52017IP0038

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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 (2016/2306(INI))

DO C 252 de 18.7.2018, p. 138–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Official Journal

18.7.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 252/138

P8_TA(2017)0038

Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017

(2018/C 252/14)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular el artículo 121, apartado 2, los artículos 126, 136, y el Protocolo n.o 12 sobre el sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo ,

—	Visto el Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

—	Visto el Protocolo (n.o 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

—	Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1),

—	Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (2),

—	Visto el Reglamento (UE) n.o 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (3),

—	Visto el Reglamento (UE) n.o 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (4),

—	Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (5),

—	Visto el Reglamento (UE) n.o 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro (6),

—	Visto el Reglamento (UE) n.o 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (7),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros en la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (8),

—	Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de enero de 2016, sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de marzo de 2016, sobre el Informe sobre sostenibilidad de las finanzas públicas,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo de 2016,

—	Vista la declaración del Eurogrupo, de 9 de septiembre de 2016, sobre los principios comunes para mejorar la asignación de gastos,

—	Visto el Informe anual del Banco Central Europeo de 2015,

—	Vistas las previsiones económicas europeas de otoño de 2016 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2016,

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, titulada «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (COM(2015)0012),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017 (COM(2016)0725),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, sobre la recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2016)0726),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, titulada «Hacia una orientación presupuestaria positiva para la zona del euro» (COM(2016)0727),

—	Visto el informe de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, relativa al Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2017 (COM(2016)0728),

—	Visto el debate con los parlamentos nacionales en el contexto de la edición 2017 de la Semana Parlamentaria Europea,

—	Visto el informe sobre la realización de la unión económica y monetaria en Europa (el «informe de los cinco presidentes»),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, sobre las medidas destinadas a realizar la unión económica y monetaria (COM(2015)0600),

—	Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, relativa a la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos (9),

—	Visto el Informe anual para 2015 del Observatorio Europeo de la Reestructuración de Eurofound,

—	Visto el comunicado hecho público por los dirigentes del G-20 en la cumbre de Hangzhou, celebrada los días 4 y 5 de septiembre de 2016,

—	Vista la declaración del presidente del BCE en la 34.a reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional, de 7 de octubre de 2016,

—	Visto el acuerdo de la CP 21 adoptado el 12 de diciembre de 2015 en la Conferencia de París sobre el Clima,

—	Vista la Resolución del Comité de las Regiones sobre el Semestre Europeo de 2016 y en vista del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017, de 12 de octubre de 2016,

—	Visto el Informe anual sobre las pymes europeas 2015/2016,

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 26 de agosto de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (COM(2016)0534),

—	Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—	Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0039/2017),

A.	Considerando que la economía de la Unión se está recuperando lentamente y va creciendo a un ritmo moderado, aunque de forma desigual en los diferentes Estados miembros;

Considerando que la Comisión prevé un crecimiento del PIB real en 2016 de 1,8 % para la Unión y de 1,7 % para la zona del euro, y en 2017 de 1,6 % y 1,7 % respectivamente, y que se espera para 2016 una deuda pública del 86,0 % en la Unión y del 91,6 % en la zona del euro; que el déficit de la zona del euro se situará en el 1,7 % del PIB en 2016 y en el 1,5 % en 2017 y 2018;

Considerando que el gasto de los consumidores es el factor fundamental de crecimiento en este momento y que se espera que esto siga siendo así en 2017; que, sin embargo, Europa aún se enfrenta a un importante déficit de inversión y las inversiones siguen estando por debajo de los niveles anteriores a la crisis;

D.	Considerando que el índice de empleo en la Unión está aumentando, aunque de forma desigual y a un ritmo insuficiente, reduciendo el desempleo en la zona del euro al 10,1 % en 2016, pero que no es lo bastante importante como para frenar el desempleo juvenil y de larga duración;

E.	Considerando que esta recuperación de los mercados laborales y del crecimiento es desigual entre los Estados miembros y sigue siendo frágil, y que es necesario fomentar una mayor convergencia en la Unión;

