—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2015, titulada «Nuevo impulso para el empleo y el crecimiento en Grecia»(COM(2015)0400),

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Visto el Reglamento (UE) 2015/1839 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en relación con medidas específicas para Grecia (2),

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Visto el Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 (3),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de septiembre de 2016, sobre las evaluaciones ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 2007-2013 (SWD(2016)0318),

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Visto el informe del Ministerio de Economía y Desarrollo de Grecia sobre la utilización de los importes abonados en virtud del Reglamento (UE) 2015/1839 (período de programación 2007-2013) (4),

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Vista la pregunta oral con solicitud de respuesta a la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1839 en relación con medidas específicas para Grecia (O-000100/2017–(B8-0001/2018),

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Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0244/2018),

A.

Considerando que la política de cohesión es una expresión de solidaridad, que abarca todas las regiones y reduce las disparidades, y que constituye el principal instrumento de inversión de la Unión; que la importancia de su valor añadido y su flexibilidad durante la crisis económica y financiera han quedado confirmados en varias ocasiones; que, con los recursos presupuestarios existentes, la política de cohesión ha contribuido a mantener oportunidades de inversión pública muy necesarias, ha ayudado a impedir el empeoramiento de la crisis y ha permitido que los Estados miembros y las regiones adopten respuestas a medida con vistas a aumentar su resiliencia frente a acontecimientos inesperados y choques externos;

B.

Considerando que, entre 2007 y 2015, el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión en Grecia ascendió a 15800 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 19 % del gasto público total en inversión;

C.

Considerando que la crisis económica y financiera dio lugar en Grecia a unos índices de crecimiento persistentemente negativos, que no pudieron ser corregidos por los tres paquetes de rescate internacional, así como a importantes problemas de liquidez y a un déficit de fondos públicos;

D.

Considerando que la crisis de los refugiados y migrantes ha golpeado y continúa golpeando especialmente a Grecia y a las islas griegas, las cuales soportan una elevada presión por el creciente flujo de migrantes y refugiados, que ocasiona un enorme perjuicio a la actividad económica local, principalmente al sector del turismo;

E.

Considerando que, entre 2007 y 2013, el PIB de Grecia disminuyó un 26 % en términos reales, y el crecimiento a lo largo de esos dos años fue inferior al 1 % pese a que la recesión terminó en 2014; que la tasa de empleo cayó del 66 % al 53 % en 2013, lo que implica que solamente estaba empleada algo más de la mitad de la población en edad de trabajar, y que el desempleo aumentó desde el 8,4 % de la población activa hasta el 27,5 % en el mismo período, lo cual ha tenido un fuerte impacto en el poder adquisitivo de la población griega y ha afectado gravemente a diversos sectores, incluido el de la salud; que, según los datos de Eurostat más recientes, existe una la tasa de desempleo del 20,8 % con un elevado porcentaje de desempleo juvenil;

F.

Considerando que, en 2015, la Comisión y los colegisladores reconocieron que Grecia se había visto afectada por la crisis de un modo singular, lo que podría haber repercutido gravemente tanto en la finalización de las operaciones en el marco de los programas operativos para el período 2000-2006 y para el período 2007-2013 como en el inicio de la ejecución de los programas de la política de cohesión para el período 2014-2020;

G.

Considerando que con la adopción del Reglamento (UE) 2015/1839 se pretendía aportar liquidez a Grecia en un momento crucial antes de que se paralizara la ejecución de los programas y se perdieran oportunidades necesarias de inversión, dado que la no conclusión de los proyectos de los periodos 2000-2006 y 2007-2013 habría dado lugar a la recuperación de importes sustanciales;

H.

Considerando que el Reglamento (UE) 2015/1839 estableció un importe de prefinanciación inicial adicional para el período de programación 2014-2020 de dos plazos del 3,5 % cada uno del importe de la ayuda procedente de los fondos de la política de cohesión y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), así como la aplicación, para el período de programación 2007-2013, de un porcentaje de cofinanciación del 100 % a los gastos subvencionables y el desembolso anticipado del último 5 % de los pagos restantes de la Unión, que tendría que haberse retenido hasta el cierre de los programas;

I.

Considerando que el Reglamento se adoptó con la intención de responder cuanto antes a una crisis grave y de garantizar que Grecia dispusiera de suficientes fondos para finalizar los proyectos correspondientes al período de programación 2007-2013 e iniciar la ejecución en el marco del período actual;

J.

Considerando que, de conformidad con el artículo 152, apartado 6, párrafo segundo, Grecia debía presentar antes de finales de 2016 un informe a la Comisión sobre la aplicación de las disposiciones relativas a la aplicación del porcentaje de cofinanciación del 100 % y al límite máximo de los pagos para los programas al final del período de programación;

K.

Considerando que la Unión también abonó el 95 % del coste total de las inversiones correspondientes al período de financiación 2007-2013 en Grecia (cuando normalmente se hubiera aplicado un 85 % como máximo) a través de la denominada «medida complementaria»del Reglamento (UE) n.o 1311/2011;

L.

Considerando que, en octubre de 2015, se abrió una cuenta de disponibilidad limitada a la que se traspasaron todos los fondos asignados a la financiación de los proyectos financiados por la Unión, con el fin de garantizar que estos se utilizaran únicamente para los pagos a los beneficiarios y las operaciones en el marco de los programas operativos;

M.

Considerando que Grecia también ha recibido ayuda, desde 2011, a través del Grupo Especial para Grecia de la Comisión, que ha proporcionado asistencia técnica de cara al proceso de reformas del país, y, desde 2015, a través del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales, que ha proporcionado asistencia con la preparación, concepción, aplicación y evaluación de reformas que propicien el crecimiento; que la entrada en vigor, el 20 de mayo de 2017, del Reglamento (UE) 2017/825 relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 supuso un momento importante para los compromisos del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales con los Estados miembros afectados, incluida Grecia;

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