19.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 312/86

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3-6

7-13

1.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (en lo sucesivo denominado «el Observatorio») fue creado en virtud del Reglamento (CEE) no 302/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993 (1). Su misión principal consiste en recopilar información sobre el fenómeno de las drogas y las toxicomanías en Europa, con el fin de elaborar y difundir datos fiables y comparables a escala europea. La información debe servir al análisis de la demanda de drogas y de los medios para reducir esta, así como de los fenómenos relacionados con el mercado de la droga en general.

2.

El cuadro 1 presenta de forma sintética las competencias y actividades del Observatorio, mientras que los cuadros 2, 3 y 4 contienen información clave obtenida a partir de los estados financieros elaborados por dicho organismo en relación con el ejercicio 2005.

3.

La presente declaración está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (2), y fue formulada a raíz del examen de las cuentas del Observatorio, conforme al artículo 248 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

4.

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CEE) no 302/93, las cuentas del Observatorio correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2005 (3) fueron elaboradas por su director, tras lo cual se transmitieron al Tribunal para que emitiera su declaración sobre la fiabilidad de dichas cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

5.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con sus políticas y normas en la materia, que resultan de la adaptación de las normas internacionales de auditoría al ámbito comunitario. La fiscalización fue planeada y llevada a la práctica con el fin de obtener garantías razonables de que las cuentas son fiables y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares.

6.

El Tribunal ha obtenido de este modo una base razonable para emitir la declaración siguiente.

7.

El porcentaje de utilización de los créditos de compromiso es superior al 90 %, mientras que el porcentaje de utilización de los créditos de pago asciende tan solo al 85 %. Los gastos de funcionamiento presentan un porcentaje de prórroga importante, es decir, próximo al 40 %. Esta situación se debe a una concentración de las adquisiciones al final del ejercicio con los riesgos que entraña para la calidad de los procedimientos de compra. El Observatorio debería controlar mejor su política en materia de contratos para evitar prórrogas de créditos que obstaculicen la gestión.

8.

Con el fin de responder a las necesidades de su gestión, el Observatorio elaboró un presupuesto por actividades. Es preciso desarrollar esta iniciativa, con vistas a mejorar el seguimiento de su ejecución y la evaluación de su eficacia, mediante la introducción de una contabilidad analítica que permita distinguir los costes de las diversas actividades del Observatorio.

9.

En su informe anterior, el Tribunal había observado que, en relación con las cuentas bancarias, únicamente el contable estaba autorizado a firmar y el Observatorio se había comprometido a instaurar un sistema de doble firma. En febrero de 2006 aún no se disponía de este sistema.

10.

Los sistemas de inventario de los bienes inmovilizados no están integrados en la contabilidad general. Al no disponerse de un sistema de etiquetado fiable, la trazabilidad de los bienes registrados en el inventario no está asegurada.

11.

Los procedimientos de contratación de personal contienen debilidades. En el caso de un procedimiento de selección, la composición del comité de selección no se basó en el principio de paridad exigido en el Estatuto (4). En otro caso se eligió a un candidato que no había obtenido los mejores resultados en el procedimiento de selección.

12.

Al final de 2004, un agente fue enviado en misión de larga duración (dos años) a Bruselas. Los objetivos de dicha misión, cuyo coste (sueldos e indemnizaciones) se elevaba al final de 2 005 a unos 70 000 euros, no han podido esclarecerse y el volumen de las actividades del agente en cuestión fue escaso. Cuando se interrumpió la misión, el agente fue asignado a la Comisión y, al mismo tiempo, continuó siendo retribuido por el Observatorio.

13.

El control de la adjudicación y celebración de los contratos reveló anomalías diversas. En dos ocasiones no se respetó el plazo mínimo de recepción de las ofertas a partir de la fecha de invitación a licitar. En el caso de un procedimiento de contratación complementaria, el valor de los trabajos excedía los límites reglamentarios. En dos expedientes examinados, la designación de los miembros de la comisión de apertura de las ofertas y del comité de evaluación no fue objeto de una decisión formal. En un último caso, el valor del contrato se había subestimado claramente, infringiéndose así el principio de igualdad de trato entre licitadores.