(1)

La zona del euro prosigue su expansión, pero con riesgos interconectados con las perspectivas y un horizonte incierto. Por otra parte, se cierne sobre ella el riesgo de prolongación del período de bajo crecimiento e inflación, provocado por una productividad muy débil y por el envejecimiento de la población. Si bien desde 2017 la brecha de producción ha pasado a ser positiva, y en 2018 se situó en el 0,7 % del producto interior bruto (PIB) potencial, el crecimiento potencial se mantendrá por debajo de los niveles anteriores a la crisis (3). La inflación subyacente se situó en un intervalo de entre el 1 % y el 1,5 % en 2018 y 2019, y está previsto que se mantenga en torno al 1,5 % en 2020 y 2021. Los indicadores del mercado de trabajo siguen mejorando, aunque a un ritmo más lento, y se prevé que el crecimiento del empleo se ralentice aún en mayor medida y persistan los retos existentes por lo que respecta a la calidad del empleo. Se ha consolidado el crecimiento de los salarios nominales, que se aproximó al 2,25 % en 2018, después de haberse situado varios años por debajo del 2,0 %, se calcula en torno al 2,5 % en 2019 y se estima que descenderá de nuevo al 2,25 % en el período 2020-21. Aunque las condiciones del mercado de trabajo son favorables, el crecimiento de los salarios reales ha aumentado lentamente y sigue siendo exiguo, ya que en 2018 se situó por debajo del 1 %, se calcula que ha estado aproximadamente al mismo nivel en 2019 y está previsto que alcance el 0,7 % y el 0,8 % en 2020 y 2021, respectivamente. Tal como se menciona en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2020 adoptado por la Comisión el 17 de diciembre de 2019, se prevé que el superávit por cuenta corriente de la zona del euro disminuya, aunque se mantenga cercano al máximo. Los Estados miembros con déficit han reducido sus déficits por cuenta corriente o han logrado superávits, aunque siguen registrando posiciones de inversión internacional neta ampliamente negativas.

Al mismo tiempo, aunque algunos Estados miembros redujeron su superávit por cuenta corriente, persisten en aplicar un superávit por cuenta corriente elevado y, por lo tanto, aumentan su posición de inversión internacional neta. La dinámica de la balanza de pagos por cuenta corriente en la zona del euro se ve afectada por el debilitamiento de la demanda exterior, especialmente en los Estados miembros orientados hacia la exportación con elevados superávits por cuenta corriente, que dependen en gran medida de la demanda de exportación exterior. También es importante una dinámica favorable a la demanda, y los Estados miembros con amplio superávit también contribuirían al reequilibrio reforzando las condiciones que respaldan las subidas salariales, dentro del respeto del papel de los interlocutores sociales, así como la inversión pública y privada.

(2)

A fin de aumentar el potencial de crecimiento al tiempo que se garantiza la sostenibilidad medioambiental y social, y lograr una convergencia real entre los Estados miembros de la zona del euro es preciso introducir reformas estructurales que impulsen un crecimiento sostenible y realizar inversiones en capital tangible e intangible que incrementen la productividad. Estas medidas favorecerían en particular a aquellos Estados miembros cuyo potencial de crecimiento es netamente inferior a la media de la zona del euro. También serían necesarias para evitar que la economía de la zona del euro se suma en un período prolongado de bajo potencial de crecimiento y escasa productividad, baja inflación y poco aumento de los salarios, así como de ahondamiento de las desigualdades. Las reformas y la inversión siguen siendo fundamentales para garantizar que la zona del euro imprima un nuevo impulso al crecimiento, supere las mayores presiones a medio y largo plazo derivadas del declive demográfico y facilite la transformación hacia una economía sostenible, contribuyendo así a que la zona del euro y sus Estados miembros alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(3)

