6.7.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 238/132

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

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Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Visto el Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

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Visto el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

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Vista la importancia del derecho de petición y de informar inmediatamente al Parlamento de las preocupaciones específicas de los ciudadanos y los residentes de la Unión, tal y como se prevé en los artículos 24 y 227 del TFUE,

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Visto el artículo 228 del TFUE,

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Visto el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativo al derecho de petición ante el Parlamento Europeo,

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Vistas las disposiciones del TFUE relativas al procedimiento de infracción, y en particular los artículos 258 y 260,

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Vistos el artículo 52 y el artículo 216, apartado 8, de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A8-0366/2016),

A.

Considerando que el informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones tiene por objeto presentar un análisis de las peticiones recibidas en 2015 y de las relaciones con otras instituciones, y presentar una imagen fiel de los objetivos alcanzados durante el año 2015;

B.

Considerando que en 2015 se recibieron 1 431 peticiones, lo que representa un descenso del 47 % respecto a 2014 (año durante el cual el Parlamento recibió 2 714 peticiones); que 943 peticiones fueron admitidas a trámite, de las cuales 424 peticiones tuvieron un rápido examen y se dieron por concluidas después de informar debidamente al peticionario sobre la cuestión que le preocupaba, y que 519 peticiones siguen abiertas para ser discutidas en la Comisión de Peticiones; considerando que 483 peticiones fueron declaradas inadmisibles;

C.

Considerando que el número de peticiones recibidas es modesto en relación con la población total de la Unión, lo que denota que, lamentablemente, la gran mayoría de los ciudadanos y residentes de la Unión no conoce todavía la existencia del derecho de petición y su posible utilidad como medio para señalar a las instituciones de la UE y los Estados miembros los asuntos que les afectan y preocupan y que se incluyen en el ámbito de actividad de la Unión;

D.

Considerando que en 2015 no se admitieron a trámite 483 peticiones, y que sigue existiendo una confusión generalizada sobre los ámbitos de actividad de la Unión, como refleja el elevado número de peticiones recibidas y no admitidas a trámite (33,8 %); considerando que, para remediarlo, habría que incentivar y mejorar la comunicación con los ciudadanos y explicar los diferentes ámbitos de competencia —europeo, nacional y local—;

E.

Considerando que cada petición se estudia y tramita con atención, eficiencia y transparencia;

F.

Considerando que los peticionarios suelen ser ciudadanos comprometidos con la protección de los derechos fundamentales y con la mejora y el bienestar futuro de nuestras sociedades; que la experiencia de estos ciudadanos respecto de la tramitación de sus peticiones tiene una gran influencia en su percepción sobre las instituciones europeas y el respeto al derecho de petición recogido en el Derecho de la Unión Europea;

G.

Considerando que el Parlamento Europeo es la única institución de la UE elegida directamente por los ciudadanos, y que el derecho de petición les ofrece los medios para atraer la atención de sus representantes elegidos sobre los temas que les preocupan;

H.

Considerando que, en virtud del TFUE, a fin de promover la buena gobernanza y garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben trabajar del modo más transparente posible;

I.

Considerando que el derecho de petición ha de ser un elemento clave hacia una democracia participativa en la que se proteja de forma efectiva el derecho de todo ciudadano a participar directamente en la vida democrática de la Unión; que una auténtica gobernanza democrática y participativa debe garantizar la plena transparencia, una protección eficaz de los derechos fundamentales y la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones; que, a través de las peticiones, el Parlamento Europeo puede escuchar, informar y ayudar a resolver los problemas que afectan a sus ciudadanos, pidiendo también a las demás instituciones de la Unión y de los Estados miembros, en el marco de sus respectivas competencias, que realicen todos los esfuerzos necesarios al respecto; que, a través de dichas peticiones, se debe evaluar el impacto de la legislación de la Unión en la vida cotidiana de sus habitantes;

J.

Considerando que, después de la crisis humanitaria de refugiados, el gravísimo impacto social y económico dela crisis financiera y el aumento de la xenofobia y el racismo en toda Europa ponen en duda la confianza en el sistema y en el proyecto europeo en su conjunto; que la Comisión de Peticiones tiene la responsabilidad y el gran desafío de mantener y fortalecer un diálogo constructivo con los ciudadanos y residentes de la Unión sobre asuntos europeos;

K.

Considerando que la Comisión de Peticiones es la que mejor puede mostrar a los ciudadanos qué es lo que la Unión Europea hace por ellos, y qué soluciones se pueden aportar a nivel europeo, nacional o local; que la Comisión de Peticiones puede hacer una labor considerable explicando y, en su caso, demostrando los éxitos y beneficios del proyecto europeo;

L.