Considerando que el crecimiento se ha basado, en gran medida, en políticas monetarias no convencionales, que no se pueden sostener para siempre; que esta situación justifica la petición de un enfoque sobre la base de tres ejes políticos: inversión favorable al crecimiento, reformas estructurales sostenibles y unas finanzas públicas responsables a través de una aplicación coherente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en los Estados miembros, en el pleno respeto de las cláusulas de flexibilidad existentes;

G.	Considerando que algunos Estados miembros siguen soportando unos niveles de deuda pública y privada muy elevados, que superan el 60 % del PIB fijado en el PEC;

Considerando que, en sus evaluaciones sobre los proyectos de planes presupuestarios (PPP) para 2017 de los Estados miembros de la zona del euro, la Comisión consideró que ninguno de los PPP para 2017 presentaba en particular graves incumplimientos de los requisitos del PEC, pero que, en algunos casos sin embargo, el esfuerzo fiscal previsto es, o podría ser, inferior al requerido por el PEC;

I.	Considerando que de las evaluaciones de la Comisión sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2017 se desprende que solo nueve Estados miembros satisfacen los requisitos del PEC;

J.	Considerando que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de los Estados miembros de la Unión es un motivo de preocupación por lo que respecta a la justicia intergeneracional;

K.	Considerando que el tamaño de la deuda pública se puede ver afectado por los pasivos contingentes e implícitos;

L.	Considerando que algunos Estados miembros registran superávits por cuenta corriente muy elevados y que los desequilibrios macroeconómicos en Europa son muy amplios;

Considerando que la Unión necesita importantes esfuerzos adicionales de inversión privados y públicos, en particular en educación, investigación, TIC e innovación, así como nuevos puestos de trabajo, empresas y sociedades, a fin de materializar su potencial de crecimiento y de acabar con el actual «déficit de inversiones» en el que el nivel de inversiones sigue siendo inferior al nivel anterior a la crisis; que esto requiere en particular una mejora del marco normativo;

N.	Considerando que el elevado nivel de préstamos no productivos sigue siendo un gran problema en una serie de Estados miembros; que el crecimiento del crédito se está recuperando de manera gradual, pero que todavía está por debajo de los niveles anteriores a la crisis;

Considerando que, con el fin de mejorar el nivel insuficiente de competitividad mundial que se registra en la Unión y de aumentar el crecimiento económico, son necesarias una mejor aplicación de la nueva combinación de políticas, reformas estructurales inteligentes en los Estados miembros y la realización del mercado único;

Considerando que las economías con unos regímenes de insolvencia más punitivos desaprovechan el crecimiento potencial en valor añadido y empleo, lo que requiere la implantación total del principio de segunda oportunidad de la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas en todos los Estados miembros;

Q.	Considerando que la competitividad europea también depende en gran medida de elementos que no se pueden tarificar relacionados con la innovación, la tecnología y las capacidades organizativas, en lugar de basarse solo en precios, costes y salarios;

Considerando que la Directiva 2011/7/UE sobre la morosidad se diseñó para ayudar a las empresas que se enfrentan a costes elevados o incluso a la quiebra debido a la morosidad por parte de empresas privadas y públicas; que la evaluación externa a posteriori reveló que los organismos públicos en más de la mitad de los Estados miembros no respetan todavía el límite de pago de treinta días impuesto por la ley; que el informe ha identificado que los Estados miembros sometidos a programas de ajuste tienen dificultades para aplicar la Directiva cuando el pronto pago de las facturas actuales se tiene que equilibrar en relación con el pago de deuda acumulada;

Acoge con satisfacción el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 en el que se reafirma la estrategia del triángulo virtuoso de inversión pública y privada, reformas estructurales equilibradas desde el punto de vista social y finanzas públicas responsables, y pide una mejor aplicación de esta combinación de políticas; coincide en que para lograr crecimiento y empleos, es necesario avanzar más rápidamente en la adopción de reformas, en consonancia con las recomendaciones específicas por país, con vistas a apoyar la recuperación económica; lamenta, por consiguiente, la baja tasa de aplicación de las recomendaciones específicas por país, que cayó del 11 % en 2012 a apenas el 4 % en 2015; hace hincapié en que los Estados miembros necesitarán intensificar sus esfuerzos de reforma si desean volver a la senda del crecimiento y a crear empleos; apoya a la Comisión en su prioridad de fomentar el empleo, el crecimiento y la inversión en la Unión;