El impacto económico del cambio climático, uno de los mayores riesgos sistémicos a los que se enfrentan actualmente la economía mundial, los sistemas financieros y las sociedades, empieza a ser perceptible. Los riesgos para la economía mundial que se derivan del cambio climático y, en términos más generales, de la degradación del medio ambiente, están cada vez más presentes y tendrán un efecto generalizado, en particular, en las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Si no van acompañados de las medidas adecuadas, podrían tener consecuencias negativas sobre la resiliencia de nuestras economías, la inclusión y el potencial de crecimiento a largo plazo. En ese contexto, sería esencial invertir y crear las condiciones reglamentarias y financieras necesarias para lograr una transición ordenada hacia una economía sostenible. Si se les hace frente de manera adecuada, los retos medioambientales y climáticos brindan también la oportunidad de revitalizar la economía europea orientándola hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, la Comisión ha presentado un Pacto Verde Europeo, planteado como una estrategia de crecimiento para Europa que incluirá una propuesta de la primera ley europea sobre el clima que consagra en una norma el objetivo de la neutralidad climática para 2050. Al mismo tiempo, la transición ecológica deberá tener en cuenta el impacto en los diversos sectores de la sociedad. La inversión destinada a facilitar la transformación hacia una economía sostenible tendrá que ir acompañada de una tarificación del carbono, una normativa adecuada en todos los sectores y de inversiones en la adquisición de cualificaciones y en apoyo para las transiciones laborales, a fin de garantizar que todos los ciudadanos cosechen los beneficios del cambio tecnológico, en particular en aquellos sectores y regiones que se han quedado rezagados en el proceso de la transición digital y ecológica.

(4)

La movilización de fondos públicos y privados para invertirlos en la transición ecológica y digital puede contribuir a sostener el crecimiento a corto plazo y a resolver los desafíos a largo plazo a los que se enfrentan nuestras economías. Aunque la revolución digital pueda brindar oportunidades en términos de productividad, crecimiento y creación de empleo, también puede plantear problemas, en particular para los trabajadores menos cualificados, que carecen de las cualificaciones necesarias para trabajar utilizando las nuevas tecnologías. La existencia de diferentes velocidades en la transición hacia la economía digital entre los Estados miembros de la zona del euro podría suponer un riesgo significativo para la convergencia y la estabilidad macroeconómica. Ello podría verse reforzado por los fuertes efectos de aglomeración, que suelen beneficiar a las grandes ciudades, y por las dinámicas según las cuales quienes se encuentran ya en una situación dominante tienden a acapararlo todo, presentes a menudo en el ámbito de las tecnologías digitales, que podrían incrementar la desigualdad e incidir negativamente en la convergencia. Las inversiones no solo deberían orientarse hacia la generación de investigación e innovación, sino también hacia una mayor difusión de las innovaciones en la economía en su conjunto.

(5)

Una mayor coordinación de las estrategias de inversión combinada con un mayor esfuerzo de reforma a nivel de la zona del euro sería fundamental para apoyar el crecimiento sostenible y responder a los retos que se plantean a largo plazo, como, por ejemplo, la transición climática y la transformación tecnológica. El instrumento presupuestario de convergencia y competitividad proporcionaría apoyo financiero para que los Estados miembros de la zona del euro aplicaran propuestas que, por regla general, deberían consistir en paquetes de reformas e inversiones. InvestEU, que contribuirá también al Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, aspira asimismo a movilizar inversiones adicionales para seguir fomentando la innovación y la creación de empleo en la Unión, en particular mediante la financiación de infraestructuras sostenibles. Los fondos de la política de cohesión, que desempeñan un papel fundamental en el apoyo a nuestras regiones y zonas rurales, también desarrollan una función en la transición climática y tecnológica a través del fomento del desarrollo sostenible. El Banco Europeo de Inversiones, que ya dedica el 25 % del total de los fondos de que dispone para la inversión en favor del clima, ha anunciado su intención de doblar ese porcentaje. Para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la Unión, sería esencial llevar a cabo proyectos de inversión a nivel nacional y subnacional que abarquen la adaptación al cambio climático y su mitigación, la transición energética, la descarbonización o la economía circular. La inversión en industrias e infraestructuras de red podría contribuir a mejorar la competitividad de la zona del euro y fomentar la transición hacia un transporte más sostenible. Por otro lado, las inversiones en activos inmateriales tales como la investigación y el desarrollo, así como la adquisición de cualificaciones son también esenciales para ir preparando a la zona del euro ante los retos que se avecinan.

