10.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 51/1

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Vista la Comunicación de la Comisión Europea sobre su «Programa de trabajo para 2016 — No es momento de dejar las cosas como están» y el Protocolo de Cooperación entre el CDR y la Comisión Europea,

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Vistas la Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre las prioridades para el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2016 y la Resolución, de 4 de junio de 2015, sobre las prioridades del Comité de las Regiones Europeo para el sexto mandato 2015-2020,

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teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

1.

Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión de adoptar un nuevo enfoque para aplicar el principio de desarrollo sostenible conforme al artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, teniendo en cuenta la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020 y la realización de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Dos posibles alternativas para este nuevo enfoque podrían ser integrar los ODS en una Estrategia Europa 2030 de nueva orientación o integrarlos en una nueva estrategia de desarrollo sostenible;

2.

Subraya que este empeño requiere una fuerte dimensión territorial que permita a los entes regionales y locales participar en su diseño y aplicación, a través del Semestre Europeo, a fin de garantizar su eficacia así como la legitimidad democrática y la rendición de cuentas; esta reivindicación se corresponde con el llamamiento del CDR para que se elabore un Libro Blanco sobre la cohesión territorial, basado en el análisis de la Presidencia de Luxemburgo sobre la interacción entre la Agenda Territorial 2020 y la Estrategia Europa 2020; en este contexto sugiere asimismo que las evaluaciones de impacto territorial sean obligatorias cuando la Comisión Europea lleve a cabo evaluaciones de impacto;

3.

Insta al Banco Europeo de Inversiones y a la Comisión a que den prioridad a proyectos en los que participen los entes regionales y locales, incluidas agrupaciones de proyectos de pequeña y mediana escala, y se compromete a promover y supervisar el FEIE a nivel local y regional; señala que los préstamos del FEIE no son relevantes para todos los países puesto que el FEIE no ofrece a los entes locales y regionales mejores oportunidades de crédito que las que ya existen en algunos Estados miembros;

4.

Se congratula de la voluntad de la Comisión de simplificar la aplicación de la política de cohesión y considera que los esfuerzos de simplificación deben adoptar un enfoque integral tanto para los beneficiarios como para las autoridades de gestión; el CDR seguirá de cerca y contribuirá a los trabajos del Grupo de alto nivel sobre la simplificación;

5.

Insta a la Comisión a que entable un diálogo temprano con el CDR sobre los aspectos territoriales de la revisión del MFP al objeto de garantizar que todas las políticas de la Unión contribuyen al refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la UE;

6.

Señala que orientar el presupuesto de la UE hacia los resultados requiere también un seguimiento ambicioso de las conclusiones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» que están a punto de hacerse públicas. Dado que las repercusiones principales del presupuesto de la UE se dejan sentir principalmente a escala regional y local, los entes regionales y locales deben también —en concreto a través del CDR— intervenir de manera destacada en la preparación de propuestas, sustanciales y exhaustivas, para una revisión del sistema presupuestario de la UE, que el CDR espera que la Comisión Europea presente en 2016;

7.

Anima una vez más a la Comisión a relanzar el debate sobre «Más allá del PIB» y a examinar la necesidad y la viabilidad del desarrollo de indicadores alternativos o complementarios para el bienestar y el desarrollo sostenible;

8.

Lamenta que en el programa de trabajo de la Comisión para 2016 no se mencione explícitamente la agenda urbana de la UE, dada la urgente necesidad de un enfoque más integrado de la política y la legislación de la UE en este ámbito; a este respecto, reitera su petición de un Libro Blanco sobre una agenda urbana de la UE;

9.

Pide a la Comisión que considere la propuesta de la Presidencia de Luxemburgo de un «Convenio-Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza», y solicita participar activamente en la revisión de los obstáculos transfronterizos que lleva a cabo en la actualidad la Comisión;

10.

Reitera su llamamiento a la Comisión para que publique un Libro Verde sobre la movilidad en las regiones geográfica y demográficamente más desfavorecidas;

11.

Pide a la Comisión que publique un Libro Blanco sobre las zonas rurales, a fin de desarrollar su enorme potencial de empleo y crecimiento, incluso dentro de un contexto urbano-rural; reitera la necesidad de una simplificación de la PAC; asimismo, espera con interés el informe relativo al funcionamiento del mercado del sector lácteo sobre el que el CDR ya ha presentado recomendaciones muy específicas;

12.

