14.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 245/16

(1)

El 23 de marzo de 2006, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n.o 553/2006 (2), por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero («calzado») procedentes de la República Popular China («China») y de Vietnam («el Reglamento provisional»).

(2)

Mediante el Reglamento (CE) n.o 1472/2006 (3) del Consejo, el Consejo estableció derechos antidumping definitivos de entre el 9,7 % y el 16,5 % sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y de China durante un período de dos años [«Reglamento (CE) n.o 1472/2006 del Consejo» o «el Reglamento impugnado»].

(3)

En virtud del Reglamento (CE) n.o 388/2008 (4), el Consejo amplió el derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China a las importaciones procedentes de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao, independientemente de que el origen declarado fuera o no la RAE de Macao.

(4)

A raíz de una reconsideración por expiración iniciada el 3 de octubre de 2008 (5), el Consejo, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 (6), amplió las medidas antidumping durante 15 meses es decir, hasta el 31 de marzo de 2011, cuando expiraron las medidas.

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd., Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd., Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd. y Risen Footwear (HK) Co. Ltd., así como Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. («los solicitantes»), presentaron recursos contra el Reglamento impugnado ante el Tribunal de Primera Instancia (en la actualidad, el Tribunal General). Mediante las sentencias de 4 de marzo de 2010 en el asunto T-401/06 Brosmann Footwear (HK) y otros contra Consejo (Rec. 2010, p. II-671), y de 4 de marzo de 2010 en los asuntos acumulados T-407/06 y T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes y Wenzhou Taima Shoes contra Consejo (Rec. 2010, p. II-747), el Tribunal General desestimó dichos recursos.

(6)

Los solicitantes recurrieron dichas sentencias. En sus sentencias de 2 de febrero de 2012 en el asunto C-249/10 P Brosmann y otros, y de 15 de noviembre de 2012 en el asunto C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. («las sentencias Brosmann y Aokang»), el Tribunal de Justicia anuló las mencionadas sentencias. Sostuvo que el Tribunal General había incurrido en error de Derecho al considerar que la Comisión no estaba obligada a examinar las solicitudes de trato de economía de mercado («TEM») con arreglo al artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base presentadas por operadores que no formasen parte de la muestra (véase el apartado 36 de la sentencia en el asunto C-249/10 P, y los apartados 29 y 32 de la sentencia en el asunto C-247/10 P).

(7)

En consecuencia, el Tribunal de Justicia emitió una sentencia del siguiente tenor: […] la Comisión debería haber examinado las alegaciones probadas que las recurrentes le habían presentado sobre la base del artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base dirigidas a obtener el TEM en el marco del procedimiento antidumping al que se refiere el Reglamento controvertido. Debe observarse, a continuación, que no se excluye que dicho examen hubiese conducido a que se les impusiera un derecho antidumping definitivo distinto al derecho del 16,5 % que les es aplicable en virtud del artículo 1, apartado 3, del Reglamento controvertido. En efecto, de esta disposición se desprende que se impuso solo un derecho antidumping definitivo del 9,7 % al operador chino que figuraba en la muestra que obtuvo el TEM. Pues bien, como se desprende del apartado 38 de la […] sentencia, si la Comisión hubiese comprobado que las condiciones de una economía de mercado también prevalecían para las recurrentes, al no ser posible calcular un margen de dumping individual, estas también deberían haber gozado de dicho porcentaje (apartado 42 de la sentencia en el asunto C-249/10 P, y apartado 36 de la sentencia en el asunto C-247/10 P).

(8)

Como consecuencia de ello, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento impugnado, por lo que se refiere a los productores exportadores afectados.

(9)

En octubre de 2013, la Comisión comunicó, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (7), que había decidido retomar el procedimiento antidumping en el mismo punto donde se produjo la ilegalidad y examinar si las condiciones de economía de mercado prevalecían en relación con los solicitantes durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, e invitó a las partes interesadas a presentarse y darse a conocer.