Observa la excesiva dependencia actual del Banco Central Europeo en la política monetaria, y señala que, por sí sola, esta política es insuficiente para estimular el crecimiento cuando no existen inversiones y reformas estructurales sostenibles;

Está de acuerdo con la Comisión en que la zona del euro debería depender cada vez más de la demanda interna; considera que una demanda interna más fuerte sería más conveniente para el crecimiento sostenible de la zona del euro;

Señala que el crecimiento en 2016 sigue a un ritmo positivo moderado y ha superado el nivel anterior a la crisis, pero que el nivel modesto de crecimiento ha de ser visto en la perspectiva de una política monetaria extraordinaria y que el crecimiento sigue siendo débil y desigual entre los Estados miembros; que los índices de crecimiento del PIB y la productividad siguen por debajo de su capacidad máxima, y que, por lo tanto, no hay tiempo para la complacencia, y que esta recuperación moderada requiere esfuerzos constantes si queremos lograr una mayor resiliencia a través de un nivel más elevado de crecimiento y de creación de empleo;

Indica que el referéndum en el Reino Unido ha creado incertidumbres para la economía europea y los mercados financieros; apunta que el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América ha creado una incertidumbre política que probablemente afecte a la economía europea, sobre todo en lo relativo a las relaciones comerciales internacionales;

Observa con preocupación el rechazo de la globalización y el aumento del proteccionismo;

Opina que, si bien, de media, el desempleo se reduce gradualmente y aumentan las tasas de actividad, persisten dificultades estructurales en muchos Estados miembros; observa que las tasas de desempleo de larga duración y juvenil se mantienen elevadas; subraya que, para abordar estos problemas estructurales, es necesario proceder a reformas de mercado de trabajo inclusivas, en el pleno respeto del diálogo social;

Subraya que la tasa de inversiones en la Unión, y en la zona del euro, todavía está muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis; opina que es necesario remediar este déficit de inversión con inversiones públicas y privadas, y subraya que solo unas inversiones específicas pueden dar lugar a resultados visibles en un plazo corto y con una dimensión adecuada; está de acuerdo con la Comisión en que el entorno de bajos costes de financiación justifican las inversiones anticipadas, en particular en infraestructuras;

Inversión

Coincide con la Comisión en que el acceso a la financiación y el fortalecimiento del mercado único son fundamentales para que las empresas innoven y crezcan; destaca que los nuevos requisitos de capital y liquidez, pese a ser necesarios para mejorar la resistencia del sector bancario, no deberían menoscabar la capacidad de los bancos de conceder préstamos a la economía real; considera que deberían realizarse más esfuerzos para promover el acceso a la financiación por parte de las pymes; pide por tanto a la Comisión que aumente sus esfuerzos para lograr una mejora del entorno de financiación;

10.

Destaca que las inversiones privadas y públicas en capital humano y en infraestructura son de la máxima importancia; considera que existe una necesidad acuciante de facilitar la inversión en áreas como la educación, la innovación y la investigación, así como el desarrollo, que son factores vitales para una economía europea más competitiva;

11.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de ampliar la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y de duplicar su dotación; destaca que es necesario mejorar de manera considerable la cobertura geográfica y sectorial para poder alcanzar los objetivos establecidos en el Reglamento; subraya que el FEIE debe igualmente atraer financiación para proyectos con una dimensión transfronteriza, de forma equilibrada en toda la Unión; destaca la importancia de una mejor coordinación entre los Estados miembros, la Comisión y el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión;

12.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aceleren y maximicen el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a fin de aprovechar todos los factores de crecimiento interno con vistas a promover una convergencia creciente;

13.

Señala que un sistema financiero fiable y sus instituciones son vitales para atraer la inversión y el crecimiento de la economía europea; hace hincapié en que la seguridad y la estabilidad del sistema financiero actual han aumentado en comparación con los niveles anteriores a la crisis; señala, no obstante, que siguen sin abordarse algunos retos acuciantes, como el inventario de préstamos no productivos acumulados durante la crisis financiera;

14.