Pide a la Comisión que desarrolle un plan de acción claro sobre el «Crecimiento Azul» e insta a que se cree una comunidad de conocimiento e innovación específica para la economía azul como medida adicional que impulse las capacidades y la transferencia de ideas de la investigación marina al sector privado;

13.

Respalda los esfuerzos de la Comisión para facilitar el uso de instrumentos financieros innovadores; subraya que estos instrumentos deben simplificarse en mayor medida e insta a la Comisión a que adopte, en estrecho diálogo con los representantes de las ciudades, las regiones, el BEI y los interlocutores sociales, todas las soluciones jurídicas pertinentes para no caer de nuevo en los errores cometidos al inicio del período de programación 2007-2013;

14.

Examinará cuidadosamente el nuevo paquete sobre la economía circular, incluidos su plan de acción, la nueva propuesta legislativa por la que se modifica la legislación sobre residuos de la UE y su impacto para los entes regionales y locales;

15.

Pide a la Comisión que fomente una mayor cooperación europea en el ámbito de la energía y reconozca explícitamente el papel y la contribución de los entes locales y regionales en las políticas de la Unión de Energía, sobre todo en lo que respecta a las renovables, la microproducción de energía renovable, la eficiencia energética, la realización del mercado interior de la energía, las infraestructuras energéticas, las políticas de diversificación y la tecnología energética innovadora; expresa su voluntad de participar activamente en el Foro de las Infraestructuras Energéticas y cooperar con los reguladores de la energía europeos;

16.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta las opiniones y expectativas de los consumidores, así como la experiencia y las mejores prácticas de los entes locales y regionales a la hora de diseñar la nueva configuración del mercado de la energía; declara su disposición a contribuir activamente a la labor del Citizen’s Energy Forum;

17.

Se felicita de que la Comisión promueva una iniciativa, aunque no sea legislativa, en favor de una estrategia espacial para Europa y espera que apoye el mercado de las aplicaciones tecnológicas espaciales, con el fin de favorecer la creación de pymes en este sector; a este respecto, pide una mayor participación de los entes locales y regionales en las fases de programación y ejecución de la estrategia espacial para Europa;

18.

Pide a la Comisión que apoye las iniciativas locales y regionales dentro de la campaña en favor de unas ciudades resilientes, dirigida por Naciones Unidas en el marco de Sendai, y reitera su llamamiento a la Comisión para que integre sólidamente la creación de resiliencia en sus políticas de desarrollo; actuar ahora es mucho más rentable que tratar de aumentar la resiliencia de la infraestructura que ya está construida;

19.

Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de fusionar la gestión del Pacto de los Alcaldes con la iniciativa «Mayors ADAPT» y declara su disposición a contribuir activamente a ampliar y promover un nuevo pacto integral de los alcaldes para el clima y la energía en todo el mundo; reitera, no obstante, que no deben ignorarse otras modalidades locales y regionales de cooperación sobre asuntos relacionados con el clima y la energía;

20.

Lamenta la ausencia de una referencia clara en el programa de trabajo al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo (1); pide en particular a la Comisión que aplique el cuarto objetivo prioritario del VII PMA: maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión mejorando su aplicación; acoge con satisfacción la iniciativa prevista REFIT sobre la notificación en materia de medio ambiente, pero reitera su petición de una nueva propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como una propuesta sobre las inspecciones medioambientales y su aplicación (2);

21.

Toma nota con preocupación de que el cambio demográfico, la crisis socioeconómica y los flujos migratorios concentrados geográficamente pueden aumentar las desigualdades en materia de salud ya existentes entre las regiones europeas y convertirse en un desafío para establecer sistemas sanitarios eficaces, accesibles y sólidos y pide a la Comisión que encargue un estudio en el que se analicen estos factores concomitantes y la manera en que las regiones europeas pueden convertir este reto en una oportunidad;

22.

Pide a la Comisión que adopte medidas en el ámbito de la reducción del desperdicio de alimentos fijando un objetivo de reducir los residuos alimentarios en al menos un 30 % para 2025, sobre todo habida cuenta de que muchos entes regionales y locales de Europa necesitan orientación y seguridad jurídica cuando aplican las medidas e iniciativas para reducir el desperdicio;

23.

Reitera su llamamiento para que las medidas, las disposiciones financieras y las prioridades de la UE tengan en cuenta el efecto acumulativo de las pequeñas y medianas ciudades dado que aproximadamente el 56 % de las ciudades son de pequeño y mediano tamaño con una población comprendida entre las 5 000 y las 100 000 personas;

24.

