(1)

El fraude, la evasión y la elusión fiscales representan un gran desafío para la Unión y a nivel mundial. El intercambio de información es fundamental a la hora de luchar contra tales prácticas.

(2)

El Parlamento Europeo ha destacado la importancia estratégica de una fiscalidad equitativa y de luchar contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, en particular, mediante una mayor cooperación administrativa y un mayor intercambio de información entre los Estados miembros.

(3)

El 7 de diciembre de 2021, el Consejo aprobó un informe Ecofin para el Consejo Europeo sobre cuestiones fiscales en el que pedía a la Comisión que presentara en 2022 una propuesta legislativa sobre una nueva revisión de la Directiva 2011/16/UE del Consejo (3) en lo que concierne al intercambio de información sobre criptoactivos y los acuerdos tributarios con particulares con grandes patrimonios.

(4)

El 26 de enero de 2021, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que se examinaba el marco jurídico y la aplicación de la Directiva 2011/16/UE. Dicho informe concluye que el marco jurídico general de la Directiva 2011/16/UE es sólido, pero que es necesario reforzar algunas disposiciones para garantizar que se aproveche plenamente el potencial del intercambio de información y se mida la eficacia del intercambio automático de información. También se llega a la conclusión de que el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/16/UE debe ampliarse para abarcar nuevas categorías de ingresos y activos, como los criptoactivos.

(5)

El mercado de criptoactivos ha adquirido mayor importancia y ha aumentado su capitalización de forma sustancial y rápida en los últimos diez años. Un criptoactivo es una representación digital de un valor o un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro distribuido o una tecnología similar.

(6)

Los Estados miembros han introducido normas y orientaciones, que difieren de un Estado miembro a otro, para gravar los ingresos derivados de las operaciones con criptoactivos. Sin embargo, el carácter descentralizado de los criptoactivos dificulta a las administraciones tributarias de los Estados miembros la tarea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

(7)

El Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha ampliado el marco normativo de la Unión a aspectos relacionados con los criptoactivos que los actos de la Unión relativos a los servicios financieros no habían regulado hasta ahora, así como a los proveedores de servicios de dichos criptoactivos («proveedores de servicios de criptoactivos»). En el Reglamento (UE) 2023/1114 se establecen las definiciones utilizadas a efectos de la presente Directiva. La presente Directiva también tiene en cuenta el requisito de autorización para los proveedores de servicios de criptoactivos previsto en el Reglamento (UE) 2023/1114, a fin de minimizar la carga administrativa para los proveedores de servicios de criptoactivos. El carácter intrínsecamente transfronterizo de los criptoactivos requiere una estrecha cooperación administrativa a escala internacional para garantizar la eficacia de la regulación.

(8)

El marco de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) amplía el ámbito de las entidades obligadas a cumplir las normas LBC/LFT a los proveedores de servicios de criptoactivos regulados por el Reglamento (UE) 2023/1114. Además, a fin de garantizar la capacidad de rastrear las transferencias de criptoactivos a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) amplía a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligación de los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos de información sobre el ordenante y el beneficiario.

(9)

En la esfera internacional, el Marco de Información sobre Criptoactivos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que figura en la parte I del documento «Marco de intercambio de información sobre criptoactivos y modificación del Estándar común de comunicación de información» aprobado por la OCDE el 26 de agosto de 2022 (en lo sucesivo, «Marco de Intercambio de Información sobre Criptoactivos de la OCDE»), tiene por objeto introducir una mayor transparencia fiscal con respecto a los criptoactivos y a la comunicación de información sobre estos. Las normas de la Unión deben tener en cuenta el marco elaborado por la OCDE a fin de aumentar la eficacia del intercambio de información y reducir la carga administrativa. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben utilizar los Comentarios al modelo de acuerdo para el organismo competente, que figura en el documento «Normas internacionales de intercambio automático de información en materia fiscal. Marco de intercambio de información sobre criptoactivos y actualización de 2023 del Estándar común de comunicación de información», publicado por la OCDE el 8 de junio de 2023 (en lo sucesivo, «Comentarios al modelo de acuerdo para el organismo competente») y el Marco de Intercambio de Información sobre Criptoactivos de la OCDE como fuente de ilustración o interpretación y para garantizar la coherencia en la aplicación en los distintos Estados miembros.