Destaca que una Unión de Mercados de Capitales (UMC) que funcione correctamente puede, a largo plazo, ofrecer una financiación alternativa a las pymes, como complemento a la procedente del sector bancario, y dar lugar a fuentes de financiación más diversificadas para la economía en general; pide a la Comisión que acelere su trabajo sobre la UMC con vistas a asignar el capital de manera más eficaz en toda la Unión, mejorar la profundidad de los mercados de capitales de la Unión, incrementar la diversificación de los inversores, estimular la inversión a largo plazo y hacer uso pleno de los instrumentos financieros innovadores de la Unión diseñados para respaldar el acceso por parte de las pymes a los mercados de capitales; subraya que la culminación de la UMC no debería menoscabar los logros legislativos obtenidos hasta el momento, sino que debería aspirar a redundar en última instancia en beneficio de los ciudadanos europeos;

15.

Destaca la necesidad de una mayor financiación de las inversiones; solicita un sistema financiero que funcione de manera correcta en el que la mayor estabilidad y las instituciones transfronterizas actuales puedan facilitar la creación de liquidez y de mercado, sobre todo para las pymes; observa asimismo, a este respecto, que las empresas con un gran crecimiento tienen problemas para acceder a la financiación; solicita a la Comisión que identifique y aplique proyectos que respalden y atraigan inversión basada en el mercado para dichas empresas; subraya que las reformas relativas a la estructura bancaria no deben ser un obstáculo para la creación de liquidez;

16.

Anima a la consecución gradual de la unión bancaria y al desarrollo de la UMC, con el objetivo de aumentar la resistencia del sector bancario, contribuir a la estabilidad financiera, crear un entorno estable para la inversión y el crecimiento, y evitar la fragmentación del mercado financiero de la zona del euro; hace hincapié, en este contexto, en el principio de responsabilidad, y subraya que deben evitarse los riesgos morales, en particular para proteger a los ciudadanos; insta a que se respeten las normas comunes actuales;

17.

Destaca que la inversión pública y privada es vital para permitir una transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono y circular; recuerda los compromisos de la Unión Europea, sobre todo del Acuerdo de París, de financiar la utilización de tecnologías limpias, intensificar el desarrollo de energías renovables y la eficiencia energética, así como reducir en general las emisiones de gases de efecto invernadero;

18.

Hace hincapié en que una inversión fiable necesita un marco regulador estable que permita la rentabilidad de la inversión; considera que unas normas predecibles, unas administraciones públicas eficientes y transparentes, unos sistemas judiciales efectivos, la igualdad de condiciones y una menor carga administrativa son factores clave para atraer inversiones; subraya que el 40 % de las recomendaciones específicas por país para 2016 se refieren a obstáculos a la inversión que las autoridades locales y regionales pueden ayudar a eliminar; pide, además, a la Comisión que adopte las medidas necesarias sobre la base de la convocatoria de datos sobre el marco legislativo de la Unión para los servicios financieros en lo que respecta a la reducción de la carga burocrática, la simplificación del sistema normativo y la mejora del entorno de financiación;

19.

Reconoce el potencial sin explotar de crecimiento de la productividad y la inversión que se podría obtener si las normas del mercado único se aplicasen en su totalidad y si los mercados de productos y servicios estuviesen mejor integrados; recuerda la importancia de las recomendaciones específicas por país al señalar las áreas fundamentales para el desarrollo de acciones en los Estados miembros;

20.

Concuerda con la Comisión en que no siempre se reconocen los beneficios del comercio en el debate público, y destaca que el comercio internacional puede ser una importante fuente de empleo para los ciudadanos europeos y una contribución fundamental para el crecimiento; reitera que más de 30 millones de empleos se basan hoy en las exportaciones de la Unión; subraya que los acuerdos comerciales internacionales no deberían menoscabar las normas reglamentarias, sociales y medioambientales europeas, sino reforzar las normas a nivel mundial;

21.

Observa con preocupación que la cuota de la Unión en los flujos de inversiones extranjeras directas mundiales se ha reducido significativamente desde el inicio de la crisis; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar el entorno empresarial en relación con las inversiones mediante la total implantación y aplicación de la legislación del mercado único europeo, entre otras medidas; está de acuerdo en que acelerar la adopción de reformas estructurales sostenibles, de conformidad con las recomendaciones específicas por país, es necesario para mejorar la competitividad de la Unión, promover un entorno favorable para las empresas (sobre todo las pymes) y la inversión, y para generar crecimiento y empleo, así como promover una convergencia creciente entre los Estados miembros;

22.

