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Vista la sección sobre la deuda y la sostenibilidad de la deuda de la Agenda de Acción de Adís Abeba (1),

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Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas, de 22 de julio de 2014, 2 de agosto de 2016 y 31 de julio de 2017, sobre la sostenibilidad de la deuda externa y el desarrollo,

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Vistos los principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos,

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Vista la Hoja de ruta para la reestructuración de la deuda soberana de la UNCTAD (abril de 2015),

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Vistas las directrices operativas del G20 sobre financiación sostenible,

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Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 68/304, de 9 de septiembre de 2014, titulada «Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana»,

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Vista la Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de septiembre de 2015, sobre los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana,

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Vistos los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

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Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo (2), en particular sus apartados 10, 26, 40, 46 y 47,

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Vistos los informes del grupo de reflexión «Global Financial Integrity»sobre el alcance y la composición de los flujos financieros ilícitos,

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Vista la Ley belga, de 12 de julio de 2015, relativa a la lucha contra las actividades de los fondos buitre (Moniteur belge de 11 de septiembre de 2015),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0129/2018),

A.

Considerando que resolver los problemas de la deuda soberana de los países en desarrollo es un elemento importante de la cooperación internacional y puede contribuir a realizar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los países en desarrollo;

B.

Considerando que la consecución de los ODS en los países en desarrollo requiere grandes inversiones y que los actuales flujos de financiación en este ámbito arrojan un déficit anual estimado en unos 2,5 billones USD (3);

C.

Considerando que los préstamos constituyen una de las posibles fuentes de financiación del desarrollo; que los préstamos deben ser responsables y previsibles; que sus costes deben ser plenamente compensados por el rendimiento de las inversiones de que se trate y que los riesgos asociados al endeudamiento deben valorarse y abordarse atentamente;

D.

Considerando que la crisis de la deuda de los países en desarrollo durante los años ochenta y noventa y una amplia campaña de reducción de la deuda llevaron a la puesta en marcha, por parte del FMI y el Banco Mundial, de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), para ayudar a estos países a avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

E.

Considerando que las iniciativas PPME e IADM no bastan para poner fin a la crisis de la deuda;

F.

Considerando que estas iniciativas y el fuerte aumento de los precios de las materias primas han fortalecido la situación financiera de muchos países en desarrollo y que los tipos de interés excepcionalmente bajos desde la crisis financiera de 2008 también han contribuido a la sostenibilidad de la deuda; que, no obstante, los precios de las materias primas han caído desde 2008; que en algunos países empobrecidos se ha producido una nueva crisis de la deuda, y por ello Mozambique, Chad, el Congo y Gambia no consiguen pagar sus deudas;

G.

Considerando que las crisis de la deuda desencadenadas por la caída de los precios de las materias primas y la volatilidad de los flujos de capital representan una amenaza permanente para la sostenibilidad de la deuda, en especial en los países en desarrollo, que siguen dependiendo de las exportaciones de materias primas;

H.

Considerando que ha aumentado el número de países en desarrollo que, según el FMI y el Banco Mundial, hacen frente a un nivel insostenible de endeudamiento o presentan un riesgo alto o medio y que la mayoría de los países de renta baja pertenecen ahora a una de estas categorías;

I.

Considerando que, según el FMI, el nivel medio de endeudamiento en el África subsahariana registró un acusado aumento, del 34 % del PIB en 2013 al 48 % en 2017;

J.

Considerando que varios países, entre ellos Etiopía, Ghana y Zambia, presentan unos niveles de endeudamiento iguales o superiores al 50 % del PIB, y que ello representa una importante carga de la deuda, habida cuenta de la baja base imponible de la mayoría de países africanos;

K.

Considerando que el servicio de la deuda en porcentaje del gasto público se ha incrementado de forma considerable desde 2013, y que ello reduce en gran medida las posibilidades de inversión pública;

L.

Considerando los profundos cambios que se han operado en el panorama mundial de la deuda pública durante las últimas décadas con la aparición de inversores privados y de China con un papel central;

M.

Considerando que la composición de la deuda de los países en desarrollo ha evolucionado, con una importancia creciente de los acreedores privados y las condiciones comerciales y un aumento de la exposición a la volatilidad de los mercados financieros, con consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda; que la deuda emitida en la divisa nacional elimina el riesgo de tipo de cambio, pero que la falta de capital nacional puede hacer que esta opción no resulte ventajosa o viable;

N.

Considerando que entre las amenazas a la sostenibilidad de la deuda no solo se incluyen unas peores condiciones comerciales, las catástrofes naturales y de origen humano, las tendencias adversas y la volatilidad de los mercados financieros internacionales, sino también los empréstitos y préstamos irresponsables, la mala gestión de las finanzas públicas, la malversación de fondos y la corrupción; que una mejor movilización de los recursos internos ofrece grandes posibilidades de mejora de la sostenibilidad de la deuda;

O.

Considerando la necesidad de participar en el refuerzo de las capacidades de las administraciones fiscales y en la transferencia de conocimientos a los países asociados;

P.

Considerando que, si bien los principios de la UNCTAD sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos y las directrices operativas del G20 sobre financiación sostenible resultan útiles para establecer un marco normativo, debe otorgarse prioridad a la prohibición de las prácticas irresponsables mediante unas reglas transparentes, mecanismos disuasorios vinculantes y con fuerza ejecutiva y, en casos justificados, incluso la imposición de sanciones;

Q.

