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En julio de 2012, la Comisión informó de los avances realizados por Rumanía desde 2007 en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV)[1]. El Informe analizó la sostenibilidad e irreversibilidad de las reformas introducidas. Dado que el Informe se emitió en un momento en el que habían surgido cuestiones importantes en relación con el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial en Rumanía, se incluían en él recomendaciones específicas para restablecer el respeto de estos principios fundamentales. Asimismo se tomó la decisión de presentar, al cabo de seis meses, un nuevo informe centrado en las recomendaciones de la Comisión en este ámbito.

Durante los últimos seis meses, la situación en Rumanía ha estado dominada por la proximidad de las elecciones recientemente celebradas. En opinión de la Comisión la constitución de un nuevo Gobierno tras las elecciones ofrece una nueva oportunidad para garantizar el respeto del Estado de Derecho y la independencia judicial y afianzar la estabilidad. Una cooperación leal entre las instituciones y la estabilidad de la separación de poderes son elementos esenciales para constituir la base adecuada a fin de hacer avances en los temas de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción.

El presente Informe pasa revista a las recomendaciones concretas formuladas por la Comisión en lo que atañe al respeto del Estado de Derecho y la independencia del poder judicial. También aborda la evolución de los principales indicadores del MCV sobre los demás aspectos de la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción.

1.         Respeto del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial

La Comisión formuló diez recomendaciones específicas con el fin de contribuir a solucionar las controversias en torno al Estado de Derecho y a la independencia judicial. El Gobierno rumano confirmó a la Comisión que pondría en práctica estas recomendaciones[2]. La Comisión ha supervisado de cerca los avances en estas cuestiones a la luz de los indicadores establecidos en la Decisión MCV.

La evaluación pone de manifiesto que Rumanía ha puesto parcialmente en práctica las recomendaciones de la Comisión para restaurar el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial. Si bien es verdad que la Constitución y el papel y las decisiones del Tribunal Constitucional se han respetado, los compromisos sobre la independencia del poder judicial y sobre la ejecución de las sentencias en casos de corrupción no se han puesto en práctica de manera adecuada. Al mismo tiempo, queda pendiente el nombramiento de nuevas personas al frente de la Fiscalía y de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA).

Orden constitucional rumano

Una de las preocupaciones básicas expresadas por la Comisión en julio fue la estabilidad del orden constitucional.

El papel del Tribunal Constitucional reviste una especial importancia a tal efecto. Las competencias del Tribunal Constitucional para verificar la constitucionalidad de las decisiones adoptadas por el Parlamento han sido reinstauradas por medio de decisiones del propio Tribunal Constitucional y, en consecuencia, el Decreto gubernamental de urgencia 38 es «de facto» inaplicable[3]. La derogación del Decreto de urgencia 41 garantizó el acatamiento de las resoluciones del Tribunal sobre el quórum necesario para realizar un referéndum. El hecho de que se respetara la decisión final del Tribunal Constitucional sobre la validez del referéndum del 29 de julio fue una señal inequívoca de que no se volverían a poner en tela de juicio las normas constitucionales[4].

Otra fuente de preocupación era el recurso a los decretos de urgencia, preocupación compartida por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa[5]. El uso de esta facultad a primeros de julio alimentó de manera importante las preocupaciones sobre la elusión de las normas constitucionales. El Gobierno rumano se comprometió a recurrir a los decretos de urgencia únicamente en los supuestos previstos en la Constitución, y solo en caso de emergencia. La preocupación por esta cuestión ha disminuido en los últimos meses y el inicio de la singladura de un nuevo Parlamento, en el que existe una mayoría clara, debería contribuir a consolidar los procedimientos legislativos ordinarios como la manera correcta de legislar.

La Comisión observa que todos los actos, incluidas las resoluciones del Tribunal Constitucional, parecen haberse publicado oportunamente en el Diario Oficial.

El Parlamento eligió al nuevo Defensor del Pueblo en enero de 2013. El hecho de que este recibiera el apoyo sin fisuras de la coalición gubernamental, pero no el de la oposición, hace que sea especialmente importante para él demostrar a través de sus actos su independencia con respecto a los partidos políticos. El Defensor del Pueblo tiene una misión importante a la hora de salvaguardar el sistema de contrapoderes institucionales y, en particular, de controlar la facultad del Ejecutivo para legislar por medio de decretos.

