16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/17

1.

La Empresa Común europea para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores (Empresa Común IMI), con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

La Empresa Común IMI tiene como objetivo mejorar de forma significativa la eficiencia y la eficacia del proceso de elaboración de medicamentos, con la finalidad a largo plazo de que el sector farmacéutico fabrique medicamentos innovadores más eficaces y seguros (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, y la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA). Toda entidad jurídica que respalde directa o indirectamente la investigación y el desarrollo en un Estado miembro o en un país asociado al séptimo programa marco (3) puede solicitar su adhesión como miembro de la Empresa Común IMI.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común IMI para cubrir sus gastos corrientes y sus actividades de investigación asciende a 1 000 millones de euros, que se abonarán con cargo al presupuesto del séptimo programa marco. La UE y la EFPIA, como miembros fundadores, contribuirán a partes iguales a los gastos corrientes, cada uno con un importe que no superará el 4 % del total de la contribución de la UE. Los demás miembros contribuirán a los gastos corrientes en proporción de su contribución a las actividades de investigación. Las empresas de investigación miembros de la EFPIA participarán en la financiación de las actividades de investigación mediante contribuciones en especie (4) al menos equivalentes a la contribución financiera de la UE (5).

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 16 de noviembre de 2009.

6.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (6) de la Empresa Común para la iniciativa sobre medicamentos innovadores, que comprenden los «estados financieros» (7) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (8) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

7.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (9).

8.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (10), y es responsable asimismo de la implantación (11) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (12) estén libres de incorrecciones significativas, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

9.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

10.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (13). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones significativas y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

11.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría de los importes y los datos presentados en las cuentas y de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

12.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

13.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos los aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010, los resultados de sus operaciones y sus flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

14.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

15.

El contenido de las observaciones que se exponen en los apartados 16 a 24 no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

16.

El Consejo de Administración no adoptó el presupuesto anual y el plan de aplicación de 2010 hasta el 16 de marzo de 2010 (14); este retraso fue debido a que los miembros de la Empresa Común precisaron mucho tiempo para establecer y acordar cuáles eran las prioridades científicas que debían figurar en el plan anual de aplicación, lo cual demoró la publicación de la convocatoria de propuestas. Durante el ejercicio, la Empresa Común publicó la tercera convocatoria de propuestas (15), finalizó el proceso de negociación para la segunda convocatoria de propuestas (16) y comenzó a recibir y liquidar las declaraciones de gastos de los beneficiarios que participan en los proyectos financiados en el marco de la primera convocatoria de propuestas (17).

17.

El presupuesto definitivo incluía créditos de compromiso y de pago por valor de 107 millones de euros y de 29 millones de euros respectivamente. Además, 3 millones de euros en créditos de compromiso y 78,6 millones de euros en créditos de pago se prorrogaron del ejercicio 2009. Los porcentajes de utilización para los créditos de compromiso y de pago disponibles eran de un 6 % y un 35 % respectivamente, 98,6 millones de euros en créditos de compromiso se prorrogaron al ejercicio 2011 y 64 millones de euros de créditos de pago prorrogados del ejercicio 2009 fueron anulados al final del ejercicio. La reducida ejecución presupuestaria también se refleja en el saldo de caja, que se situaba en 71 millones de euros al final del ejercicio (el 65 % de los créditos de pago disponibles en 2010).

18.

En 2010 la Empresa Común no aplicó plenamente sus sistemas de control interno y de información financiera. En particular, es necesario proseguir con el trabajo para establecer y documentar los procedimientos y controles contables vinculados al cierre de las cuentas y la constatación y medición de los gastos de operaciones, elementos importantes del sistema de control interno de la Empresa Común.

19.

Por otro lado, al término de 2010, los procesos operativos subyacentes aún no habían sido formalizados ni validados por el contable como lo exige su Reglamento financiero.

20.

El examen limitado de los controles informáticos mostró que la Empresa Común posee un nivel de gobernanza y práctica informática adecuado a su tamaño y a su misión, pese a que la formalización de las políticas y los procedimientos no está suficientemente avanzada en ciertos aspectos (18).

21.

La estrategia de auditoría ex post  (19) de la Empresa Común fue adoptada mediante una decisión del Consejo de Administración el 14 de diciembre de 2010 y constituye un control clave para evaluar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Esta estrategia prevé el aumento progresivo de la población de auditoría (20) a partir de 2011 cuando los proyectos vinculados a varias convocatorias se lleven a cabo en paralelo y se presenten las declaraciones de gastos correspondientes.

22.

El Consejo de Administración todavía no ha aprobado la metodología para evaluar las contribuciones en especie (21) debido a la dificultad de alcanzar un acuerdo. Por consiguiente, los miembros de la EFPIA no pudieron notificar los gastos realizados durante el primer período de presentación de informes como prevén los acuerdos de subvención.

23.

En su informe anterior, el Tribunal señaló la necesidad de clarificar las disposiciones de los estatutos de la Empresa Común referentes a la función del auditor interno de la Comisión. Aunque todavía no se ha modificado el Reglamento financiero de la Empresa Común para incluir una disposición que haga referencia a las competencias del auditor interno de la Comisión, esta institución y la Empresa Común han tomado medidas para garantizar que las respectivas funciones operativas del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y la función de auditoría interna de la Empresa Común estén claramente definidas.

24.

Como indicó el Tribunal en su informe anterior, con arreglo al Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa Común debe celebrarse un acuerdo de sede entre esta y Bélgica que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades, y otras formas de apoyo que deba prestar Bélgica. Sin embargo, al final de 2010 no se había celebrado dicho acuerdo.