52011SC0819

Recomendación de

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

sobre el programa nacional de reforma 2011 de la República Checa y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de convergencia actualizado de la República Checa (2011-2014)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], y, en particular, su artículo 9, apartado 3,

Vista la recomendación de la Comisión[2],

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

Considerando lo siguiente:

(1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor coordinación de las políticas económicas y se centra en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.

(2) El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros[3], que juntas forman las «orientaciones integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3) El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

(4) El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). En ellas se subrayaba la necesidad de dar prioridad al restablecimiento de presupuestos sólidos y de la sostenibilidad presupuestaria, a la reducción del desempleo mediante reformas del mercado laboral y a la realización de nuevos esfuerzos para reforzar el crecimiento. Se solicitaba también a los Estados miembros que tradujesen estas prioridades en medidas concretas que deberían incluirse en sus programas de estabilidad o convergencia y sus programas nacionales de reforma.

(5) El 29 de abril de 2011, la República Checa presentó su programa nacional de reforma 2011 y el 5 de mayo su actualización de 2011 del programa de convergencia, que cubre el período 2011-2014. Teniendo en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(6) La crisis financiera mundial, cuyo efecto fue especialmente doloroso por la apertura al exterior de la economía del país, incidió con dureza en el crecimiento del PIB y en el desempleo. El PIB real descendió en un 4,1 % en 2009, a consecuencia de la caída de las exportaciones y de la inversión nacional. La tasa de desempleo aumentó significativamente pasando del 4,4 % en 2008 al 7,3 % en 2010, y la tasa de empleo cayó en 2 puntos porcentuales entre 2008 y 2010. Sin embargo, el alto grado de exposición al comercio internacional y la rápida recuperación de los principales socios comerciales de la República Checa han facilitado también un rápido repunte del índice de crecimiento del PIB real en 2010, que se situó en el 2,3 % y que continuará apoyando una recuperación moderada.

(7) Basándose en la evaluación del programa de convergencia en virtud del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, este considera que los supuestos macroeconómicos en los que se apoya el programa son verosímiles en los dos primeros años del programa y demasiado favorables a partir de esa fecha. El programa está basado en una previsión de crecimiento para 2012 inferior a la indicada en las previsiones de la primavera de 2011 de los servicios de la Comisión, principalmente por una nueva reducción sostenida del gasto de la administración, no incorporada al estudio de los servicios de la Comisión, que no preveían cambios en la política económica para 2012. El programa prevé una reducción del déficit general de la administración que lo situaría por debajo del 3 % del PIB en 2013 y luego en 1,9 % del PIB en 2014. El saneamiento previsto se basa principalmente en la contención del gasto Las medidas propuestas son en general suficientes para alcanzar el objetivo previsto para 2013, como recomendaba el Consejo, pero hay riesgos en cuanto al resultado presupuestario real de las medidas presentadas en el programa. Además, la consecución de los objetivos para los últimos años del programa parece basarse en gran medida en condiciones cíclicas favorables y en nuevas ganancias de eficiencia en la administración pública, que puede que sean cada vez más difíciles de concretar. La consecución del objetivo presupuestario a medio plazo está prevista más allá del horizonte del programa. El esfuerzo presupuestario anual medio durante el período 2011-2013 está por debajo del 1 % recomendado por el Consejo conforme al procedimiento de déficit excesivo del 2 de diciembre de 2009.

(8) El procedimiento estableció un objetivo claro para situar el déficit de las finanzas públicas por debajo del 3 % del PIB para 2013. El desafío que se plantea es asegurar que las medidas en las que se apoya la reducción del déficit en 2011-2013, así como en los años posteriores, no ponen en peligro el crecimiento a largo plazo, especialmente salvaguardando el gasto en enseñanza y en I+D pública, y que dejan un margen adecuado para los aumentos del gasto que conlleve la evolución demográfica.

(9) La estrategia de saneamiento presupuestario incluye medidas que afectan a los ingresos por IVA: el tipo de IVA más bajo está previsto que aumente en 2012 y 2013, mientras que el más alto descendería en 2013. El Gobierno también tiene previsto aumentar el número de empresas sujetas al IVA a partir de 2013. Según el programa, estos cambios deberían dar lugar a un aumento de la recaudación fiscal del 0,7 % del PIB en 2012 y a un ulterior 0,1 % del PIB en 2013. Además, parece haber más margen para impulsar los ingresos procedentes de los impuestos indirectos, que se situaban en el 11,8 % del PIB en 2010. Este porcentaje hay que compararlo con la media de la UE, que es el 13,4 %. De este modo, se podrían desplazar impuestos que gravan el trabajo. Por otra parte, la diferencia entre los ingresos por IVA reales y el IVA teórico que debería pagarse se estima que está considerablemente por encima de la media de la UE, lo cual justifica la necesidad de aplicar medidas que mejoren el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