Considerando que el derecho de petición debe reforzar la capacidad del Parlamento Europeo para reaccionar y ayudar a resolver los problemas relacionados principalmente con la transposición y aplicación de la legislación de la Unión; que las peticiones constituyen una valiosa fuente de información de primera mano basada en las experiencias de los ciudadanos que ayudan a detectar posibles infracciones y lagunas en la aplicación de la legislación de la UE a escala nacional, y en última instancia, en su supervisión por parte de la Comisión en calidad de guardiana de los Tratados; que las peticiones que se basan en los ámbitos de actividad de la Unión y cumplen los criterios de admisibilidad son un instrumento básico para detectar de manera temprana los retrasos en la transposición del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros, así como su aplicación efectiva; que, a través de las peticiones, los ciudadanos de la Unión pueden denunciar el incumplimiento del Derecho de la UE y contribuir a detectar vulneraciones a este;

M.

Considerando, por tanto, que las peticiones tienen gran importancia dentro del proceso legislativo, al facilitar a otras comisiones del Parlamento Europeo información útil y directa para su labor legislativa dentro de sus ámbitos respectivos; considerando que las peticiones no son responsabilidad únicamente de la Comisión de Peticiones, sino que deberían ser un empeño compartido por todas las comisiones del Parlamento Europeo;

N.

Considerando que, a través de las peticiones, los ciudadanos y residentes de la Unión pueden denunciar una mala aplicación del Derecho de la UE; que, de ese modo, los ciudadanos son una valiosa fuente de información para detectar vulneraciones al Derecho de la UE;

O.

Considerando que, además de proporcionar información pertinente sobre la aplicación de la legislación en vigor, las peticiones también pueden ayudar a identificar lagunas en el Derecho de la Unión y a evaluar los efectos de la falta de regulación en determinados ámbitos, impulsando así otras iniciativas legislativas;

P.

Considerando que la Comisión de Peticiones ha hecho un mayor uso de los instrumentos específicos que tiene a su disposición en cuanto comisión, tales como las preguntas con solicitud de respuesta oral y las resoluciones breves, a fin de dar visibilidad a las distintas cuestiones que preocupan a los ciudadanos, o remitiendo preguntas y resoluciones al Pleno del Parlamento, como, por ejemplo, las resoluciones sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España, o sobre el interés superior del niño en Europa;

Q.

Considerando que en 2015 se han tratado con mayor celeridad y eficiencia las peticiones enviadas por los ciudadanos, habiéndose acortado los tiempos en lo referente a la correspondencia con los peticionarios; que la secretaría ha llevado a cabo un esfuerzo notable para lograr esta mejora;

R.

Considerando que los peticionarios contribuyen de manera activa al trabajo de la comisión, facilitando información complementaria de primera mano a sus miembros, a la Comisión y a los representantes de los Estados miembros que estén presentes; que, al participar en los debates y al presentar su petición acompañada de información más pormenorizada, los peticionarios contribuyen a establecer un diálogo fluido y constructivo con los miembros del Parlamento Europeo y la Comisión Europea; que, en 2015, 191 peticionarios asistieron a las deliberaciones de la Comisión de Peticiones y participaron en ellas; que, aunque este número parezca relativamente bajo, no hay que olvidar que las reuniones de la Comisión de Peticiones son retransmitidas y permiten a los peticionarios seguir los debates tanto en directo como en diferido a través de su retransmisión en video vía internet;

S.

Considerando que se ha adoptado un método específico de tramitación de peticiones relativas al bienestar de los niños, y se ha creado un grupo especial de trabajo sobre este tema, que se constituyó el 17 de septiembre de 2015, habiéndose elegido a Eleonora Evi como presidenta, destaca que todo grupo de trabajo debe recibir un mandato claro para producir resultados tangibles y evitar retrasos injustificados en la tramitación de las peticiones;

T.

Considerando que la presentación de una petición coincide a menudo con la presentación de una reclamación a la Comisión, que puede dar lugar al inicio de un procedimiento de infracción; que, en 2015, el Parlamento Europeo alertó mediante peticiones y preguntas a la Comisión sobre las deficiencias en la forma en que algunos Estados miembros estaban aplicando y ejecutando determinadas leyes de la UE;

U.