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Los efectos de la expansión económica de los últimos años no se han acusado de manera uniforme en los diferentes Estados miembros ni entre las distintas regiones y Estados miembros. Aunque en los últimos tiempos han aumentado los niveles de renta disponible, en varios Estados miembros de la zona del euro estos niveles siguen situándose por debajo de los anteriores a la crisis. El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social está disminuyendo en la mayoría de los Estados miembros y, en la actualidad, es inferior en 5 millones al nivel máximo alcanzado en 2012, aunque sigue estando por encima de los niveles de 2008 en la zona del euro. Tras un período de aumento de las divergencias, algunos Estados miembros han ido aproximándose a aquellos que en los últimos años habían logrado mejores resultados en términos de PIB per cápita. Sin embargo, en los últimos diez años, la proporción de ingresos de las personas con niveles de renta más elevados ha aumentado lentamente, y siguen existiendo grandes disparidades entre Estados miembros. Para promover una convergencia al alza dentro de los Estados miembros y entre ellos, sería importante fomentar la aplicación de políticas destinadas a aumentar la eficiencia y la equidad, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ello permitiría obtener mejores resultados macroeconómicos, con un reparto más equitativo de los beneficios en pro de la sociedad en general, que también contribuirían a impulsar la cohesión de la zona del euro.

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La coherencia y el equilibrio en la combinación de las políticas macroeconómicas de la zona del euro, es decir, las políticas monetaria, presupuestaria y estructural, son esenciales a la hora de garantizar un crecimiento económico sólido, integrador y sostenible, y de responder con eficacia a la baja inflación persistente, las perspectivas de debilitamiento económico y los riesgos que amenazan el crecimiento a largo plazo. El Banco Central Europeo mantiene una política monetaria expansiva a fin de contribuir a que la inflación vaya acercándose a su objetivo de inflación a medio plazo, apoyando al mismo tiempo el crecimiento y la creación de empleo. La política presupuestaria debe complementar la orientación de la política monetaria, al igual que las reformas estructurales en los diferentes sectores, incluidas aquellas necesarias para completar la arquitectura de la unión económica y monetaria (UEM).

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La coordinación de las políticas presupuestarias nacionales en el pleno respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y teniendo en cuenta al mismo tiempo el margen de maniobra disponible desde el punto de vista presupuestario y los efectos indirectos entre Estados miembros, apuntala el correcto funcionamiento de la UEM. Se espera que la orientación presupuestaria de la zona del euro pase de ser globalmente neutra a ser ligeramente expansiva en 2020 y 2021. Al mismo tiempo, las políticas presupuestarias nacionales siguen estando insuficientemente diferenciadas. La aplicación de unas políticas presupuestarias prudentes por parte de los Estados miembros con elevados niveles de deuda pública situaría a esta última en una trayectoria decreciente, reduciría la vulnerabilidad frente a las perturbaciones y permitiría el pleno funcionamiento de los estabilizadores automáticos en caso de recesión económica. Por otra parte, imprimir mayor impulso a la inversión y a otros gastos productivos en los Estados miembros con una situación presupuestaria favorable respaldaría el crecimiento a corto y medio plazo, al tiempo que contribuiría a reequilibrar la economía de la zona del euro. Si se materializasen los riesgos a la baja, las respuestas presupuestarias deberían diferenciarse, con el objetivo de adoptar una postura más alentadora a nivel agregado, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas de cada país y se debe evitar la prociclicidad, en la medida de lo posible. Los Estados miembros deben estar dispuestos a coordinar las políticas en el Eurogrupo.

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Las reformas presupuestarias estructurales siguen siendo cruciales para mejorar la sostenibilidad presupuestaria, reforzar el potencial de crecimiento y favorecer unas políticas presupuestarias anticíclicas eficaces en caso de recesión. Un buen funcionamiento de los marcos presupuestarios nacionales, junto con revisiones periódicas y exhaustivas del gasto y una contratación pública eficaz y transparente pueden reforzar la eficiencia y la eficacia del gasto público y mejorar la credibilidad y la calidad de las políticas presupuestarias. Una mejora de la composición de los presupuestos nacionales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, en particular reasignando hacia la inversión pública en el contexto de unas estrategias de inversión bien concebidas y desarrollando instrumentos de presupuestación ecológica, aumentaría el impacto de los presupuestos públicos en el crecimiento, incrementaría la productividad y comenzaría a responder a los apremiantes retos a largo plazo de la transición hacia las economías ecológica y digital. La simplificación y modernización de los sistemas tributarios y la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, particularmente a través de medidas contra la planificación fiscal abusiva, teniendo en cuenta los debates que están teniendo lugar actualmente en el Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre las cuestiones pendientes en materia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios, son esenciales para lograr que dichos sistemas sean más justos y eficientes. La facilidad con la que los recursos móviles pueden circular dentro de la zona del euro es uno de los fundamentos del mercado interior, pero también amplía el ámbito en que puede ejercerse la competencia fiscal. Por tanto, la coordinación entre los Estados miembros es esencial para atajar el traslado de beneficios y las prácticas dañinas, así como para evitar una carrera a la baja generalizada en el ámbito del impuesto de sociedades.