En resumen, la Constitución y el Tribunal Constitucional han recuperado el lugar que les corresponde tal como recomendaba la Comisión. No obstante, resulta esencial que el Presidente, el nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento velen por la estabilidad del orden constitucional y que todos los partidos políticos se afanen para reducir la polarización del sistema político.

En la etapa previa a las elecciones, se produjo asimismo un debate sobre la posibilidad de modificar la Constitución. Lo importante es que el proceso de reforma constitucional se lleve a cabo acatando plenamente los valores fundamentales tales como el respeto del Estado de Derecho y la separación de poderes. Esto incluye el respeto permanente al Tribunal Constitucional como garante de la supremacía de la Constitución, así como la independencia y la estabilidad de las instituciones judiciales, incluida la Fiscalía. También es importante que el debate sobre la posible reforma sea lo suficientemente prolongado y abierto para garantizar, a través del procedimiento constitucional adecuado, el consenso más amplio posible. En este contexto resulta asimismo esencial garantizar a las instituciones judiciales que su independencia está asegurada y evitar toda especulación que cree un clima de inestabilidad.

Independencia del poder judicial

Entre las mayores preocupaciones del verano cabe citar la evidente presión sobre las instituciones judiciales y la falta de respeto a su independencia. Ambas cuestiones siguen siendo una fuente de gran preocupación. La Comisión recibió numerosos informes sobre casos de intimidación o acoso contra personas que trabajan en instituciones clave en la lucha contra la corrupción, incluso amenazas personales contra jueces y sus familias y campañas de comunicación que llegaron al acoso[6].

Por desgracia, no se han llevado a la práctica todas las recomendaciones de la Comisión. Los ataques contra el poder judicial por motivos políticos no han cesado. La aceptación de las decisiones judiciales reviste crucial importancia y exige que toda la clase política se ponga de acuerdo y deje de criticar las decisiones judiciales y de socavar la credibilidad de los magistrados o ejercer presión sobre ellos.

La Comisión también desea llamar la atención sobre el papel desempeñado por los medios de comunicación. Ha habido numerosos ejemplos de medios de comunicación que han ejercido presión sobre el poder judicial y existen, asimismo, dudas sobre si el Consejo Audiovisual Nacional está actuando como un auténtico supervisor. La situación apunta a que es necesario revisar las normas actuales para garantizar que la libertad de prensa vaya acompañada de una protección apropiada de las instituciones y de los derechos fundamentales de las personas, así como para proporcionar procedimientos de recurso más efectivos.

Un motivo concreto de preocupación para la Comisión radicaba en la posibilidad de que durante el pasado verano la Presidencia interina revocara, mediante la concesión de indultos, decisiones judiciales anteriores. El Presidente en funciones respetó fielmente la recomendación sobre este punto.

Un último aspecto de la independencia judicial es el compromiso de los poderes ejecutivo y legislativo sobre la cualificación de las personas nombradas para ocupar puestos clave en las instituciones judiciales. En opinión de la Comisión, el nivel de resultados obtenido por Rumanía en lo que atañe a la lucha contra la corrupción en las altas esferas constituye uno de los avances importantes logrados en el marco del MCV. Debe preservarse una Fiscalía eficaz e imparcial bajo el mandato del futuro Fiscal General. Así pues, a juicio de la Comisión es crucial el nombramiento de nuevas personas para dirigir la Fiscalía y la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), capaces de demostrar la independencia, integridad y profesionalidad necesarias para granjearse la confianza de la ciudadanía y seguir obteniendo resultados positivos.