Insiste en la necesidad de salvaguardar las capacidades de inversión a largo plazo de las instituciones financieras, la rentabilidad de los productos de ahorro de bajo riesgo y de pensiones a largo plazo, con el fin de no comprometer la sostenibilidad de las provisiones de ahorro y pensiones de los ciudadanos europeos;

23.

Subraya que las reformas estructurales han de complementarse con inversiones a largo plazo en educación, investigación, innovación y capital humano, sobre todo en educación y formación destinadas a proporcionar nuevas cualificaciones y conocimientos; opina que las asociaciones entre responsables políticos, legisladores, investigadores, productores e innovadores también pueden considerarse como instrumentos para promover la inversión, generar un crecimiento inteligente y sostenible y complementar los programas de inversión;

Reformas estructurales

24.

Está de acuerdo en que las reformas estructurales sostenibles en los mercados de productos y servicios, así como en los mercados de trabajo inclusivo, salud, vivienda y de pensiones siguen siendo una prioridad en los Estados miembros a fin de apoyar la recuperación, hacer frente al elevado porcentaje de desempleo, impulsar la competitividad, la competencia leal y el potencial de crecimiento, y de mejorar la eficacia de los sistemas de investigación e innovación, sin menoscabar los derechos de los trabajadores, la protección de los consumidores o la normativa medioambiental;

25.

Considera que los mercados laborales productivos y que funcionan bien, combinados con un nivel adecuado de protección social y diálogo, han demostrado recuperarse más rápidamente de la recesión económica; pide a los Estados miembros que reduzcan la segmentación de los mercados laborales, aumenten la participación en el mercado de trabajo y mejoren las competencias, incluso prestando una mayor atención a la formación y al aprendizaje permanente para mejorar la capacidad de inserción laboral y la productividad de los trabajadores; constata que algunos Estados miembros aún necesitan adoptar importantes reformas para lograr que sus mercados laborales sean más resilientes e inclusivos;

26.

Subraya la importancia de iniciar o mantener la realización de reformas estructurales coherentes y sostenibles para la estabilidad a medio y largo plazo; destaca que la Unión y sus Estados miembros no pueden competir solamente en costes generales y de mano de obra, sino que necesitan invertir más en investigación, innovación y desarrollo, educación y cualificación, y eficiencia de los recursos tanto a escala nacional como europea;

27.

Manifiesta su preocupación ante los efectos de los cambios demográficos sobre las finanzas públicas y el crecimiento sostenible, condicionadas, entre otros, por bajas tasas de natalidad, sociedades que envejecen, la emigración; señala en especial el impacto del envejecimiento de la población en los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria de la Unión; observa que, debido a las distintas estructuras demográficas, los efectos de estos cambios serán diversos en cada Estado miembro, pero avisa de que los costes de financiación ya previsibles tendrán repercusiones significativas para las finanzas públicas;

28.

Recuerda que un factor importante para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es conseguir y mantener un elevado índice de empleo; señala igualmente, en este contexto, la importancia de utilizar de mejor manera las competencias de los migrantes para adaptarlos a las necesidades del mercado de trabajo;

29.

Señala que, en la actualidad, los Estados miembros gastan entre el 5 % y el 11 % de sus respectivos PIB en asistencia sanitaria, porcentaje que se espera que aumente notablemente en las próximas décadas a consecuencia de los cambios demográficos; insta a la Comisión a que concentre sus esfuerzos en que el gasto en asistencia sanitaria sea rentable, y en que el acceso a la misma sea universal, a través de la cooperación e intercambio de mejores prácticas a escala de la Unión y abordando la sostenibilidad de los sistemas sanitarios de calidad en las recomendaciones específicas por país;

30.

