7.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 31/32

1.1

acoge muy favorablemente el compromiso de elaborar una nueva Agenda Social para el período 2005-2010, se adhiere plenamente a sus objetivos y valora positivamente las estrategias y el abanico de instrumentos previstos para alcanzar dichos objetivos, resumidos bajo el lema «Una Europa social en la economía mundial: empleos y nuevas oportunidades para todos»;

1.2

aprecia especialmente el hecho de que, a pesar de la ralentización del crecimiento europeo y de los resultados insatisfactorios obtenidos hasta ahora en la aplicación de la Estrategia de Lisboa, se vuelvan a proponer en el ámbito de las políticas sociales los mismos objetivos de esta estrategia, a fin de privilegiar la dimensión social del crecimiento económico, y se reactive el modelo social europeo que, como afirmó el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, se basa en «un buen funcionamiento de la economía, en un alto nivel de protección, educación y diálogo social»;

1.3

aprueba los principios que fundamentan la Agenda Social, como el enfoque integrado, la promoción de la calidad del empleo, la modernización de los sistemas de protección y, por último, la toma en consideración del «coste de la falta de una política social»;

1.4

considera, sin embargo, que en algunos casos los objetivos se han definido de manera general y requieren una articulación más precisa en cuanto a la definición de los instrumentos operativos que se deben utilizar y de los plazos que se deben fijar;

1.5

reconoce que se debe tener en cuenta el principio del «coste de la falta de una política social», ya que las políticas sociales pueden contribuir tanto al logro de los objetivos sociales como económicos. En efecto, éstas no sólo sirven para luchar contra la exclusión social, sino que también pueden contribuir a mejorar los resultados económicos, aumentando, por ejemplo, la capacidad de adaptación de la economía a las transformaciones que se producen a escala internacional. En consecuencia, la falta o la inadecuación de las políticas sociales tiene repercusiones negativas concretas en el potencial del crecimiento económico;

1.6

lamenta, a pesar de la valoración globalmente positiva expresada hasta ahora, que la Agenda Social no mencione explícitamente ni el papel ni la responsabilidad que incumben a los entes locales y regionales, máxime si se tiene en cuenta que en la mayor parte de los países europeos corresponde precisamente a estos entes la definición operativa y la aplicación de las políticas sociales;

1.7

considera, a este respecto, que la participación activa de los entes locales y regionales y las consiguientes acciones realizadas por éstos en aplicación del principio de subsidiariedad sancionado por el proyecto de Constitución Europea y por las orientaciones recogidas en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea publicado en 2001 (3Comunicación acerca del diálogo permanente y sistemático con las asociaciones de entes territoriales sobre la elaboración de las políticas3) serán unas de las condiciones para el éxito de la realización de los objetivos de la Agenda Social;

1.8

expresa el deseo de que, precisamente a través de las instituciones de proximidad, se actúe con el fin de reducir las divergencias y los desequilibrios existentes entre los distintos Estados miembros y de promover la difusión de los mejores aspectos del modelo social europeo, adoptando a tal fin las mejores prácticas en vez de alinearse con la situación de los Estados miembros con mayor retraso en el ámbito de las políticas sociales.

Respecto a las estrategias, los objetivos, los instrumentos y las propuestas de la Comisión.

2.1

consciente de que Europa se encuentra en una etapa en la que sus ciudadanos manifiestan una gran inquietud (la ralentización del crecimiento, la reducción del poder adquisitivo, el envejecimiento de la población, la toma de conciencia del papel secundario desempeñado por la UE en el escenario internacional, las dificultades que afrontan los sistemas de protección social y la persistencia de capas sociales pobres y marginadas económica y socialmente son factores que generan un sentimiento de miedo y una actitud defensiva, al tiempo que alimentan antiguos y nuevos egoísmos localistas), el Comité aprueba la idea de colocar el aumento de la confianza en el centro de la estrategia social europea;

2.2

considera importante emprender una decidida acción encaminada a difundir una información correcta para disipar los miedos de los ciudadanos, tanto de los antiguos como de los nuevos Estados miembros;

2.3

recuerda, sin embargo, la necesidad de que, paralelamente a los esfuerzos dirigidos a mejorar la comunicación, se persigan unos objetivos apreciables y unas mejoras inmediatamente perceptibles de las condiciones de vida y trabajo. Estos objetivos deberán adaptarse a las distintas situaciones y prioridades de los diferentes Estados miembros y deberán contar con una fuerte participación de los entes locales y regionales.