(10)

En marzo de 2014, el Consejo, mediante la Decisión de Ejecución 2014/149/UE (8), rechazó la propuesta de la Comisión de adoptar un Reglamento de Ejecución por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por Brosmann Footwear (HK) Ltd., Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd., Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd., Risen Footwear (HK) Co. Ltd. y Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd., y puso fin a los procedimientos con relación a dichos productores. El Consejo consideró que los importadores que habían comprado calzado a productores exportadores a los que las autoridades nacionales competentes habían reembolsado derechos de aduana con arreglo al artículo 236 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo (9) («el Código aduanero comunitario»), habían adquirido confianza legítima sobre la base del artículo 1, apartado 4, del Reglamento impugnado, que había establecido la aplicabilidad de las disposiciones del Código aduanero comunitario (10), y en particular su artículo 221, a la percepción de los derechos.

(11)

Tres importadores del producto afectado, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») y Timberland Europe B.V. («Timberland») («los importadores afectados») impugnaron las medidas antidumping sobre las importaciones de determinado calzado procedentes de China y Vietnam invocando la jurisprudencia mencionada en los considerandos 5 a 7 ante sus tribunales nacionales, que remitieron los asuntos al Tribunal de Justicia para un procedimiento prejudicial.

(12)

En los asuntos acumulados C-659/13 C & J Clark International Limited y C-34/14 Puma SE, el Tribunal de Justicia declaró nulos los Reglamentos (CE) n.o 1472/2006 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 porque la Comisión Europea no había examinado las solicitudes de TEM ni de trato individual (TI) presentadas por productores exportadores de China y Vietnam no incluidos en la muestra («las sentencias»), en contra de lo requerido en el artículo 2, apartado 7, letra b), y el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo (11).

(13)

Por lo que respecta al tercer asunto C-571/14, Timberland Europe B.V. contra Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond, el Tribunal de Justicia decidió el 11 de abril de 2016 archivar el asunto a petición del órgano jurisdiccional nacional remitente.

(14)

El artículo 266 del TFUE establece que las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia. En caso de anulación de un acto adoptado por las instituciones en el marco de un procedimiento administrativo, tal como las medidas antidumping, la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia consiste en la sustitución del acto anulado por otro nuevo en el que se elimine la ilegalidad detectada por el Tribunal de Justicia (12).

(15)

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (13). Ello significa, concretamente, que, en una situación en la que se anula un acto por el que se concluye un procedimiento administrativo, dicha anulación no afecta necesariamente a los actos preparatorios, tales como el inicio del procedimiento antidumping. En una situación en la que se anula un Reglamento que establece medidas antidumping definitivas, ello significa que, tras la anulación, el procedimiento antidumping permanece abierto, porque el acto por el que se concluye el procedimiento antidumping ha desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión (14), a no ser que la ilegalidad se haya producido en la fase de inicio.

(16)

Al margen del hecho de que las instituciones de la Unión no examinaron las solicitudes de TEM y TI presentadas por los productores exportadores de China y Vietnam no incluidos en la muestra, todas las demás conclusiones del Reglamento (CE) n.o 1472/2006 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 siguen siendo válidas.

(17)

En el caso que nos ocupa, la ilegalidad se produjo después del inicio del procedimiento. De ahí que la Comisión decidiera reanudar el presente procedimiento antidumping, que se encontraba todavía abierto tras la promulgación de las sentencias, en el punto exacto en que se produjo la ilegalidad, y examinar si se daban las condiciones de economía de mercado para los productores exportadores afectados en el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, que era el período de investigación en la investigación que dio lugar al establecimiento de los derechos definitivos mencionados en los considerandos 1 y 2 («la investigación original»). La Comisión examinó también, en su caso, si los productores exportadores afectados podían optar al TI de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base en su versión anterior a la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.o 765/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) («el Reglamento de base antes de su modificación») (16).