Invita a la Comisión a que publique periódicamente evaluaciones de la sostenibilidad de las finanzas públicas de cada Estado miembro, teniendo en cuenta todos los factores específicos por país, como, por ejemplo, los cambios demográficos y los contingentes, implícitos y otras obligaciones extrapresupuestarias que afectan a la sostenibilidad de las finanzas públicas; recomienda que estos informes se incluyan en los informes anuales por países; sugiere que la Comisión cree un indicador para evaluar el impacto de las finanzas públicas y los presupuestos anuales en las próximas generaciones, teniendo en cuenta las futuras responsabilidades y obligaciones presupuestarias implícitas; está de acuerdo en que la carga administrativa de estas evaluaciones debe mantenerse dentro de unos límites;

31.

Celebra que, de media, el desempleo juvenil disminuya, aunque sigue siendo excesivamente elevado; señala que siguen registrándose grandes diferencias entre los Estados miembros, lo que exige que prosigan las reformas a fin de facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral garantizando así la justicia entre las generaciones; hace hincapié, a este respecto, en la importancia de la Garantía Juvenil y pide que la Unión siga financiando este programa crucial; está de acuerdo con la Comisión en que es necesario que los Estados miembros emprendan más acciones para combatir el desempleo juvenil, en particular para aumentar la eficacia de la Garantía Juvenil;

32.

Destaca la importancia de que los salarios evolucionen de forma responsable y que potencie el crecimiento, ofreciendo un buen nivel de vida, en consonancia con la productividad, teniendo en cuenta la competitividad, y la importancia de un verdadero diálogo social para que la economía social de mercado funcione bien;

33.

Está de acuerdo en que la fiscalidad debe respaldar las inversiones y la creación de empleo; pide que se reforme la fiscalidad con miras a abordar la elevada carga fiscal sobre el trabajo en Europa, mejorando la recaudación de impuestos, luchando contra la elusión fiscal y la evasión fiscal, y haciendo que los regímenes fiscales sean más sencillos, justos y eficaces; destaca la necesidad de que se mejore la coordinación de las prácticas administrativas en el ámbito fiscal; pide una mayor transparencia entre los Estados miembros en materia de impuesto de sociedades;

Responsabilidad fiscal y estructura de las finanzas públicas

34.

Señala que la Comisión considera que la sostenibilidad de las finanzas públicas sigue siendo una prioridad y que las dificultades se han ido resolviendo desde el punto álgido de la crisis y no pueden ser una gran causa de riesgos para la zona del euro en su conjunto a corto plazo;

35.

Señala también que la Comisión considera que las dificultades persisten, y que las rémoras que ha dejado la crisis y las deficiencias estructurales siguen presentes y deben solucionarse si se quiere evitar riesgos a largo plazo;

36.

Subraya que todos los Estados miembros están obligados a cumplir el PEC y a respetar plenamente sus cláusulas de flexibilidad; señala también, a este respecto, la importancia del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, y pide a la Comisión que presente una evaluación general de la experiencia obtenida con su aplicación, como base para las necesarias medidas que deben tomarse de conformidad con el TUE y el TFUE, con objeto de integrar el contenido de este Tratado en el marco jurídico de la Unión;

37.

Señala que, mientras que seis Estados miembros siguen sometidos al procedimiento de déficit excesivo, se observa una disminución del nivel de déficit público medio, que se espera que este se mantenga por debajo del 2 % en 2016 y que se siga reduciendo en los próximos años, y que solo dos Estados miembros seguirán sometidos al procedimiento de déficit excesivo en 2017; señala que, en varios casos, el gran aumento de la deuda en el último periodo es también el resultado de la recapitalización bancaria y del bajo crecimiento; subraya que, cuando los tipos de interés empiecen a subir otra vez, podrían aumentar las dificultades para que mejoren las finanzas públicas;

38.

Resalta la función de la Comisión como guardiana de los Tratados; subraya la necesidad de evaluar de manera objetiva y transparente la aplicación y el cumplimiento de la legislación acordada conjuntamente;

39.

Insiste en que no debería haber un trato diferenciado entre Estados miembros; señala que la adopción de una política presupuestaria que respete y siga la legislación de la Unión es la única forma de generar credibilidad y confianza entre los Estados miembros y de servir de base para la realización de la UEM y para dar confianza a los mercados financieros;

40.