(10)

La Directiva 2011/16/UE establece las obligaciones de las instituciones financieras de comunicar información sobre cuentas financieras a las administraciones tributarias que, a su vez, deben intercambiar dicha información con otros Estados miembros pertinentes. Sin embargo, en virtud de dicha Directiva no es obligatorio notificar la mayoría de los criptoactivos, ya que no constituyen dinero en cuentas de depósito ni en activos financieros. Además, en la mayoría de los casos, la actual definición de institución financiera de la Directiva 2011/16/UE no incluye a los proveedores de servicios de criptoactivos ni a los operadores de criptoactivos.

(11)

A fin de hacer frente a los nuevos retos derivados del creciente uso de medios alternativos de pago e inversión, que plantean nuevos riesgos de evasión fiscal y que aún no están incluidos en el ámbito de la Directiva 2011/16/UE, las normas relativas a la comunicación e intercambio de información deben incluir a los criptoactivos y a sus usuarios.

(12)

Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, la comunicación de información debe ser eficaz y sencilla y estar claramente definida. Detectar los hechos imponibles que se producen al invertir en criptoactivos es una tarea difícil. Los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información son los más indicados para recopilar y verificar la información necesaria sobre sus usuarios. La carga administrativa del sector debe reducirse al mínimo, de modo que pueda desarrollar todo su potencial dentro de la Unión.

(13)

El intercambio automático de información entre las autoridades tributarias es crucial para que estas dispongan de la información necesaria que les permita calcular correctamente los importes de los impuestos sobre la renta adeudados. La obligación de comunicación de información debe abarcar tanto las operaciones transfronterizas como las nacionales, a fin de garantizar la eficacia de las normas sobre comunicación de información, el correcto funcionamiento del mercado interior, la igualdad de condiciones y el respeto del principio de no discriminación.

(14)

Dicha Directiva se aplica a los proveedores de servicios de criptoactivos regulados por el Reglamento (UE) 2023/1114 y autorizados con arreglo a dicho Reglamento, así como a los operadores de criptoactivos que no lo estén. Ambos se denominan proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información, ya que están obligados a comunicar información de conformidad con la presente Directiva. La interpretación general de lo que constituye un criptoactivo es muy amplia e incluye también los criptoactivos emitidos de manera descentralizada, así como las criptomonedas estables, incluidas las fichas de dinero electrónico, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2023/1114, y determinados criptoactivos no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). Los criptoactivos que pueden utilizarse con fines de pago o inversión serán objeto de comunicación de información con arreglo a la presente Directiva. Por consiguiente, los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información deben considerar caso por caso si los criptoactivos no pueden utilizarse con fines de pago e inversión, teniendo en cuenta las exenciones previstas en el Reglamento (UE) 2023/1114, en particular en relación con una red limitada y determinadas fichas de servicio.

(15)

Para que las administraciones tributarias puedan analizar la información que reciben y utilizarla de conformidad con las disposiciones nacionales —por ejemplo, para cotejar la información y valorar los activos y las ganancias de capital—, conviene establecer obligaciones de comunicación e intercambio de información que esté subdividida en relación con cada criptoactivo con respecto al cual el usuario de criptoactivos haya realizado operaciones.

