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Document 52006AE1581

    Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de acción sobre administración electrónica i2010: Acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos COM(2006) 173 final

    DO C 325 de 30.12.2006, p. 78–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    ES

    Diario Oficial de la Unión Europea

    C 325/78


    Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de acción sobre administración electrónica i2010: Acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos»

    COM(2006) 173 final

    (2006/C 325/19)

    El 25 de abril de 2006, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

    La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de noviembre de 2006 (ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER).

    En su 431o Pleno de los días 13 y 14 de diciembre de 2006 (sesión del 14 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 114 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

    1.   Conclusiones y recomendaciones

    1.1

    El CESE apoya el plan de acción presentado por la Comisión, pues su puesta en marcha implicará que las administraciones públicas de la Unión impulsen una economía basada en el conocimiento que genere un crecimiento económico sostenible, acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social.

    1.2

    El CESE considera que la ejecución del plan de acción puede ayudar a evitar la marginación personal y laboral de diferentes grupos sociales y mejorar la calidad y estabilidad del empleo, impedir la desigualdad digital, promover la universalización de los servicios de proximidad, atender integralmente a colectivos dependientes y en definitiva cohesionar la sociedad ante desigualdades hasta ahora inexistentes. Se deben adoptar las medidas oportunas para impedir la existencia de «ciudadanos de segunda».

    1.3

    La adaptación de las administraciones públicas a los servicios digitales comportará su modernización, en términos de mejora de calidad, agilidad y rendimiento de los servicios a los ciudadanos, eficiencia en el uso de los recursos públicos, reducción de costes, satisfacción de los usuarios, integración entre administraciones públicas y simplificación administrativa.

    1.4

    El CESE recomienda insistentemente el establecimiento de objetivos que tengan como finalidad cumplir el criterio de cobertura plena en lo referente al acceso a los servicios de banda ancha, para la difusión de Internet como herramienta de información y comunicación. La confianza en este instrumento de los ciudadanos dependerá del grado de seguridad que se pueda transmitir en su utilización, lo que afectará a la administración digital y a los servicios que se pueda prestar a los ciudadanos.

    1.5

    El CESE lamenta que el plan de acción no se refiera, en ningún momento, al papel de la sociedad civil organizada en la consecución de los objetivos de participación del público en la adopción de las decisiones democráticas. La sociedad civil organizada, como eje de la democracia participativa, debe desempeñar un papel fundamental en la futura «democracia digital».

    2.   Propuesta de la Comisión

    2.1

    La Comisión presenta en este documento su plan de acción sobre administración electrónica, parte integrante de su iniciativa i2010 a favor del crecimiento y el empleo en la sociedad de la información, con el objeto de contribuir de manera significativa a la Estrategia de Lisboa y a otras políticas comunitarias europeas.

    2.2

    Considera importante acelerar la administración con vistas a la modernización y la innovación, ya que surgen necesidades y demandas nuevas, como unos servicios públicos sin discontinuidad en las fronteras, y oportunidades de los ciudadanos en materia de movilidad y negocios en Europa.

    2.3

    Con este plan de acción, la Comisión se propone:

    acelerar la obtención de beneficios tangibles por parte de todos los ciudadanos y empresas;

    garantizar que la administración electrónica a nivel nacional no cree nuevos obstáculos al mercado único debidos a la fragmentación y la ausencia de interoperabilidad;

    extender los beneficios de la administración electrónica a nivel de la UE, haciendo posible la obtención de economías de escala en las iniciativas de los Estados miembros y cooperando para hacer frente a los retos comunes europeos;

    garantizar la cooperación de todas las partes interesadas en la UE en la concepción y la realización de la administración electrónica.

    2.4

    El plan se estructura en torno a cinco objetivos en materia de administración electrónica con metas concretas para 2010:

    Promover la inclusión a través de la administración electrónica de manera que para 2010 todos los ciudadanos se beneficien de unos servicios de confianza e innovadores, así como de un acceso sencillo.