Pide a la Comisión y al Consejo que sean lo más específicos que sea posible cuando aborden las recomendaciones presupuestarias en el marco de la vertiente preventiva y correctora del PEC, a fin de incrementar la transparencia y el carácter ejecutorio de las recomendaciones; subraya la necesidad de incluir en las recomendaciones de la vertiente preventiva la fecha prevista para alcanzar el objetivo a medio plazo específico por país y el ajuste presupuestario requerido para lograrlo o mantenerlo;

41.

Considera que los desajustes macroeconómicos dentro de los Estados miembros deben reducirse de conformidad con el procedimiento de desequilibrio macroeconómico, realizando esfuerzos en los que participen todos los Estados miembros a partir de las reformas e inversiones pertinentes; destaca que todos los Estados miembros deben cumplir sus responsabilidades en este contexto; señala que los elevados superávits por cuenta corriente conllevan un posible incremento de la demanda interna; subraya que los elevados niveles de deuda pública y privada constituyen una importante vulnerabilidad y que para reducirlos más rápidamente son necesarios un mayor crecimiento y políticas fiscales responsables;

42.

Observa que, a la vez que las finanzas públicas han mejorado durante los últimos años, a raíz de la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2017, ocho Estados miembros se consideran en peligro de incumplimiento; considera que debe cumplirse la trayectoria de ajuste fiscal acordada;

43.

Celebra la reducción media de las deudas y déficits públicos, pero coincide en que la imagen agregada oculta disparidades significativas en los distintos Estados miembros; hace hincapié en que la imagen agregada debe observarse siempre conjuntamente con la revisión de los presupuestos individuales, y subraya la necesidad de adoptar políticas presupuestarias sanas anticipando que puedan subir los tipos de interés; considera que debe alcanzarse una convergencia al alza, en particular entre los Estados miembros de la zona del euro;

Orientaciones presupuestarias para la zona del euro

44.

Señala que, según las previsiones económicas de otoño de 2016 de la Comisión Europea, la orientación presupuestaria en la zona del euro pasó de ser restrictiva a neutra en 2015, y que se espera que se vuelva moderadamente expansionista durante el período objeto de esas previsiones; señala, además, la consideración de la Comisión de que el pleno cumplimiento de los requisitos presupuestarios incluidos en las recomendaciones específicas por país del Consejo conduciría, en líneas generales, a una orientación presupuestaria ligeramente restrictiva para la zona del euro en su conjunto en 2017 y 2018, y el llamamiento de la Comisión en favor de una orientación presupuestaria expansionista positiva, aun reconociendo las dificultades económicas y jurídicas que implica;

45.

Considera que la comunicación de la Comisión sobre una orientación presupuestaria positiva es un avance importante; acoge con satisfacción la intención de la comunicación de contribuir a una mejor coordinación de las políticas económicas en la zona del euro y de destacar las oportunidades de estímulo fiscal en los Estados miembros que tengan margen para ello; destaca que los requisitos presupuestarios se basan en normas presupuestarias acordadas en común; recuerda que los Estados miembros están obligados a cumplir el PEC, independientemente de las recomendaciones generales; señala que existen puntos de vista divergentes sobre el potencial y el nivel de un objetivo de orientaciones presupuestarias agregadas; acoge con satisfacción el trabajo en curso del Consejo Fiscal Europeo en esta materia;

46.

Considera que mejorar la estructura de los presupuestos públicos es una de las claves para garantizar el cumplimiento de las normas presupuestarias de la Unión y para permitir la financiación de los gastos indispensables, la constitución de reservas para necesidades imprevistas y para inversiones que potencien el crecimiento y, por último, la financiación de gastos menos esenciales, y para contribuir a un uso más eficiente y responsable de los fondos públicos; recuerda que la composición de los presupuestos nacionales se decide a nivel nacional teniendo en cuenta la recomendaciones específicas por país;

47.

Señala que el debate sobre la asignación inteligente del gasto público y las prioridades políticas se lleva a cabo habitualmente en relación con el presupuesto de la Unión y que esta importante evaluación también es indispensable para que los presupuestos nacionales mejoren la calidad de los presupuestos públicos a medio y largo plazo, a fin de evitar recortes presupuestarios lineales;

48.

