15.4.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/48

1.

considera que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Fondo») es el principal instrumento de que dispone la UE para responder a las catástrofes graves que se producen en los Estados miembros o en los países candidatos a la adhesión, y demostrar así su solidaridad con los países, las regiones y los municipios afectados (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea);

2.

constata que, en su forma actual, el Fondo ha demostrado su eficacia de manera general, pero que se podría mejorar su funcionamiento, en particular, simplificando los procedimientos administrativos necesarios para su activación, a fin de reducir de forma significativa el tiempo que transcurre entre la catástrofe y la concesión de la ayuda. Las normas de funcionamiento podrían ser más claras y el Fondo podría ser más específico, para responder mejor a las necesidades de las zonas afectadas;

3.

lamenta que la Comisión Europea proponga que la asignación anual máxima para el Fondo permanezca inalterada desde 2002 en 500 millones de euros (a precios de 2011), lo que pone en riesgo la prestación de ayuda en cuanto se produzca una catástrofe importante, tanto más cuanto que la frecuencia de este tipo de situaciones es cada vez mayor;

4.

considera que el Reglamento vigente y las modificaciones que se propone introducir se ajustan a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

5.

señala que las grandes catástrofes naturales son devastadoras sobre todo para los municipios y las regiones afectadas. Es muy frecuente que las infraestructuras básicas y el patrimonio natural y cultural resulten seriamente dañados en las zonas siniestradas;

6.

recuerda que, en general, los entes locales y regionales son propietarios de las infraestructuras dañadas y que, por tanto, son responsables de su restablecimiento. También deben asumir los servicios de urgencia, alojamiento provisional de las personas evacuadas y limpieza de las zonas siniestradas;

7.

considera, por consiguiente, que aunque los principales beneficiarios del apoyo del Fondo son los Estados miembros o los países candidatos, la ayuda que concede permite, en última instancia, financiar medidas aplicadas a nivel regional y local;

8.

subraya que para los entes regionales y locales los aspectos más importantes son la rapidez de reacción del Fondo y la posibilidad de asignar los recursos disponibles, a fin de satisfacer lo mejor posible las necesidades reales;

9.

por tanto, acoge con gran satisfacción las propuestas de la Comisión, que contribuyen a que la ayuda del Fondo sea más rápida y más específica, y presenta una serie de recomendaciones importantes, sobre todo para los entes locales y regionales;

10.

llama la atención sobre la necesidad de que se tenga en cuenta la particular situación de las regiones ultraperiféricas, que son más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos;

11.

celebra que se haya aclarado el ámbito de intervención del Fondo, lo que permitirá superar la incertidumbre jurídica existente y evitar la presentación de solicitudes que no cumplan las condiciones requeridas;

12.

aprueba los esfuerzos de la Comisión dirigidos a simplificar la definición de la noción de «catástrofe regional» estableciendo un criterio claro basado en el PIB. Esta nueva definición facilitará la evaluación de las solicitudes por la Comisión Europea y contribuirá a mejorar la transparencia y eficacia del Fondo. Para los solicitantes potenciales, será más fácil evaluar por adelantado si la catástrofe en cuestión da derecho a medidas de ayuda;

13.

propone establecer el criterio que permita calificar una catástrofe de «catástrofe regional de carácter natural» en el 1,0 % del PIB regional para las regiones del nivel NUTS 2. El Comité considera que este criterio reflejaría mejor la voluntad de facilitar, en caso de catástrofe natural regional, una ayuda cuyo alcance sería poco variable;

14.

considera que los indicadores señalados deben ajustarse en el caso de catástrofes naturales acaecidas en alguna de las islas de las regiones archipielágicas, de nivel NUTS 2, al objeto de evitar que una consideración exclusivamente regional imposibilite la operatividad de este fondo en dichos supuestos;

15.

llama la atención sobre el hecho de que cada vez es más frecuente que se produzcan catástrofes en zonas que difieren en gran medida de las regiones del nivel NUTS 2 (en algunos Estados miembros solo están definidas administrativamente), y que estas catástrofes crucen incluso las fronteras de varias regiones delimitadas. Por consiguiente, si el criterio regional solo tiene en cuenta el trazado de las regiones en el nivel NUTS 2, se corre el riesgo de que carezca de objetividad;

16.

propone introducir un criterio para las catástrofes regionales que afecten a zonas del nivel NUTS 3 en los casos en que varias regiones limítrofes del nivel NUTS 3, afectadas por una catástrofe, constituyan juntas un territorio cuyo tamaño se corresponda con el de una región del nivel NUTS 2 (que cuenta al menos con 800 000 habitantes). En este caso, el porcentaje del PIB resultante se calculará a partir de la media ponderada de los valores de las distintas regiones NUTS 3;

17.

señala que, debido al carácter transfronterizo de numerosas catástrofes, una intervención de la UE tendría, en este tipo de casos, un gran valor añadido y enviaría a los ciudadanos una señal claramente positiva;

18.

sugiere utilizar, para definir la noción de «catástrofe natural transfronteriza de carácter excepcional», el criterio de nivel NUTS 3 antes citado, según el cual las regiones vecinas al nivel NUTS 3 podrían pertenecer a diferentes Estados miembros;