3.1

considera que el abanico de instrumentos disponibles (la legislación, el diálogo social, los instrumentos financieros) debe emplearse resueltamente para contrarrestar la desconfianza reinante;

3.1.1

destaca el avance que supone la incorporación al proyecto de Tratado Constitucional de una cláusula social general (artículo III-117), según la cual a partir de ahora se deberá tener en cuenta la dimensión social en todas las políticas comunitarias;

3.2

valora positivamente la complementariedad entre la Agenda Social, la Estrategia de Lisboa y la estrategia de desarrollo sostenible que debe interactuar con todas las políticas comunitarias. Este enfoque integrado permitirá realizar progresos reales en las políticas sociales y de empleo, siempre y cuando el instrumento de evaluación de impacto elaborado por la Comisión tenga en cuenta el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo previsto en el proyecto de Tratado Constitucional;

3.3

pide a la Comisión que aplique el método abierto de coordinación, integrando el actual enfoque exclusivamente intergubernamental, mediante la participación de los entes locales y regionales, que serán los principales protagonistas de la gestión de los instrumentos financieros de la Agenda y, en particular, de los capítulos «Convergencia» y «Competitividad regional y empleo»;

3.4

considera imprescindible que se proceda con determinación a generalizar el acervo comunitario, insistiendo en que la legislación de los Estados miembros incorpore progresivamente los principios y las normas mínimas europeas, a fin de corregir las divergencias y los desequilibrios existentes entre los diferentes Estados miembros;

3.5

considera que, un año después de la adhesión de los nuevos Estados miembros, sería conveniente que la Comisión realizara un balance de la restricción impuesta a los trabajadores provenientes de los nuevos Estados miembros para acceder al mercado laboral en la antigua UE-15. En particular, sería interesante valorar el impacto estructural de esta prohibición en la situación de las relaciones laborales;

3.6

considera que la restricción impuesta a los trabajadores provenientes de los nuevos Estados miembros para acceder al mercado laboral en la antigua UE-15, así como el actual debate en torno a la propuesta de la Comisión de una directiva sobre los servicios en el mercado interior demuestran la necesidad de revisar la Directiva 96/71 CE relativa al desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios.

4.1

reconoce la importancia de adoptar un nuevo enfoque intergeneracional dirigido a proporcionar más y mejores perspectivas a los jóvenes. El aumento de la confianza y la reactivación de los objetivos de la Estrategia de Lisboa no pueden prescindir del papel central desempeñado por los jóvenes. Se remite, a este respecto, al Dictamen (EDUC-37, 2004) sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa “La juventud en acción” para el periodo 2007-2013»;

4.2

expresa su acuerdo con la decisión de entablar un profundo debate en 2005 respecto al Libro Verde sobre la dimensión intergeneracional;

4.3

considera que el intenso debate sobre el envejecimiento de la población y la reforma de los regímenes de pensiones debe ir acompañado de una evaluación detallada y de la consideración de los actuales procesos de degradación de la situación de los jóvenes, en términos de seguridad de ingresos, así como de perspectivas de empleo y de carrera. Sin descuidar los problemas persistentes de los ciudadanos de más edad, también conviene prestar atención, en el marco de un enfoque integrado, a las condiciones de las demás capas sociales que pueden ser objeto de exclusión;

4.4

acoge muy favorablemente la idea de crear una asociación intergeneracional que, por una parte, consiga valorizar las experiencias de las personas de más edad y les permita permanecer entre la población activa, y, por otra, brinde oportunidades de integración a los más jóvenes. A este respecto, invita a la Comisión a emprender experiencias y difundir buenas prácticas e iniciativas específicas encaminadas a facilitar los encuentros intergeneracionales;

4.5

concede gran importancia, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión, a la asociación en todos los niveles, que considera como un instrumento esencial para construir ese capital social que parece hoy amenazado por la persistencia de un tímido crecimiento económico y por la lentitud de la realización de los objetivos de Lisboa, y, sobre todo, del más importante: un trabajo digno para todos los ciudadanos europeos;

4.6

destaca la necesidad de llevar a cabo acciones específicas allí donde la práctica de la asociación esté menos arraigada por razones históricas y socioeconómicas;

4.7

respalda plenamente la importancia de la dimensión exterior de la UE. Europa puede y debe desempeñar un papel activo en el escenario internacional, sobre todo para promover un trabajo «digno» para todos y garantizar unas normas equitativas en el comercio y los intercambios internacionales, así como para proteger y apoyar, en una economía mundializada, el modelo social europeo y sus principios de dignidad humana, justicia social y solidaridad;

4.8

considera que deben darse al menos otras dos condiciones para que se logre aumentar la confianza de los ciudadanos: i) que sean muy conscientes de las oportunidades existentes a nivel europeo; ii) que posean los medios necesarios para aprovechar estas oportunidades, por ejemplo, los conocimientos lingüísticos. Por lo tanto, insta a la Comisión Europea a dedicar tanta atención a estas condiciones como a las demás.