(10) Dado que el impacto presupuestario del envejecimiento está previsto que esté bastante por encima de la media de la UE, la reforma del sistema de pensiones es una cuestión importante. El Gobierno ha puesto sobre la mesa dos conjuntos de propuestas. El primer paquete está previsto que cuente con la aprobación del Parlamento para septiembre de 2011 y se refiere al pilar público, consistente en un sistema de reparto, que arroja un déficit desde 2009. Entre otras medidas, este paquete incluye un aumento de la edad de jubilación obligatoria, que se unificará en 67 años en 2041 para hombres y mujeres. Este conjunto de reformas paramétricas contribuye en cierta medida a abordar el problema de la sostenibilidad presupuestaria; sin embargo, puede no ser suficiente para hacer frente a los retos que crea el envejecimiento de la población. El segundo paquete de medidas, no aprobado todavía oficialmente por el Gobierno, consistiría en la introducción de un segundo pilar voluntario en 2013, destinado a aumentar la diversificación de los ingresos de los jubilados y a apoyar su adecuación futura fomentando el desarrollo del ahorro privado. Sin embargo, la forma de este pilar propuesta crea pocos incentivos para adherirse al régimen y, de hecho, puede contribuir a aumentar las presiones a largo plazo destacadas anteriormente. Los costes de funcionamiento de estos fondos de pensiones tienen que analizarse cuidadosamente y mantenerse los más bajos posible a fin de asegurar la eficacia del sistema.

(11) El mercado laboral parece moderadamente flexible y no había dado muestras de disfunciones importantes antes de la crisis financiera mundial. Sin embargo, son evidentes algunas debilidades estructurales. Un problema clave son las graves dificultades que afrontan la mujeres con niños cuando se reintegran al mercado laboral tras un permiso de maternidad. El problema es significativo también debido a sus repercusiones económicas más amplias: períodos más prolongados sin trabajar, una diferencia importante entre sexos en cuanto a empleo y la mayor diferencia salarial entre sexos de todos los Estados miembros. Una vuelta temprana al trabajo continúa siendo difícil a pesar del esfuerzo del Gobierno por dar a los padres mayores posibilidades de elección a la hora de determinar la duración del permiso de paternidad. El problema puede atribuirse en parte a la poca disposición de las empresas a ofrecer contratos a tiempo parcial, al que se acogen a menudo los empleados con niños pequeños en otros Estados miembros, y en parte a la escasa disponibilidad de guarderías asequibles, sobre todo para los niños de menos de tres años.

(12) Aunque la tasa de desempleo general se mantiene firmemente por debajo de la media de la UE, el paro de larga duración va en aumento, especialmente entre los jóvenes de 20 a 29 años. Las personas con bajo nivel de estudios y las que gana salarios bajos se encuentran con dificultades considerables a la hora de encontrar empleo. El paro de larga duración tiene que ver con políticas del mercado laboral activas con escasa financiación y relativamente a pequeña escala y con un porcentaje bajo de participantes en medidas de activación periódicas.

(13) Las ineficiencias de la administración pública, que pesan sobre el entorno empresarial, podrían abordarse mediante una aplicación completa de las estrategias actuales. El Gobierno lanzó un programa de «mejor regulación» en 2007 y una estrategia anticorrupción para los años 2011-2012, y anuncia ahora medidas que son importantes para mejorar la calidad del marco legal y reglamentario, situado por debajo de la media de la UE según estudios internacionales, así como para reforzar la confianza de las empresas. Un reto que se presenta es estabilizar la administración pública, ya que las frecuentes y profundas reorganizaciones que se han sucedido impiden que trabaje con eficiencia. Para ello, sería importante aprobar la denominada Ley del Funcionariado, que ha venido aplazándose repetidamente. El Gobierno ha aprobado recientemente medidas para aumentar la transparencia de la contratación pública. Sin embargo, un elemento del marco regulador, el tipo concreto de acciones de una empresa que permiten una transferencia totalmente anónima de riqueza, continúa estando expuesto a riesgos y, por tanto, merece atención.