(16)

A fin de garantizar que las disposiciones sobre el intercambio automático de información entre las autoridades competentes se apliquen de manera uniforme, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución que les permitan adoptar las disposiciones prácticas necesarias para la aplicación del intercambio automático y obligatorio de la información comunicada por los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información, en particular, un formulario normalizado para el intercambio de información. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(17)

Los proveedores de servicios de criptoactivos sujetos al Reglamento (UE) 2023/1114 podrán ejercer su actividad en la Unión a través del régimen de «pasaporte» una vez que hayan recibido su autorización en un Estado miembro. A tal fin, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) mantiene un registro con los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados. Además, la AEVM también mantiene una lista negra de los operadores que ejercen servicios de criptoactivos que requieren una autorización en virtud del Reglamento (UE) 2023/1114.

(18)

Los operadores de criptoactivos que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1114, pero que estén obligados a comunicar información sobre los usuarios de criptoactivos residentes en la Unión en virtud de la presente Directiva, deben estar obligados a registrarse en un único Estado miembro para cumplir sus obligaciones de comunicación de información.

(19)

A fin de fomentar la cooperación administrativa con territorios no pertenecientes a la Unión, los operadores de criptoactivos que cumplan determinadas condiciones deben estar autorizados únicamente a comunicar información sobre los usuarios de criptoactivos residentes en la Unión a las autoridades tributarias de un territorio no perteneciente a la Unión, en la medida en que la información comunicada se corresponda con la información establecida en la presente Directiva, y en la medida en que exista un acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes con tal territorio no perteneciente a la Unión. A su vez, el territorio cualificado no perteneciente a la Unión comunicaría dicha información a las administraciones tributarias de los Estados miembros en los que residan los usuarios de criptoactivos. Este mecanismo debe aplicarse cuando proceda, a fin de evitar que se comunique y transmita la información correspondiente más de una vez.

(20)

A fin de garantizar que la presente Directiva se aplique de manera uniforme, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para determinar si la información que debe intercambiarse en virtud de un acuerdo entre las autoridades competentes de un Estado miembro y un territorio no perteneciente a la Unión se corresponde con la información especificada en la presente Directiva. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011. Dado que la celebración de acuerdos con territorios no pertenecientes a la Unión en materia de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa sigue siendo competencia de los Estados miembros, la actuación de la Comisión también podría producirse en respuesta a una solicitud de un Estado miembro. A tales efectos, es necesario que, si así lo solicita un Estado miembro, la Comisión también pueda determinar la correspondencia de la información antes de la celebración prevista de un acuerdo de ese tipo. Cuando el intercambio de tal información se base en un acuerdo multilateral entre autoridades competentes, la Comisión debe tomar la decisión sobre la correspondencia en relación con la totalidad del marco pertinente cubierto por dicho acuerdo entre autoridades competentes. No obstante, debe seguir siendo posible para la Comisión adoptar una decisión sobre la correspondencia, cuando proceda, con respecto a los acuerdos bilaterales entre autoridades competentes.

(21)

En la medida en que la norma internacional sobre la comunicación y el intercambio automático de información sobre criptoactivos, a saber, el Marco de Intercambio de Información sobre Criptoactivos de la OCDE, sea una norma mínima o equivalente que establezca un alcance y un contenido mínimos para su aplicación por parte de los territorios, no debe exigirse a la Comisión que determine, mediante un acto de ejecución, la correspondencia entre la presente Directiva y el Marco de Intercambio de Información sobre Criptoactivos de la OCDE, siempre y cuando ya exista un acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes entre los territorios no pertenecientes a la Unión y todos los Estados miembros.

(22)

Aunque el G-20 respaldó el Marco de Intercambio de Información sobre Criptoactivos de la OCDE y recomendó su aplicación, todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre si se considerará una norma mínima o equivalente. A la espera de esta decisión, la presente Directiva incluye dos enfoques diferentes para determinar la correspondencia.

(23)

La presente Directiva no sustituye otras obligaciones más amplias derivadas del Reglamento (UE) 2023/1114.