5.1

se adhiere totalmente a la estrategia consistente en mantener el empleo en el centro de la Agenda Social, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Efectivamente, el empleo, junto con las cuatro prioridades propuestas en el «Informe Kok», sigue siendo el principal instrumento para luchar contra la exclusión social y promover un crecimiento económico sostenible y duradero;

5.2

apoya la elaboración de un Libro Verde sobre la evolución del Derecho laboral. En efecto, la generalización de nuevas formas de trabajo requiere imperativamente adaptar los instrumentos normativos del Derecho laboral;

5.3

considera que es necesario adoptar medidas en este ámbito para evitar que la flexibilidad del empleo, imprescindible para la modernización del mercado laboral y la competitividad, conduzca a un empeoramiento de las condiciones de seguridad de los trabajadores o aumente su riesgo de exclusión social;

5.4

considera que el diálogo social sigue siendo, en este ámbito, un instrumento fundamental que se debe mantener y reforzar por todos los medios, con el fin de promover los cambios, gestionarlos y hacer que sean socialmente equitativos;

5.5

aprecia la intención de la Comisión de proponer una nueva estrategia para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo con el fin de garantizar la prevención, la salud y la seguridad de los trabajadores;

5.6

observa con interés la perspectiva de un mercado de trabajo europeo. Sin embargo, expresa el deseo de que este objetivo no se limite simplemente a perseguir la movilidad de los trabajadores entre los Estados miembros, sino que trate más bien de extender las reglas y normas que regulan el funcionamiento del mercado de trabajo y consiguen conciliar las máximas garantías con la mayor eficacia y productividad;

5.7

considera que puede ser útil, en este contexto, considerar favorablemente la perspectiva de contratos colectivos transnacionales;

5.8

de la misma manera, está a favor del fomento de la responsabilidad social de las empresas;

5.9

también está a favor del fomento de una coordinación mayor y más eficaz de los regímenes de seguridad social.

6.1

reconoce que la modernización de la protección social, incluida su viabilidad financiera, es un elemento clave de la evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa, pero reitera que este proceso de «modernización» debe tener por objetivo irrenunciable el logro de una sociedad más solidaria y de la igualdad de oportunidades para todos;

6.2

considera, a la vista de las observaciones anteriores, que los entes locales y regionales deberán desempeñar un papel central en este proceso de modernización y que el método abierto de coordinación (MAC) deberá hacerse extensivo a las comunidades territoriales infranacionales;

6.3

se adhiere a las propuestas encaminadas a racionalizar el MAC mediante una lista única de objetivos comunes en los sectores de la inclusión, las pensiones y la salud;

6.4

respalda plenamente el objetivo de la lucha contra la pobreza y del fomento de la integración social;

6.5

considera muy importante que se adopte una iniciativa comunitaria sobre los dispositivos destinados a proporcionar a todos los ciudadanos comunitarios unos ingresos mínimos de integración y pide a la Comisión que desarrolle acciones específicas que permitan comparar las diferentes experiencias nacionales y regionales y fomentar la difusión de buenas prácticas y el análisis comparado de las correspondientes normativas;

6.6

está a favor de la proclamación de un año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social (2010). Sin embargo, manifiesta su preocupación por el hecho de que este tipo de iniciativas (al igual que los demás «años europeos» previstos en la Comunicación de la Comisión hasta 2010) corran el riesgo de convertirse en meras celebraciones cuando, por el contrario, deberían tener por objeto reforzar las acciones específicas que se deben promover;

6.7

aprueba totalmente el objetivo de la lucha contra las discriminaciones y la protección de los derechos de las minorías, en su caso, mediante la adopción de iniciativas de carácter legislativo;

6.8

apoya la propuesta de crear un Instituto Europeo del Género. En cambio, deberían mejorarse otros instrumentos existentes para contribuir de manera más eficaz a evaluar las experiencias y la aplicación de buenas prácticas realizadas en los distintos países europeos;

6.9

destaca la necesidad de mejorar la articulación del objetivo de la lucha contra la discriminación, estableciendo unas acciones y medidas específicas adaptadas a cada situación: el reiterado objetivo de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres presenta, efectivamente, connotaciones históricas y problemas particulares, que no pueden reducirse a la cuestión más general de los derechos de las minorías que, además, varían en función de las diferentes realidades de la Unión;

6.10

aprueba el compromiso de elaborar una comunicación específica sobre los servicios sociales de interés general (SSIG) y expresa el deseo, sobre todo, de que esta iniciativa contribuya a despejar la actual incertidumbre jurídica. Recuerda el papel esencial desempeñado por los entes locales y regionales en el sector de los SSIG y la necesidad de apoyarles adecuadamente para que sigan garantizando su accesibilidad y universalidad. La ansiada movilidad de los ciudadanos de la Unión requiere que todos los Estados miembros actúen y progresen en este sentido de manera coordinada. En este sentido, celebra la intención manifestada por la Comisión de conceder, bajo ciertas condiciones, a determinados sectores sociales, como los hospitales y los organismos de vivienda social, exenciones de notificación en materia de ayudas públicas.