12.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/1

1.

La Comisión propone reducir en un 5 % la plantilla de cada institución y agencia de la Unión Europea entre 2013 y 2018 y, para gestionar los efectos de esta reducción y resolver otras cuestiones referentes al personal, propone una serie de modificaciones del Estatuto que se citan a continuación:

2.

En la propuesta de la Comisión se recogen las siguientes estimaciones sobre su incidencia financiera en el período 2013-2020:

3.

Además se han estimado ahorros a largo plazo en relación con el gasto en pensiones del orden de los mil millones de euros anuales (3).

4.

El Tribunal señala que la incidencia de la propuesta de la Comisión no solo debe medirse en función de que se obtengan la reducción en un 5 % de la plantilla y la aplicación efectiva de las modificaciones al Estatuto, sino también de que se alcance el objetivo financiero global previsto en la propuesta.

5.

La propuesta de reducción de la plantilla en un 5 %, aunque depende de las futuras asignaciones presupuestarias dentro del MFP, constituye un elemento clave que contribuye al objetivo de ahorro financiero. El ahorro previsto en personal y gastos se hará efectivo si cada institución reduce su plantilla en un 5 %.

6.

Las instituciones han de tener en cuenta las reducciones previstas de personal al planificar las actividades de la UE y gestionar sus recursos humanos, mediante la adecuada fijación de prioridades especialmente en las decisiones que se adopten sobre políticas de la UE y el gasto para el próximo período de MFP.

7.

La propuesta no incluye aspectos de gestión de los recursos humanos (formación, evaluación del rendimiento, ascensos y clasificación) para mejorar la productividad general del personal de la UE.

8.

El Tribunal advierte que la propuesta por sí sola no provocará la reducción del número de efectivos y el correspondiente ahorro financiero. El artículo 6 de la propuesta de Estatuto hace referencia expresa a las obligaciones establecidas en el MFP y al acuerdo interinstitucional sobre su aplicación (4). El Tribunal recuerda que la dimensión de la administración pública europea se decide mediante decisiones presupuestarias anuales que deben acomodarse a los objetivos de la propuesta de la Comisión.

9.

El Tribunal recomienda que las instituciones comuniquen anualmente las medidas que adopten para cumplir los objetivos previstos de reducir el número de efectivos en un 5 % dejando sin cubrir una serie de puestos vacantes, los de quienes se jubilen y los del personal cuyo contrato llegue a su fin. La comunicación servirá para demostrar que este objetivo no se elude, por ejemplo, utilizando proveedores externos dado que no figuran en el cuadro de efectivos.

10.

El método utilizado actualmente para ajustar las retribuciones y pensiones de los funcionarios de la UE se basa en las variaciones en términos reales de los salarios de los funcionarios de ocho Estados miembros. El nuevo método propuesto funda los ajustes en las variaciones del salario nominal de los funcionarios de todos los Estados miembros, excluyendo el efecto de la imposición y otras deducciones de las retribuciones. Esta modificación puede conducir a la aplicación de un método para determinar los ajustes menos complejo y más rápido, pero el legislador debe analizar minuciosamente su incidencia financiera neta.

11.

La propuesta de la Comisión introduce una cláusula de excepción automática aplazando parcialmente en un año cualquier ajuste al alza de retribuciones y pensiones, que desencadenaría un aplazamiento de un año además del previsto de hasta un año en el Estatuto actual (5), siempre que se cumplan todas las condiciones de aplicación (6). El retraso de estos ajustes reduce la adaptación de las retribuciones y pensiones de los funcionarios de la UE a los percibidos en las administraciones de los Estados miembros. Lo ideal sería que los ajustes se produjeran de forma inmediata al momento en que se registran las condiciones que motivan la variación.

12.

La propuesta introduce una nueva categoría «AST/SC» para personal de oficina y secretaría además de los grupos de funciones actuales de administradores (AD) y asistentes (AST). El nivel de remuneración propuesto para los grados de entrada AST/SC dificultará en determinados casos la asunción de personal con las competencias lingüísticas exigidas por la naturaleza del trabajo en las instituciones y la necesidad de mantener el equilibrio geográfico.

13.

La Comisión propone reestructurar la carrera del grupo de función AST reservando los dos grados más elevados para los agentes con importantes responsabilidades. En el futuro, habrá «asistentes experimentados» (AST 10 y AST 11) y «asistentes» (AST 1 a AST 9). Sin embargo, las disposiciones transitorias propuestas para el personal en activo el 31 de diciembre de 2012 podrían generar problemas de desigualdad de trato (7) para los asistentes contratados tras la reforma del Estatuto de 2004.

