16.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 341/59

A.

Considerando que las negociaciones con Turquía se abrieron el 3 de octubre de 2005, tras la adopción por el Consejo del marco de negociación, y que la apertura de dichas negociaciones representa el punto de partida de un largo proceso cuyo final se desconoce,

B.

Considerando que Turquía se ha comprometido a emprender reformas, mantener buenas relaciones de vecindad y alinearse progresivamente con la UE, y que estos esfuerzos deberían entenderse como una oportunidad para la modernización de Turquía,

C.

Considerando que el pleno respeto de todos los criterios de Copenhague y la capacidad de integración de la UE, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, siguen siendo la base de la adhesión a la UE, que constituye una comunidad basada en valores compartidos,

D.

Considerando que la Comisión ha llegado a la conclusión de que, en 2009, los avances concretos en las reformas políticas fueron limitados,

E.

Considerando que, por cuarto año consecutivo, Turquía continúa sin aplicar las disposiciones derivadas del Acuerdo de asociación CE-Turquía y de su Protocolo adicional,

F.

Considerando que, en su Informe anual 2009 relativo a los progresos realizados por Turquía, la Comisión ha integrado y desarrollado algunas cuestiones destacadas por el Parlamento en su última resolución sobre dichos progresos,

1.

Acoge con satisfacción el amplio debate público sobre una serie de cuestiones tradicionalmente delicadas, como el papel del poder judicial, los derechos de los ciudadanos de origen kurdo, los derechos de la comunidad aleví, el papel de las fuerzas armadas y las relaciones de Turquía con sus vecinos; alaba al Gobierno turco por el papel que ha desempeñado al iniciar este debate y por el enfoque constructivo adoptado;

2.

Reitera su preocupación por la actual polarización de la sociedad turca y entre los partidos políticos, al tiempo que insta al Gobierno y a todos los partidos parlamentarios a que desarrollen un equilibrio adecuado entre la competencia política y una cooperación pragmática, a fin de facilitar la reconciliación en el seno la sociedad turca y permitir que se lleven a cabo reformas fundamentales, en particular, de la Constitución;

3.

Observa que, en lo que a reformas concretas se refiere, los progresos en 2009 han seguido siendo limitados, y anima al Gobierno a traducir sus iniciativas políticas en cambios legislativos concretos y a ponerlos en práctica;

4.

Lamenta que, cuando existe la legislación relativa a los criterios políticos de Copenhague, su aplicación sigue siendo insuficiente; insta al Gobierno, en particular, a que intensifique la aplicación de la legislación en los ámbitos de los derechos de la mujer, la no discriminación, la libertad de religión, pensamiento y convicciones, la libertad de expresión, la tolerancia cero frente a la tortura y la lucha contra la corrupción;

5.

Pide a Turquía que continué y redoble sus esfuerzos para cumplir plenamente los criterios de Copenhague y cohesionar a la sociedad turca con el fin de respaldar las reformas necesarias, uniéndola sobre la base de la igualdad entre todos los seres humanos, independientemente del sexo, el origen racial o étnico, la religión y las convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual;

6.

Llama la atención una vez más sobre la importancia decisiva de una reforma completa y sustancial de la Constitución que sitúe la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el centro del Estado y la sociedad turcos; alienta al Gobierno turco a que reanude esta labor de reforma y hace un llamamiento para que cooperen todos los partidos políticos y participen la sociedad civil y todas las minorías;

7.

Reitera la petición formulada en anteriores resoluciones aprobadas en 2006 y 2007 para que se reforme el sistema electoral y se reduzca el umbral del 10 %, con el fin de garantizar el pluralismo de los partidos y permitir en especial el acceso de los partidos de nueva creación al proceso político, así como una más amplia representación de las fuerzas políticas y las minorías en la Gran Asamblea Nacional;

8.

Lamenta profundamente la decisión del Tribunal Constitucional de ilegalizar el Partido de la Turquía Democrática (DTP) y prohibir la actividad política de algunos de sus representantes democráticamente elegidos; lamenta, asimismo, las recientes detenciones de miembros del DTP; reitera su condena de la violencia y el terrorismo e insta a todas las fuerzas políticas a que busquen la reconciliación por medios pacíficos y unan a la sociedad turca sobre la base de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos; destaca que debe permitirse que los representantes políticos de la población participen plenamente en este proceso; llama la atención sobre el dictamen emitido por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en marzo de 2009, en el que se concluía que la legislación turca que regula la ilegalización de partidos políticos no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al tiempo que insta al Gobierno a que lleve a cabo las reformas necesarias y aplique criterios europeos;

9.