(24)

Con el fin de fomentar la convergencia y promover una supervisión coherente de la presente Directiva y el Reglamento (UE) 2023/1114, las autoridades competentes deben cooperar con otras autoridades o instituciones nacionales y compartir la información pertinente.

(25)

La exención de las obligaciones de comunicación de información prevista en la presente Directiva —que depende de la determinación de la correspondencia de los mecanismos de comunicación e intercambio de información en relación con los territorios y los Estados miembros no pertenecientes a la Unión— solo debe aplicarse en el ámbito de la fiscalidad, y en particular a efectos de la presente Directiva, y no debe entenderse como una base para reconocer la existencia de correspondencia en otros ámbitos del Derecho de la Unión.

(26)

Para adaptarse a las novedades de los diferentes mercados y, así, poder hacer frente eficazmente a las conductas que constituyen fraude, evasión y elusión fiscales, es fundamental reforzar las disposiciones de la Directiva 2011/16/UE relativas a la información que debe comunicarse o intercambiarse. Dichas disposiciones deben reflejar los cambios observados en el mercado interior y a escala internacional, con el fin de conseguir una comunicación y un intercambio de información eficaces. Por consiguiente, la presente Directiva incluye, entre otras cosas, las últimas modificaciones del Estándar común de comunicación de información de la OCDE, incluida la integración de las disposiciones sobre el dinero electrónico y las monedas digitales de los bancos centrales, que figura en la parte II del Marco de Intercambio de Información sobre Criptoactivos de la OCDE, y la ampliación del alcance del intercambio automático de información por lo que respecta a los acuerdos previos con efecto transfronterizo a determinados acuerdos relativos a personas físicas. Al aplicar las últimas modificaciones del Estándar común de comunicación de información recogidas en la presente Directiva, y como ya se mencionó en los considerandos de la Directiva 2014/107/UE del Consejo (7) con respecto a la versión original del Estándar común de comunicación de información, los Estados miembros deben utilizar los Comentarios al modelo de acuerdo para el organismo competente y el Estándar común de comunicación de información, que ahora incluyen las últimas modificaciones del Estándar común de comunicación de información, como fuentes de ilustración o interpretación y para garantizar la coherencia en la aplicación en los distintos Estados miembros.

(27)

El dinero electrónico, tal como se define en la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), se utiliza con frecuencia en la Unión, y el volumen de las operaciones y su valor agregado aumentan de manera constante. Sin embargo, el dinero electrónico no está cubierto explícitamente por la Directiva 2011/16/UE. Los Estados miembros adoptan enfoques diversos en relación con el dinero electrónico. Como consecuencia de ello, los productos relacionados con el dinero electrónico no siempre están cubiertos por las categorías existentes de renta y patrimonio de la Directiva 2011/16/UE. Por consiguiente, deben introducirse en dicha Directiva normas para garantizar que las obligaciones de comunicación de información se apliquen al dinero electrónico.

(28)

Con el fin de colmar las lagunas que permiten el fraude, la evasión y la elusión fiscales, debe exigirse a los Estados miembros que intercambien la información relativa a los ingresos derivados de dividendos no custodiados. Por lo tanto, los ingresos por dividendos no custodiados deben incluirse en las categorías de renta que están sujetas al intercambio automático de información.

(29)

El número de identificación fiscal (NIF) es esencial para que los Estados miembros puedan cotejar la información recibida con los datos de las bases de datos nacionales, y mejora la capacidad de los Estados miembros para identificar a los contribuyentes pertinentes y evaluar correctamente los impuestos correspondientes. Por lo tanto, es importante que los Estados miembros incluyan el NIF de las personas físicas o entidades sobre las que se haya informado, en la comunicación de la información en el contexto de los intercambios relacionados con las categorías de renta y capital que están sujetas al intercambio automático y obligatorio de información, las cuentas financieras, los acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia, los informes país por país, los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, la información sobre los vendedores en plataformas digitales y los criptoactivos.