En este contexto, el Informe recomendaba el nombramiento de un nuevo Fiscal General y de un nuevo Fiscal Jefe de la DNA, por medio, en ambos casos, de un proceso abierto y transparente, que culminase con la elección de unos candidatos con experiencia, integridad y un historial brillante en la lucha contra la corrupción. El proceso se inició de manera apresurada, lo que no suscitó la confianza de la Magistratura. El Ministro de Justicia amplió los plazos e introdujo una serie de mejoras en el procedimiento, pero solo se presentó un reducido número de candidatos[7]. Los dos candidatos que quedaron al final del procedimiento no consiguieron el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), y finalmente fueron rechazados por el Presidente. La Comisión estima que un número suficiente de candidatos altamente cualificados, un procedimiento abierto y transparente y, en la medida de los posible, el visto bueno del CSM, son elementos esenciales para garantizar un liderazgo capaz de granjearse la confianza de la ciudadanía.

Integridad

Las personas que ocupan puestos de poder deben dar prueba de una integridad sin tacha. Además, cuando las autoridades judiciales descubren que no es ese el caso, el incumplimiento de las decisiones judiciales implica asimismo el desprecio hacia el Estado de Derecho. En su Informe de julio, la Comisión expresó su temor de que el Gobierno y el Parlamento no habían respetado plenamente este principio.

En noviembre, la Agencia Nacional de Integridad (ANI) emitió informes negativos[8] sobre algunos ministros y funcionarios de alto rango, que a pesar de todo no dimitieron.[9] El nuevo Gobierno reiteró su objetivo de hacer frente a la corrupción, a pesar de lo cual hay dos casos confirmados de investigación penal por corrupción que afectan a ministros que forman parte de él. En sus recomendaciones de julio, la Comisión expresó su deseo de que los ministros dieran ejemplo de integridad: otro tanto cabe esperar que hagan en lo que atañe a las acusaciones de corrupción. Para la credibilidad de un Gobierno es esencial que las personas que ocupan cargos ministeriales disfruten de la confianza de los ciudadanos y dimitan inmediatamente si la ANI publica un informe que cuestiona su integridad. Los requisitos constitucionales, incluida su separación del cargo ministerial en caso de imputación, tendrán que aplicarse en su totalidad.

De la misma manera, unos procedimientos más claros para el tratamiento de aquellos asuntos en los que miembros del Parlamento estén inmersos en procesos por corrupción o se enfrenten a acusaciones de corrupción redundarán en beneficio de la credibilidad del Parlamento. Debe partirse del supuesto de que, en el marco de las normas constitucionales, la Fiscalía puede llevar a cabo su misión de la misma manera que lo haría si se tratara de otros ciudadanos. Claridad y automatismo son las mejores vías para disipar las sospechas surgidas en el pasado sobre la existencia de un cierto grado de subjetividad en los procedimientos parlamentarios en este ámbito.

En enero de 2013, el Parlamento introdujo una serie de enmiendas en el Estatuto de los miembros del Parlamento, por las que se modificó el procedimiento para levantar la inmunidad de los parlamentarios contra los que haya una orden de búsqueda o captura y el procesamiento de antiguos ministros. Aún está previsto adoptar más medidas a fin de establecer un plazo para cada una de las fases del procedimiento parlamentario y la obligación de emitir un dictamen motivado en los casos en que, excepcionalmente, el Parlamento se niegue a levantar esa inmunidad. Igual de importante es aclarar que la ANI sigue siendo la única autoridad facultada para verificar las posibles incompatibilidades de cargos electos y funcionarios.

Con arreglo al planteamiento del Parlamento, un caso de neto desafío a las decisiones judiciales fue fuente de gran preocupación: el CSM tuvo que interponer un recurso ante el tribunal Constitucional para garantizar que el Parlamento ejecutase realmente una resolución en última instancia del Alto Tribunal de Casación y Justicia[10]. Se confía en que los nuevos procedimientos evitarán que se repita este tipo de problemas.

Recomendaciones

La Comisión se congratula de los pasos positivos dados desde el mes de julio, pero considera que todavía queda mucho por hacer para llevar íntegramente a la práctica sus recomendaciones. La entrada en funciones del nuevo Gobierno y del nuevo Parlamento ofrece una excelente oportunidad para consolidar las medidas adoptadas hasta ahora y afrontar las aún pendientes. La protección del Estado de Derecho y la salvaguardia de la capacidad del poder judicial para tomar decisiones sin interferencias, principios subyacentes en sus recomendaciones, seguirán ocupando un lugar central en el planteamiento de la Comisión en el futuro.

