19.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 303/17

Ponente:

Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

1.1.

La cuestión del trabajo digno en las cadenas mundiales de suministro (CMS), como, por ejemplo, las del textil, la confección y el calzado, la electrónica, los minerales y las industrias agrícolas, es sin duda fundamental para todos los agentes públicos y privados que participan a nivel nacional e internacional en la gestión de las cadenas de suministro.

1.2.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha modificado sus procedimientos internos para estar en condiciones de emitir un dictamen antes de la 105.a sesión plenaria de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de Ginebra sobre el tema del trabajo digno en las CMS.

El CESE formula las siguientes recomendaciones:

1.3.

La adopción, por parte de la Comisión Europea, de una estrategia global y ambiciosa con el fin de fomentar el trabajo digno en las CMS mediante el conjunto de sus políticas internas (acceso a la contratación pública de la UE, etiquetado, etc.) y externas (comercio, desarrollo, política de vecindad, etc.).

1.4.

Adoptar una terminología común y definiciones comunes, así como evaluar los datos estadísticos de las diferentes partes interesadas, a saber, la OCDE, la OIT, la OMC, la Comisión Europea, el Banco Mundial y el FMI (1), con el fin de evitar la confusión y las interpretaciones erróneas, y elaborar una política coherente para los organismos públicos competentes en este ámbito.

1.5.

Habida cuenta de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, debemos reconocer y promover las mejores prácticas e iniciativas disponibles en la actual «caja de herramientas»: las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, las directrices sectoriales de la OCDE sobre la diligencia debida (textiles y confección, minerales, agricultura y finanzas), las ayudas comerciales, los planes financieros de compensación de daños y perjuicios, los códigos de conducta, el etiquetado, las normas y las herramientas de autoevaluación. El objetivo consiste en disponer de una política gradual, coherente y sostenible para la gestión responsable de las CMS.

1.6.

Promover la adopción de planteamientos prácticos y adecuados basados en los riesgos, que tengan en cuenta la naturaleza específica de la cadena mundial de valor y las CMS (lineal o modular, sencilla o compleja, organización de larga o corta duración).

1.7.

Fomentar, sobre la base de una evaluación de las prácticas actuales, el formato de múltiples partes interesadas, con la participación de agentes públicos y privados, interlocutores sociales, ONG, expertos, etc., al objeto de desarrollar la mejor cartera de acciones posible, basada en las líneas directrices de la OCDE para detectar, prevenir y mitigar los riesgos, y comunicar e informar sobre el plan de acción. Los planes de acción podrían incluir medidas legislativas y no legislativas, buenas prácticas, incentivos económicos, acceso a la formación y desarrollo de capacidades para el diálogo social y los sindicatos.

1.8.

Impulsar una reflexión específica sobre el tipo de instrumento de transparencia que podría ponerse en práctica con el fin de informar al consumidor final acerca de las condiciones sociales de producción.

1.9.

La próxima Conferencia de la OIT debería considerar la posibilidad de que la OIT desempeñe un papel activo para garantizar el trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales, incluida la valoración de la evolución y la futura adopción de todos los instrumentos pertinentes y adecuados que, junto con el compromiso de todas las partes interesadas, contribuyan a una mejora efectiva de las condiciones de trabajo.

2.1.1.

Cadena mundial de valor (CMV): este concepto surgió a mediados de la década de los noventa para describir el conjunto de actividades necesarias para poner un producto a disposición del consumidor final, que van desde su concepción y diseño, pasando por la obtención de las materias primas necesarias y los insumos intermedios, hasta su comercialización, distribución y apoyo a los consumidores finales (2).

Se supone que las CMV favorecen la «modernización de los procesos» (el productor adopta tecnologías más avanzadas en aras de una mayor eficiencia) y la «mejora funcional» (la capacidad del productor para desarrollar competencias de diseño, estrategia de marca y comercialización). Sin embargo, una serie de ejemplos demuestra que no siempre es el caso.