Insta a la Comisión a hacer avanzar rápidamente las iniciativas que propone para ejecutar su estrategia para el mercado único; subraya que debería evaluarse plenamente el impacto territorial de las medidas conexas;

25.

Destaca que la aplicación del mercado único digital es clave para los entes locales y regionales; pide a la Comisión Europea que elabore informes regulares sobre los avances en la reducción de la «brecha digital», principalmente a escala regional y local;

26.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión Europea de revisar la Directiva de servicios audiovisuales y de medios de comunicación (DSCA) y pide que se tengan en cuenta la dimensión regional y las especificaciones;

27.

Subraya la necesidad de una estrategia para apoyar el desarrollo de la infraestructura de las TIC, en particular en regiones alejadas y en zonas rurales y, de manera más general, en las regiones menos desarrolladas, habida cuenta de que los servicios de conectividad de banda ancha y ultraancha pueden constituir una importante palanca de crecimiento;

28.

Acoge con satisfacción el hincapié que hace la Comisión en liberar el potencial de la economía colaborativa o participativa y espera que la Comisión presente en breve propuestas sobre un planteamiento coordinado de las normativas al respecto, teniendo en cuenta el importante papel de los entes locales y regionales y la necesidad de garantizar la derechos de los consumidores;

29.

Apoya los esfuerzos de la Comisión para hacer frente a los obstáculos reglamentarios para las pymes y las pequeñas empresas innovadoras y celebra su intención de proponer una iniciativa para dar una segunda oportunidad a los empresarios que hayan sufrido una quiebra; destaca la importante contribución de los entes regionales y locales a la aparición de ecosistemas empresariales sólidos y, por consiguiente, pone de relieve la necesidad de incorporarlos a la gobernanza de la política en favor de las pymes, y en particular a la red de representantes para las pymes («SMEs envoys»);

30.

Invita a la Comisión a que prosiga sus esfuerzos para realizar la Unión de los Mercados de Capitales y reitera la necesidad de reducir al mínimo la carga administrativa que pudiera resultar de futuras medidas reglamentarias y de evitar la asunción de riesgos excesivos y la inestabilidad en los mercados financieros;

31.

Celebra la intención de la Comisión de presentar un plan de acción sobre el IVA, aplicar las normas internacionales sobre la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios y aclarar, en el marco de la revisión de la Directiva sobre el IVA de la UE que se efectuará en 2016, las condiciones en que puede considerarse compatible con el Derecho de la UE la no imposición de las cooperaciones intermunicipales establecidas con arreglo al Derecho público y que se sitúen fuera del ámbito de aplicación de la legislación en materia de contratación pública;

32.

Toma nota del anuncio de la Comisión de retirar su propuesta sobre una base tributaria consolidada común del impuesto sobre sociedades que el CDR había acogido con satisfacción, pero se pregunta hasta qué punto la intención de la Comisión de sustituirla por «propuestas para un enfoque gradual hacia una base tributaria del impuesto sobre sociedades obligatoria» se adelanta al resultado de la consulta pública en curso sobre este tema;

33.

Lamenta profundamente la falta de explicaciones sobre la decisión de la Comisión Europea de posponer la adopción del «Paquete de movilidad laboral», concebido como una de las iniciativas emblemáticas de la Comisión para abordar el dumping social y el turismo social y reforzar los derechos sociales en Europa, que, a juicio del CDR, debería contener una revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores;

34.

Aguarda la propuesta de la Comisión para una mejor conciliación entre la vida laboral y privada, sobre todo en relación con la participación de las mujeres en el mercado laboral, en concreto mediante la revisión de la Directiva de 2010 relativa al permiso parental, el desbloqueo de los obstáculos institucionales contra la Directiva relativa al permiso por maternidad y la presentación de una estrategia concreta para lograr la igualdad de género en la UE;

35.

Pide a la Comisión que proponga una revisión de la Directiva relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos durante el trabajo y una Directiva sobre los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo;

36.

Subraya que la «Agenda de nuevas cualificaciones para Europa» debería centrarse en renovar los esfuerzos para modernizar los sistemas de enseñanza superior europeos y en propuestas encaminadas a garantizar que todas las personas en la UE tienen el derecho y la posibilidad de completar un mínimo nivel de educación y cualificación, a alcanzar la excelencia y a estimular la innovación en la enseñanza y en la educación y formación profesional (EFP), mediante la promoción de la educación en competencias digitales y el papel de la educación contra la radicalización de los jóvenes;

37.

