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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nigeria,

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Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981, ratificada por Nigeria el 22 de junio de 1983,

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Vista la Constitución de la República Federal de Nigeria, en particular sus disposiciones relativas a la protección de la libertad de religión recogidas en el capítulo IV sobre el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2014, sobre los secuestros en Nigeria, y de 9 de febrero de 2015, sobre las elecciones en Nigeria,

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Vista la intervención del presidente Muhammadu Buhari ante el Parlamento Europeo el 3 de febrero de 2016,

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Vista la decisión de añadir a Boko Haram a la lista de la UE de organizaciones terroristas mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 583/2014 de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por el que se modifica por 214.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida, que entró en vigor el 29 de mayo de 2014,

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Vista la declaración de Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 7 de mayo de 2017, sobre la liberación de las niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria,

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Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Nigeria el 29 de octubre de 1993,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por Nigeria en abril de 1991,

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Vista la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú, ratificada por Nigeria el 27 de septiembre de 2010,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

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Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia a la defensora de los derechos humanos Hauwa Ibrahim en 2005,

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Vistos los resultados de las elecciones presidenciales de Nigeria celebradas en marzo de 2015,

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Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que las Naciones Unidas estiman que Nigeria, el país más poblado y diverso culturalmente de África (su población se ha incrementado de 33 millones de habitantes en 1950 a cerca de 190 millones en la actualidad) va a convertirse en el tercer país mundial por número de habitantes, justo por detrás de China y la India, de aquí a 2050;

B.

Considerando que Nigeria acoge a la mayor población cristiana de África;

C.

Considerando que la población de Nigeria se divide casi por igual entre musulmanes y cristianos;

D.

Considerando que se calcula que 30 millones de cristianos viven en el norte de Nigeria, y que constituyen la minoría religiosa más grande en dicha región predominantemente musulmana;

E.

Considerando que la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) señaló en noviembre de 2017 que en el noreste de Nigeria 8,5 millones de personas precisaban asistencia vital y que 6,9 millones de personas recibieron ayuda humanitaria a lo largo de 2017;

F.

Considerando que la región del Cinturón Central del país ha soportado años de tensión económica y política entre comunidades étnicas y religiosas, y que la violencia reciente se ha avivado debido a las rivalidades por el poder y el acceso a la tierra entre comunidades de pastores y de campesinos;

G.

Considerando que la paz y la estabilidad en el norte de Nigeria se han visto amenazadas por los continuos ataques, asesinatos y secuestros perpetrados por el grupo islamista Boko Haram desde 2009;

H.

Considerando que más de 20 000 personas han sido asesinadas y más de 2 millones han tenido que desplazarse, también a países vecinos, desde el comienzo de los ataques de Boko Haram;

I.

Considerando que, en abril de 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en la escuela pública de la ciudad de Chibok, en el norte de Nigeria, y que, si bien desde entonces algunas de ellas han logrado reunirse con sus familias, un número importante sigue retenido y en paradero desconocido;

J.

Considerando que mujeres y niñas han sido esclavizadas, violadas, radicalizadas y forzadas a contraer «matrimonios» por Boko Haram; que muchas supervivientes de estas terribles experiencias están embarazadas de sus violadores;

K.

Considerando que las fuerzas de seguridad también han sido acusadas de interrumpir reuniones y protestas pacíficas recurriendo, en algunos casos, a la violencia y a un uso excesivo de la fuerza;

L.

Considerando que el pasado año se llevaron a cabo numerosos secuestros de clérigos y monjas, como el secuestro de seis hermanas del convento del Corazón Eucarístico de Jesús, secuestradas en Iguoriakhi el 13 de noviembre de 2017 y recientemente liberadas;

M.

Considerando que más de catorce personas fueron asesinadas y otras muchas heridas en Omoku, cuando regresaban de un oficio religioso en la madrugada de la víspera de Año Nuevo; que el número de cristianos y musulmanes asesinados se ha elevado en los últimos tiempos, lo que subraya la preocupante situación de ambas comunidades religiosas en el país;

N.

Considerando que los conflictos entre pastores y agricultores en Nigeria se han incrementado en número, extendido e intensificado durante la última década, y que en la actualidad suponen una amenaza para la supervivencia nacional; que miles de personas han sido asesinadas y comunidades destruidas, y un gran número de agricultores y pastores han perdido la vida y sus propiedades en una escalada de asesinatos y destrucción que no solamente destruye hogares, sino que afecta también a la cohesión nacional;

O.

Considerando que, a largo plazo, el pastoreo está amenazado debido al elevado crecimiento demográfico, la expansión de la agricultura y la pérdida de pastos y cañadas; que, al mismo tiempo, el pastoreo no puede desaparecer o ser prohibido, dado que existen razones sólidas de índole cultural, política y económica en favor de su existencia;

P.

Considerando que la Corte Penal Internacional (CPI) ha establecido que existen motivos fundados para creer que Boko Haram ha cometido en Nigeria crímenes contra la humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, incluidos el asesinato y la persecución;

Q.

Considerando que Nigeria tiene un régimen jurídico complejo, que combina los Derechos común, consuetudinario y religioso, y varios niveles de gobierno, lo que crea un entorno difícil para la correcta observancia de los derechos humanos;

R.

Considerando que la rendición de cuentas, la justicia, el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad son elementos fundamentales para afianzar los esfuerzos de pacificación, resolución de conflictos, reconciliación y reconstrucción;

S.

Considerando que la pena de muerte es legal en Nigeria; que 527 personas fueron condenadas a muerte en Nigeria en 2016, el triple que en 2015; que se ha aplicado de facto una moratoria sobre la pena de muerte desde 2006, aunque dicha moratoria se interrumpió en 2013 y 2016;

T.

Considerando que la Comisión Electoral Nacional Independiente de Nigeria ha anunciado que las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebrarán el 16 de febrero de 2019;

U.

Considerando que Transparencia Internacional sitúa a Nigeria en el puesto 136 de 175 países en su Índice de Percepción de la Corrupción 2016;

V.

Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, la UE mantiene, con carácter periódico, un diálogo político con Nigeria sobre los derechos humanos y los principios democráticos, incluida la discriminación étnica, religiosa y racial;

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