24.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 399/74

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Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el informe de la comisión especial sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (comisión especial TAXE 1) (2015/2066(INI)),

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Visto el informe final de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 relativo al proyecto de «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios» (BEPS), publicado el 5 de octubre de 2015,

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Vistos los artículos 46 y 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0349/2015),

A.

Considerando que un consorcio de periodistas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que investigó las resoluciones fiscales y otras prácticas nocivas en Luxemburgo (Luxleaks), reveló en noviembre de 2014 que casi 340 empresas multinacionales consiguieron acuerdos secretos con Luxemburgo que permitieron a muchas de ellas reducir al mínimo su deuda tributaria global en detrimento del interés de los ciudadanos de la Unión, sin crear, o apenas creando, actividad económica en Luxemburgo;

B.

Considerando que las revelaciones pusieron de manifiesto que algunos asesores fiscales han ayudado a empresas multinacionales de manera deliberada y selectiva a obtener, al menos, 548 resoluciones fiscales en Luxemburgo entre 2002 y 2010; que los acuerdos secretos incluyen estructuras financieras complejas destinadas a generar sustanciales reducciones fiscales;

C.

Considerando que, como resultado de esas resoluciones fiscales, muchas empresas han disfrutado de tipos impositivos efectivos de menos del 1 % por los beneficios que han trasladado a Luxemburgo; que, al tiempo que se benefician de diversos bienes y servicios públicos en los lugares donde operan, algunas empresas multinacionales no pagan la parte que les correspondería en términos fiscales; que unos tipos impositivos efectivos próximos a cero para los beneficios generados por algunas empresas multinacionales podrían perjudicar a la Unión y a otras economías;

D.

Considerando que, en muchos casos, las filiales de Luxemburgo que gestionan cientos de millones de euros de empresas tienen una presencia reducida y apenas ejercen una actividad económica en el país, y que en algunas direcciones están domiciliadas más de 1 600 sociedades;

E.

Considerando que las investigaciones llevadas a cabo en la comisión especial TAXE 1 pusieron de manifiesto que la práctica de las resoluciones fiscales no tiene lugar exclusivamente en Luxemburgo, sino que es común en toda la Unión; que la práctica de las resoluciones fiscales puede utilizarse legítimamente para ofrecer la seguridad jurídica necesaria a las empresas y reducir los riesgos financieros para las empresas honestas, pero que está abierta, no obstante, a posibles abusos y a la elusión fiscal, y, al ofrecer seguridad jurídica tan solo a algunos actores elegidos, podría crear un cierto grado de desigualdad entre las empresas para las que se han adoptado resoluciones fiscales y las empresas que no recurren a dichas resoluciones;

F.

Considerando que se ha considerado el informe de la OCDE, publicado el 12 de febrero de 2013 y titulado «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios», en el que se proponen nuevas normas internacionales para luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;

G.

Considerando que también se ha considerado el comunicado emitido tras la reunión de los ministros de Hacienda y gobernadores de Bancos Centrales del G-20 que tuvo lugar el 5 de octubre de 2015;

H.

Considerando que, con algunas loables excepciones, los líderes políticos nacionales no se han mostrado lo suficientemente dispuestos a atajar el problema de la elusión fiscal en la fiscalidad de las empresas;

I.

Considerando que la Unión Europea ha dado pasos importantes hacia la integración europea, por ejemplo con la Unión Económica y Monetaria y la Unión Bancaria, y que la coordinación de las políticas fiscales a escala de la Unión dentro de los límites del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea representa una parte indispensable del proceso de integración;

J.

Considerando que los ingresos del impuesto sobre la renta de las sociedades en los 28 Estados miembros de la Unión ascendió a una media del 2,6 % del PIB en 2012 (1);

K.

Considerando que, en un contexto de falta de inversión y crecimiento, es importante retener las empresas en Europa o atraerlas hacia la Unión, y que, por consiguiente, es esencial que la Unión fomente su atractivo para las empresas locales y extranjeras;

L.

Considerando que toda planificación fiscal debe realizarse dentro de los límites del Derecho y los Tratados aplicables;

M.

Considerando que la planificación fiscal abusiva consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal, las discordancias entre dos o más sistemas fiscales o la existencia de un vacío legal con el fin de reducir la deuda tributaria;

N.