Acoge con satisfacción la revisión en curso del gasto público, y anima a los Estados miembros a que evalúen críticamente la calidad y composición de sus presupuestos; apoya los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público, también reorientando los gastos improductivos hacia inversiones que potencien el crecimiento;

49.

Opina que el presupuesto de la Unión podría contribuir a aliviar la presión a la que están sometidos los presupuestos nacionales recaudando sus propios recursos en lugar de depender tanto de las contribuciones nacionales;

50.

Celebra los debates temáticos que han tenido lugar y las mejores prácticas adoptadas por el Eurogrupo, como las relativas al examen del gasto, durante el ciclo semestral de 2016; Pide a la Comisión y al Eurogrupo que aumenten su eficacia y transparencia;

51.

Pide a la Comisión y al Consejo que formulen las recomendaciones específicas por país de manera que se pueda evaluar el progreso realizado, en particular en los casos en que las recomendaciones políticas se dirigen repetidamente al mismo ámbito político o la naturaleza de la reforma requiere que la aplicación se extienda más de un ciclo semestral;

Coordinación de las políticas nacionales y rendición de cuentas democrática

52.

Destaca la importancia de los Parlamentos nacionales a la hora de debatir los informes de cada país, las recomendaciones específicas por país, los programas nacionales de reforma y los programas de estabilidad, y de aplicarlas en mayor medida que hasta ahora;

53.

Considera que una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país exige unas prioridades claramente articuladas a escala europea y un auténtico debate público a escala nacional, regional y local que conduzca a una mayor responsabilización; pide a los Estados miembros que impliquen a las autoridades locales y regionales de manera estructurada, dado el impacto y los retos que afectan a los Estados miembros a escala subnacional, para mejorar la aplicación de las recomendaciones específicas por país;

54.

Insta a la Comisión a que inicie negociaciones sobre un acuerdo interinstitucional sobre la gobernanza económica; insiste en que dicho acuerdo interinstitucional debe garantizar, en el marco de los Tratados, que la estructura del Semestre Europeo permita un control parlamentario del proceso que sea periódico y significativo, en particular en lo relativo a las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y las recomendaciones para la zona del euro;

Contribuciones sectoriales al informe sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017

Presupuestos

55.

Considera que el presupuesto de la Unión podría proporcionar un valor añadido para las inversiones y las reformas estructurales en los Estados miembros si se introdujera una mayor sinergia entre los instrumentos existentes y la vinculación con los presupuestos de los Estados miembros; estima, por tanto, que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, en cuanto importante documento político que facilita contenido básico para los programas nacionales de reforma, las recomendaciones específicas por país y los planes de ejecución, debiera servir de directriz para los Estados miembros y para la preparación de los presupuestos nacionales, a fin de introducir soluciones conjuntas visibles en los presupuestos nacionales que estén vinculadas al presupuesto de la Unión;

56.

Recuerda que la mejora de los sistemas de recaudación del IVA y los aranceles debe ser una de las máximas prioridades de todos los Estados miembros; celebra la propuesta de la Comisión de establecer una lista negra común de paraísos fiscales, cuya aplicación debería contemplar sanciones penales al objeto de hacer frente a las multinacionales que evaden impuestos;

Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

57.

Destaca que la mejora en el uso de los recursos y su mayor eficiencia, la reducción de la dependencia energética del exterior y la introducción de una producción sostenible basada en requisitos de diseño de los productos mejorados y patrones de consumo más sostenibles implican promover el espíritu empresarial y la creación de empleo mediante la aplicación eficaz de los objetivos internacionales y europeos en materia de medioambiente, diversificando las fuentes de ingresos en un contexto de responsabilidad presupuestaria y competitividad económica; considera que el Semestre Europeo también debe incluir la elaboración de informes sobre eficiencia energética e interconectividad en función de objetivos fijados a escala de la Unión;

o o

58.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los Parlamentos nacionales y al Banco Central Europeo.

(1) DO L 306 de 23.11.2011, p. 12.

(2) DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.

(3) DO L 306 de 23.11.2011, p. 8.

(4) DO L 306 de 23.11.2011, p. 33.

(5) DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

(6) DO L 306 de 23.11.2011, p. 1.

(7) DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.

(8) DO L 140 de 27.5.2013, p. 1.

(9) DO C 407 de 4.11.2016, p. 86.

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