Es importante que se continúen respetando las competencias y decisiones del Tribunal Constitucional y se siga garantizando el pleno cumplimiento de todos los requisitos constitucionales a fin de asegurar el funcionamiento de una democracia plural en Rumanía y reducir la polarización. También será importante velar por que el proceso de reforma constitucional respete fielmente el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia y estabilidad judicial, y lograr que ese proceso se base en el consenso más amplio posible.

El nuevo Gobierno ya ha señalado su compromiso con la independencia del poder judicial y la supremacía del Estado de Derecho en el Acuerdo de Colaboración Institucional suscrito entre el Presidente y el Primer Ministro. A fin de dar seguimiento a ese compromiso se debe, en particular:

· adoptar un conjunto claro de requisitos[11] para que no sigan poniéndose en tela de juicio las decisiones judiciales y no se ejerza presión sobre los magistrados ni se les desacredite, y garantizar una ejecución efectiva de esos requisitos. El Consejo Superior de la Magistratura debería ser invitado a pronunciarse sobre las disposiciones importantes;

· revisar las normas vigentes para salvaguardar la libertad y la pluralidad de los medios de comunicación, articulando, al mismo tiempo, vías de recurso efectivas frente a la violación de los derechos fundamentales de las personas y a las presiones injustificadas o las intimidaciones ejercidas por los medios de comunicación contra la judicatura y las instituciones de lucha contra la corrupción. Debe garantizarse la independencia efectiva del Consejo Audiovisual Nacional, que tiene que desempeñar su misión en toda su extensión mediante el establecimiento y aplicación de un código de conducta en esta materia;

· velar por que el nuevo Fiscal General y el nuevo Fiscal Jefe de la DNA sean elegidos de entre un grupo suficientemente amplio de candidatos cualificados al término de un proceso abierto y transparente y cumplan los criterios establecidos en el Acuerdo de Colaboración Institucional, en particular que tengan la experiencia profesional, la integridad y el historial de lucha contra la corrupción imprescindibles. El visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura será un importante paso para garantizar la confianza de la ciudadanía;

· el nuevo Defensor del Pueblo deberá demostrar una autoridad, integridad e independencia incontestables, así como un enfoque no partidista;

· tomar las medidas necesarias para garantizar la dimisión de los ministros procesados por falta de integridad. Garantizar la rápida aplicación de las normas constitucionales sobre el cese de ministros imputados;

· el Parlamento debe basarse en las nuevas normas para adoptar unos procedimientos claros y objetivos con el fin de suspender a los parlamentarios contra los que existan decisiones que demuestren su falta de integridad o que hayan sido condenados por corrupción, así como fijar unos plazos cortos para pronunciarse sobre las peticiones de levantamiento de la inmunidad parlamentaria formuladas por la Fiscalía. El Parlamento debe dar una justificación plenamente convincente si decide no permitir que la ley siga su curso normal.

2.         Reforma del sistema judicial, integridad, lucha contra la corrupción En esta sección se pasa revista a los avances realizados a la luz de los criterios de referencia establecidos en el MCV y en recomendaciones anteriores de la Comisión. Estas siguen siendo válidas y se evaluarán en el próximo informe.

Reforma del sistema judicial

La primera recomendación del Informe de julio sobre la reforma del sistema judicial hacia referencia a la aplicación de cuatro códigos jurídicos[12]. El plan para la aplicación de esta reforma clave sigue siendo incierto. La entrada en vigor del Código de Procedimiento Civil sigue estando prevista para febrero de 2013. La entrada en vigor del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal está prevista en principio para febrero de 2014. Es preciso aclarar en mayor medida de qué manera se va a impedir que estas fechas se retrasen aún más.

Desde el último Informe, el Ministerio de Justicia ha adoptado una estrategia plurianual para la aplicación de los Códigos, que incluye el tema de los recursos. Evaluar el posible impacto de la aplicación de los Códigos únicamente después de su aprobación parlamentaria crea una incertidumbre extra; además una evaluación total de su impacto en los aspectos relacionados con los recursos humanos no está prevista hasta 2014[13]. Este proceso se complicará si el texto de los Códigos se retoca con frecuencia: el objetivo global de garantizar la búsqueda de la justicia y de que esta sea más rápida y efectiva no debe perderse de vista, por ejemplo a la hora de presentar pruebas en los tribunales que conocen de asuntos de corrupción.