Considerando que estas peticiones dieron lugar a reclamaciones en cuestiones de medio ambiente; que la Comisión envió una carta de emplazamiento a Finlandia por la transposición de la Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental; que, en otros cinco casos en materia de medio ambiente, la Comisión inició diálogos bilaterales con los Estados miembros en cuestión; que los casos estaban relacionados con el gas de esquisto, la gestión de los lobos, la aplicación incorrecta de la Directiva relativa a la evaluación medioambiental estratégica y la conformidad de la legislación nacional con los requisitos de la Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental;

V.

Considerando que las peticiones de los ciudadanos también tocaron cuestiones relativas a la justicia y la cooperación judicial, puesto que, a raíz de una petición, la Comisión inició un diálogo bilateral con un Estado miembro sobre sus restricciones al cambio de nombre después del matrimonio;

W.

Considerando que la Comisión inició también conversaciones bilaterales a raíz de varias peticiones con varios Estados miembros sobre los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre el impuesto local de residencia pagado por los estudiantes;

X.

Considerando que la Comisión tiene la intención de reforzar la aplicación de la legislación de la Unión sobre la base de la transposición y de controles sistemáticos sobre la conformidad de la legislación nacional; que la Comisión ha manifestado que tomará las medidas apropiadas, incluso lanzando de nuevo casos EU-Pilot y procedimientos de infracción, cuando detecte posibles infracciones de la legislación de la Unión;

Y.

Considerando que, a través de la participación del Parlamento en estos procedimientos, hay un control adicional de la labor de investigación de las instituciones competentes de la UE; que no debe darse por concluido el examen de las peticiones mientras la Comisión esté investigando;

Z.

Considerando que la Comisión publica, a través del Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, las acciones relacionadas con las infracciones al Derecho de la Unión y revela información sobre los procedimientos de infracción en forma de comunicados de prensa; considerando que estas decisiones sobre los procedimientos de infracción se pueden consultar en la base de datos de la Comisión disponible en el sitio web Europa; que una información más detallada de la Comisión en sus intervenciones en la Comisión de Peticiones en casos relacionados con peticiones contribuiría a una mayor transparencia y una colaboración más fluida entre ambas instituciones;

AA.

Considerando que los principales temas tratados en las peticiones abarcan una amplia gama de cuestiones como, por ejemplo, la protección del medio ambiente (en particular, el tratamiento de aguas residuales, la gestión de los residuos, la gestión de las cuencas hidrográficas, las prospecciones y la extracción de gas e hidrocarburos), las infracciones a los derechos de los consumidores, la aplicación de la justicia (en particular, los derechos de custodia sobre menores), los derechos fundamentales (en particular, los derechos del niño, de las personas con discapacidad y de las minorías), la libre circulación de personas, la discriminación, la inmigración, el empleo y el bienestar animal;

AB.

Considerando que el portal web de la Comisión de Peticiones, que empezó a funcionar a finales de 2014, está operativo, aunque no terminado; que dicho portal tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos y residentes de la Unión una herramienta electrónica que les permita presentar peticiones y seguir en todo momento su tramitación, así como firmar electrónicamente sus propias peticiones y adherirse a las de otros peticionarios cuyos temas les interesen; que las carencias de algunas funcionalidades básicas, como el motor de búsqueda, persistieron durante 2015 y menoscabaron hasta hace muy poco el papel del portal como espacio interactivo de intercambio entre los ciudadanos; que este problema ha quedado finalmente solucionado;

AC.

Considerando que este portal fue diseñado para aumentar la transparencia y la interactividad del procedimiento de petición, y para garantizar una mayor eficacia administrativa en beneficio de los peticionarios, los diputados y el público en general; que la segunda fase del proyecto, que finalidad principal de la segunda fase del proyecto era mejorar la tramitación administrativa de las peticiones;

AD.

Considerando que los sucesivos retrasos en las fases posteriores del proyecto han generado una carga de trabajo adicional en la secretaría de la Comisión de Peticiones, dada la necesidad de cargar manualmente los archivos pertinentes en las distintas bases de datos; que aún quedan peticiones por cargar, ya que hasta la fecha solo se han introducido en el portal las peticiones abiertas recibidas en 2013, 2014 y 2015, y que se está trabajando actualmente cargando en el sistema las peticiones recibidas en 2016;

AE.

Considerando que se han subsanado ciertas deficiencias, concretamente en la función de búsqueda y en el tratamiento de la confidencialidad del peticionario, y que en el segundo semestre de 2016 se ha seguido trabajando según lo previsto para mejorar la utilidad y la visibilidad del servicio de cara a los ciudadanos;

AF.