Opina que es fundamental proceder a una reforma completa y rápida del poder judicial para que el proceso de modernización de Turquía pueda realizarse con éxito; se congratula de la aprobación por el Gobierno de la estrategia de reforma del poder judicial y toma nota con satisfacción del amplio proceso de consulta en el que se basó; alienta al Gobierno a que aplique la estrategia sin dilación, haciendo especial hincapié en las medidas sistemáticas dirigidas a reforzar la imparcialidad y la profesionalidad del poder judicial, así como su conformidad con las normas del CEDH; en este mismo contexto, pide al Gobierno turco que facilite instrucciones a la fiscalía con respecto a las leyes que se invocan frecuentemente para limitar la libertad de expresión; alienta asimismo al Gobierno a que reestructure la composición del Consejo Superior de la Magistratura y la Fiscalía para garantizar su representatividad, objetividad, imparcialidad y transparencia;

10.

Lamenta profundamente la decisión del Tribunal Constitucional de anular la legislación que limita la jurisdicción de los tribunales militares como un grave retroceso en los esfuerzos de reforma desplegados por Turquía, al tiempo que pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que establezca un consenso en favor de la reforma constitucional; expresa su inquietud por la injerencia constante de las fuerzas armadas en la política turca nacional y exterior, y reitera que, en una sociedad democrática, el ejército debe estar totalmente sometido al control civil; pide, en particular, a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que refuerce su control sobre el presupuesto y el gasto de las fuerzas armadas, y que se comprometa en el desarrollo de las políticas de seguridad y defensa;

11.

Expresa su inquietud por la supuesta magnitud de la red criminal Ergenekon y del plan «Balyoz»; insta al Gobierno y al poder judicial a que garanticen que todos los procedimientos siguen plenamente los cauces jurídicos adecuados y que se respetan los derechos de todos los acusados; comparte la evaluación de la Comisión de que Turquía debe abordar este caso como una oportunidad para consolidar la confianza en el buen funcionamiento de sus instituciones democráticas y del Estado de Derecho; insta al Gobierno turco a que no permita que se usen los procesos judiciales como un pretexto para presionar indebidamente a los periodistas críticos, a los intelectuales o a los políticos de la oposición;

12.

Lamenta que no se haya avanzado en la creación de la oficina del Defensor del Pueblo; insta al Gobierno a que introduzca la legislación necesaria para establecer un mecanismo de reclamación eficaz e independiente, vinculado a un sistema que lleve a cabo investigaciones sobre las denuncias de violación de los derechos humanos, y a todos los partidos parlamentarios a que apoyen dicha legislación;

13.

Acoge con satisfacción las iniciativas del Gobierno de Turquía dirigidas a unir a todos los ciudadanos turcos y permitir que todo ciudadano, independientemente del sexo, el origen racial o étnico, la religión y las convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual, goce de los mismos derechos y pueda desempeñar un papel activo en la sociedad turca; es consciente de que éste es un debate histórico, pero insta con firmeza al Gobierno a que traduzca su iniciativa política en reformas concretas, al tiempo que pide a todos los partidos políticos y a todas las partes interesadas que respalden este proceso y traten por todos los medios de superar sus recelos mutuos; se congratula, en este sentido, del plan presentado por el Gobierno a la Gran Asamblea Nacional de Turquía el 13 de noviembre de 2009, y le alienta a su puesta en práctica a fin de garantizar que se respete la libertad de todos los ciudadanos;

14.

Se felicita por la legislación adoptada para suprimir todas las restricciones a la radiodifusión en lengua kurda en las cadenas públicas y privadas, tanto a escala local como nacional, así como por la legislación sobre el uso de la lengua kurda en las cárceles; insta al Gobierno a que siga adoptando medidas que garanticen la oportunidad real de aprender kurdo en los sistemas de enseñanza público y privado, y a que permita su uso en la vida política y en el acceso a los servicios públicos; pide al Gobierno que se asegure de que no se abusa de la legislación antiterrorista para restringir libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión, y que ponga fin al sistema de guardias locales en el sudeste de Turquía;

15.