19.

acoge favorablemente la posibilidad de recurrir al Fondo no solo para las operaciones «inmediatas», sino también para aquellas que estén directamente relacionadas con la catástrofe, pero cuya naturaleza pueda requerir una aplicación a más largo plazo;

20.

subraya que, tras una catástrofe, se observa a nivel local y regional una verdadera necesidad de restablecer el funcionamiento de las infraestructuras en una forma que pueda resistir mejor a las futuras catástrofes. En algunos casos, puede incluso resultar necesario trasladar estas infraestructuras hacia lugares más apropiados;

21.

propone completar las acciones admisibles para una contribución del Fondo e incluir la posibilidad de financiar no solo la reparación de las infraestructuras, sino también su restablecimiento en una forma que pueda resistir mejor a las catástrofes naturales ulteriores. También propone añadir a las acciones admisibles con cargo al Fondo el desplazamiento de las infraestructuras que se encuentren en un lugar que en el futuro podría volver a verse amenazado por catástrofes naturales;

22.

llama la atención sobre el hecho de que para determinados entes locales y regionales, la asistencia técnica externa resulta a menudo indispensable para hacer frente a la catástrofe y llevar a cabo las operaciones de rehabilitación de las zonas afectadas;

23.

propone incluir los gastos de la asistencia técnica externa entre los gastos admisibles del Fondo, con un máximo del 2 % de la contribución total del Fondo;

24.

señala que la preparación de la solicitud resulta muy larga para las autoridades públicas, en particular cuando se trata de evaluar los daños y de reunir elementos de prueba en apoyo de la solicitud, y que debe realizarse en un momento en que las autoridades públicas deben tomar las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias de la catástrofe. La dificultad es aún mayor si la catástrofe es de evolución lenta, como las sequías, o si se trata de fenómenos como las inundaciones que pueden durar varias semanas, e incluso meses. En este último caso, los daños solo pueden evaluarse tras la retirada de las aguas. Así pues, la gravedad de la catástrofe solo puede constatarse posteriormente;

25.

por lo tanto, acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de que se tengan en cuenta las características específicas de las catástrofes de evolución lenta;

26.

llama asimismo la atención sobre el hecho de que para las otras catástrofes naturales, la propuesta legislativa mantiene las disposiciones vigentes, y que no resuelve los problemas relacionados con la preparación de la solicitud en caso de inundaciones de larga duración;

27.

por consiguiente, propone conceder la posibilidad, en caso de inundaciones de larga duración, de presentar la solicitud en un plazo de diez semanas a partir de momento en que haya desaparecido la amenaza de catástrofe natural (por ejemplo, cuando se haya levantado el estado de emergencia declarado por el Estado miembro o por el ente regional, etc.);

28.

comparte la opinión de la Comisión Europea de que en el caso de las catástrofes naturales, es absolutamente indispensable adoptar las medidas de prevención necesarias y que siempre hay que esforzarse por mejorarlas;

29.

teme que la obligación de incluir en la solicitud información sobre la prevención de los riesgos de catástrofes pueda representar para el solicitante una mayor carga administrativa, y retrasar la elaboración y tramitación de las solicitudes, lo que sería contrario al objetivo inicial, consistente en simplificar los procedimientos administrativos de movilización de este Fondo;

30.

propone exigir que el solicitante facilite, en la fase de tramitación de la solicitud, una breve descripción de la aplicación de la legislación europea (artículo 4, apartado 1, letra e), suprimiendo al mismo tiempo la obligación de presentar información adicional (artículo 4, apartado 1, letra f), puesto que ésta debe figurar en el informe sobre la aplicación de la contribución del Fondo;

31.

apoya la propuesta de la Comisión de introducir la posibilidad de pagar anticipos, permitiendo así que el Fondo reaccione con rapidez. Sugiere, no obstante, que el sistema de anticipos permanezca fuera del marco financiero plurianual y de los Fondos Estructurales propuestos concretamente;

32.

acoge favorablemente la intención de la Comisión de acelerar el procedimiento administrativo de aprobación de la ayuda del Fondo, para que la ayuda llegue más rápidamente a las regiones afectadas. A este respecto, señala, sin embargo, que se dispone de un plazo real más corto para utilizar la contribución del Fondo;

33.

propone ampliar el plazo de utilización de la contribución del Fondo a dos años, debido esencialmente al tiempo que requieren la rehabilitación de las infraestructuras básicas (a raíz de la obligación de garantizar la documentación necesaria y de respetar la legislación en materia de contratos públicos) y el restablecimiento de los servicios y suministros básicos.

34.

Los organismos europeos y las autoridades nacionales, regionales y locales se han pronunciado en sucesivas ocasiones sobre la necesidad de que la simplificación en la gestión debe aprovecharse al máximo para permitir la orientación al rendimiento (1). Esta simplificación es todavía más importante en el caso del Fondo de Solidaridad, que actúa en situaciones de extrema urgencia, y que en entre sus gastos elegibles se encuentran los dirigidos a la atención de necesidades personales de carácter inmediato. Por ello, sería conveniente admitir la utilización de costes unitarios en gastos destinados a las necesidades de la población afectada y que no correspondan al restablecimiento de infraestructuras.