm. 21]

(30)

Cualquier acuerdo extrajudicial alcanzado en el marco de una acción de representación o basado en una resolución declarativa definitiva debe ser aprobado por el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa pertinente para garantizar su legalidad y su equidad, teniendo en cuenta los intereses y los derechos de todas las partes interesadas. Se dará a los consumidores individuales afectados la posibilidad de aceptar o rechazar someterse a dicho acuerdo El acuerdo será vinculante para todas las partes sin perjuicio de ningún derecho adicional a reparación que los consumidores afectados puedan tener con arreglo a la legislación de la Unión o nacional . [Enm. 22]

(31)

Garantizar que los consumidores reciban información sobre una acción de representación es esencial para su éxito. Debe informarse a los consumidores de la acción de representación en curso, del hecho de que la práctica de un comerciante se ha considerado un incumplimiento de la ley, de sus derechos derivados del establecimiento de una infracción y de las medidas que deben adoptar posteriormente los consumidores afectados, especialmente para obtener una reparación. Los riesgos reputacionales asociados a la divulgación de información sobre la infracción también son importantes a la hora de disuadir a los comerciantes de vulnerar los derechos de los consumidores.

(32)

Para que sea eficaz, la información debe ser adecuada y proporcionada a las circunstancias del caso. El comerciante que haya cometido la infracción debe informar Los Estados miembros se asegurarán de que el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa pueda solicitar a la parte perdedora que informe adecuadamente a todos los consumidores afectados de las órdenes de la resolución definitiva dictada relativa a la cesación y reparación definitivas dictadas en el marco de la acción de representación, así como y a ambas partes en caso de un acuerdo aprobado por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa. Esta información puede facilitarse, por ejemplo, en el sitio web del comerciante, en las redes sociales, en los mercados en línea o en periódicos populares, incluidos los distribuidos exclusivamente por medios de comunicación electrónicos. Si es posible, se debe informar a los consumidores individualmente mediante el envío de comunicaciones electrónicas o cartas impresas. Esta información debe facilitarse, previa solicitud, en formatos accesibles para personas con discapacidad. La parte perdedora se hará cargo de los costes de información a los consumidores. [Enm. 23]

(32 bis)

Se debe alentar a los Estados miembros a que creen un registro nacional gratuito para la acciones de representación, lo que podría reforzar aún más las obligaciones de transparencia. [Enm. 24]

(33)

Para reforzar la seguridad jurídica, evitar la incoherencia en la aplicación del Derecho de la Unión y aumentar la eficacia y la eficiencia procesal de las acciones de representación y de las posibles acciones consecutivas para obtener reparación, la constatación de una infracción o de la ausencia de infracción establecida en una resolución definitiva, incluida una orden de cesación definitiva en virtud de la presente Directiva, dictada por una autoridad administrativa o por un órgano jurisdiccional, no debe ser objeto de un nuevo litigio en acciones legales subsiguientes relacionadas con la misma infracción cometida por el mismo comerciante, por lo que respecta a la naturaleza de la infracción y su alcance material, personal, temporal y territorial, según se determine en esa resolución definitiva debe ser vinculante para todas las partes que participaron en la acción de representación . La resolución definitiva debe entenderse sin perjuicio de ningún derecho adicional a reparación que los consumidores afectados puedan tener con arreglo a la legislación de la Unión o nacional. La reparación obtenida mediante el acuerdo también debe ser vinculante en los casos relacionados con la misma práctica, el mismo comerciante y el mismo consumidor. Cuando una acción que solicite que se eliminen los efectos continuados de la infracción, incluida una acción de reparación, se interponga en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya dictado una resolución definitiva por la que se establezca dicha infracción o ausencia de infracción , la resolución debe constituir una presunción refutable prueba de que se ha producido o no la infracción en casos relacionados . Los Estados miembros garantizarán que una resolución definitiva de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que establezca la existencia o no de una infracción se considere presunción refutable para los fines de cualquier otra acción que busque reparación ante sus órganos jurisdiccionales nacionales en otro Estado miembro contra el mismo comerciante por la misma infracción. [Enm. 25]

(34)

Los Estados miembros deben velar por que las acciones de reparación individuales se basen en una resolución declarativa definitiva dictada en el marco de una acción de representación. Esas acciones deben estar disponibles mediante procedimientos ágiles y simplificados.

(35)

Las acciones de reparación basadas en el establecimiento de una infracción mediante una orden de cesación definitiva o mediante una resolución declarativa definitiva relativa a la responsabilidad del comerciante frente a los consumidores perjudicados, en virtud de la presente Directiva, no deben verse obstaculizadas por las normas nacionales sobre períodos de prescripción. La interposición de una acción de representación debe tener el efecto de suspender o interrumpir los periodos de prescripción aplicables a cualquier acción de reparación de los consumidores afectados por esa acción. [Enm. 26]

(36)

Las acciones de representación para órdenes de cesación deben tratarse con la debida diligencia procesal. Las órdenes de cesación con efecto provisional deben tratarse siempre mediante un procedimiento acelerado para evitar que la infracción cause más perjuicio.