Para este empeño podría resultar decisivo trabajar con vistas a lograr un acuerdo sobre una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades, así como un acuerdo sobre el Marco Inclusivo de la OCDE respecto de las cuestiones pendientes en materia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios, con objeto de revisar la distribución de beneficios entre los diferentes países y garantizar una imposición mínima efectiva. La presión fiscal en la zona del euro es relativamente elevada y está sesgada en detrimento del factor trabajo, ya que los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria o el medio ambiente representan una proporción muy pequeña de los ingresos tributarios. No obstante, los dos últimos pueden ser menos perjudiciales para el crecimiento y la oferta y demanda de empleo. Un recurso mayor a los impuestos medioambientales puede contribuir al crecimiento sostenible al aportar incentivos para un comportamiento más ecológico de los consumidores y los productores. La fiscalidad habría de tener en cuenta en mayor medida la dimensión climática y abordar las emisiones y las fugas de carbono de manera más sistemática. Fomentar una acción coordinada a nivel mundial incrementaría más aún la eficacia de estas medidas. Por lo tanto, para contribuir a la transición hacia una economía ecológica, se propondrá el fomento del diseño de políticas presupuestarias propicias para los compromisos y una revisión de la Directiva 2003/96/CE del Consejo (4), así como un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono conforme con la Organización Mundial del Trabajo (OMT), si es necesario para evitar las fugas de carbono.

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Las reformas estructurales e institucionales que aumentan la competencia en los mercados de productos, fomentan la eficiencia en el uso de los recursos y mejoran el entorno empresarial y la calidad de las administraciones públicas, incluida la eficacia de los sistemas judiciales, son importantes para la resiliencia de los Estados miembros de la zona del euro. Las estructuras económicas resilientes y las políticas adecuadas impiden que las perturbaciones tengan efectos significativos y duraderos sobre los ingresos y la oferta de mano de obra, y pueden facilitar el funcionamiento de la política presupuestaria y monetaria y contener las divergencias, en particular en situaciones de recesión, creando condiciones más favorables para un crecimiento sostenible e integrador. Una mejor coordinación y aplicación de las reformas estructurales, particularmente de las preconizadas en las recomendaciones específicas por país, puede generar efectos indirectos positivos entre los Estados miembros. A este respecto, los consejos nacionales de productividad pueden desempeñar un papel importante con vistas a aumentar la apropiación de las reformas y mejorar su aplicación. También es necesario emprender reformas para hacer frente a los retos a largo plazo que han adquirido carácter urgente, tales como la transición climática y la transformación tecnológica. Intensificar la integración del mercado único, que ha demostrado ser un importante motor de crecimiento y de convergencia entre los Estados miembros, también puede contribuir a fomentar el crecimiento de la productividad.

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El pilar europeo de derechos sociales establece veinte principios para favorecer la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión sociales. Se ha concebido como un instrumento de orientación destinado a promover una convergencia al alza con vistas al logro de mejores condiciones de vida y de trabajo. Lograr unas economías y unas sociedades más fuertes e integradoras puede fomentar, a su vez, la resiliencia de la Unión y de la zona del euro. Las reformas y la inversión en la adquisición de cualificaciones, las transiciones laborales y una protección social más eficaz revisten asimismo importancia como medidas de acompañamiento en un proceso de transición justo y equitativo hacia una economía ecológica y digital. La plena aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales a todos los niveles, teniendo debidamente en cuenta las competencias respectivas, será esencial para promover la convergencia al alza.