(14) Se prevé que la crisis tenga efectos negativos en el crecimiento potencial. Es importante mejorar el capital humano, aun teniendo en cuenta la alta proporción de jóvenes inscritos en las universidades. Esta mejora se ve obstaculizada por la insuficiente calidad de la formación, como muestra la baja puntuación obtenida por los institutos de enseñanza superior checos en los estudios internacionales. Además, el gasto por estudiante, a precios comparables, se sitúa en el cuarto más bajo de los países de la UE y es especialmente limitado para la enseñanza primaria. El programa nacional de reforma expone medidas para todas las fases de la enseñanza. Durante años se ha estado preparando una compleja reforma de la enseñanza superior. Asegurar una enseñanza superior eficiente y de calidad es importante para la competitividad y la capacidad de innovación.

(15) La Comisión ha evaluado el programa de convergencia y el programa nacional de reforma de la República Checa[4]. Para ello, ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para una política socioeconómica y presupuestaria de la República Checa sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión Europea contribuyendo a nivel de la UE a las decisiones nacionales futuras. Desde esta perspectiva, la Comisión considera que debe mantenerse el énfasis en el saneamiento presupuestario, protegiendo, al mismo tiempo, el gasto generador de crecimiento. La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas depende, en gran medida, de la capacidad de poner en práctica ahora la reforma de las pensiones necesaria. Es esencial también aumentar la participación en el mercado laboral, especialmente la de las mujeres, y las oportunidades de empleo de los parados de larga duración. Para la competitividad es crucial dar nuevos pasos para mejorar la calidad de los servicios públicos y el marco regulador, así como la calidad de la enseñanza superior,

(16) A la luz de esta evaluación, y teniendo en cuenta también la Recomendación del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 2 de diciembre de 2009, el Consejo ha examinado la actualización de 20011 del programa de convergencia de la República Checa, y su dictamen[5] queda reflejado, en particular, en las Recomendaciones indicadas en los puntos 1) y 2) a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma de la República Checa,

RECOMIENDA que la República Checa tome medidas en el período 2011-2012 a fin de:

(1) Aplicar el saneamiento previsto en 2011 y tomar medidas compensatorias de carácter permanente en caso de falta de ingresos o desviaciones al alza de gastos. Adoptar las medidas presupuestarias previstas en el programa de 2012 y apoyar el objetivo para 2013 mediante medidas más concretas. Evitar recortar el gasto de partidas generadoras de crecimiento, explotar el margen disponible para aumentar los ingresos procedentes de los impuestos indirectos, mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y reducir la evasión fiscal.

(2) Introducir una reforma de las pensiones amplia a fin de mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y asegurar la adecuación futura de las pensiones. Los esfuerzos deben centrarse, en primer lugar, en ulteriores cambios en el pilar público, incluido un aumento en la edad de jubilación legal que debe introducirse más rápido de lo previsto, apoyado en medidas de fomento del empleo de los trabajadores de más edad; y, en segundo lugar, en el desarrollo del ahorro privado. En este contexto, hay que asegurar que el régimen de financiación previsto atraiga una amplia participación y que esté concebido para mantener los costes administrativos transparentes y bajos.

(3) Reforzar la participación en el mercado laboral rebajando las barreras para que los padres con niños pequeños se reincorporen al mercado laboral mediante una mayor disponibilidad de guarderías asequibles y un mejor acceso a estas. Aumentar el atractivo y la disponibilidad de formas de trabajo más flexibles, como el empleo a tiempo parcial.

(4) Fortalecer la capacidad de los servicios de empleo públicos para aumentar la calidad y eficacia de la formación, de la asistencia en la búsqueda de empleo y de los servicios individualizados, condicionando la financiación de los programas a los resultados. Consultando a los interesados, introducir programas de formación a medida, para los trabajadores de más edad, los jóvenes, las personas poco cualificadas y otros grupos vulnerables.

(5) Tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad de los servicios públicos en campos esenciales para el entorno empresarial. En este contexto acelerar la aplicación de la estrategia anticorrupción de acuerdo con los objetivos señalados, aprobar la Ley del Funcionariado para promover la estabilidad y eficacia de la administración pública, y revisar el Código Mercantil a fin de abolir el anonimato en la posesión de acciones.

(6) Establecer un sistema transparente de evaluación de la calidad de las instituciones académicas y vincular su financiación a tal evaluación con objeto de mejorar el rendimiento de la enseñanza superior.

Hecho en Bruselas, el

                                                                       Por el Consejo

                                                                       El Presidente

[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p.1.

[2]               DO C de , p.

[3]               Mantenidas para 2011 por la Decisión 2011/308/EU del Consejo, de 19 de mayo de 2011.

[4]               SEC(2011) 712.

[5]               Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.