(30)

A fin de aumentar la disponibilidad del NIF para las autoridades competentes de los Estados miembros, cada Estado miembro debe adoptar las medidas necesarias para exigir que se comunique el NIF de las personas y entidades asignado por el Estado miembro de residencia, en lo que se refiere a los rendimientos del trabajo dependiente, los honorarios de director y las pensiones, y en lo que se refiere a los acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia, los informes país por país y los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. Tales medidas pueden incluir, entre otras, la introducción, a más tardar en el plazo de transposición establecido en la presente Directiva, de obligaciones de comunicación del NIF en la normativa nacional. Además, tras la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo (9) y a la luz de las normas sobre puertos seguros establecidas en dicha Directiva, es importante garantizar una correspondencia adecuada, en el contexto del intercambio automático y obligatorio de información sobre los informes país por país de conformidad con la Directiva 2011/16/UE. No obstante, los Estados miembros también reconocen que puede haber situaciones poco frecuentes en las que la entidad que comunica información o la persona que comunica información simplemente no puedan recabar y comunicar el NIF, lo que incluye casos en que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, la entidad que comunica información o la persona que comunica información no haya podido recabar el NIF, o cuando no se haya asignado un NIF al contribuyente.

(31)

Cada Estado miembro debe incluir, cuando haya sido obtenido por la autoridad competente del Estado miembro, el NIF de las personas físicas y entidades asignado por el Estado miembro de residencia en los intercambios relacionados con los acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia, los informes país por país y los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

(32)

La ausencia de intercambio de información sobre los acuerdos relativos a personas físicas significa que es posible que las administraciones tributarias de los Estados miembros afectados no tengan conocimiento de la existencia de dichos acuerdos. Existe, por tanto, el riesgo de que se creen posibilidades de fraude, evasión y elusión fiscales. A fin de reducir dicho riesgo y la carga administrativa, el intercambio automático de información sobre los acuerdos previos con efecto transfronterizo debe ampliarse a tales acuerdos cuando el importe de la transacción o serie de transacciones del acuerdo previo con efecto transfronterizo supere un umbral específico.

(33)

También deben comunicarse automáticamente los acuerdos previos con efecto transfronterizo que determinan si una persona es residente o no a efectos fiscales en el Estado miembro que formula tal acuerdo. No obstante, en aras de la proporcionalidad, y a fin de reducir la carga administrativa, algunas formas comunes de acuerdos previos con efecto transfronterizo que puedan incluir un elemento de determinación de si una persona física es residente o no a efectos fiscales en un Estado miembro no deben estar sujetas al intercambio de información relativa a los acuerdos previos con efecto transfronterizo únicamente por este motivo. No deben intercambiarse los acuerdos previos con efecto transfronterizo relativos a la tributación en origen de los rendimientos del trabajo dependiente, honorarios de director y pensiones de los no residentes, excepto si el importe de la transacción o serie de transacciones del acuerdo previo con efecto transfronterizo supera el umbral.

(34)

Se espera que varios Estados miembros introduzcan servicios de identificación como un medio simplificado y normalizado para la identificación de los proveedores de servicios y los contribuyentes. Los Estados miembros que deseen utilizar tal formato de identificación deben poder hacerlo siempre que ello no afecte al flujo ni la calidad de la información de otros Estados miembros que no utilicen tales servicios de identificación. Por lo tanto, el uso de los servicios de identificación no debe afectar a los procedimientos de diligencia debida ni a los requisitos de recopilación de información. Además, si ese enfoque se aparta de las normas correspondientes de la OCDE sobre el intercambio automático de información en determinados aspectos, las disposiciones de la presente Directiva relativas al uso de servicios de identificación no deben repercutir en la determinación de si la información comunicada e intercambiada en virtud de un acuerdo entre las autoridades competentes de un Estado miembro y un territorio no perteneciente a la Unión es equivalente o correspondiente a la especificada en la presente Directiva.