La segunda recomendación se refería a la presión de la carga de trabajo global sobre el sistema judicial rumano y a la necesidad de reestructurar el sistema de los tribunales de justicia y la Fiscalía, reequilibrando el personal y la carga de trabajo. El Gobierno está intentando solucionar en su raíz algunas de las causas concretas de una oleada de nuevos asuntos, mediante cambios en la legislación[14]. Esos esfuerzos para reducir la carga de trabajo en los puntos de presión del sistema puede ser más eficaz que intentar solucionar el problema aumentando el número de jueces y fiscales – medida, esta última, que podría poner en peligro las mejoras recientes en la calidad y formación de los profesionales que se han incorporado a la profesión hace poco.

La última recomendación proponía la creación de un grupo de seguimiento multisectorial de la reforma judicial. Esta recomendación reflejaba la necesidad de alcanzar un consenso para reformar el sistema judicial. Desde el Informe de julio, no se han producido avances en lo que atañe a un acercamiento efectivo de los principales actores.

Rendición de cuentas del sistema judicial

El nuevo marco jurídico de la Inspección Judicial adoptado en 2011 ha redundado en una mayor efectividad de la misma, con la adopción de 21 nuevas acciones disciplinarias en sus primeros meses[15]. El Ministerio de Justicia ha dado su apoyo a la nueva Inspección a través de una serie de medidas de índole práctica, incluido un edificio para su sede. Más lecciones de carácter general aprendidas de casos concretos podrían tenerse en cuenta en la política conjunta que la Comisión recomienda que desarrollen el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) y el Gobierno para impulsar la asunción de responsabilidades y la integridad.

Otro elemento sumamente importante de la reputación y la credibilidad del sistema judicial es el procedimiento seguido para el nombramiento de magistrados. Parece que las nuevas normas para ascender al Alto Tribunal de Casación y Justicia han inyectado nuevas dosis de rigor en el sistema: quizás sea más importante mantener la calidad del procedimiento que corregir las carencias percibidas, que puede que sean solo pasajeras.

Coherencia y efectividad de la acción judicial

La coherencia y la transparencia del proceso judicial inciden decisivamente en su credibilidad y su eficacia. Desde el Informe de julio, el Alto Tribunal de Casación y Justicia ha seguido adoptando medidas concretas para unificar la jurisprudencia y mejorar su calidad, garantizando la transmisión de las decisiones a los tribunales inferiores y mejorando el acceso en línea. La transformación gradual del Alto Tribunal de Casación y Justicia en un auténtico tribunal de casación, con menores responsabilidades en materia de recurso, contribuiría asimismo a centrar la unificación de la jurisprudencia en las cuestiones de Derecho. El procedimiento de recurso en interés de la ley está contribuyendo a avanzar en esta dirección. Será importante garantizar que la sobrecarga de trabajo generada por el nuevo procedimiento prejudicial no ponga en peligro estos avances, mientras que el número actual de jueces en los salas del Alto Tribunal de Casación y Justicia parece ofrecer un equilibrio idóneo.

De cara a la unificación de la jurisprudencia es importante actualizar el anticuado sistema de TI. El actual sistema limita la posibilidad de que los jueces conozcan sentencias paralelas. Existen dos proyectos en curso. Por un lado, el Ministerio de Justicia pretende aplicar una estrategia para acceder de forma sencilla y rápida a ECRIS (la principal base de datos judicial) y, por otro, el CSM intenta mejorar el actual sistema «Jurindex» (un sistema alternativo). Sería útil que ambas iniciativas progresaran en paralelo[16].