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Las reformas que incrementan la participación en el mercado de trabajo, luchan contra el desempleo juvenil y de larga duración, promueven la creación de empleo de calidad, facilitan que las transiciones en el mercado laboral se resuelvan de manera satisfactoria, reducen la segmentación y promueven el diálogo social pueden contribuir a estimular un crecimiento integrador, mejorar la resiliencia económica y la estabilización automática, reducir las desigualdades y hacer frente a la pobreza y la exclusión social. El apoyo individualizado a la transición laboral, la formación y el reciclaje profesional son fundamentales para promover la oportuna reinserción de los solicitantes de empleo. Las políticas activas del mercado de trabajo deben integrarse correctamente con las políticas sociales y fomentar la integración activa en el mercado laboral y en la sociedad. El acceso a una educación y una formación de calidad a lo largo de la vida requiere una inversión adecuada destinada a mejorar el capital humano y las cualificaciones, también a la luz de la transición digital y ecológica. Ello contribuye a mejorar la empleabilidad, la productividad, la capacidad de innovación y los salarios a medio y largo plazo, aumentando la resiliencia de la zona del euro. La legislación en pro de la protección del empleo debe ofrecer condiciones de trabajo equitativas y dignas a todos los trabajadores, teniendo en cuenta especialmente las formas atípicas de empleo que están surgiendo y que brindan nuevas oportunidades, aunque también plantean retos desde la perspectiva la seguridad del empleo y la protección social.

Unos sistemas de protección social eficaces y sostenibles también son fundamentales para garantizar unos ingresos adecuados y el acceso a servicios de calidad. Las reformas de las pensiones y las políticas de conciliación de la vida profesional y la vida privada pueden contribuir de manera significativa a fomentar la participación en el mercado de trabajo, y, de este modo, salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas europeos de bienestar social. La reducción de la fiscalidad del trabajo en beneficio de otros factores podría orientarse de modo que favorezca a las personas con bajos niveles de ingresos o que aportan la segunda fuente de ingresos en un hogar. La participación de los interlocutores sociales en las reformas laborales, sociales y económicas es esencial con vistas a reforzar su responsabilización al respecto y apoyar la aplicación de estas. De forma similar, es beneficiosa la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Es importante que los acuerdos colectivos contribuyan a los objetivos de las recomendaciones 1 a 5 abajo mencionadas respetando plenamente la autonomía de los interlocutores sociales.

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La solidez del sector financiero de la zona del euro ha aumentado desde la crisis, aunque persisten ciertas vulnerabilidades que es preciso abordar. Los altos niveles de endeudamiento de las empresas y los hogares, al que contribuye el sesgo en favor del endeudamiento existente en muchos sistemas tributarios nacionales, puede ser fuente de riesgos. La necesidad de adaptar los modelos empresariales de los bancos, el entorno de bajos tipos de interés y la competencia creciente de otras formas de financiación sigue ejerciendo presión sobre la rentabilidad de los bancos. Se ha avanzado de forma constante en la reducción del riesgo, especialmente en lo que se refiere a la reducción de los préstamos no productivos. No obstante, cuando las ratios de préstamos no productivos se mantienen en un nivel elevado, se requieren nuevos esfuerzos sostenidos, y todos los Estados miembros deben prever políticas adecuadas para evitar la acumulación de dichos préstamos. En marzo de 2018, la Comisión presentó un conjunto de medidas de reducción del riesgo con vistas tanto a facilitar la resolución del problema de los préstamos no productivos heredados del pasado como a evitar el riesgo de una nueva acumulación de ellos en el futuro. En el marco de las medidas legislativas sobre préstamos no productivos, en abril de 2019 se adoptó el Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) que introduce un mecanismo legal de protección prudencial para prevenir el riesgo de insuficiencia de provisiones para futuros préstamos dudosos; por otra parte, es preciso realizar progresos adicionales para seguir resolviendo la cuestión de los préstamos no productivos, en particular avanzando con el proyecto de Directiva sobre los mercados secundarios de préstamos no productivos.

Ya se han logrado avances en la mejora del marco existente de lucha contra el blanqueo de capitales. Con todo, tal como se destaca en los informes de la Comisión publicados en julio de 2019, en la Unión es necesario aplicar un enfoque más global a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas a fin de paliar las deficiencias estructurales detectadas. Para ello es preciso, en particular, estudiar formas de aumentar la armonización y de mejorar la supervisión y el cumplimiento de las normas, mediante una actuación de la Unión.