(35)

Es importante que, por principio, la información comunicada con arreglo a la Directiva 2011/16/UE se utilice para la determinación, administración y aplicación de los impuestos que entren en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva. Sin embargo, han surgido dudas en cuanto al uso de la información, debido a la imprecisión del marco. Habida cuenta del vínculo entre el fraude, la evasión y la elusión fiscales y el blanqueo de capitales, también en materia de cumplimiento y aplicación, conviene aclarar que la información comunicada entre los Estados miembros también debe poder utilizarse para la determinación, administración y aplicación de los derechos de aduana, así como para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(36)

Teniendo en cuenta la cantidad y la naturaleza de la información recopilada e intercambiada sobre la base de la Directiva 2011/16/UE, dicha información puede ser de utilidad en otros ámbitos. Si bien el uso de dicha información en otros ámbitos debe restringirse, por regla general, a los ámbitos aprobados por el Estado miembro que efectúa la comunicación de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, es necesario permitir un uso más amplio de la información en aquellos casos que presenten características especiales y graves y en los que se haya acordado a nivel de la Unión tomar medidas. Este sería el caso, en particular, cuando se adopten decisiones en virtud del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo a la adopción de medidas restrictivas. La información intercambiada en virtud de la Directiva 2011/16/UE puede ser muy pertinente para detectar una vulneración o elusión de las medidas restrictivas. A cambio, cualquier posible infracción de las medidas restrictivas será relevante a efectos fiscales, ya que la elusión de medidas restrictivas en la mayoría de los casos también equivaldrá a la elusión fiscal en relación con los activos de que se trate. Por tanto, habida cuenta de las probables sinergias y el estrecho vínculo entre la detección de la elusión de medidas restrictivas y la detección de la elusión fiscal, procede autorizar un nuevo uso de la información.

(37)

Es esencial que la información comunicada en virtud de la Directiva 2011/16/UE sea utilizada por la autoridad competente de cada Estado miembro que reciba dicha información. Procede, por tanto, exigir a la autoridad competente de cada Estado miembro que establezca un mecanismo eficaz para garantizar el uso de la información obtenida mediante la comunicación de información o el intercambio de información en virtud de la Directiva 2011/16/UE. Dicho uso de la información puede incluir, por ejemplo, los programas de conformidad voluntarios, las notificaciones para generar divulgación, las campañas de sensibilización, la precumplimentación de declaraciones tributarias, las evaluaciones de riesgos, las auditorías limitadas, las auditorías generales, la codificación fiscal, la estimación fiscal, la asimilación a sistemas nacionales y otras medidas relacionadas con la fiscalidad.

(38)

Con el fin de potenciar la utilización eficiente de los recursos, facilitar el intercambio de información y evitar la necesidad de que cada Estado miembro realice modificaciones similares de sus sistemas de almacenamiento de información, debe crearse un directorio central para la información que deba comunicarse sobre los criptoactivos, al que puedan acceder todos los Estados miembros y, solo con fines estadísticos, la Comisión, en el que los Estados miembros cargarían y almacenarían la información comunicada, en lugar de intercambiarla por correo electrónico seguro. En dicho directorio central solo debe permitirse que los Estados miembros accedan a los datos relativos a sus propios residentes. El acceso y las limitaciones del acceso al directorio central deben estar en consonancia con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar las disposiciones prácticas necesarias para la creación de dicho directorio central. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(39)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución a fin de desarrollar una herramienta que permita verificar de manera electrónica y automatizada la exactitud del NIF que haya proporcionado el contribuyente o la entidad o persona que comunica información. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011. La herramienta informática que se ponga a disposición de los Estados miembros debería contribuir a aumentar los porcentajes de coincidencia de las administraciones tributarias y a mejorar la calidad de la información intercambiada en general.