14.

La propuesta sobre organización flexible del tiempo de trabajo se aplica a todo el personal salvo a jefes de unidad, directores o directores generales. El Tribunal recomienda estudiar la conveniencia de prever un dispositivo semejante para los gestores que tenga en cuenta, por una parte, el compromiso que puede esperarse razonablemente de ellos y, por otra, la necesidad de que las instituciones hagan el mejor uso posible de su personal, con inclusión de quienes deseen compatibilizar sus obligaciones laborales con sus responsabilidades familiares.

15.

El Tribunal acoge con satisfacción la propuesta de que, por razones de transparencia, el Tribunal de Justicia establezca y administre un registro de todas las normas adoptadas por todas las instituciones y de que la Comisión informe cada tres años de las normas de aplicación del Estatuto dictadas por cada institución. Además, el Tribunal recomienda que la Comisión proponga un procedimiento de consulta previa para evitar que las posibles divergencias en las normas de aplicación se traduzcan en disparidades de trato del personal.

16.

La Comisión propone corregir desequilibrios geográficos duraderos y significativos cuando haya que prestar atención a la infrarrepresentación de ciertas nacionalidades en comparación con el peso relativo de su población. Cualquier medida de este tipo debe respetar el principio de igualdad de los ciudadanos de la UE y el principio de que no hay puestos reservados para los ciudadanos de un Estado miembro concreto.

17.

La Comisión propone crear en el RAA una nueva categoría de personal temporal para las agencias, que sería contratado para un período concreto o por tiempo indefinido. Los agentes contratados por tiempo indefinido se beneficiarían de facto de un régimen similar al de los funcionarios en casi todos los aspectos. Ahora bien, faltan disposiciones que garanticen que su selección se llevaría a cabo con los mismos principios, exigencias y rigor que los aplicados en la selección de funcionarios.

18.

El Tribunal recuerda la necesidad de lograr el necesario equilibro entre la salvaguarda de la eficiencia de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF, por una parte, y la protección de los derechos fundamentales, por otra. Conviene señalar que el concepto de «acto que le sea lesivo» a una persona, al que se refiere el artículo 90 bis del Estatuto, incluye todo acto llevado a cabo por la OLAF en el desempeño de sus tareas de investigación que prive a los miembros del personal del ejercicio eficaz, o del beneficio, de un derecho fundamental, sobre todo cuando la OLAF ha redactado su informe definitivo o transmitido información a las autoridades judiciales nacionales. Además, la experiencia práctica demuestra que las disposiciones legales vigentes (8) no son suficientemente precisas como para evitar confusiones en torno a la función de la OLAF en caso de faltas personales graves cuando los intereses financieros de la UE no están en juego.

19.

Desde su creación, la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) (9) se ha convertido en el principal punto de contacto para los ciudadanos de la Unión que quieren trabajar en las instituciones europeas. Las reglas actuales sobre las oposiciones organizadas por la EPSO que figuran en el Estatuto (10) son rudimentarias. Desde su introducción en 2004, una abundante jurisprudencia ha clarificado importantes principios del proceso de selección, por ejemplo el cometido de los tribunales de selección o el empleo de lenguas. Con vistas a reforzar la transparencia, la Comisión debería decidir las enmiendas necesarias para reflejar estas clarificaciones en las reglas correspondientes del Estatuto.

20.

Con los años, el Estatuto y el RAA han adquirido una complejidad creciente. La Comisión debería proceder a un estudio, en concertación con las demás instituciones, de las opciones de simplificación posibles para mejorar la gestión financiera. Un estudio de esas características tendría que incluir el examen de las disposiciones de otras organizaciones internacionales y las instituciones y organismos de la UE a los que no se aplique el Estatuto.

21.

Aunque el artículo 336 del TFUE sigue siendo la base que rige la relación entre las instituciones y su personal, el nuevo artículo 298 del TFUE exige al legislador europeo establecer disposiciones en favor de una administración abierta, eficaz e independiente, que completarían provechosamente las contenidas en el Estatuto. La Comisión tendría que plantearse la conveniencia de proponer disposiciones que mejoren la relación entre los ciudadanos y la administración pública europea con arreglo al atículo 298 del TFUE, precisando por ejemplo cómo garantiza que sus agentes aseguren la igualdad de los ciudadanos o cómo afronta los casos de presuntos conflictos de intereses.