    Esto implica el reto de combatir la brecha digital y la oportunidad de aplicar unas políticas de inclusión apoyadas en las TIC, para que todos los ciudadanos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos, puedan beneficiarse plenamente.

    La eficiencia y la eficacia deben hacerse realidad, contribuyendo de forma significativa, para 2010, a la satisfacción de usuarios, a la transparencia y la rendición de cuentas, al aligeramiento de la carga administrativa y a la mejora de la eficiencia.

    Para ello pretende, por una parte, establecer un marco común de medición orientado al impacto/beneficio que incluye la evaluación comparativa utilizando indicadores comunes y el aprendizaje basado en casos con indicadores medibles.

    Y por otra, comunicar y compartir más las experiencias, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

    Implantar servicios clave de gran repercusión para los ciudadanos y las empresas, de manera que, para 2010, el 100 % de la contratación pública esté disponible en forma electrónica, alcanzando el uso real el 50 %, con un acuerdo de cooperación sobre otros servicios en línea al ciudadano de gran repercusión, tales como los servicios de movilidad del ciudadano (como la mejora de los servicios de búsqueda de empleo en toda Europa, los servicios de la seguridad social relativos a las historias clínicas de los pacientes o las recetas electrónicas) o la devolución del IVA.

    Establecer las herramientas clave que permitan a ciudadanos y empresas beneficiarse, para 2010, de un acceso auténticamente cómodo, seguro e interoperable a los servicios públicos en toda Europa como, por ejemplo, las tarjetas de identidad nacionales armonizadas o el establecimiento de medidas reguladoras para el desarrollo de la identificación y autenticación electrónica en los servicios públicos.

    Demostrar para 2010 unas herramientas que permitan el debate y la participación del público efectivos en la adopción de decisiones democráticas, abordando muchas preguntas y preocupaciones que van desde la inclusión hasta la calidad de la adopción de decisiones.

    3.   Observaciones generales

    3.1

    Como valoración global, el Comité considera positivamente el plan de acción de la Comisión, que tiene unos objetivos ambiciosos que se deben conseguir. El Comité comparte la definición de sus objetivos y la oportunidad política de su presentación, en cuanto al impulso que da a los objetivos fijados en la Estrategia de Lisboa, para hacer que Europa se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo.

    3.2

    El CESE reitera (1) que si se quiere que los objetivos de Lisboa sean alcanzables realmente, la Unión Europea debe presentar un enfoque coherente, dinámico y progresista tanto en lo relativo a los objetivos de la Unión como a las dinámicas institucionales. El impulso de una administración electrónica, desde luego, es un instrumento útil para alcanzar dichos objetivos.

    3.3

    Alcanzar el criterio de cobertura plena en lo referente al acceso a los servicios de banda ancha es una prioridad, para lo cual hay que extender las infraestructuras en áreas con demanda desatendida, al objeto de asegurar el acceso a estos servicios, y fomentar las redes y servicios de banda ancha y móviles.

    3.4

    La ejecución, en sus diferentes niveles territoriales, de las medidas contempladas en el plan de acción y el intercambio de sus experiencias tendrán una evidente repercusión en el funcionamiento del mercado interior, especialmente en la contratación pública, así como en los aspectos cotidianos de la ciudadanía de la Unión, con un incremento de su calidad de vida y del bienestar de los ciudadanos.

    3.4.1

    El plan de acción concierne a derechos básicos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales, tales como la «buena administración», la «protección de datos de carácter personal», el «derecho de acceso a los servicios de colocación», la «protección de la salud» y el «acceso a los servicios de interés general».

    3.4.2

    El CESE espera que la ejecución de los objetivos del plan de acción salvaguarden el actual nivel de protección, evitando que con un mayor desarrollo tecnológico pueda producirse un descenso en el nivel de protección de estos derechos.

    3.5

    Para incrementar la confianza entre la administración y los ciudadanos resultan necesarias unas medidas de seguridad proporcionadas, suficientes y adecuadas a su coste, naturaleza, importancia de los datos y las operaciones protegidas.