Se congratula de la voluntad de la Comisión de mejorar la rendición de cuentas democrática del sistema de gobernanza económica de la UE, que no estaría completo sin la participación de los entes subnacionales;

38.

Pide a la Comisión que evalúe la incidencia de las normas del nuevo SEC 2010 sobre la capacidad inversora de los entes locales y regionales;

39.

Toma nota de las iniciativas de la Comisión para preparar la transición de la fase 1 a la fase 2 de la realización de la UEM, incluido el Libro Blanco previsto para la primavera de 2017; señala, no obstante, que es preciso decidir separadamente sobre cada paso de la realización;

40.

Destaca que, para mejorar la dimensión social de la UEM, es fundamental hacer frente a las disparidades regionales; señala que en el cuadro de indicadores sociales de la UEM deben incluirse indicadores de disparidad regional;

41.

Considera que la gobernanza multinivel ofrece la posibilidad de proteger los derechos fundamentales en la práctica y contribuye al proceso de construcción y protección de una Europa de los ciudadanos;

42.

Considera que la confianza mutua es esencial para la eficacia de la labor transfronteriza de los servicios coercitivos, dado que el terrorismo y la radicalización, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia son por naturaleza transnacionales y exigen una respuesta de la UE; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de prestar más atención a desarrollar la cooperación operativa y los instrumentos necesarios para este fin;

43.

Toma nota de la atención que se otorga a los principios de solidaridad y responsabilidad en la Agenda Europea de Migración y sus iniciativas de aplicación; subraya que estos principios y el respeto de los derechos humanos así como las capacidades de los entes locales y regionales deberían estar en el centro no solo de todas las políticas de la UE en materia de migración, sino también de su adopción y aplicación por parte de los Estados miembros;

44.

Toma nota del aumento de la financiación de la UE para hacer frente a la crisis de refugiados y pide que la Comisión lleve a cabo un análisis sobre el valor añadido y el grado en que se puede recurrir a ella, en particular por parte de los entes locales y regionales; subraya que es necesario imprimir mayor urgencia a la provisión y asignación de fondos para la gestión de la migración y la integración; insta a la Comisión a garantizar que los entes locales y regionales que actualmente reciben y acogen refugiados obtienen rápidamente los recursos financieros indispensables para satisfacer las necesidades inmediatas de estas personas;

45.

Acoge con satisfacción el anuncio de iniciativas para colmar las lagunas de la normativa de asilo de la UE y presentar un sistema de reubicación y reasentamiento a largo plazo, coherente y aceptado en toda la UE; se congratula a este respecto de los planes de seguir desarrollando el Reglamento de Dublín con el fin de procurar un reparto más justo de las cargas, basado en cuotas estables y equitativas; señala que las disposiciones del procedimiento de Dublín, adoptadas de común acuerdo, siguen vigentes y que todos los Estados miembros de la UE deben cumplir las normas de la UE en materia de acogida y procedimientos;

46.

Insiste en la necesidad imperiosa de mejorar la protección de las fronteras exteriores de la UE; insiste en que debe evitarse cualquier medida que ponga en peligro el principio de libre circulación en el espacio Schengen, pero reconoce que, en circunstancias excepcionales, es posible seguir efectuando controles en las fronteras interiores de Schengen para salvaguardar el espacio de libertad, seguridad y justicia; insta a la Comisión a considerar también la necesidad de futuras iniciativas para facilitar la integración de los refugiados, por ejemplo mediante la concertación de «asociaciones para la inmigración y la integración» entre los entes locales y regionales de los países de origen y los países de destino;

47.

Toma nota de la propuesta de la Comisión de establecer una lista de países de origen seguros y se compromete a diseñar políticas e intercambiar mejores prácticas a nivel regional y local a través de sus comités consultivos mixtos y grupos de trabajo, con la participación de los siete países que figuran en la propuesta de la CE;

48.

Invita a la Comisión a elaborar políticas de retorno eficaces que se apliquen con rapidez y respeten la dignidad y los derechos fundamentales de los migrantes que no puedan aspirar al asilo y puedan ser devueltos con seguridad. Ello es necesario para garantizar que los recursos pueden centrarse en las personas que los necesitan realmente y ayudar a evitar la creación de nuevos conflictos sociales que pueden allanar el camino hacia el extremismo;

49.