(37)

Las pruebas son un elemento importante para establecer si una práctica determinada constituye una infracción de la ley y si existe riesgo de reiteración, determinar los consumidores afectados por una infracción, decidir sobre la reparación e informar adecuadamente a los consumidores concernidos por una acción de representación del procedimiento en curso y sus resultados finales. Sin embargo, las relaciones de empresa a consumidor se caracterizan por la asimetría de la información y la información necesaria puede estar exclusivamente en poder del comerciante, de manera que sea inaccesible para la entidad habilitada. Por tanto, las entidades habilitadas deben tener derecho a solicitar al órgano jurisdiccional o a la autoridad administrativa competente que el comerciante comunique las pruebas pertinentes para su reclamación o necesarias para informar adecuadamente a los consumidores afectados por la acción de representación, sin que sea necesario que especifiquen elementos de prueba individuales. La necesidad, el alcance y la proporcionalidad de dicha comunicación deben ser evaluados detenidamente por el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa que supervise la acción de representación, teniendo en cuenta la protección de intereses legítimos de terceros y sin perjuicio de las normas de la Unión y nacionales aplicables en materia de confidencialidad.

(38)

Con el fin de garantizar la eficacia de las acciones de representación, los comerciantes que hayan cometido una infracción deben enfrentarse a sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas por incumplimiento de una resolución definitiva emitida en el marco de la acción de representación.

(39)

Teniendo en cuenta que las acciones de representación persiguen un interés público mediante la protección de los intereses colectivos de los consumidores, los Estados miembros deben velar por que los costes asociados a los procedimientos no sean un obstáculo para que las entidades representativas habilitadas interpongan acciones de representación en el marco de la presente Directiva. Sin embargo, a reserva de las condiciones pertinentes en virtud del Derecho nacional, esto debe entenderse sin perjuicio del hecho de que la parte que pierde una acción de representación reembolsa las costas judiciales necesarias soportadas por la parte ganadora (principio de «quien pierde, paga»). No obstante, el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa no debe condenar a la parte perdedora a pagar las costas generadas innecesariamente o que no guarden proporción con el valor de la demanda. [Enm. 27]

(39 bis)

Los Estados miembros deben velar por que se eviten los honorarios a porcentaje y por que la remuneración de los abogados y el método utilizado para calcularla no creen ningún incentivo para litigios que sean innecesarios desde el punto de vista del interés de los consumidores o de cualquiera de las partes interesadas y puedan impedir que los consumidores se beneficien plenamente de la acción de representación. Los Estados miembros que autoricen los honorarios a porcentaje deben velar por que dichos honorarios no obstaculicen la obtención de una plena compensación por parte de los consumidores. [Enm. 28]

(40)

La cooperación y el intercambio de información , de buenas prácticas y de experiencia entre entidades representativas habilitadas de diferentes Estados miembros han demostrado ser útiles a la hora de abordar infracciones transfronterizas. Es necesario mantener las medidas de desarrollo de las capacidades y cooperación y ampliarlas a un mayor número de entidades representativas habilitadas en el conjunto de la Unión, con el fin de aumentar el recurso a acciones de representación con implicaciones transfronterizas. [Enm. 29]

(41)

Con el fin de hacer frente de manera eficaz a infracciones con implicaciones transfronterizas, debe garantizarse el reconocimiento mutuo de la legitimación de las entidades habilitadas previamente designadas en un Estado miembro para interponer acciones de representación en otro Estado miembro. Por otra parte, las entidades habilitadas de distintos Estados miembros deberían ser capaces de unir fuerzas en una única acción de representación ante un único foro, sin perjuicio de las normas pertinentes en materia de jurisdicción competente. Por razones de eficiencia y de eficacia, una entidad habilitada debe poder interponer una acción de representación en nombre de otras entidades habilitadas que representen a consumidores de distintos Estados miembros.

(41 bis)

A fin de estudiar la posibilidad de contar con un procedimiento a escala de la Unión para las acciones de representación transfronterizas, la Comisión debe valorar la posibilidad de crear la figura de un defensor del pueblo europeo en materia de recurso colectivo. [Enm. 30]

(42)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios establecidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Directiva debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, incluidos los relativos al derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo, así como al derecho de defensa.

(43)

Por lo que respecta a la legislación medioambiental, la presente Directiva tiene en cuenta el Convenio de la CEPE sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente («el Convenio de Aarhus»).

(44)

Los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de un mecanismo de acción de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en el conjunto de la Unión y el correcto funcionamiento del mercado interior, no pueden lograrse de manera suficiente mediante acciones adoptadas exclusivamente por los Estados miembros, sino que, debido a las implicaciones transfronterizas de las acciones de representación, pueden lograrse mejor a escala de la Unión. La Unión puede, por tanto, adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo.

(45)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (6), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(46)

Es conveniente establecer normas para la aplicación temporal de la presente Directiva.

(47)

Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2009/22/CE.