    3.6

    El CESE ya se ha pronunciado sobre la necesidad de un enfoque político europeo de la seguridad de las redes y de la información (2), considerando que la inversión en la mejora de la seguridad de las redes genera unos costes y beneficios sociales que no están correctamente reflejados en los precios del mercado.

    3.7

    Próximamente, el CESE se pronunciará respecto a la seguridad de las redes en el plan de acción i2010 de una forma más pormenorizada (3).

    3.8

    Los canales de «cooperación» para la futura operatividad del plan de acción entre las instituciones de la UE y las administraciones públicas de los Estados miembros hay que reforzarlos estableciendo cauces adecuados que, a la vez, ayuden a realizar eficazmente una evaluación de los resultados.

    3.9

    Es deseable crear estructuras de cooperación entre las distintas administraciones públicas de manera que el ciudadano pueda usar nuevos servicios con independencia de cuál sea la administración que los proporcione. Además permitiría el desarrollo conjunto de aplicación y una mejor integración de soluciones existentes.

    3.10

    El CESE reitera la necesidad de que, a nivel europeo, se impulsen los servicios públicos europeos (4) (aduanas, Galileo, tarjeta sanitaria europea, cooperación judicial civil tal como la obtención de pruebas, notificación y traslado de documentos y otros nuevos como la matrícula europea o el carnet de conducir europeos) vinculando a las diferentes administraciones públicas en estos sectores.

    3.11

    Una de las carencias del plan de acción es la insuficiencia de instrumentos económicos supranacionales (IST, IDA) para facilitar el cambio humano y tecnológico previsto. Ello es especialmente acuciante en relación con los nuevos Estados miembros y con los de las próximas ampliaciones de la UE.

    3.12

    En este sentido, para evitar una situación a varias velocidades en el ámbito de «e-government» entre los Estados miembros de la UE debe diseñarse previamente una acción institucional «ad hoc» que aborde la dotación de un fondo para la modernización de dichas administraciones públicas así como un tratamiento jurídico diferenciado –con plazos más amplios de implementación– para que éstas puedan cumplir con los objetivos establecidos en el Plan.

    3.13

    Por su parte, tanto el BEI como la Comisión deberían contemplar igualmente instrumentos económicos para dinamizar la económica europea en el ámbito de aplicación de este plan de acción.

    4.   Observaciones específicas

    4.1

    La informatización de la sociedad constituye un reto de desarrollo y competitividad, pero también de cohesión social, territorial y de igualdad de oportunidades. Entre las desigualdades de impacto más decisivo para el futuro de los individuos o de los territorios está el lugar que se ocupa a un lado u otro de la «brecha digital».

    4.2

    El objetivo prioritario debe ser evitar, estrechar o corregir por completo la existencia misma de la «brecha digital», lo que requiere políticas activas inmediatas en el sistema de promoción o provisión, especialmente, en las zonas menos adaptadas al nuevo entorno tecnológico. Junto a ello, se deben prever intensos programas de alfabetización dirigidos a segmentos específicos de la población, incluida la relativa a la formación profesional.

    4.3

    El CESE considera que debe procederse a una implantación, gestión, desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras y recursos de todo tipo, incluidos los humanos, necesarios para desplegar la acción de las diferentes administraciones públicas en materia de formación y capacitación en TIC, con el fin de disponer de una organización eficiente a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea que permita promover y atender la alfabetización digital, así como el fomento de la conectividad a Internet.

    4.3.1

    Para atender a la alfabetización digital deben estimularse acciones tales como la implantación y gestión integral de aulas plenamente equipadas y operativas para impartir los curso de alfabetización digital, la formación de formadores, ayudas a la conectividad, o cheques «Internauta» asociados al aprovechamiento óptimo de los cursos impartidos y con los que financiar parcialmente la adquisición y acceso a bienes y servicios TIC, fundamentalmente Internet.