Considerando que la planificación fiscal abusiva suele consistir en el recurso a una combinación de divergencias en los sistemas fiscales de diferentes países, normas fiscales nacionales específicas muy favorables y la utilización de paraísos fiscales;

O.

Considerando que, a diferencia de la planificación fiscal abusiva, el fraude y la evasión fiscales constituyen ante todo una actividad ilegal de elusión de responsabilidades fiscales;

P.

Considerando que la respuesta más adecuada a una planificación fiscal agresiva parece ser una legislación apropiada, su correcta aplicación y una coordinación internacional orientada a los resultados deseados;

Q.

Considerando que las pérdidas globales de ingresos estatales ocasionadas por la elusión fiscal de los tributos que recaen sobre las sociedades se compensan, por lo general, con el aumento de la carga fiscal global, el recorte de los servicios públicos o el incremento del endeudamiento nacional, con lo que se perjudica a otros contribuyentes y a la economía en general;

R.

Considerando que, según un estudio realizado (2), se calcula que las pérdidas de ingresos para la Unión debido a la elusión fiscal de los tributos que recaen sobre las sociedades podrían, en realidad, situarse entre los 50 000 y los 70 000 millones de euros anuales, cifra que representa el importe perdido por el traslado de beneficios, y que dicho estudio estima que las pérdidas de ingresos para la Unión debido a la elusión fiscal de los tributos que recaen sobre las sociedades podría, en realidad, oscilar entre los 160 000 y los190 000 millones de euros si se tuvieran en cuenta los regímenes fiscales especiales, las deficiencias en la recaudación y otras actividades similares;

S.

Considerando que dicho estudio calcula la eficiencia del impuesto sobre la renta de las sociedades en el 75 %, aunque confirma también que esta cifra no representa los importes que podrían recaudar efectivamente las autoridades tributarias, ya que un determinado porcentaje de dichos importes sería excesivamente costoso o técnicamente difícil de recaudar; que, según el estudio, si estuviera disponible y fuera aplicable en toda la Unión una solución completa al problema de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, el impacto positivo en los ingresos fiscales para los Gobiernos de los Estados miembros sería, según sus estimaciones, del 0,2 % del total de los ingresos fiscales;

T.

Considerando que la pérdida resultante de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios representa una amenaza para el buen funcionamiento del mercado interior y para la credibilidad, la eficiencia y la equidad de los sistemas de tributación de las sociedades en la Unión; que el mismo estudio también deja claro que sus cálculos no incluyen las estimaciones de la actividad en la economía sumergida, y que la opacidad de las estructuras y los pagos de ciertas empresas hace difícil calcular con precisión el impacto sobre los ingresos fiscales y, por tanto, el impacto puede ser considerablemente mayor que el reflejado en las estimaciones del informe;

U.

Considerando que la pérdida resultante de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios también demuestra claramente la falta de una igualdad de condiciones entre las empresas que operan solo en un Estado miembro, en particular las pymes, las empresas familiares y los trabajadores autónomos, y pagan allí sus impuestos, y algunas corporaciones multinacionales que pueden trasladar deliberadamente sus beneficios desde territorios con una elevada imposición fiscal a otros con una imposición reducida y pueden recurrir a una planificación fiscal abusiva, reduciendo de este modo su base imponible global, aumentando la presión sobre las finanzas públicas y perjudicando a los ciudadanos y las pymes de la Unión;

V.

Considerando que el recurso de las empresas multinacionales a las prácticas de planificación fiscal abusiva es incompatible con el principio de competencia leal y de responsabilidad empresarial contemplado en la comunicación COM(2011)0681, dado que la concepción de estrategias de planificación fiscal requiere recursos de los que solo disponen las grandes empresas y que ello se traduce en un desequilibrio de condiciones entre las pymes y las grandes compañías que debe atajarse urgentemente;

W.

Insistiendo asimismo en que la competencia fiscal en la Unión y en relación con terceros países puede resultar perniciosa en algunos casos y conducir a una nivelación a la baja en términos de tipos impositivos, mientras que una mayor transparencia, coordinación y convergencia ofrece un marco efectivo a la hora de garantizar una competencia leal entre las empresas de la Unión y protege a los presupuestos nacionales de unos resultados adversos;

X.

Considerando que las medidas que permiten una planificación fiscal agresiva son incompatibles con el principio de cooperación leal entre los Estados miembros;

Y.