Efectividad de la acción judicial

El enfoque del Alto Tribunal en relación con los asuntos de corrupción en las altas esferas ha seguido caracterizándose por un satisfactorio grado de proactividad en la gestión de los mismos. El Alto Tribunal de Casación y Justicia señaló importantes avances en el manejo de los casos de corrupción en las altas esferas, habiéndose reducido el número de los asuntos abiertos de 28 a 10, así como un incremento de los asuntos resueltos en primera instancia. En los asuntos que concluyeron con la condena del acusado, el planteamiento seguido en relación con las penas también continuó siendo más proporcionado y coherente. El resultado de ello es que existe la percepción de que la justicia desempeña su función disuasoria de manera más eficaz.

La efectividad también requiere que las leyes se apliquen de forma eficaz y justa en todo el sistema. El Alto Tribunal de Casación y Justicia ha seguido avanzando, adoptando normas y directrices para los tribunales inferiores.

Durante los últimos meses la Fiscalía, la Dirección General Anticorrupción y el Alto Tribunal han proseguido su trabajo con profesionalidad e imparcialidad, en ocasiones bajo una presión extrema. La capacidad de adaptación demostrada hasta la fecha por estas instituciones refuerza la conclusión de que su trayectoria en relación con los casos de corrupción en las altas esferas es una de los signos más importantes de los avances de Rumania en el contexto del MCV. Es esencial que este avance prosiga durante el mandato de las nuevas personas que sean elegidas para dirigir estas instituciones y no se vea contrarrestado por otras restricciones a la capacidad de las autoridades represivas para que se haga justicia[17].

Integridad

Desde el último Informe, la Agencia Nacional de Integridad (ANI) ha seguido engrosando su historial y aumentado su eficacia operativa[18]. La ANI ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de TI con el fin de recopilar datos sobre cargos electos y funcionarios, que permitirá contrastar sus datos con los de otras bases, como la del Registro Mercantil o la de la Delegación de Hacienda, para detectar conflictos de interés. No obstante, para trabajar a pleno rendimiento serán necesarios, más recursos.

Sigue siendo fuente de gran preocupación el hecho de que las decisiones de la ANI suelan ser puestas en tela de juicio. Y ello a pesar de que la ANI ha ganado muchos de los recursos interpuestos contra sus decisiones en los tribunales. Tanto la Agencia como el Consejo Nacional de Integridad (CNI) y su personal han sufrido frecuentes ataques desde instancias políticas y medios de comunicación. El Parlamento no ha aplicado los informes de la ANI, a pesar, incluso, de estar respaldados por decisiones firmes de los tribunales (véase lo expuesto anteriormente). En noviembre de 2012 la ANI emitió cuatro informes de incompatibilidad contra ministros y altos funcionarios. Los cuatro fueron recurridos en los tribunales y ninguna de las personas afectadas dimitió de su cargo por este motivo[19]. Esto unido a las repetidas insinuaciones que apuntan a una modificación del marco jurídico de la ANI, provoca una incertidumbre que mina la capacidad de Rumanía para demostrar que cuenta con un sólido marco de integridad.

Lucha contra la corrupción

La DNA ha seguido investigando y destapando casos de corrupción. El número de condenas firmes dictadas sobre la base de las inculpaciones realizadas por la DNA se duplicó en 2012 en comparación con el año anterior. Los casos de corrupción han afectado a políticos de todos los principales partidos. También se ha producido un aumento constante de los autos de procesamiento y de las condenas por casos de fraude contra los intereses de la UE investigados por la DNA. Esto puede servir de ejemplo a la Fiscalía en su conjunto, en cuyo seno existen signos de amplias discrepancias en los resultados de unas fiscalías territoriales a otras.

El MCV también exige que se combata denodadamente la corrupción a todos los niveles de la sociedad rumana. Las encuestan muestran una y otra vez la gran preocupación de la ciudadanía por la práctica extendida de la corrupción[20]. En este contexto, el Informe de julio acogía favorablemente la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA). Algunos ministerios han dado pasos importantes y la participación de las autoridades locales parece avanzar[21]. El Ministerio de Justicia ha creado algunas estructuras para coadyuvar a la realización de este trabajo, estructuras que, al parecer, están logrando que el proceso avance a pesar de su escaso número. Las misiones sobre el terreno y la búsqueda de las mejores prácticas ponen de manifiesto un esperanzador grado de proactividad. Es importante garantizar que se dispone de los recursos adecuados para una aplicación sin problemas de la Estrategia. Además de esto, los fondos de la UE están financiando algunos proyectos de lucha contra la corrupción puestos en marcha por los Ministerios de Educación, Sanidad y Desarrollo Regional y Administración Pública. La ejecución de estos proyectos avanza y se esperan sus resultados.