Apoya la intención de la Gran Asamblea Nacional de Turquía de aprobar rápidamente enmiendas a la Ley antiterrorista, a fin de suprimir las disposiciones que permiten que niños de entre quince y dieciocho años de edad puedan ser juzgados como adultos;

16.

Insta al Gobierno turco a que intensifique sus esfuerzos dirigidos a superar las deficiencias sociales y económicas en el sudeste del país; reitera su llamamiento a la Comisión para que presente un estudio sobre las consecuencias del Proyecto de Anatolia del Sudeste (GAP); pide a las autoridades turcas que preserven el patrimonio cultural y ambiental afectado por este proyecto, especialmente en lo que se refiere a los yacimientos arqueológicos de Hasankeyf y Allianoi; expresa su preocupación por el desplazamiento de miles de personas como consecuencia de la construcción de las presas; insta al Gobierno a que suspenda las obras del proyecto de presa de Ilisu hasta que la Comisión haya presentado el estudio mencionado;

17.

Insta a la Gran Asamblea Nacional de Turquía a que se asegure de que todos los miembros del Parlamento, sin discriminación alguna, tengan garantizada la inmunidad parlamentaria frente a la expresión de opiniones políticas;

18.

Condena los actos de violencia permanentes perpetrados por el PKK y otros grupos terroristas en suelo turco, al tiempo que insta al PKK a que responda a la iniciativa política del Gobierno turco deponiendo las armas y poniendo fin a la violencia;

19.

Hace hincapié en la libertad religiosa como un valor fundamental universal y pide a Turquía que garantice esta libertad para todos; acoge con satisfacción el diálogo entablado por el Gobierno turco con representantes de las comunidades religiosas, incluida la comunidad aleví, y alienta a las autoridades a intensificar el diálogo interreligioso, a fin de establecer una comunicación constante y constructiva; no obstante, reitera de nuevo que los pasos y los gestos positivos deben desembocar en auténticas reformas del marco jurídico que permitan que estas comunidades religiosas puedan desarrollar sus actividades sin restricciones indebidas, de conformidad con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; destaca en particular la necesidad de que todas las comunidades religiosas tengan reconocida su personalidad jurídica;

20.

Acoge con satisfacción la aplicación de la Ley de fundaciones; lamenta, no obstante, que las comunidades religiosas sigan afrontando problemas en materia de propiedad, que esta ley no aborda, en lo que se refiere a los bienes embargados y vendidos a terceros o a las propiedades de fundaciones fusionadas antes de la aprobación de la nueva legislación; insta al Gobierno turco a que trate este asunto sin dilación;

21.

Reitera su preocupación acerca de los obstáculos que debe afrontar el Patriarcado Ecuménico en relación con su estatuto jurídico, la formación del clero y la elección del Patriarca Ecuménico; reitera su petición de reapertura inmediata del seminario ortodoxo griego de Halki y en favor de medidas que permitan el uso público del título eclesiástico de Patriarca Ecuménico y, en términos más generales, que creen las condiciones para la formación sin obstáculos del clero de las comunidades cristianas de Turquía;

22.

Lamenta la incertidumbre que sigue reinando acerca del reconocimiento de las casas Cem como lugares de culto de la comunidad aleví y en lo que se refiere a la educación religiosa obligatoria en las escuelas; insta al Gobierno turco a que ponga remedio a esta situación de forma sistemática;

23.

Expresa su preocupación por las dificultades que afronta la comunidad siriaca en relación con sus derechos de propiedad; señala, en particular, su inquietud ante los procedimientos judiciales relativos a la expropiación del monasterio siriaco ortodoxo de Mor Gabriel;

24.

Lamenta que el Gobierno turco siga manifestando reservas en lo que respecta a los derechos de las minorías consagrados por el Derecho internacional, que no haya firmado todavía los convenios del Consejo de Europa en este ámbito y que todavía no haya entablado un diálogo con el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); insta al Gobierno a que ajuste plenamente su política a las normas internacionales y al CEDH, y pide a todos los partidos parlamentarios que le respalden en esta labor; señala, a este respecto, las dificultades administrativas que deben afrontar las escuelas minoritarias y el anacrónico sistema de doble presidencia; insta al Gobierno, por otra parte, a que fomente de forma activa un clima de pleno respeto de las minorías, y a que garantice que los casos de hostilidad y violencia sean llevados ante los tribunales;

25.

