10.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 6/1

1.

La Empresa Común Artemis, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

La misión de la Empresa Común es definir y ejecutar un «programa de investigación» para el desarrollo de tecnologías clave destinadas a sistemas de computación empotrados en diferentes ámbitos de aplicación, con el fin de reforzar la competitividad y la sostenibilidad europeas y propiciar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones sociales (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, Suecia, el Reino Unido, y Artemisia, una asociación que representa empresas u otras organizaciones de investigación activas en el ámbito de los sistemas de computación empotrados en Europa. En 2009, Chipre, la República Checa, Letonia y Noruega se convirtieron también en miembros de la Empresa Común.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común para cubrir los costes de funcionamiento y las actividades de investigación asciende a 420 millones de euros financiados con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco de Investigación (3). La asociación Artemisia contribuye a sufragar estos costes con un máximo de 30 millones de euros. Los Estados miembros lo hacen en especie (facilitando la ejecución de los proyectos), además de aportar, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces la contribución de la UE. Las organizaciones de investigación que participan en los proyectos también tienen que contribuir en especie.

5.

La Empresa Común obtuvo su autonomía financiera el 26 de octubre de 2009.

6.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

7.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (4) de la Empresa Común Artemis que comprenden los «estados financieros» (5) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

8.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (7).

9.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (8), y es responsable asimismo de la implantación (9) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (10) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

10.

El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

11.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (11). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y profesionales y que planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

12.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

13.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para que sirvan de base a las opiniones que se exponen a continuación.

14.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

15.

La estrategia de auditoría ex post  (12) de la Empresa Común fue aprobada mediante decisión del Consejo de Administración de 25 de noviembre de 2010 y constituye un control clave (13) para valorar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Los pagos efectuados en 2011 en relación con los certificados de aceptación de costes emitidos por las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros ascendieron a 4,8 millones de euros, lo que representa el 32 % del total de pagos por operaciones. La ejecución de la estrategia de auditoría ex post comenzó en 2011.

16.

La auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos ha sido delegada a las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros. Los acuerdos administrativos firmados con dichas autoridades no prevén medidas concretas para las auditorías ex post. Al término de la fiscalización (septiembre de 2012), la Empresa Común no había recibido suficiente información sobre las estrategias de auditoría de ocho autoridades nacionales (14) y no estaba en situación de determinar si la estrategia de auditoría ex post proporciona garantías suficientes de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (15).

17.

La información disponible sobre la ejecución de la estrategia de auditoría ex post de la Empresa Común no es suficiente para concluir si este contol clave funciona eficazmente.

18.

En opinión del Tribunal, salvo los posibles efectos de la cuestión descrita en la base para una opinión con reservas de los apartados 15 a 17, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

19.

Los comentarios que se exponen en los apartados 20 a 35 no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

20.

Contrariamente a lo dispuesto en el reglamento financiero de Artemis (16), el presupuesto de 2011 de la Empresa Común no refleja los créditos de pago disociados para los gastos operativos.

21.

El presupuesto de 2011 fue aprobado el 25 de noviembre de 2010 e incluía créditos operativos por un importe de 46,6 millones de euros. El 17 de diciembre de 2011 se aprobó un presupuesto rectificativo que reducía estos créditos a 18,6 millones de euros. Aunque el porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso operativos fue del 100 % (como consecuencia de la reducción de los créditos operativos a 18,6 millones de euros), el correspondiente a los créditos de pago representó tan solo el 51 %.

22.

Según el jefe del programa, las estimaciones de ejecución presupuestaria para las convocatorias de propuestas de 2008, 2009 y 2010 se cifraban a final de año en el 86 %, el 53 % y el 18 %, respectivamente. Sin embargo, los pagos efectivos de la convocatoria de 2008 representaron tan solo el 50 % y los de la convocatoria de 2009, el 31 %. No se han efectuado pagos en relación con la convocatoria de 2010. La Empresa Común considera que el porcentaje de ejecución relativamente reducido de de los créditos de pago operativos se debe a los retrasos de los Estados miembros en la firma de los acuerdos de subvención nacionales.