Otro elemento importante es la persecución del blanqueo de dinero y la incautación y decomiso del dinero blanqueado. En 2012 se estableció el nuevo marco jurídico del decomiso ampliado, pero todavía es demasiado pronto para valorar su eficacia. Por lo que respecta al blanqueo de dinero como delito específico, un importante caso se está juzgando en el Alto Tribunal de Casación y Justicia. El Organismo de Recuperación de Activos ha tramitado un mayor número de peticiones, habiendo crecido especialmente las cursadas por las autoridades rumanas. En la actualidad no existen estadísticas exhaustivas sobre el importe exacto de los bienes incautados, pero las estimaciones apuntan a que es bajo. Tampoco se dispone de estadísticas exhaustivas sobre las cantidades realmente recuperadas a raíz de las resoluciones de decomiso.

Por último, los avances parecen muy limitados en lo que atañe a la prevención y castigo de la corrupción relacionada con los contratos públicos. Los avances realizados en la lucha contra la corrupción en las altas esferas no se han visto acompañados por resultados similares en el sector de la contratación pública. Al parecer los casos requieren mucho tiempo, en parte debido a la necesidad de contar con un asesoramiento financiero específico en relación con el problema particular de los contratos celebrados con anterioridad a la resolución judicial sobre el delito. Las penas para los funcionarios involucrados en casos de contratos públicos fraudulentos siguen siendo muy leves y la ley no prevé una eventual resolución de esos contratos por el hecho de que exista un conflicto de interés con los contratos ya ejecutados. Existen asimismo serias dudas sobre la eficacia de la intervención de la Fiscalía en estos casos[22]. Parece que algunas propuestas recientes ponen en tela de juicio la base institucional independiente y estable esencial para poder avanzar realmente. Un enfoque más sistemático de los controles previos, función que por lógica correspondería a la ANI (con nuevos recursos), que además garantice una ejecución uniforme y sistemática, sería una forma eficaz de avanzar.

3.         Conclusión

La presente evaluación pone de manifiesto que Rumanía ha puesto parcialmente en práctica las recomendaciones de la Comisión dirigidas a restablecer el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial. Si bien es cierto que se han respetado la Constitución y el papel y las decisiones del Tribunal Constitucional, los compromisos relativos a la protección del poder judicial frente a los ataques dirigidos contra él, la destitución de los ministros condenados por falta de integridad y la dimisión de los parlamentarios sobre los que pesan decisiones de incompatibilidad y conflicto de intereses, o sentencias firmes por corrupción de alto nivel, no se han aplicado íntegramente. Al mismo tiempo sigue pendiente el nombramiento de las nuevas personas al frente de la Fiscalía y de la DNA.

La Comisión considera que la elección de un nuevo Parlamento y la constitución de un nuevo Gobierno ofrecen la oportunidad de cumplir en su totalidad y rápidamente estas recomendaciones, e insta al nuevo Gobierno a adoptar las medidas necesarias.

La Comisión señala asimismo la necesidad de acelerar los avances en lo tocante a sus recomendaciones sobre la reforma del poder judicial, la integridad y la lucha contra la corrupción. La Comisión supervisará detenidamente, y en continuo diálogo con las autoridades rumanas, los avances realizados y emitirá un informe sobre el proceso de reforma a finales de 2013.

[1] COM(2012)410 final. Su análisis y recomendaciones fueron refrendadas en las conclusiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales celebrado en septiembre.

[2] Cartas de 16 y 17 de julio de 2012

[3] El Decreto de Urgencia 38/2012 no ha sido derogado oficialmente. Sin embargo, las resoluciones del Tribunal Constitucional nº 727, de 9 de julio de 2012, y nº 738, de 19 de septiembre de 2012, lo declararon inconstitucional. El Decreto de Urgencia 38/2012 debe ser derogado formalmente para dar fiel cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional.