(18)

Mediante su Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1395 (17), la Comisión restableció un derecho antidumping definitivo y percibió definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de Clark y Puma de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por trece productores exportadores chinos que presentaron solicitudes de TEM y TI en la investigación que condujo a la imposición de derechos definitivos (la «investigación original»), pero que no se habían incluido en la muestra durante dicha investigación.

(19)

Para las importaciones de Clark, Puma y Timberland procedentes de Vietnam, la Comisión evaluó todas las solicitudes de TEM y TI de los productores exportadores pertinentes no incluidos en la muestra que presentaron dichas solicitudes en la investigación original.

(20)

Con respecto a las importaciones de Timberland, uno de los dos proveedores chinos identificados en el asunto C-571/14, General Shoes Ltd, tenía de hecho su sede en Vietnam y fue evaluado en función de ello en el marco del proceso en curso. Como se menciona más adelante en el considerando 144, esto fue impugnado posteriormente por la Federación de la Industria Europea de Material Deportivo («FESI»), que defendía que General Shoes Ltd era de hecho un proveedor chino.

(21)

La Comisión tiene la posibilidad de corregir los aspectos del Reglamento impugnado que dieron lugar a su anulación, dejando al mismo tiempo inalteradas las partes de la evaluación a las que no afecta la sentencia (18).

(22)

El presente Reglamento tiene por objeto corregir los aspectos del Reglamento impugnado que se consideran incoherentes con el Reglamento de base y que dieron lugar a la declaración de nulidad con respecto a determinados productores exportadores de Vietnam.

(23)

Todas las demás conclusiones expuestas en el Reglamento impugnado que no fueron declaradas nulas por el Tribunal de Justicia siguen siendo válidas y quedan incorporadas en el presente Reglamento.

(24)

Por tanto, los siguientes considerandos se limitan a la nueva evaluación necesaria para la ejecución de las sentencias.

(25)

La Comisión ha examinado si se daban las condiciones para dar el TEM y el TI a los productores exportadores vietnamitas, proveedores de Clark, Puma y Timberland, que presentaron una solicitud de TEM o TI en dicha investigación durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005. El objetivo de dicha determinación es establecer la medida en la que los tres importadores afectados tienen derecho a recibir una devolución del derecho antidumping abonado con respecto a los derechos antidumping pagados sobre las exportaciones de sus suministradores vietnamitas que solicitaron el TEM y/o el TI.

(26)

Si el análisis pone de manifiesto que debía concederse el TEM o el TI al productor exportador vietnamita cuyas exportaciones estaban sujetas al derecho antidumping pagado por cualquiera de los tres importadores afectados, debería atribuirse a los productores exportadores afectados un tipo de derecho individual y la devolución del derecho se limitaría a un importe correspondiente a la diferencia entre el derecho pagado, a saber, un 10 %, y el derecho individual calculado para el productor exportador afectado, en su caso.

(27)

Por el contrario, si el análisis de dichas solicitudes de TEM y TI muestra que debe rechazarse tanto la solicitud de TEM como la de TI, no puede concederse ninguna devolución del derecho antidumping.

(28)

Como se explica en el considerando 12, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento impugnado y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 en lo referente a las exportaciones de determinado calzado de 14 productores exportadores vietnamitas —a saber, Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd., Freetrend Industrial Ltd. y su empresa vinculada Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd., («los productores exportadores afectados»)— a la Unión e importadas por C&J Clark International Ltd, Puma SE y Timberland Europe B.V., en la medida en que la Comisión no examinó las solicitudes de TEM y TI presentadas, entre otras, por los productores exportadores ubicados en Vietnam.

(29)

Por lo tanto, en una primera fase la Comisión ha examinado las solicitudes de TEM y TI de esos catorce productores exportadores para determinar el tipo de derecho aplicable a sus exportaciones. La evaluación puso de manifiesto que la información facilitada no era suficiente para demostrar que los productores exportadores afectados operaban en condiciones de economía de mercado o que podían optar al trato individual (véase una explicación pormenorizada en los considerandos 30 y siguientes).