Considerando que la admisibilidad de las peticiones se basa en los criterios establecidos en el artículo 227 del TFUE; que el concepto de ámbito de actividad de la Unión abarca mucho más que la larga enumeración de competencias; que una declaración de inadmisibilidad puede ser objeto de control judicial en caso de no estar debidamente justificada conforme a estos criterios;

AG.

Considerando que la responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de la legislación de la Unión en los Estados miembros recae principalmente en los órganos jurisdiccionales nacionales; que, en este contexto, las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituyen un mecanismo muy útil para los sistemas judiciales nacionales; que en algunos Estados miembros no se ha recurrido nunca, o prácticamente nunca, a este procedimiento; que esa responsabilidad inicial no debería ser en ningún caso óbice para un papel más proactivo de la Comisión, en calidad de guardiana de los Tratados, cuando se trate de garantizar el respeto del Derecho de la Unión; que las peticiones representan una alternativa y una vía independiente de investigación y de control del cumplimiento de la legislación de la UE, y que, por tanto, estos dos procedimientos alternativos no deberían excluirse entre sí;

AH.

Considerando que la iniciativa ciudadana europea (ICE) ha de ser una herramienta importante para posibilitar la participación directa de los ciudadanos en la elaboración de políticas de la Unión, y que se debe explotar al máximo su potencial sin dejar de garantizar que los ciudadanos estén plenamente informados acerca de los asuntos que son competencia de la Unión y competencia nacional; que se debería informar mejor a los ciudadanos de las principales diferencias entre la ICE y el derecho de petición; que el Parlamento tiene una responsabilidad específica a la hora de lograr que este instrumento tenga verdadero éxito; considerando que, tal y como se recogen en las intervenciones de la audiencia pública del 22 de febrero de 2015, existe un sentimiento generalizado por parte de las organizaciones que registraron una ICE de que se deben suprimir las barreras administrativas a fin de obtener los mejores resultados posibles en lo que respecta a la participación de los ciudadanos;

AI.

Considerando que, más de tres años después de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) n.o 211/2011, el 1 de abril de 2012, la Comisión de Peticiones estima necesario evaluar su ejecución a fin de detectar posibles lagunas y proponer soluciones concretas viables para su rápida revisión con el objetivo de mejorar su funcionamiento;

AJ.

Considerando que, en 2015, debido a la carga de trabajo de la Comisión de Peticiones, solamente se llevó a cabo una visita de investigación en relación con las peticiones que se investigaron en 2015; que la visita de investigación realizada al Reino Unido los días 5 y 6 de noviembre de 2015 sobre la cuestión de la adopción sin el consentimiento de los padres ha permitido a los miembros de la delegación tener una mejor comprensión de la situación, al poder discutir el problema con los representantes de las diferentes instituciones del Reino Unido implicadas en el asunto;

AK.

Considerando que las visitas son una prerrogativa especial de la comisión y una parte fundamental de su labor, que implica la interacción con los peticionarios y las autoridades de los Estados miembros implicados; que los miembros de esas delegaciones participan en pie de igualdad en todas las actividades, incluida la elaboración del informe final;

AL.

Considerando que la Comisión de Peticiones asume responsabilidades en relación con la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, que se encarga de investigar las reclamaciones de los ciudadanos y residentes de la Unión sobre casos de posible mala administración en las instituciones y órganos de la UE, y sobre la que la comisión también elabora un informe anual basado en el propio Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo;

AM.

Considerando que, el 26 de mayo de 2015, la Defensora del Pueblo Europea, Emily O’Reilly, presentó su informe anual para 2014 al Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz; que, el 23 de junio de 2015, la Defensora del Pueblo presentó su informe en la reunión de la Comisión de Peticiones en cuanto comisión competente para las relaciones con su institución;

AN.

Considerando que la Comisión de Peticiones es miembro de la Red Europea de Defensores del Pueblo, que incluye a los defensores del pueblo nacionales y regionales, las comisiones de peticiones y organismos similares de los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos a la adhesión a la Unión, otros países del Espacio Económico Europeo y/o el espacio Schengen; que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es miembro de pleno derecho de esta red, que actualmente cuenta con 94 oficinas en 36 países;

AO.

Considerando que cada petición se evalúa y tramita con atención, y que cada peticionario debe recibir una respuesta en un periodo de tiempo razonable; que debe informarse a cada peticionario de las razones para dar por concluido el examen de su petición;

AP.

Considerando que todos los peticionarios deberían tener la posibilidad de presentar directamente sus casos a la Comisión de Peticiones;

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