(14)

Reforzar la unión bancaria viene siendo un empeño prioritario desde 2013, con objeto de garantizar la estabilidad financiera, reducir la fragmentación financiera y proteger el préstamo en épocas de crisis. Este proceso ha seguido avanzando, en particular con el acuerdo sobre el marco jurídico del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) respecto del mecanismo común de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución (FUR), pero es necesario un mayor fortalecimiento. En este sentido, la Cumbre del Euro encomendó al Eurogrupo que prosiga los trabajos sobre el paquete de reformas del MEDE, entretanto concluyen los procedimientos nacionales, y prosiga su labor en todos los elementos que permitan seguir reforzando la unión bancaria, de forma consensuada. Se ha creado un grupo de trabajo de alto nivel para trabajar en torno a una hoja de ruta para iniciar las negociaciones políticas sobre un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD). Es importante avanzar para liberar los beneficios de la unión bancaria en cuanto a la puesta en común de riesgos en el ámbito privado, a la estabilidad financiera y al crecimiento económico, reduciendo al mismo tiempo las posibilidades de arbitraje entre Estados miembros. En última instancia, ese avance debería garantizar la soberanía financiera y económica de Europa. Para ello es preciso seguir trabajando sin demora en relación con todos los elementos, en particular los debatidos en el grupo de alto nivel sobre el SEGD, y con el mismo nivel de ambición. Deben llevarse a término los trabajos sobre el paquete de reformas del MEDE, en particular la instauración del mecanismo común de protección presupuestaria para el FUR. El mecanismo común de protección presupuestaria para el FUR debe entrar en funcionamiento, y ese momento ha de anticiparse, siempre y cuando se hayan logrado avances suficientes en la reducción de riesgos.

Se debe seguir trabajando en torno a soluciones para superar las limitaciones de la configuración actual de la inyección de liquidez para la resolución. Por último, la Comisión ha cumplido sus compromisos con respecto a todas las acciones anunciadas en el Plan de acción de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) de 2015. No obstante, siguen existiendo obstáculos jurídicos, fiscales y reglamentarios al establecimiento de una UMC, y es preciso trabajar con renovado empeño para superarlos, en particular por lo que respecta a las normas sobre acceso a la financiación, determinadas divergencias en materia de insolvencia y fiscalidad, así como conseguir unas normas de supervisión elevadas, eficaces y convergentes.

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El refuerzo de la arquitectura de la UEM exige cumplir con carácter prioritario las acciones definidas en la Declaración de la Cumbre del Euro de 13 de diciembre de 2019, prosiguiendo los debates sobre otros aspectos. La Comunicación de la Comisión de 12 de junio de 2019 titulada «Profundizar la unión económica y monetaria europea: balance una vez transcurridos cuatro años desde el informe de los cinco presidentes» presenta el estado de la situación y expone el punto de vista de la Comisión sobre los ámbitos en los que es preciso centrar a corto y medio plazo los esfuerzos de reforma. Se han realizado algunos avances en la unión económica, con un acuerdo político sobre las características de un instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la zona del euro. Se llegó a un acuerdo de principio, con sujeción a que se lleven a término los procedimientos nacionales, para seguir desarrollando el MEDE y revisar su Tratado. No ha habido consenso en el Consejo sobre una función de estabilización presupuestaria en la zona del euro ni sobre la reforma de la gobernanza de la zona del euro.

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La profundización de la UEM permitiría obtener mejores resultados macroeconómicos. Una UEM incompleta impide la integración financiera. Ello limita las oportunidades de financiación de la inversión que tanto se necesita con vistas a fomentar una economía integradora, productiva, sostenible y estable. El hecho de que la UEM no se haya completado dificulta asimismo la transmisión fluida de la política monetaria en toda la zona del euro y limita la capacidad de Europa para forjar su destino en el ámbito económico. Una función de estabilización presupuestaria central, si fuese aprobada, completaría la capacidad de los Estados miembros de la zona del euro para llevar a cabo una política fiscal anticíclica. El Consejo toma nota de la intención de la Comisión de proponer un régimen europeo de reaseguro de prestaciones por desempleo con el fin de proteger mejor a los ciudadanos si se producen perturbaciones económicas. El refuerzo de la UEM, junto con unas políticas saneadas en los niveles nacional y europeo, es fundamental para ampliar la influencia de Europa en el mundo, aumentar la importancia internacional del euro y contribuir a una economía mundial abierta, multilateral y basada en normas. Es importante que se sigan manteniendo debates de forma abierta y transparente con los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, respetando plenamente el mercado interior de la Unión.

(17)

Se ha consultado al Comité de Empleo y al Comité de Protección Social sobre los aspectos sociales y relativos al empleo de la presente Recomendación.

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