(30)

Es necesario subrayar que la carga de la prueba recae en el productor que desea solicitar el TEM con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. A estos efectos, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, dispone que las alegaciones presentadas por dicho productor deben demostrar adecuadamente, tal como se especifica en esa disposición, que el productor opera en condiciones de economía de mercado. A tenor de ello, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor no cumple los requisitos establecidos para el reconocimiento de ese estatus. Corresponde, en cambio, a las instituciones de la Unión apreciar si los elementos aportados por el productor interesado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento de base para que se le conceda el TEM y al juez de la Unión verificar si dicha apreciación adolece de un error manifiesto (apartado 32 de la sentencia en el asunto C-249/10 P, y apartado 24 de la sentencia en el asunto C-247/10 P).

(31)

De conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, deben cumplirse los cinco criterios enumerados en dicho artículo para que pueda concederse a un productor exportador el TEM. Por consiguiente, la Comisión consideró que el incumplimiento de al menos un criterio era suficiente para rechazar la solicitud de TEM.

(32)

Ninguno de los productores exportadores afectados pudo demostrar que cumplía el criterio 1 (decisiones de empresa). Más concretamente, la información proporcionada por ocho productores exportadores (V1, V2, V4, V7, V8, V9, V13 y V14) demostró que el Estado ejercía una influencia significativa en las decisiones de empresa. Los otros seis productores exportadores afectados no facilitaron información esencial y completa (por ejemplo, pruebas de la estructura y el capital de la empresa, pruebas de las ventas nacionales, pruebas del nombramiento de sus directivos, etc.) para demostrar que sus decisiones de empresa se habían adoptado de conformidad con las señales de mercado sin interferencias significativas del Estado.

(33)

Con respecto al criterio 2 (contabilidad), diez empresas (V1, V2, V3, V5, V6, V7, V9, V10, V11 y V12) incumplían dicho criterio, puesto que no presentaron un conjunto claro de registros contables básicos. Las deficiencias observadas fueron la ausencia de cuentas auditadas o dictámenes de auditores, los graves problemas expuestos por los auditores en sus respectivos dictámenes (como el incumplimiento de las normas internacionales de contabilidad) y la existencia de contradicciones con respecto a los préstamos entre determinadas declaraciones realizadas en el formulario de solicitud de TEM y los estados financieros. Para las otras cuatro empresas, el criterio 2 no se evaluó por la razón expuesta en el considerando 31.

(34)

Con respecto al criterio 3 (activos y «distorsiones heredadas»), ocho productores exportadores (V2, V4, V5, V7, V8, V10, V11 y V12) no proporcionaron información completa (por ejemplo, pruebas de los activos propiedad de la empresa y del derecho de uso de la tierra, explicación del impago del impuesto de sociedades) para demostrar que no se había transferido distorsión alguna del sistema de economía no sujeta a las leyes de mercado. Para las seis empresas restantes, el criterio 3 no se evaluó por la razón expuesta en el considerando 31.

(35)

Por las razones expuestas en el considerando 31, los criterios 4 (leyes relativas a la propiedad y la quiebra) y 5 (operaciones de cambio) no se evaluaron para ninguno de los productores exportadores afectados.

(36)

Con arreglo a lo anterior, la Comisión concluyó que no debía concederse el TEM a ninguno de los catorce productores exportadores vietnamitas afectados e informó en consecuencia a los productores exportadores afectados, a los que invitó a presentar observaciones. No se recibieron observaciones de ninguno de los catorce productores exportadores vietnamitas afectados.

(37)

Puesto que ninguno de los catorce productores exportadores vietnamitas afectados cumplía todos los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, se denegó el TEM a todos ellos.

(38)

Con arreglo al artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación, cuando sea aplicable el artículo 2, apartado 7, letra a), del mismo Reglamento, podrá no obstante especificarse un derecho individual para los exportadores que puedan demostrar que cumplen todos los criterios establecidos en el artículo 9, apartado 5 del Reglamento de base antes de su modificación.

