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Vista la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (Directiva sobre la mediación) (1),

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Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (COM(2016)0542),

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Vista la recopilación de análisis en profundidad a cargo de su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, titulada «The implementation of the Mediation Directive — 29 November 2016» (La aplicación de la Directiva de mediación — 29 de noviembre de 2016)’ (2),

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Visto el estudio de la Comisión titulado «Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC — the “Mediation Directive”» (Estudio para la evaluación y aplicación de la Directiva 2008/52/CE — la «Directiva sobre la mediación») (3),

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Visto el estudio realizado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, titulado «Rebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU» («Relanzamiento» de la Directiva sobre la mediación: evaluación del impacto limitado de su aplicación y propuesta de medidas destinadas a aumentar el número de mediaciones en la Unión) (4),

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Vista la evaluación europea de la aplicación de la Directiva sobre la mediación, llevada a cabo por la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Post del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (5),

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Visto el estudio a cargo de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, titulado «Quantifying the cost of not using mediation — a data analysis» (Cuantificación de los costes de no utilizar la mediación — un análisis de datos) (6),

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Vistos el artículo 67 y el artículo 81, apartado 2, letra g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistos el artículo 52 de su Reglamento, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0238/2017),

A.

Considerando que la Directiva 2008/52/CE ha supuesto una referencia extremadamente importante en lo relativo a la creación y el recurso al procedimiento de mediación en la Unión; y que, no obstante, su aplicación ha variado considerablemente en función del Estado miembro, dependiendo en la existencia anterior o no de sistemas nacionales de mediación, ya que algunos han optado por una aplicación relativamente literal, otros han preferido revisar exhaustivamente otras vías alternativas para la resolución de litigios (como Italia, por ejemplo, que recurre a la mediación seis veces más que el resto de Europa) y otros han considerado que sus disposiciones jurídicas vigentes ya estaban en consonancia con la Directiva sobre la mediación;

B.

Considerando que la mayoría de los Estados miembros han ampliado el ámbito de aplicación de sus medidas nacionales de transposición a los asuntos nacionales y que solo tres de los Estados miembros han optado por transponer la Directiva exclusivamente en lo relativo a los litigios transfronterizos (7), lo que ha tenido una repercusión decididamente positiva en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y en las categorías afectadas;

C.

Considerando que las dificultades surgidas en la fase de transposición de la norma reflejan en gran medida las diferencias de cultura jurídica de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales; y que las redes europeas de profesionales del Derecho han planteado en numerosas ocasiones (desde la génesis de la norma europea y, posteriormente, en sus transposiciones por los Estados miembros) la necesidad de otorgar la prioridad a un cambio de mentalidad en lo jurídico mediante la adopción de una cultura de la mediación y la resolución amistosa de conflictos;

D.

Considerando que la aplicación de la Directiva sobre la mediación ha aportado valor añadido de la UE al sensibilizar a los legisladores nacionales respecto de las ventajas de la mediación, aportando una cierta aproximación del Derecho procesal y de las diversas prácticas seguidas en los Estados miembros;

E.

Considerando que, como procedimiento extrajudicial alternativo, voluntario y confidencial, la mediación puede ser un instrumento útil para aliviar los sobrecargados sistemas judiciales en determinados casos, y sujeta a las necesarias salvaguardias, ya que puede permitir la resolución extrajudicial rápida y barata de litigios entre personas físicas o jurídicas, teniendo en cuenta que la duración excesiva de los procedimientos judiciales puede constituir una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales, al tiempo que garantiza un mejor acceso a la justicia y contribuye al crecimiento económico;

F.

Considerando que es obvio que los objetivos establecidos en el artículo 1 de la Directiva sobre la mediación, a saber: promover el uso de la mediación y, en particular, lograr «una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial», no han sido alcanzados, ya que, en la mayoría de los Estados miembros, la mediación se utiliza en menos del 1 % de los casos llevados ante los tribunales (8);

G.

Considerando que la Directiva sobre la mediación no ha creado un sistema de la Unión para la resolución extrajudicial de litigios en el sentido más estricto del término, con la excepción de la introducción de disposiciones específicas en el campo de la expiración de los plazos de caducidad y prescripción en procedimientos judiciales cuando se intente la mediación y en el ámbito de las obligaciones de confidencialidad para los mediadores y su personal administrativo;

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