[4] Resolución nº 6 del Tribunal Constitucional de 21 de agosto de 2012. Seguida por la aprobación por el Senado, el 19 de septiembre de 2012, de la Ley por la que se modificaba el Decreto de Urgencia nº 41 que modificaba a su vez la Ley nº 3/2000 sobre la Organización de un Referéndum.

[5] La Comisión de Venecia consideró que debía abordarse la cuestión del excesivo uso por parte del Gobierno de los decretos de urgencia : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2012)026-e.aspx

[6] Por ejemplo, las acusaciones de haber sufrido presiones e intimidaciones formuladas por jueces del Tribunal Constitucional sobre las que se ha llamado la atención de la Comisión. Carta del Presidente Barroso al Primer Ministro rumano, Victor Ponta, de 10 de agosto de 2012: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-621_en.htm

[7] Algunos de los cambios se introdujeron a raíz de los debates celebrados tanto con la Comisión Europea como con el Consejo Superior de la Magistratura.

[8] Los informes de la ANI surten efectos directos salvo que se contesten en los tribunales en un plazo de 15 días. Cabe asimismo señalar que solo un 5 % aproximadamente de las impugnaciones de los informes de la ANI prosperan en los tribunales.

[9] Ninguna de estas cuatro personas forman parte del nuevo Gobierno.

[10] El Tribunal Constitucional dirimió un litigio entre el poder judicial y el Senado a propósito de una decisión del Alto Tribunal de Casación y Justicia que confirmó la incompatibilidad de un senador (Sentencia del Tribunal Constitucional nº 972 de 21 de noviembre de 2012). La sentencia del Tribunal todavía no se había ejecutado al finalizar la legislatura.

[11] Por ejemplo, un código de conducta.

[12] Los nuevos Códigos Civil y Penal y sus respectivos Códigos de Procedimiento se adoptaron en 2009 y 2010, pero hasta la fecha solo ha entrado en vigor el Código Civil. Existe incertidumbre acerca de cuándo lo harán los otros tres Códigos, si bien las autoridades han confirmado recientemente que el Código de Procedimiento Civil entrará en vigor el 1 de febrero de 2013.

[13] El Informe MCV de julio de 2012 señalaba la necesidad de distinguir el impacto de los Códigos en los recursos de otras cuestiones más generales relacionadas con la carga de trabajo de la judicatura.

[14] Por ejemplo, sustituir el procedimiento judicial por un procedimiento administrativo cuando se trate de cuestiones relacionadas con los impuestos que deben abonarse al matricular por primera vez un automóvil – medida que podría ahorrar a los tribunales unos 100 000 expedientes.

[15] Un caso especialmente importante del pasado verano se saldó con la suspensión, durante todo el tiempo de la investigación, de un fiscal que es miembro del Consejo Superior de la Magistratura.

[16] El Ministerio de Justicia ha puesto asimismo en marcha un proyecto a medio plazo para ayudar a codificar la legislación, con posibles cambios para acelerar el proceso de actualización.

[17] Por ejemplo, se ha sugerido recientemente que las pruebas reunidas por los servicios con funciones coercitivas al investigar otros delitos no puedan utilizarse en los juicios por corrupción.

[18] También contribuye el que la impugnación por la ANI de una decisión de la Comisión de Investigación de la Riqueza haya sido admitida por los tribunales.

[19] Los tres ministros involucrados impugnaron los informes. Otro funcionario de alto rango dimitió por otros motivos (y también impugnó).

[20] Cf. Eurobarómetro n° 374 de febrero de 2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf y el Índice de Percepción de la Corrupción en 2012 elaborado por Transparencia Internacional, http://www.transparency.org/cpi2012/results.

[21] En enero de 2013, 1874 Ayuntamientos y 20 Consejos comarcales se habían inscrito en la Secretaría de la ENA.

[22] La supervisión de la legislación sobre contratos públicos efectuada por la Comisión ha hecho emerger casos en los que había sólidas pruebas de la comisión de actos ilegales y que la Fiscalía, al parecer, no persiguió.