(39)

Como se indicó en el considerando 30, es necesario subrayar que la carga de la prueba recae en el productor que desea solicitar el TI con arreglo al artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación. A tal efecto, el artículo 9, apartado 5, párrafo primero, establece que la solicitud presentada debe estar debidamente motivada. Por lo tanto, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el exportador no cumple los requisitos establecidos para que se le reconozca dicho estatus. Corresponde, en cambio, a las instituciones de la Unión apreciar si los elementos aportados por el exportador interesado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 5 del Reglamento de base antes de su modificación para que se le conceda el TI.

(40)

De conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base ante de su modificación, los exportadores deben demostrar sobre la base de una solicitud debidamente motivada que cumplen todos los criterios enumerados en dicho artículo para poder obtener el TI.

(41)

Por consiguiente, la Comisión considera que el incumplimiento de un solo criterio es suficiente para rechazar la solicitud de TI.

(42)

Los cinco criterios son los siguientes:

(43)

Los catorce productores exportadores vietnamitas que solicitaron trato de economía de mercado también habían solicitado trato individual en caso de que no se les concediera el primero.

(44)

Cuatro productores exportadores (las empresas V6, V12, V13 y V14) incumplían el criterio 1 (repatriación del capital), dado que no proporcionaron pruebas fundadas de que estuviera permitida la repatriación.

(45)

Ninguno de los catorce productores exportadores afectados pudo demostrar que cumplía el criterio 2 (las ventas y precios de exportación se deciden libremente). Más concretamente, en el caso de nueve productores exportadores (las empresas V1, V2, V4, V7, V8, V9, V10, V13 y V14), sus estatutos, licencias de inversión o licencias comerciales establecen una limitación a la producción, por lo que no pudieron demostrar que las decisiones de empresa, como las cantidades exportadas, se adoptaban en respuesta a señales de mercado que reflejaban la oferta y la demanda. El resto de productores exportadores afectados no vendían en el mercado nacional ni proporcionaron ningún tipo de explicación adicional, por lo que no han demostrado que la situación descrita no se debiera a la intervención del Estado.

(46)

Por lo que respecta al criterio 3 (la empresa —puestos clave en la gestión y acciones— es suficientemente independiente respecto de la interferencia del Estado), se descubrió que el capital de dos productores exportadores (las empresas V2 y V8) estaba parcialmente en manos de accionistas de titularidad estatal. La mayoría de las acciones de un productor exportador (la empresa V2) no pertenecía a particulares, tal como establece el criterio 3. Además, se descubrió que los miembros del consejo de administración nombrados por los respectivos accionistas de titularidad estatal de ambos productores exportadores podían bloquear cualquier decisión de sus respectivos consejos de administración. En consecuencia, estos dos productores exportadores fueron incapaces de demostrar una independencia suficiente de la interferencia del Estado.

(47)

Puesto que ninguno de los catorce productores exportadores vietnamitas afectados cumplía las condiciones establecidas en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación, se denegó el TI a todos ellos.

(48)

En consecuencia, debe imponerse el derecho antidumping residual aplicable a Vietnam a estos productores exportadores para el período de aplicación del Reglamento impugnado. El período de aplicación de dicho Reglamento abarcaba inicialmente desde el 7 de octubre de 2006 hasta el 7 de octubre de 2008. Tras el inicio de una reconsideración por expiración, el 30 de diciembre de 2009 se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2011. La ilegalidad declarada en las sentencias es que las instituciones de la Unión no establecieron si los productos fabricados por los productores exportadores en cuestión debían quedar sujetos al derecho residual o a un derecho individual. Sobre la base de la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia, no existe fundamento jurídico para eximir completamente los productos producidos por los productores exportadores afectados del pago de algún derecho antidumping. Por consiguiente, un nuevo acto destinado a subsanar la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia únicamente ha de revisar el tipo de derecho antidumping aplicable, y no las propias medidas.