    4.3.2

    Los contenidos y servicios para la alfabetización digital tendrían que basarse en el diseño y puesta en marcha, seguimiento y control de la acción formativa y de soporte a la realización de los cursos de internauta.

    4.3.3

    Habría que impulsar medidas tales como el desarrollo de «campus virtuales» para la gestión del nivel medio de internauta, a la vez que proveer de contenidos formativos multilingües debidamente acreditados para el nivel medio de internauta. Los servicios digitales de la administración pública pueden fomentar la diversidad lingüística, el aprendizaje de idiomas y favorecer el multilingüismo en la UE.

    4.4

    Debe procederse a la adaptación de los portales de las administraciones públicas a los máximos estándares internacionalmente aceptados en materia de accesibilidad, fundamentalmente, los niveles óptimos de las normas WAI, promoviendo igualmente todo tipo de medidas, tanto normativas como tecnológicas u organizativas que consoliden unas TIC accesibles y unas administraciones públicas en toda la Unión Europea interoperables.

    4.5

    La eliminación de las «barreras mentales» que, en ocasiones, dividen a las personas debe ir de la mano de la eliminación de las barreras físicas. El CESE considera que la accesibilidad, tanto a los espacios físicos como a los sistemas y medios de comunicación, o el reconocimiento legal del lenguaje de signos, son pasos cruciales que se están dando en esta apertura a la plena ciudadanía.

    4.6

    La transparencia implica fomentar el libre juego de la información, garantizar la objetividad, ofrecer información con veracidad y puntualidad, evitando la posibilidad de opacidad en la actividad de las administraciones.

    4.7

    La información pública relevante y actualizada está en el núcleo de la relación democrática entre el gobierno y los ciudadanos. Solo así se puede acceder al conocimiento de lo público, participar en las decisiones, evaluar la gestión y comportamientos.

    4.8

    En definitiva, se trata de canalizar todo el potencial de las TIC para conseguir una mejor administración, más eficiente, más próxima a los ciudadanos y que preste unos servicios públicos digitales útiles y de calidad en la incorporación de ciudadanos y empresas a la sociedad de la información.

    4.9

    Estas actuaciones deberían abarcar como mínimo, en todos los Estados miembros y en un plazo razonable, lo siguiente:

    garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas;

    establecer los mecanismos para que la oferta de servicios en línea se corresponda con la demanda existente, creando un catálogo claro de servicios electrónicos;

    garantizar la existencia de canales adecuados para que todos los ciudadanos y empresas puedan hacer uso de los servicios proporcionados por las administraciones públicas.

    4.10

    Habrá que proceder, en muchos supuestos, a una inmersión tecnológica de las empresas de la Unión Europea, singularmente de las pymes, desplegando acciones técnicas y de asesoría especializada y personalizada a los sectores empresariales de la UE, especialmente a aquellos con mayores carencias en TIC, a través de «agentes de desarrollo tecnológico», y de la constitución de «agencias de desarrollo tecnológico» a nivel estatal, regional y local.

    4.11

    Dichas actuaciones se deben complementar con otras acciones de diseminación y divulgación, con iniciativas de formación y capacitación en TIC, así como a través de incentivos para el acceso de calidad a Internet y las TIC en general por parte de las pymes.

    4.12

    A través de acciones de impulso tecnológico TIC se puede incorporar las pymes de la UE dentro de la economía del conocimiento, promoviendo la creación de entornos productivos innovadores, dinamizando las redes empresariales, así como mediante la generación, intercambio y transferencia eficiente de tecnología y de conocimiento.

    4.13

    En concreto, se puede impulsar la generación de soluciones tecnológicas o de gestión aplicables a los sectores productivos de la UE; la realización de benchmarking en relación con el grado de desarrollo de las TIC en los diferentes sectores productivos; el establecimiento de centros compartidos de gestión tecnológica o de desarrollo de procesos (parques sectoriales de soluciones TIC); la creación de centros de prestación de servicios a las pymes de diferentes sectores productivos, vinculándolos con los centros de I+D+i en TIC (talleres TIC sectoriales); el impulso de redes empresariales B2B o B2C; el impulso de mecanismos de financiación de capital-riesgo TIC y similares; la creación de webs que contengan un catálogo de servicios a ofrecer a los sectores y empresas que se suscriban a la misma; y la implantación de foros digitales y de directorios «en línea» de pymes.