Considerando que la planificación fiscal agresiva de las empresas se ve facilitada por el aumento de la complejidad del entorno empresarial y por la digitalización y la globalización de la economía, entre otros factores, que dan lugar a distorsiones de la competencia perjudiciales para el crecimiento y para las empresas de la Unión, sobre todo para las pymes;

Z.

Considerando que la lucha contra la planificación fiscal abusiva no puede ser abordada por los Estados miembros individualmente; que unas políticas de fiscalidad de las empresas carentes de transparencia y de coordinación conllevan un riesgo para la política fiscal de los Estados miembros, dando lugar a unos resultados improductivos como una subida de impuestos o unas bases fiscales menos flexibles;

AA.

Considerando que la falta de una acción coordinada está llevando a muchos Estados miembros a adoptar medidas nacionales unilaterales; que con frecuencia estas medidas han resultado ineficaces, insuficientes y, en algunos casos, incluso perjudiciales para la causa;

AB.

Considerando que se requiere, por lo tanto, una estrategia coordinada y pluridimensional a escala nacional, de la Unión e internacional;

AC.

Considerando que la Unión ha sido pionera en la lucha mundial contra la planificación fiscal abusiva, en particular mediante la promoción de avances en la OCDE sobre el proyecto relativo a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios; que la Unión debe seguir desempeñando un papel pionero en el desarrollo de dicho proyecto, procurando prevenir los daños que el proyecto puede causar tanto a los Estados miembros como a los países en desarrollo en todo el mundo; que esto incluye también la adopción de medidas sobre las cuestiones del ámbito del proyecto o ajenas al mismo que son importantes para los países en desarrollo, como las descritas en el informe al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G-20 en 2014;

AD.

Considerando que la Comisión Europea y los Estados miembros deben asegurarse de que esas medidas se apliquen como normas mínimas a escala de la Unión y de que sigan siendo ambiciosas; que es vital que todos los países miembros de la OCDE apliquen el proyecto relativo a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;

AE.

Considerando que, más allá y además de los ámbitos de actividad ya mencionados en este informe, la Comisión debe definir claramente la forma en que se aplicarán las 15 medidas del proyecto de la OCDE y el G-20 sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios, proponiendo cuanto antes un plan ambicioso de medidas legislativas, con objeto de incentivar a otros países para que sigan las Líneas Directrices de la OCDE y el ejemplo de la Unión en la aplicación del plan de acción; que la Comisión también debe estudiar en qué ámbitos la Unión debe ir más allá de las normas mínimas que propugna la OCDE;

AF.

Considerando que, en virtud de los Tratados de la Unión, la competencia para legislar en materia de tributación de las empresas actualmente es competencia de los Estados miembros, aunque la gran mayoría de los problemas relacionados con la planificación fiscal abusiva son de carácter plurinacional;

AG.

Considerando que, por consiguiente, un mayor grado de coordinación de las políticas fiscales nacionales representa la única forma viable de crear unas condiciones equitativas y evitar medidas que favorezcan a las grandes empresas multinacionales en detrimento de las pymes;

AH.

Considerando que la falta de coordinación de las políticas fiscales en la Unión genera costes y cargas administrativas considerables para los ciudadanos y las empresas que desarrollen actividades en más de un Estado miembro dentro de la Unión –y en mayor medida aún para las pymes–, y da lugar a casos involuntarios de doble imposición, de doble no imposición o facilita la planificación fiscal abusiva, y que deben eliminarse estos casos, para lo cual se requieren unas soluciones más transparentes y sencillas;

AI.

Considerando que, a la hora de diseñar normas fiscales y unos procedimientos administrativos proporcionales, ha de prestarse una atención particular a las pymes y a las empresas familiares, que son el principal pilar de la economía de la Unión;

AJ.

Considerando que antes del 26 de junio de 2017 debe estar en funcionamiento un registro a escala de la Unión de beneficiarios efectivos, que ayude a detectar la posible elusión fiscal y la transferencia de beneficios;

AK.

Considerando que las revelaciones del escándalo «LuxLeaks» y el trabajo llevado a cabo por la comisión especial TAXE 1 ponen claramente de manifiesto la necesidad de medidas legislativas de la Unión para mejorar la transparencia, la coordinación y la convergencia de las políticas de tributación de las sociedades en la Unión;

AL.