(49)

Al haberse concluido que debía restablecerse el derecho residual en lo relativo a los productores exportadores afectados al mismo nivel que el impuesto originalmente por el Reglamento impugnado y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1294/2009 del Consejo, no es necesario modificar el Reglamento (CE) n.o 388/2008 del Consejo. Dicho Reglamento sigue siendo válido.

(50)

Las constataciones y conclusiones anteriores fueron comunicadas a las partes interesadas, a las que se dio un tiempo para formular observaciones. Tanto la FESI como otro importador decidieron presentar observaciones. Las observaciones de la FESI se presentaron también en nombre de Puma SE y Timberland Europe BV.

(51)

La FESI afirmó que se habían cometido varios errores procedimentales en la ejecución en curso. La FESI señaló que las solicitudes de TEM de los productores exportadores chinos afectados ya se habían examinado y comunicado antes de que el Tribunal de Justicia dictara su sentencia en los asuntos acumulados C-659/13 C & J Clark International Limited y C-34/14 Puma SE, a saber, el 3 de diciembre de 2015, así como la intención de la Comisión de restablecer un derecho antidumping definitivo del 16,5 % sobre las importaciones de calzado. En consecuencia, estas evaluaciones se habrían realizado sin un fundamento jurídico y se anticipaban a la futura resolución del Tribunal de Justicia.

(52)

La Comisión no está de acuerdo con la afirmación anterior, ya que únicamente preparó la ejecución de una posible sentencia futura. Con dicha preparación se pretendía garantizar una buena gestión por las razones siguientes: en primer lugar, no hay duda de que la Comisión debería haber examinado las solicitudes de TEM y TI. La única cuestión que estaba en juego en los procedimientos pendientes del Tribunal de Justicia en aquel momento era si un importador no vinculado como Clark, Puma y Timberland podía invocar dicha ilegalidad. Como consecuencia de esa elección binaria (sí o no), excepcionalmente, la Comisión podía prepararse perfectamente para el caso de que se dictara una sentencia negativa sobre esta cuestión. En segundo lugar, la ejecución rápida era necesaria para permitir a las autoridades aduaneras nacionales tratar con celeridad las solicitudes de reembolso pendientes y ofrecer seguridad jurídica a todos los operadores. Se excluía cualquier influencia en la sentencia del Tribunal de Justicia, ya que esta sentencia afectaba a una cuestión diferente (a saber, si los importadores pueden invocar el derecho a que se conceda la evaluación de las solicitudes de TEM y TI de productores exportadores).

(53)

La FESI alegó asimismo que la comunicación relativa a la ejecución de la sentencia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14 C&J Clark International Limited y Puma SE, publicada posteriormente el 17 de marzo de 2016 (19), no podía subsanar los errores procedimentales anteriores, puesto que no proporcionaba una oportunidad real a las partes interesadas para ejercer su derecho de defensa.

(54)

Además, la FESI afirmó que se le debería haber permitido acceder al expediente completo de la investigación original y que los nombres de los productores exportadores pertinentes no deberían haberse anonimizado en los documentos de la comunicación.

(55)

En sus conclusiones, la FESI argumentó que, con base en los errores procedimentales anteriores, la Comisión vulneró el marco jurídico básico de la UE y, por lo tanto, había cometido un abuso de poder.

(56)

La comunicación relativa a la ejecución de la sentencia se publicó en aras de la transparencia, conforme a la política de la Comisión en materia de transparencia en las investigaciones de defensa del comercio y a petición del Consejero Auditor, tras una audiencia celebrada con una de las partes, que había planteado la cuestión. La Comisión sigue defendiendo que, estrictamente hablando, no existía requisito jurídico alguno que obligara a efectuar dicha publicación. En cualquier caso, incluso si hubiera sido necesario realizarla, que no es el caso, para preservar las garantías procesales y el derecho a ser oído, tales requisitos se habrían cumplido a través de su publicación y mediante el hecho de dar a las partes la posibilidad de formular observaciones.