23.

Contrariamente a lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa Común (17), Grecia está utilizando fondos estructurales europeos para sufragar su contribución nacional a los beneficiarios griegos de los proyectos Artemis (18) en lugar de aportar financiación nacional. La Empresa Común aceptó que continuara la participación de Grecia en proyectos de Artemis pero no facilitó financiación a los beneficiarios de ese país al no estar autorizada la cofinanciación a partir de otra fuente de financiación de la UE (19).

24.

La Empresa Común está recurriendo a prórrogas no automáticas de créditos de pago para el ejercicio siguiente, pero sin que medie una decisión del Consejo de Administración como se establece en el artículo 10, apartado 1, de su reglamento financiero (20). No se distingue además entre los créditos de pago del ejercicio actual y los créditos de pago que han sido prorrogados de otros ejercicios.

25.

El Reglamento del Consejo por el que se crea la Empresa Común preveía un presupuesto máximo de 420 millones de euros para cubrir los gastos operativos. El importe real de ejecución y el valor previsto de las convocatorias de propuestas representan 244 millones de euros, o sea el 58 % del presupuesto total.

26.

En 2011 la Empresa Común intensificó sus esfuerzos para implantar procedimientos eficaces tanto financieros y contables como de gestión. No obstante, hay que seguir trabajando particularmente en el terreno de las normas de control interno (21) y de la verificación financiera de las declaraciones de gastos (22).

27.

El contable validó los sistemas financieros y contables utilizados, pero sigue sin validar los procesos operativos subyacentes que proporcionan información financiera, en particular el que proporciona este tipo de información acerca de la validación y el pago de las declaraciones de gastos transmitidas por las autoridades nacionales.

28.

El artículo 6, apartado 2, del Reglamento por el que se crea la Empresa Común establece la implantación dentro de ella de una función de auditoría interna. Sin embargo al final de 2011, todavía no se había implantado este importante elemento del sistema de control interno.

29.

En 2011, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión llevó a cabo una evaluación de riesgos y el 25 de enero de 2012 fue presentado al Consejo de Administración, para su adopción, el plan estratégico de auditoría del período 2012-2014.

30.

La carta de competencias del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 25 de noviembre de 2010, pero el reglamento financiero de la Empresa Común todavía no ha sido modificado para incorporar la disposición del Reglamento marco (23) relativa a las atribuciones del auditor interno de la Comisión.

31.

Conforme al artículo 19, apartado 4, de los Estatutos de la Empresa Común y al artículo 40 de su reglamento financiero, el director debe elaborar un informe anual de actividad, en el que expondrá los resultados de las operaciones en relación con los objetivos fijados, los riesgos asociados a tales operaciones y el uso dado a los recursos recibidos, así como la eficiencia y eficacia del sistema de control interno, y confirmará además que los datos del informe son veraces y fidedignos, salvo indicación en contrario de las posibles reservas sobre ámbitos concretos de ingresos y gastos.

32.

El informe anual de actividad expone los resultados de las operaciones de la Empresa Común, pero no contiene una valoración de la eficiencia y eficacia del sistema de control interno y presenta las insuficiencias siguientes:

33.

En 2011 la Empresa Común estableció un plan de continuidad de las operaciones y avanzó en la formalización de las políticas de seguridad informática. Es preciso seguir trabajando para finalizar el plan de recuperación en caso de siniestro.

34.

Contrariamente a lo dispuesto en el reglamento financiero de la Empresa Común (24), las autoridades financieras nacionales aún no han declarado los intereses bancarios devengados por las prefinanciaciones.

35.

El acuerdo de sede (25) sobre oficinas, privilegios, inmunidades y otras formas de apoyo fue firmado por la Empresa Común y las autoridades belgas el 2 de febrero de 2012.