Se congratula de la propuesta de la Comisión de introducir un nuevo sistema de tribunales de inversiones de la ATCI y de otras negociaciones comerciales y de inversión de la UE; se felicita especialmente de que la nueva propuesta incluya el derecho de los gobiernos a regular pero, no obstante, pide más explicaciones pormenorizadas sobre la manera en que esta medida va a mejorar la situación en comparación con el mecanismo actual de la resolución de litigios entre inversores y Estados;

50.

Insta a la Comisión a que realice evaluaciones de impacto de las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de los acuerdos comerciales, en particular para las pymes, los consumidores, sectores económicos específicos, los derechos humanos y los países en desarrollo antes de abrir negociaciones comerciales; subraya, en especial, la necesidad de aclarar si —y en qué momento— la ATCI puede afectar a los servicios públicos locales;

51.

Lamenta la omisión continua de la dimensión regional y local en las negociaciones comerciales y pide a la Comisión que lo subsane en su nueva estrategia de comercio e inversión; en este orden de cosas, pide a la Comisión que asocie al CDR en el proceso de las negociaciones del ACS, en particular mediante la concesión al CDR de un acceso a los documentos de negociación similar al de la ATCI;

52.

Insiste en la urgencia de encontrar una solución pacífica a los conflictos en Libia, Siria y Ucrania. Ofrece la participación de los entes locales y regionales en la diplomacia entre personas; reafirma su disposición a trabajar en la aplicación de la reforma de la descentralización en Ucrania y propone el fortalecimiento de los vínculos de cooperación entre los entes locales y regionales europeos y libios, centrándose en la creación de capacidades y el desarrollo territorial, incluso antes de la plena aplicación de un acuerdo interno global;

53.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de proporcionar un marco más preciso para apoyar la estabilización y el desarrollo democrático de los países vecinos del Este y el Sur de la Unión en la nueva política europea de vecindad; hace hincapié en que la nueva política debe adoptar un enfoque territorial e incorporar la asistencia al proceso de descentralización entre sus objetivos estratégicos; se compromete a contribuir a este enfoque a través de sus dos plataformas de cooperación, a saber, la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) y la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental (Corleap);

54.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de seguir trabajando en pos de una mayor concreción de las perspectivas de adhesión a la UE de los países candidatos; insta a la Comisión a que en sus informes futuros sobre la estrategia de la ampliación examine de manera más exhaustiva la situación de la autonomía regional y local en los países de la ampliación, tema sobre el que se centrará la labor de los comités consultivos mixtos (CCM) y los grupos de trabajo del CDR;

55.

Acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo marco político post-Cotonú y la intención de la Comisión de aumentar la coherencia de la política exterior; insiste en la necesidad de desarrollar la democracia local y la capacidad administrativa en la política de desarrollo y de promover la integración regional y la cooperación descentralizada para el desarrollo con las regiones asociadas;

56.

Insta a la Comisión a que, cuando analice las respuestas a las consultas públicas, tenga en cuenta la procedencia de las distintas contribuciones y diferencie entre las contribuciones que representen intereses particulares y las que representen intereses generales, entre las que cabe englobar las contribuciones de los entes locales y regionales; destaca la importancia de tener en cuenta su distinto alcance, también para valorar la necesidad de realizar una evaluación del impacto territorial respecto de propuestas legislativas específicas;

57.

Subraya que los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel determinante para identificar las normas de la UE que imponen cargas administrativas, incluidas las que pueden derivarse de la aplicación o la transposición; reitera su petición de que se haga referencia a la contribución del CDR al proceso legislativo en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», habida cuenta del papel institucional privilegiado del CDR respecto del principio de subsidiariedad y del impacto territorial de la legislación de la UE;

58.

Reitera una vez más su petición para que se exima a los representantes democráticamente elegidos de las autoridades y las asociaciones regionales y locales de las normas derivadas del registro de transparencia obligatorio, destinado a regular el acceso de los grupos de presión a las instituciones de la UE;

59.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de ampliar los «Diálogos con los Ciudadanos» y su determinación de tender puentes entre la UE y sus ciudadanos; reitera que continuará promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas democrática en el proceso de toma de decisiones de la UE así como la comunicación descentralizada sobre las políticas de la UE que afectan a los entes locales y regionales, al objeto de aumentar la legitimidad de la UE y de su legislación;

60.

Sigue con gran interés la revisión del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana y subraya que es necesaria una revisión exhaustiva para que este instrumento pueda estar a la altura de su función y méritos potenciales;

61.

Encarga al presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al presidente del Consejo Europeo.