Considerando que la sostenibilidad de la deuda de cada país depende no solo de su nivel de endeudamiento sino también de otros factores, como las garantías financieras explícitas e implícitas (pasivos contingentes) que haya podido emitir; que las asociaciones público-privadas comportan a menudo garantías conexas y que el riesgo de rescate bancario en el futuro también puede ser importante;

R.

Considerando que el análisis de la viabilidad de la deuda no debe centrarse tan solo en consideraciones económicas, como las perspectivas de crecimiento económico del Estado deudor y su capacidad para garantizar el servicio de la deuda, sino que debe tener en cuenta también la repercusión de la carga de la deuda sobre la capacidad del país para hacer respetar todos los derechos humanos;

S.

Considerando que el creciente recurso a las asociaciones público-privadas (APP) en los países en desarrollo en el marco del Plan Europeo de Inversiones Exteriores y el Pacto del G-20 con África podría incrementar el endeudamiento de los Estados; que los inversores de APP están protegidos por tratados bilaterales de inversión, en particular por sus mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados, que les permiten litigar contra los Estados de acogida;

T.

Considerando la existencia de deudas odiosas contraídas por los regímenes para posibilitar el desarrollo de actividades corruptas u otras operaciones ilícitas cuya naturaleza ilegal es conocida por los acreedores y que representan una carga considerable para las poblaciones, en particular para las más vulnerables;

U.

Considerando que la transparencia en relación con los préstamos concedidos a los Gobiernos de los países en desarrollo es esencial para garantizar la responsabilidad de la concesión de préstamos; que la ausencia de transparencia fue un factor clave que contribuyó a los irresponsables préstamos efectuados a Mozambique, que se acordaron sin comprobaciones serias de la capacidad del país para devolverlos y se ocultaron a los mercados financieros y a la población de Mozambique;

V.

Considerando que la deuda odiosa se define como aquella deuda contraída por un régimen para financiar acciones que van contra los intereses de los ciudadanos del Estado, de lo que los acreedores son conscientes, y que se trata de una deuda personal del régimen, que la ha contraído con un acreedor que actúa con pleno conocimiento de las intenciones del prestatario; que el concepto no está consensuado, pues algunos acreedores se oponen firmemente;

W.

Considerando que la movilización de los recursos internos se ve mermada, en particular, por la evasión fiscal y la dañina competencia fiscal, así como por la transferencia de beneficios de las empresas transnacionales; que la iniciativa de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios es una respuesta positiva pero insuficiente a este fenómeno; que es necesario crear un organismo intergubernamental de cooperación fiscal bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a fin de que los países en desarrollo puedan participar en igualdad de condiciones en la reforma global de las normas fiscales internacionales, tal como pidió el Parlamento Europeo en su Resolución de 6 de julio de 2016 sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (4);

X.

Considerando que los flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo y los países emergentes, que se estiman en un billón USD anuales, se alimentan continuamente de sus recursos nacionales, necesarios, en particular, para la consecución de los ODS; que estos flujos conducen a un endeudamiento exterior y socavan la capacidad de reembolso de la deuda;

Y.

Considerando que, para cumplir la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Adís Abeba, es necesario tener en cuenta nuevas opciones de financiación de los ODS, como el establecimiento de impuestos sobre las transacciones financieras y sobre las transacciones en moneda extranjera; que, según las estimaciones del Banco de Pagos Internacionales (BPI), un impuesto sobre las transacciones en moneda extranjera del 0,1 % fácilmente financiaría los ODS en todos los países de renta baja y de renta media-baja (5).

Z.

Considerando la necesidad de combatir los flujos financieros ilícitos con vistas a su eliminación definitiva de aquí a 2030, luchando, en particular, contra el fraude fiscal e intensificando la cooperación internacional con medidas para facilitar la divulgación de los datos fiscales a las autoridades competentes y la transparencia fiscal tanto en los países de origen como en los de destino;

AA.

Considerando que los mecanismos existentes para tratar los impagos del servicio de la deuda por parte de los Estados difieren fundamentalmente de los procedimientos de insolvencia aplicables a las empresas establecidas en las jurisdicciones nacionales en la medida en que no existe un árbitro imparcial ante un órgano judicial; que el FMI, cuya misión consiste en garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional, concede créditos a corto plazo, sujetos a determinadas condiciones y desembolsados por tramos; que el Club de París de Estados acreedores solo toma decisiones en materia de reducción de la deuda con respecto a préstamos oficiales bilaterales concedidos por sus miembros; que el Club de Londres de acreedores privados solo toma decisiones sobre los préstamos comerciales bancarios concedidos por sus miembros; que no existe un foro permanente que coordine la toma de decisiones sobre reestructuración de la deuda de todos los acreedores a un país con problemas de endeudamiento;

AB.

Considerando que el FMI sigue siendo el principal foro para debatir las cuestiones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana, y tiene una influencia significativa sobre la Unión y sus Estados miembros;

AC.

Considerando que las actividades destructoras de los fondos buitre que tienen como objetivo deudores en dificultades e interfieren en los procesos de reestructuración de sus deudas no deben recibir apoyo legal ni judicial, y que deben adoptarse medidas adicionales en este sentido;

AD.

Considerando que la reducción de la deuda ha brindado nuevas oportunidades a países de renta baja, pero que se trata de intervenciones esporádicas para restaurar la sostenibilidad de la deuda, que no atajan las causas profundas de una acumulación de deuda insostenible, y que deben abordarse desafíos como la corrupción, la debilidad institucional y la vulnerabilidad ante las crisis externas de forma prioritaria;

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