Lamenta que, desde el Informe anual 2008 relativo a los progresos realizados por Turquía, no se hayan producido avances alentadores en relación con la población griega de las islas de Gökçeada (Imvros) y Bozcaada (Tenedos), que sigue teniendo problemas con los derechos de propiedad y la educación; insta al Gobierno turco, por consiguiente, a que busque soluciones que preserven el carácter bicultural de dichas islas, de conformidad con la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), de 27 de junio de 2008, relativa a las islas;

26.

Señala con preocupación que el marco jurídico turco sigue sin ofrecer las garantías suficientes en materia de libertad de expresión y que se sigue recurriendo indebidamente a determinadas leyes para restringir dicha libertad; pide al Gobierno turco que proponga una reforma completa del marco jurídico que garantice su compatibilidad con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; observa que la revisión del artículo 301 del Código Penal turco se ha traducido en una reducción importante de los procedimientos en comparación con años anteriores; sigue opinando, no obstante, que deberían derogarse los artículo 301 y 318;

27.

Sigue preocupado por el hecho de que Turquía no conceda el derecho de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y no exista una alternativa civil; lamenta que siga sin ejecutarse la sentencia de 2006 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Ülke contra Turquía, que exige a Turquía que modifique la legislación que permite el enjuiciamiento y la condena sistemáticos de los objetores de conciencia, y pide al Gobierno que ejecute dicha sentencia sin dilación;

28.

Manifiesta su preocupación por las continuas restricciones de la libertad de prensa, en particular en lo que se refiere a la información sobre la instrucción del caso Ergenekon y en vista de la multa sin precedentes impuesta a un grupo de comunicación y de los frecuentes cierres de sitios web; destaca que el fomento de la libertad de prensa es un indicio importante de la cultura política en una sociedad pluralista; recomienda, en este contexto y en vista de los vínculos poco saludables entre los medios de comunicación, el mundo de los negocios y la política, que se adopte una nueva ley sobre los medios de comunicación;

29.

Pide al Gobierno turco que redoble sus esfuerzos en la aplicación de la política de tolerancia cero frente a la tortura y que, con objeto de destacar la credibilidad de dichos esfuerzos, autorice la publicación del informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa; insta una vez más a la Gran Asamblea Nacional de Turquía a que ratifique el Protocolo facultativo del Convenio de las Naciones Unidas contra la Tortura; insta asimismo al Gobierno a que se esfuerce al máximo por limitar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, en particular la de las fuerzas y cuerpos de seguridad;

30.

Insta al Gobierno turco a que siga prestando atención a la erradicación de la corrupción, al aumento de la transparencia en relación con la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales y al fomento de la transparencia de la Administración en todos los niveles;

31.

Alienta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos por que la igualdad de género, garantizada por ley, sea una realidad en la práctica; considera, en particular, que debería elaborarse una estrategia para la educación y el empleo femeninos, reduciendo el empleo de mujeres en la economía sumergida; insta al Gobierno a que aproveche el potencial que brindan las organizaciones de la sociedad civil, en particular a la hora de concienciar en mayor medida a la sociedad acerca de los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia y los llamados «crímenes de honor»; señala que el Gobierno y el poder judicial deben garantizar que todos los actos de violencia y discriminación contra las mujeres sean debidamente juzgados y sus autores sancionados, y que las mujeres y los niños susceptibles de ser víctimas de la violencia o los crímenes de honor cuenten con la protección y el respaldo de las autoridades; alienta al Gobierno turco a que emprenda una campaña de comunicación eficaz dirigida a concienciar en mayor medida a la sociedad acerca de los derechos de las mujeres en todo el país;

32.

Reconoce que existe un marco jurídico para luchar contra la violencia doméstica, los crímenes de honor y los matrimonios forzados a edades tempranas, pero observa que su aplicación resulta problemática; pide, por consiguiente, a las autoridades que protejan a las víctimas incrementando el número de refugios y otros establecimientos; señala que el nivel de empleo femenino en Turquía es el más bajo de todos los países de la OCDE, y que se debería aumentar este nivel para fomentar los derechos económicos y la independencia de las mujeres;

33.