(40)

El período mínimo de conservación de los registros de la información obtenida mediante el intercambio de información entre los Estados miembros en virtud de la Directiva 2011/16/UE no debe ser superior al necesario ni, en cualquier caso, inferior a cinco años. Los Estados miembros no deben conservar la información más tiempo del necesario para lograr los fines de la presente Directiva.

(41)

Las instituciones financieras obligadas a comunicar información, los intermediarios, los operadores de plataformas obligados a comunicar información, los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información o las autoridades competentes de los Estados miembros son responsables del tratamiento de datos en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando dos o más de esos responsables del tratamiento determinen conjuntamente los objetivos y medios del tratamiento de los datos personales, se consideran corresponsables del tratamiento. Por ejemplo, al haber acordado conjuntamente los datos personales que deben tratarse y la modalidad de tratamiento, las autoridades competentes de los Estados miembros se consideran corresponsables del tratamiento del directorio central.

(42)

A fin de garantizar el correcto cumplimiento de las normas de la presente Directiva, los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de las disposiciones de la presente Directiva relativas al intercambio automático y obligatorio de información comunicada por los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información, y deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Si bien la elección de las sanciones queda a discreción de los Estados miembros, tales sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(43)

Con el fin de armonizar el calendario de la evaluación de la aplicación de la Directiva 2011/16/UE con el de la evaluación bienal de la pertinencia de las señas distintivas del anexo IV de la presente Directiva, el calendario de esos procesos de evaluación debe adaptarse.

(44)

Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de diciembre de 2022 en el asunto C-694/20, Orde van Vlaamse Balies y otros (11), la Directiva 2011/16/UE debe modificarse de manera que sus disposiciones no tengan como consecuencia imponer a aquellos abogados que actúan como intermediarios, cuando estén exentos de la obligación de comunicación de información debido a que estén sujetos al secreto profesional, el deber de informar a cualquier otro intermediario que no sea su cliente sobre las obligaciones de este intermediario de comunicación de información. No obstante, todo intermediario que esté exento de la obligación de comunicación de información, debido al secreto profesional al que esté sujeto, debe seguir estando obligado a informar sin demora a su cliente sobre las obligaciones de este último de comunicación de información.

(45)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), emitió su dictamen el 3 de abril de 2023 (13).

(46)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). En particular, la presente Directiva garantiza plenamente el derecho a la protección de los datos de carácter personal establecido en el artículo 8 de la Carta. A ese respecto, es importante recordar que los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 se aplican al tratamiento de datos personales en virtud de la Directiva 2011/16/UE. Además, la presente Directiva está dirigida a garantizar el pleno respeto del derecho a la libertad de empresa.

(47)

Dado que el objetivo de la Directiva 2011/16/UE, a saber, el establecimiento de una cooperación administrativa eficaz entre Estados miembros en condiciones compatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la uniformidad y eficacia requeridas, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(48)

Por lo tanto, procede modificar la Directiva 2011/16/UE en consecuencia.

1)

El artículo 3 se modifica como sigue:

2)

El artículo 8 se modifica como sigue:

3)

El artículo 8 bis se modifica como sigue:

4)

El artículo 8 bis ter se modifica como sigue:

5)

En el artículo 8 bis quater, apartado 2, párrafo primero, se añade la letra siguiente:

6)

Se inserta el artículo siguiente:

7)

El artículo 16 se modifica como sigue:

8)

En el artículo 18, se añade el apartado siguiente:

9)

En el artículo 20, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

10)

El artículo 21 se modifica como sigue:

11)

En el artículo 22, se añaden los apartados siguientes:

12)

En el artículo 23, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

13)

El artículo 25 se modifica como sigue:

14)

El artículo 25 bis se sustituye por el texto siguiente:

15)

En el artículo 27, se suprime el apartado 2.

16)

Se inserta el artículo siguiente:

17)

El anexo I se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo I de la presente Directiva.

18)

El anexo V se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo II de la presente Directiva.

19)

Se añade como anexo VI el texto que figura en el anexo III de la presente Directiva.