    4.14

    En cuanto a la seguridad, se deberían impulsar la constitución de centros especializados para la prevención, resolución, anticipación/proactividad e I+D+i de seguridad informática y TIC a través de soluciones tecnológicas específicas fundamentalmente para empresas y administraciones de la UE a fin de generar confianza en la red y dinamizar el comercio electrónico y la i-administración.

    4.15

    Actualmente, tanto los partidos políticos como las organizaciones de la sociedad civil organizada pueden comunicarse con los ciudadanos de una forma más rápida y eficaz, y reclaman a sus respectivos Gobiernos que los nuevos medios de comunicación, y en particular Internet, se conviertan en una vía normal para acceder y relacionarse con la administración, para participar directamente en la elaboración de decisiones colectivas, para ejercer los derechos políticos, incluyendo, en según qué casos la expresión del propio voto.

    4.16

    El CESE lamenta que el plan de acción no se refiera al papel de la sociedad civil organizada en la consecución de los objetivos del mismo, especialmente, del refuerzo de la participación y de la adopción de decisiones democráticas en Europa.

    4.17

    El CESE pretende sostener, hacer un seguimiento y verificar, a nivel comunitario, la iniciativa en materia de inclusión de la accesibilidad, para superar la brecha digital y el atraso tecnológico que puede causar en determinados sectores de la sociedad la implantación del «e-government».

    4.18

    Para la consecución de este objetivo es imprescindible promover las reformas que favorezcan la transmisión fluida de información, la comunicación en red, el diálogo directo entre los ciudadanos y los poderes públicos, incrementado el capital social y democrático y reforzando los espacios digitales comunes.

    4.19

    La calidad de la democracia depende en buena medida del funcionamiento de las administraciones públicas. Necesitamos unas administraciones modernas y flexibles, que se organicen en función de los problemas de los ciudadanos, para ser capaces de anticipar los problemas y resolverlos. Y que sean transparentes en su funcionamiento, para que los ciudadanos confíen en ellas y las perciban cercanas.

    4.19.1

    El CESE, como partidario de la democracia participativa, estima que esa participación desarrolla la educación cívica, facilita la gobernabilidad e incrementa la salud del sistema político.

    4.19.2

    Hay que realizar un análisis y seguimiento de la situación y evolución de la sociedad tecnológica y del conocimiento en la Unión Europea, sobre bases metodológicas y análisis científicos y estadísticos rigurosos, con atención preferente a la inmersión tecnológica de los colectivos con necesidades especiales, a fin de determinar con rigor las acciones tendentes a eliminar con eficiencia la «brecha digital», contribuyendo al uso y aplicación intensiva de las TIC en la sociedad europea y singularmente entre tales colectivos.

    Bruselas, 14 de diciembre de 2006.

    El Presidente

    del Comité Económico y Social Europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa»DO C 120 de 20/05/2005 p. 0079 — 0088 aprobado en el Pleno del 27.10.2004. Ponente: Sr. Vever; coponentes Sres. Ehnmark y Simpson.

    (2)  Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al ComitéEconómico y Social y al Comité de las Regiones — Seguridad de las redes y de la información: Propuesta para un enfoquepolítico europeo». DO C 48 de 21.2.2002, p. 0033-0041 (aprobado en el Pleno del 28.11.2001. Ponente Sr. Retureau. Punto 3.2.1; 3.11).

    (3)  Proyecto Dictamen Ponente: Sr. Pezzini. DO C 318 de 23.12.2006.

    (4)  Dictamen, aprobado en el Pleno del 14.09.2006. Ponente: Sr. Vever. DO C 318 de 23.12.2006


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