(57)

Se concedió acceso al expediente completo de la investigación original, aunque la Comisión no ve qué importancia podría tener para el presente procedimiento cualquier otra información aparte de las solicitudes de TEM/TI de los productores exportadores afectados. La anonimización de los nombres de los productores exportadores era necesaria para garantizar la protección de sus datos empresariales confidenciales; no obstante, a las partes interesadas que lo solicitaron y que realizaban actividades de importación se les informó sobre cuáles de los importadores eran sus importadores.

(58)

Por esos motivos debe rechazarse cualquier afirmación relativa a la existencia de irregularidades procedimentales.

(59)

La FESI afirmó que la ejecución en curso carecía de base jurídica. En particular, defendían que no resulta aplicable el artículo 266 del TFUE, apoyándose en la tesis de que las medidas definitivas sobre el calzado expiraron el 31 de marzo de 2011 y no hay, por lo tanto, efectos continuos derivados de la ilegalidad de dichas medidas. Las partes argumentaron que el artículo 266 del TFUE no tiene la finalidad de corregir con carácter retroactivo las ilegalidades de las medidas que ya han expirado. Este punto de vista estaría reforzado por los artículos 263 y 265 del TFUE, en los que se establecen límites temporales para emprender acciones contra los actos ilegales o las omisiones de las instituciones de la Unión. El planteamiento actual carece de precedentes, y la Comisión tampoco aportó ningún razonamiento o jurisprudencia anterior que respaldara su interpretación del artículo 266 del TFUE.

(60)

Además, la FESI argumentó que en este caso la investigación no se puede reanudar en el mismo punto donde se produjo la ilegalidad conforme al artículo 266 del TFUE, puesto que el Tribunal de Justicia no se limitó a establecer la falta de razonamiento sino que la ilegalidad hacía referencia a una disposición jurídica fundamental del Reglamento de base que afectaba a la totalidad de la evaluación del dumping relacionado con los productores exportadores afectados.

(61)

La FESI afirmó asimismo que la corrección retroactiva de medidas expiradas vulnera el principio de protección de la confianza legítima. Defendieron, en primer lugar, que las partes habían recibido garantías de que las medidas expiraron el 31 de marzo de 2011 y de que, dado el tiempo transcurrido desde la investigación original, las partes tenían derecho a albergar expectativas justificadas de que no se reanudaría ni se reabriría la investigación original. En segundo lugar, el hecho mismo de que durante la investigación original no se investigaran las solicitudes de TEM dentro del plazo de tres meses establecido ofrecía seguridad jurídica a los productores exportadores vietnamitas de que sus solicitudes de TEM no serían examinadas con posterioridad. En conclusión, las partes reclamaron que, dados los largos períodos de tiempo transcurridos, la reanudación de la investigación vulneraba el principio universal de prescripción o limitación, aplicable en todos los contextos jurídicos.

(62)

Además, la FESI argumentó que ni el artículo 266 del TFUE ni el Reglamento de base permiten restablecer con carácter retroactivo el derecho definitivo del 16,5 % a las importaciones de los productores exportadores vietnamitas afectados.

(63)

Por lo que respecta a la alegación de que las medidas en cuestión expiraron el 31 de marzo de 2011, la Comisión no entiende por qué la expiración de la medida tendría alguna incidencia en la posibilidad de que la Comisión adoptara un nuevo acto para sustituir el acto anulado a raíz de la sentencia de anulación del acto inicial. De acuerdo con la jurisprudencia contemplada en el considerando 15, el procedimiento administrativo debe reanudarse en el momento en que se produjo la ilegalidad.

(64)

Por lo tanto, como consecuencia de la anulación del acto de conclusión de los procedimientos, los procedimientos antidumping aún están abiertos. La Comisión está obligada a concluir dichos procedimientos, ya que el artículo 9 del Reglamento de base establece que una investigación debe concluir mediante un acto de la Comisión.