Expresa su preocupación por la falta de garantías en materia de lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual; pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que apruebe una nueva ley que prohíba toda discriminación directa e indirecta por cualesquiera razones y en todas las regiones, al tiempo que insta al Gobierno turco a que redoble sus esfuerzos dirigidos a concienciar a la sociedad acerca de los derechos humanos individuales y la lucha contra la discriminación, a fin de garantizar que se supriman de la legislación todas las disposiciones discriminatorias y se sancionen debidamente el odio y la violencia basados en la homofobia;

34.

Lamenta la falta de progresos en lo que se refiere a los derechos de los sindicatos e insta una vez más al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, presente una nueva propuesta a la Gran Asamblea Nacional de Turquía dirigida a promulgar sin más demora una nueva ley de sindicatos que sea conforme con las normas de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas las garantías relativas al derecho de huelga y negociación de convenios colectivos; expresa su preocupación por la reciente detención (a mediados de noviembre de 2009) de unos 20 sindicalistas turcos, y pide que se respeten estrictamente sus derechos sociales;

35.

Lamenta que, por cuarto año consecutivo, Turquía siga sin aplicar el Protocolo adicional al Acuerdo de asociación CE-Turquía; insta al Gobierno turco a que aplique inmediatamente dicho Protocolo adicional de forma íntegra y no discriminatoria, al tiempo que recuerda que la omisión de esta aplicación podría comprometer gravemente el proceso negociador;

36.

Reitera la obligación inequívoca de Turquía de mantener buenas relaciones de vecindad, tal como prevé el marco de negociación; destaca su compromiso de respaldar, junto con todas las demás partes, los esfuerzos dirigidos a alcanzar una solución global de la cuestión chipriota y a resolver todos los litigios fronterizos pendientes con los países vecinos, de conformidad con el principio de resolución de diferencias por medios pacíficos establecido en la Carta de las Naciones Unidas;

37.

Pide al Gobierno turco y a todas las partes interesadas que apoyen activamente las negociaciones en curso y que contribuyan con medidas concretas a alcanzar una solución global de la cuestión chipriota basada en una federación bizonal y bicomunitaria, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con los principios en los que se fundamenta la UE; pide a Turquía que facilite un clima adecuado para las negociaciones, iniciando de forma inmediata la retirada de sus fuerzas de Chipre, abordando la cuestión del establecimiento de ciudadanos turcos en la isla y permitiendo la restitución de la zona cerrada de Famagusta a sus legítimos habitantes, en cumplimiento de la Resolución 550(1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

38.

Pide al Gobierno turco que deje de obstaculizar la actividad de buques civiles que realizan prospecciones de petróleo para la República de Chipre en el Mediterráneo Oriental;

39.

Insta a Turquía a que garantice el respeto de los derechos de todas las personas desplazadas en Chipre, incluidos los de las minorías religiosas, así como el libre ejercicio de sus derechos religiosos; destaca que, en el caso de la comunidad católica maronita, deberían acordarse estas mismas libertades a los cuatro pueblos maronitas;

40.

Acoge con satisfacción la reactivación del Comité de Personas Desaparecidas (CMP) y pide a Turquía que adopte las medidas oportunas en relación con esta cuestión humanitaria;

41.

Elogia los esfuerzos diplomáticos desplegados para normalizar las relaciones con Armenia, e insta al Gobierno turco a que abra la frontera con este país; pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía y al Parlamento de Armenia que ratifiquen los correspondientes protocolos sin demora y sin condiciones previas, lo cual redundará en una mayor seguridad y estabilidad en la región del Cáucaso Meridional;

42.

Toma nota del limitado progreso alcanzado en la mejora de las relaciones bilaterales entre Turquía y Grecia; pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que retire su amenaza de casus belli y espera que el Gobierno turco ponga fin a las continuas violaciones del espacio aéreo griego;

43.

Se congratula de la mejora permanente de las relaciones con Iraq y con el Gobierno regional kurdo; reitera su llamamiento al Gobierno turco para que garantice que, al llevar a cabo cualquier operación antiterrorista, respete plenamente la integridad territorial de Iraq, los derechos humanos y el Derecho internacional y evite causar víctimas civiles;

44.