Considerando que la fiscalidad de las empresas debe guiarse por el principio de gravar los beneficios en el país en el que se generan;

AM.

Considerando que la Comisión Europea y los Estados miembros deberían seguir desempeñando un papel muy activo en el ámbito internacional para trabajar por el establecimiento de normas internacionales basadas principalmente en los principios de transparencia, intercambio de información y supresión de las medidas fiscales nocivas;

AN.

Considerando que el principio de «coherencia de las políticas para el desarrollo», que figura en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, obliga a la Unión a garantizar que en todas las fases de la elaboración de las políticas en todos los ámbitos, incluida la tributación de las sociedades, no se vaya en detrimento, sino que se promueva, el objetivo del desarrollo sostenible;

AO.

Considerando que un enfoque coordinado con respecto al régimen de tributación de las sociedades en toda la Unión Europea permitiría luchar contra la competencia desleal y aumentar la competitividad de las empresas de la Unión, en particular de las pymes;

AP.

Considerando que la Comisión y los Estados miembros deben seguir desplegando soluciones electrónicas en procedimientos relativos a la fiscalidad a fin de reducir las cargas administrativas y simplificar los procedimientos transfronterizos;

AQ.

Considerando que la Comisión debe evaluar el impacto de las ventajas fiscales concedidas a zonas económicas especiales existentes en la Unión y exhorta, en este sentido, al intercambio de mejores prácticas entre las autoridades tributarias;

AR.

Considerando que el aumento de la transparencia en el ámbito de la tributación de las sociedades puede mejorar la recaudación tributaria y hacer que el trabajo de las autoridades fiscales sea más eficiente y resulta fundamental a la hora de aumentar la confianza del público en los sistemas fiscales y los Gobiernos, y que esto debe constituir una prioridad importante;

AS.

Considerando que la competencia para legislar en materia de tributación de las empresas es competencia de los Estados miembros, aunque la gran mayoría de los problemas relacionados con la planificación fiscal abusiva son de carácter plurinacional; que una mayor coordinación de las políticas tributarias nacionales representa, por tanto, la única forma viable de abordar los problemas de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y la planificación fiscal abusiva;

AT.

Considerando que la mejora de la coordinación no resolverá por sí sola problemas fundamentales derivados de que en los diferentes Estados miembros están vigentes normas distintas en materia de tributación de las sociedades; que la convergencia de un número limitado de prácticas impositivas nacionales debe formar parte de la respuesta general a la planificación fiscal agresiva; que esto puede lograrse sin dejar de preservar la soberanía de los Estados miembros en relación con los distintos elementos de sus sistemas de impuesto sobre las sociedades;

AU.

Considerando que la eficiencia general de la recaudación de impuestos, el concepto de equidad fiscal y la credibilidad de las administraciones fiscales nacionales no se ven mermados solamente por la planificación fiscal agresiva y las actividades de erosión de la base imponible y traslado de beneficios; que la Unión y los Estados miembros deben actuar asimismo con decisión para abordar los problemas de la evasión y el fraude fiscales tanto en la tributación de las sociedades como en la fiscalidad individual, y también los problemas relativos a la recaudación de impuestos distintos de los de sociedades, en particular el IVA; que estos otros elementos de la recaudación y la administración fiscal representan una parte sustancial del actual déficit tributario;

AV.

Considerando que la Comisión debe sopesar asimismo el modo de abordar estas cuestiones más amplias, en particular la aplicación de las normas en materia de IVA en los Estados miembros y su aplicación en situaciones transfronterizas, así como las deficiencias en la recaudación del IVA (que en algunos Estados miembros constituye una fuente importante de la renta nacional), las prácticas de elusión del IVA y también las consecuencias negativas de algunas amnistías fiscales o de regímenes «no transparentes» de amnistía fiscal; que todas las nuevas medidas de este tipo deben tener en cuenta el equilibrio entre costes y beneficios;

1.

Pide a la Comisión que, no más tarde de junio de 2016, presente al Parlamento una o varias propuestas legislativas siguiendo las recomendaciones detalladas que se recogen en el anexo;

2.

Confirma que estas recomendaciones respetan los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad;

3.

Considera que las repercusiones financieras de la propuesta solicitada deben correr a cargo de las dotaciones presupuestarias oportunas;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones detalladas que se recogen en el anexo a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.