La necesidad de una gestión sostenible y responsable de las CMV ocupa un lugar central en la agenda internacional (OCDE, OIT, G-7, G-20, UE, Naciones Unidas), dado que los crecientes intercambios comerciales e inversiones a escala mundial se producen a través de las CMV y la externalización y la coordinación transfronteriza de la producción mundial por parte de las empresas líderes tienen importantes consecuencias sociales. Algunas de estas consecuencias son positivas; por ejemplo, empleos mejor remunerados, más empleo femenino, creación de puestos de trabajo que permiten acceder al empleo, desarrollo de capacidades y difusión de conocimientos y tecnología. Pero hay otras que son motivo de preocupación, como el trabajo precario, las malas condiciones laborales (también en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo), la ausencia de derechos sociales (en particular, la falta de cobertura de seguridad social) y la violación de los derechos humanos y los derechos laborales fundamentales.

Esto se traduce en el desarrollo y la aplicación de diversos instrumentos a nivel nacional e internacional, como los convenios de la OIT, las líneas directrices de la OCDE o los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (véase el punto 2.3.3), y marcos políticos, tales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (3), acompañada de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo (4), que fomenta el cumplimiento de las normas laborales y promueve tanto el trabajo digno como el desarrollo ulterior del comercio, la inversión, el sector privado y las cadenas de suministro.

2.1.2.

Cadena mundial de suministro (CMS): las CMS están compuestas por organizaciones, recursos y procesos relacionados entre sí, que permiten crear productos y prestar servicios destinados a los consumidores finales. Forman parte de las CMV que se dedican al aprovisionamiento, pero no a la concepción o la distribución de los productos o servicios.

2.1.3.

Trabajo digno: se trata de un concepto formulado por los mandantes de la OIT, que la Conferencia Internacional del Trabajo hizo suyo en la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (5), y que abarca los programas nacionales y locales emprendidos con el fin de alcanzar cuatro objetivos estratégicos:

La OIT, como organismo regulador a escala mundial, ha adoptado una serie de convenios pertinentes para las cadenas mundiales de suministro. Estos convenios incluyen normas laborales fundamentales (a saber, el fomento de la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, el fomento de la no discriminación en el trabajo, la prohibición del trabajo forzoso y el trabajo de los niños), así como acuerdos en materia de salud y seguridad en el trabajo, inspecciones laborales, etc. Los países signatarios están obligados a adecuar sus leyes y prácticas a los convenios. Además, según la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (6), todos los países miembros de la OIT están obligados a respetar e integrar las normas laborales fundamentales en sus leyes y prácticas, incluso si no han ratificado los convenios pertinentes.

2.2.1.

La incidencia de las CMV en el comercio mundial ha aumentado rápidamente y, según la OMC, la OCDE, la OIT y la UNCTAD 2013 (7), representan entre un 60 y un 80 % del comercio internacional y más del 20 % de los puestos de trabajo en todo el mundo (8). Los sectores cubiertos por componentes organizativos interrelacionados como la concepción, la producción, la distribución y el consumo, de los que son responsables las empresas multinacionales, incluyen la agricultura, la industria (por ejemplo, el automóvil, la aeronáutica, el textil y la confección, los juguetes y la electrónica) y los servicios (por ejemplo, los centros de llamadas y las tecnologías de la información).

2.2.2.

La forma y la estructura de estas CMV también varían: algunas de ellas son relativamente cortas (número reducido de actividades), mientras que otras son más largas, lo cual implica la existencia de vínculos económicos, sociales y financieros entre empresas establecidas en numerosos países, algunos de ellos remotos (desde Estados Unidos hasta la UE y Asia). Según Gary Gereffi (9), hay tres tipos predominantes de gobernanza: las CMV impulsadas por los compradores y, en la mayoría de los casos, por el coste (es el caso de las CMV de confección y calzado) y las CMV impulsadas por los productores con algunas competencias tecnológicas de los proveedores en los países en desarrollo, incluidos el diseño y la innovación (equipos electrónicos).

2.2.3.

Las CMS, que son un componente de las CMV, se basan en la relación entre los compradores y los proveedores y los posibles subcontratistas. Esta «cadena» puede configurarse de diversas maneras: integración vertical, cadena cautiva, gobernanza de cadena modular (los principales proveedores pueden operar con independencia de la empresa principal) o cadenas de comercialización para los mercados de productos básicos.

2.3.1.

La definición de la UE de la RSE reconoce que es «responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad» (10).

2.3.2.

Habida cuenta de una serie de problemas que se han producido a lo largo de los últimos veinte años, sobre todo en sectores como la electrónica, los artículos de deporte y la confección, la OCDE, en particular, considera que las siguientes cuestiones son decisivas para una gestión sostenible por parte de una empresa multinacional, como empresa responsable de su CMV y su CMS:

2.3.3.

Una amplia gama de partes interesadas, entre ellas numerosas organizaciones y organismos públicos y privados, nacionales, europeos e internacionales están estudiando actualmente estas cuestiones, especialmente tras el dramático suceso del Rana Plaza (Bangladés) que se cobró la vida de más de 1 100 personas en 2013:

Se han emprendido diversas iniciativas privadas sobre una base permanente o temporal; por ejemplo, para mejorar la salud y la seguridad en las fábricas de confección de Bangladés tras la catástrofe del Rana Plaza (Acuerdo de Bangladés sobre seguridad de los edificios y protección contra incendios) (20).

2.3.4.

Todos estos agentes públicos y privados participan en el desarrollo y la aplicación de diversas herramientas e instrumentos destinados a mejorar las condiciones de trabajo y los derechos laborales:

3.1.1.

La CMS del sector de la confección y el calzado abarca varias partes interesadas y procesos de producción. La región de Asia y el Pacífico representa un importe de 601 000 millones USD respecto de las exportaciones mundiales de prendas de vestir, textiles y calzado, lo que a su vez representa el 60 % del total del comercio mundial, cuya mayor parte corresponde a China. Países como Bangladés o Camboya se están especializando aún más en la producción y exportación de confección y calzado, con un volumen total de exportación de mercancías que se elevó en 2014 al 89,2 y al 77,4 %, respectivamente (22). Esto se debe principalmente al fuerte incremento de los salarios en la industria textil y de la confección china, lo que llevó a los compradores internacionales a buscar nuevos proveedores en Asia.

En 2014, en la mayoría de los países los ingresos medios se encontraban, según la OIT (23), por debajo de los 200 USD al mes. Se han establecido salarios mínimos mensuales para trabajadores no cualificados del sector de la confección en China (hasta 297 USD), Filipinas, Malasia, Indonesia (247 USD), Tailandia, Vietnam (145 USD), India (136 USD), Camboya (128 USD), Pakistán (119 USD), Bangladés (71 USD) y Sri Lanka (66 USD).

Los riesgos principales son la falta de un salario mínimo vital, el trabajo forzoso y el trabajo de los niños, las malas relaciones laborales debido a una escasa protección de la libertad de asociación y una negociación colectiva limitada, una salud y seguridad en el trabajo deficiente, inspecciones laborales insuficientes, sistemas en materia de accidentes laborales poco desarrollados, la contaminación del agua, la exposición a sustancias químicas y la explotación de la mano de obra femenina.

3.1.2.

El 24 de abril de 2013, el derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Bangladés, utilizado por fábricas del sector de la confección, causó la muerte de 1 136 trabajadores, de los cuales la mayoría eran mujeres. La magnitud del accidente, provocado por el pésimo estado en que se encontraba el edificio y la ausencia de salidas de emergencia, dio lugar a una movilización sin precedentes de gobiernos (UE y Estados miembros, EE. UU., Canadá, Noruega), organizaciones internacionales (OIT, OCDE, Banco Mundial) y partes interesadas internacionales y locales, que adoptaron un ambicioso conjunto de iniciativas destinadas a promover medidas nacionales a corto plazo (compensación para las familias de las víctimas, inspección de las fábricas de confección y medidas correctoras, nuevos métodos de auditoría, revisión de la legislación laboral), medidas nacionales a medio plazo (creación de sindicatos independientes y consolidación de los mecanismos de inspección del trabajo) y medidas sistemáticas para promover una gestión responsable de las cadenas mundiales de suministro.

3.1.3.

La OCDE está elaborando directrices sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro en el sector de la confección y el calzado.

3.1.4.

La OIT, en colaboración con donantes internacionales, gobiernos, trabajadores y empresarios, está llevando a cabo proyectos en el sector de la confección (por ejemplo, en Asia) con el fin de lograr un mayor acceso a la información sobre los salarios, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales para mejorar la calidad del diálogo social sobre normas laborales, reforzar la capacidad de los interlocutores sociales y los mecanismos de convenio colectivo, así como garantizar el cumplimiento de las normas laborales en las fábricas (25).

3.1.5.

La Comisión Europea está elaborando una iniciativa emblemática sobre una cadena de suministro sostenible para el sector de la confección, que prevé la planificación conjunta, una financiación coordinada, la ejecución conjunta de programas, la sensibilización de los consumidores, etc.

3.1.6.

Los interlocutores sociales de la UE del sector textil y de la confección han desarrollado una iniciativa conjunta, respaldada por la Comisión Europea, que incluye una herramienta de evaluación del riesgo de RSE pertinente para las CMS. Actualmente, están ultimando la iniciativa para preparar su difusión entre las pymes y otras partes interesadas.

3.1.7.

La Presidencia neerlandesa de la UE desea explorar vías para reforzar las sinergias entre las políticas comerciales y de desarrollo de la UE para contribuir a la sostenibilidad de las CMV.

3.1.8.

El ministro federal alemán de Economía, Cooperación y Desarrollo, Gerd Müller, creó una alianza específica para el «textil sostenible» con los socios principales. En la última reunión del G-7, hizo un resumen muy concreto de la situación: «costaría 1 EUR asumir la responsabilidad, solo 1 EUR por vestido, por chaqueta o por pantalón, para garantizar que trabajar duro en Bangladés, Camboya o África es rentable y que los niños y las costureras pueden tener oportunidades en la vida» (26).

3.1.9.

Una proliferación de iniciativas privadas ha aportado experiencia y ayuda para el intercambio de buenas prácticas, entre ellas, la Iniciativa Cláusula Social con 22 grandes minoristas como Monoprix, Carrefour o Casino, que representan un volumen de negocios de más de 243 000 millones EUR y comparten una metodología similar para sus auditorías sociales, y la Iniciativa de Cumplimiento Social de las Empresas, iniciada en 2003 por la Asociación de Comercio Exterior, con sede en Bruselas y más de 1 700 minoristas e importadores de 36 países que mantienen relaciones comerciales con 30 000 fábricas.

3.2.1.

Según el estudio de Sturgeon y Kawakami (27) sobre las CMV, «los insumos intermedios de la industria de la confección parecen ser mucho menos importantes en términos del valor del comercio de bienes intermedios que los insumos de los sectores de la electrónica y los vehículos de pasajeros».

3.2.2.

La CMV de la electrónica es una de las más importantes del sector de producción de bienes con más del 17 % del total de los productos intermedios manufacturados en 2006, frente a un 2,7 % para los productos químicos y plásticos y un 1,9 % para las piezas de aeronaves. China/Hong Kong y los Estados Unidos son los dos países líderes en la exportación de productos electrónicos intermedios.

3.2.3.

Los tres agentes empresariales que dirigen la «modularidad de la cadena de valor» son:

La modularidad de esta cadena de valor específica reside en la codificación y la estandarización de procesos empresariales clave como el diseño asistido por ordenador, la planificación de la producción y el control del inventario y la logística.

3.2.4.

La electrónica de consumo tiene un ciclo de vida reducido, que va desde los tres a los dieciocho meses, con un corto período de fin de vida útil. Como consecuencia de ello, los proveedores de estos productos se enfrentan a unos pedidos que exigen unos plazos de comercialización cada vez más reducidos. Por ejemplo, cuando se introdujo el iPhone de Apple en 2007, el plazo de comercialización era de seis meses; en 2012 ya se había reducido a menos de dos semanas (28). Desde el punto de vista de los fabricantes y los trabajadores, esto plantea un problema para el que es necesario desarrollar y aplicar soluciones.

En algunas empresas se ha llegado a un acuerdo para hacer horas extraordinarias o trabajar por turnos durante la temporada de máxima actividad y compensar este trabajo durante el resto del año, mientras que otras registran un aumento sustancial de contratos temporales o recurren a la contratación de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal o migrantes (por ejemplo, en México en 2009, el 60 % de la mano de obra de la industria de la electrónica eran trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, porcentaje que se elevó al 90 % en la temporada de máxima actividad) (29). Esto conduce, a menudo, a una reducción de los derechos de los trabajadores; por ejemplo, salarios más bajos, ausencia de cobertura de la seguridad social o la prohibición de afiliarse a un sindicato. Entre las posibles soluciones cabría incluir, además de la legislación nacional, acuerdos a nivel de empresa y una mejor coordinación del intercambio de información entre compradores y proveedores, lo cual permitiría mejorar la planificación de la producción y emplear trabajadores con contratos indefinidos en lugar de contratos temporales.

3.2.5.

En cuanto al respeto de los derechos humanos y laborales, el sector de la electrónica también se ve afectado por la cuestión de la utilización de minerales extraídos en zonas de conflicto y de alto riesgo como, por ejemplo, la región de los Grandes Lagos de África (30). Tras la adopción de un acto legislativo en los Estados Unidos (la Ley Dodd-Frank), la Comisión Europea presentó en 2014 una propuesta de Reglamento sobre la creación de un mecanismo de autocertificación para los importadores de estaño, tantalio, wolframio y oro en el mercado de la UE, para garantizar que los beneficios de la extracción y el comercio de estos minerales no contribuyan a conflictos armados a escala local. No obstante, la diligencia debida, acompañada de medidas adicionales, debería contribuir a la transparencia en toda la cadena de suministro y tener un impacto positivo en la creación de empleo y las condiciones de trabajo en las minas (por ejemplo, salud y seguridad en el trabajo, niveles de renta o formalización de la actividad). Esto permitiría seguir adquiriendo los minerales en África en vez de otras regiones del mundo no afectadas por conflictos (31).

3.2.6.

La OCDE ha elaborado directrices sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo (32).

3.3.1.

El CESE hace hincapié, asimismo, en que las CMV y las CMS en otros sectores, como los servicios y la industria agrícola, podrían afrontar problemas relacionados con las condiciones laborales; en particular, la salud y la seguridad en el trabajo.

3.3.2.

El apoyo de la OIT al trabajo digno en la economía rural (33) se centra en tres ámbitos de acción prioritarios: el trabajo digno para las personas desfavorecidas, marginadas y vulnerables de la población rural, el trabajo digno para los trabajadores de las cadenas de suministro rurales y el trabajo digno para los trabajadores de plantaciones rurales.

—

los gobiernos son responsables de elaborar, aplicar y hacer cumplir la legislación laboral y social nacional, ratificar y aplicar de manera efectiva los convenios de la OIT, y, en el caso de los Estados miembros de la UE, transponer y aplicar asimismo las directivas de la UE; tienen también el deber de poner a disposición todos los recursos administrativos y financieros, en particular, para las inspecciones del trabajo, a fin de garantizar la conformidad con el marco jurídico,

—

las organizaciones internacionales establecen estándares y desarrollan iniciativas globales con el fin de promover las normas internacionales del trabajo y una conducta empresarial responsable. En este contexto, existen instrumentos, como los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (marco «proteger, respetar y remediar»), que ofrecen orientación sobre las funciones y las responsabilidades de las principales partes interesadas,

—

se anima a los interlocutores sociales a fomentar y participar en el diálogo social sobre las normas laborales y las condiciones de trabajo, especialmente en los contextos sectorial y transfronterizo; además, los gobiernos deben garantizar la promoción y la protección eficaz de la libertad de asociación y la negociación colectiva,

—

las empresas multinacionales deberían cumplir las normas aplicables de los países en los que operan; se les anima, asimismo, a que se comprometan con la RSE y adopten los planteamientos de diligencia debida,

—

las ONG completan los esfuerzos de otras partes interesadas y desempeñan un papel clave en la sensibilización sobre los derechos laborales, además de denunciar prácticas abusivas.

Dada la complejidad y los evidentes riesgos excepcionales que corren estos agentes clave, el CESE aboga por la creación de plataformas de partes interesadas estructuradas, transparentes e integradoras para abordar estas cuestiones complejas.