Toma nota del inicio de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Comunidad de la Energía; celebra la firma por Turquía del Acuerdo Intergubernamental sobre el gasoducto «Nabucco», cuya ejecución sigue siendo una de las mayores prioridades de la UE en materia de seguridad energética, al tiempo que solicita la apertura del capítulo sobre energía en las negociaciones de adhesión; toma nota, asimismo, de la cooperación entre Turquía, Rusia y algunos Estados miembros de la UE en el proyecto «South Stream»;

45.

Señala la importancia de Turquía como país de tránsito y destino de la inmigración irregular; pide al Gobierno turco que tome medidas urgentes que garanticen el respeto de los derechos internacionales de protección y acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo; toma nota de la reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo de readmisión UE-Turquía, e insta a Turquía a que, entretanto, aplique plenamente los acuerdos bilaterales vigentes en materia de readmisión con los Estados miembros; insta al Gobierno turco a que refuerce su cooperación con la UE en materia de gestión de la migración, la lucha contra la delincuencia transfronteriza y la trata de seres humanos; señala, en este mismo contexto, los esfuerzos desplegados por Turquía con miras a concluir un acuerdo de trabajo con Frontex;

46.

Toma nota de la creciente actividad de la política exterior turca y aprecia sus esfuerzos por aportar soluciones a varias regiones en crisis; pide al Gobierno turco que refuerce la coordinación de la política exterior con la UE, en particular por lo que respecta a Irán; reconoce el papel de Turquía como socio importante de la UE para la consecución de los objetivos de la política exterior de la Unión en la región del Mar Negro, Asia central y el gran Oriente Próximo; insta al Consejo y a la Comisión a que exploten mejor el potencial de unas relaciones más estrechas entre la UE y Turquía en estas regiones;

47.

Aprecia la contribución sostenida de Turquía a la Política Europea de Seguridad y Defensa y a las operaciones de la OTAN; lamenta, no obstante, que Turquía siga bloqueando con sus objeciones toda cooperación estratégica OTAN-UE que trascienda los acuerdos «Berlín Plus», lo cual repercute negativamente en la protección del personal de la UE desplegado en la región, e insta a Turquía a que abandone cuanto antes dichas objeciones;

48.

Pide una vez más al Gobierno turco que firme y someta a ratificación el Estatuto de la Corte Penal Internacional, acrecentando así la contribución de Turquía al sistema multilateral mundial y su compromiso con el mismo;

49.

Pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que analice las sinergias entre las políticas exteriores de la UE y de Turquía, y que haga un mayor uso de ellas con miras a contribuir a la seguridad y la estabilidad mundiales;

50.

Insta a Turquía a que actúe con pragmatismo y haga cuanto sea posible para garantizar el éxito de las negociaciones entre los dirigentes grecochipriotas y turcochipriotas, que entran ahora en una fase crítica; señala que ésta será posiblemente la última oportunidad de solucionar la prolongada división de la isla; acoge con satisfacción la valoración positiva, por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, de los esfuerzos decididos de los dirigentes de las dos comunidades chipriotas, el Sr. Christofias y el Sr. Talat, por alcanzar una solución global;

51.

Opina que la solución de la cuestión chipriota redundará en una mayor estabilidad, prosperidad y seguridad en la región del Mediterráneo oriental y permitirá una rápida mejora de las relaciones UE-OTAN, al tiempo que desbloqueará el propio proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea; propone, por tanto, que Turquía se asocie a las demás fuerzas garantes, Grecia y el Reino Unido, en el compromiso de respaldar todo acuerdo que puedan alcanzar Dimitris Christofias y Mehmet Ali Talat para la reunificación de Chipre que cuente con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

52.

Toma nota del Informe Especial no 16/2009 del Tribunal de Cuentas, en el que se detectan una serie de insuficiencias en la gestión de la ayuda de preadhesión a Turquía; señala no obstante que, de acuerdo con la evaluación del Tribunal, los proyectos fiscalizados produjeron los resultados previstos y es probable que dichos resultados sean sostenibles; pide a la Comisión que aplique las recomendaciones del Informe del Tribunal de Cuentas en la prestación de asistencia en el marco del Instrumento de preadhesión (IPA), especialmente para dar prioridad a los objetivos y, por consiguiente, a los proyectos conformes con los criterios de adhesión; pide en concreto a la Comisión que emprenda una evaluación de todo el programa de ayuda de preadhesión y que informe al Parlamento Europeo sobre su aplicación;

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Secretario General del Consejo de Europa, al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía.