27.4.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 150/1

1.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) constituye una dirección general de la Comisión aunque es funcionalmente independiente en el desempeño de su labor investigadora. Su creación tuvo lugar en 1999, y las normas aplicables a sus investigaciones (en lo sucesivo denominadas «el Reglamento de la OLAF») se revisaron en 2013 (2).

2.

La configuración de la OLAF incluye un comité de vigilancia que «seguirá regularmente el ejercicio por la Oficina de la función de investigación, a fin de fortalecer la independencia de la Oficina en el ejercicio adecuado de las competencias que le atribuye el presente Reglamento» (3). En particular, el Comité ha de seguir la evolución de la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones.

3.

El Comité de Vigilancia estará compuesto por cinco miembros independientes con experiencia en puestos judiciales o de investigación elevados o puestos comparables en relación con el ámbito de actividad de la Oficina, que serán nombrados de común acuerdo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

4.

La OLAF asegura esta secretaría, de conformidad con el artículo 15, apartado 8, del Reglamento de la OLAF, que establece que la secretaría del Comité de Vigilancia estará asegurada por la Oficina, en estrecha consulta con el Comité de Vigilancia. El artículo 18 del Reglamento de la OLAF consigna los créditos presupuestarios del Comité de Vigilancia y su secretaría en la línea presupuestaria de la Oficina y establece que la plantilla de personal de la Oficina incluya la del Comité de Vigilancia y la de su secretaría.

5.

Aunque la secretaría tiene una adscripción funcional al Comité de Vigilancia, su plantilla está administrativamente subordinada al director general de la OLAF. El director general ejerce las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, incluidas las decisiones sobre promociones y traslados del personal de la secretaría. Según el Comité de Vigilancia, esta situación dio lugar a conflictos de intereses y exponía al personal de la secretaría a instrucciones contradictorias, como ocurrió por ejemplo con la publicación del Dictamen 2/2012 del Comité de Vigilancia (4).

6.

En el nuevo Reglamento propuesto, la Comisión asegurará la secretaría del Comité de Vigilancia en lugar de la OLAF. Los créditos presupuestarios para la secretaría del Comité de Vigilancia se transferirán de la línea presupuestaria y la plantilla de personal de la OLAF a las de la Comisión. Por último, en la propuesta se prevé que el responsable de la protección de datos de la OLAF seguirá cubriendo el tratamiento de datos de la secretaría y el personal de la secretaría seguirá estando sujeto a las mismas normas de confidencialidad de antes.

7.

El Tribunal recomendaba ya en 2011, durante la última revisión del Reglamento de la OLAF, que se introdujera una disposición en virtud de la cual la secretaría del Comité de Vigilancia solo actuara de acuerdo con las instrucciones de este y de manera independiente con respecto a la OLAF y que no tuviera que ser nombrada por el director general de la OLAF ni depender de él (5).

8.

En estas circunstancias, el Tribunal acoge favorablemente la propuesta de que la OLAF deje de asegurar la secretaría del Comité de Vigilancia. Sin embargo, podrían completarse las nuevas disposiciones que remplazan la última frase del artículo 15, apartado 8 (6), para aclarar que la secretaría deberá actuar no solo con independencia de la OLAF, sino también de la Comisión, y que está bajo la autoridad del Comité de Vigilancia. Por tanto, el Tribunal propone modificar del modo siguiente la redacción:

9.

El Tribunal observa que la próxima evaluación general del Reglamento de la OLAF en 2017 constituye una oportunidad para examinar y, en su caso, revisar la gobernanza de la OLAF y sus mecanismos de supervisión (7). Sin embargo, atendiendo a los recientes acontecimientos (8), sería recomendable no esperar a esta evaluación general para aclarar el procedimiento de revocación de la inmunidad (9) del director general o de cualquier otro agente de la OLAF a petición de una autoridad judicial nacional. Cuando una autoridad judicial nacional emite una solicitud de este tipo pueden ser necesarias medidas adicionales para salvaguardar la independencia de la OLAF. Por tanto, el Tribunal recomienda que el artículo 17 del Reglamento de la OLAF se complete con una disposición que establezca que la Comisión tiene que informar oportunamente al Comité de Vigilancia de ese tipo de solicitudes y consultar al Comité antes de adoptar una decisión (10).