(65)

Por lo que respecta a la alegación relativa a la retroactividad, basada en el artículo 10 del Reglamento de base y el artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio («AAD de la OMC»), el artículo 10, apartado 1 del Reglamento de base, que se ajusta al texto del artículo 10, apartado 1, del AAD de la OMC, dispone que solo se aplicarán medidas provisionales o derechos antidumping definitivos a los productos despachados a libre práctica después de la fecha de entrada en vigor de la decisión adoptada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, o el artículo 9, apartado 4, según sea el caso, del Reglamento de base. En el caso que nos ocupa, los derechos antidumping en cuestión solamente se aplican a los productos que hayan sido despachados a libre práctica después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento provisional y del Reglamento impugnado (definitivo), adoptados respectivamente de conformidad con el artículo 7, apartado 1, y el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base. No obstante, la retroactividad a tenor del artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base se refiere únicamente a una situación en la que las mercancías se importaron para su despacho a libre práctica antes de que se introdujeran las medidas, como puede deducirse del propio texto de dicha disposición y de la excepción prevista en el artículo 10, apartado 4, del Reglamento de base.

(66)

La Comisión observa también que no hay ni retroactividad ni vulneración de la seguridad jurídica y la confianza legítima en el caso que nos ocupa.

(67)

En cuanto a la retroactividad, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia distingue, cuando se evalúa si una medida es retroactiva, entre la aplicación de una nueva norma a una situación que se ha convertido en definitiva (también mencionada como situación jurídica existente o definitivamente constituida) (20), y una situación que comenzó antes de la entrada en vigor de la nueva norma, pero que todavía no es definitiva (también mencionada como situación o fase provisional) (21).

(68)

En el caso que nos ocupa, la situación de las importaciones de los productos afectados que tuvieron lugar durante el período de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1472/2006 todavía no ha pasado a ser definitiva, ya que el derecho antidumping aplicable a aquellas aún no se ha fijado definitivamente debido a la anulación del Reglamento impugnado. Por otra parte, se había advertido a los importadores de calzado de que ese derecho podía ser impuesto mediante la publicación del anuncio de inicio y el Reglamento provisional. Es jurisprudencia reiterada de los órganos jurisdiccionales de la Unión que los operadores no pueden albergar confianza legítima hasta que las instituciones de la Unión no hayan adoptado un acto de conclusión de un procedimiento administrativo que ha pasado a ser definitivo (22).

(69)

El presente Reglamento constituye una aplicación inmediata a los efectos futuros de una situación en curso: las autoridades aduaneras nacionales han recaudado derechos sobre el calzado. Como consecuencia de las solicitudes de reembolso, sobre las que no se ha decidido todavía de manera definitiva, constituyen una situación en curso. El presente Reglamento establece el tipo de derecho aplicable a dichas importaciones y, por lo tanto, regula los efectos futuros de una situación en curso.

(70)

De todos modos, aunque hubiera retroactividad a tenor del Derecho de la Unión, que no es el caso, dicha retroactividad estaría justificada en cualquier caso por la siguiente razón:

(71)

Las normas sustantivas del Derecho de la Unión podrían aplicarse a las situaciones existentes antes de su entrada en vigor en la medida en que se deduce claramente de su tenor, objetivos o régimen general que debe atribuírseles tal efecto (23). En particular, en el asunto C-337/88 Società agricola fattoria alimentare (SAFA) se sostuvo lo siguiente: «[S]i bien por lo general el principio de la seguridad de las situaciones jurídicas se opone a que la eficacia temporal de un acto comunitario comience en una fecha anterior a la de su publicación, puede ocurrir lo contrario, excepcionalmente, cuando así lo exija el objetivo perseguido y cuando se respete debidamente la confianza legítima de los interesados» (24).

(72)

En el caso que nos ocupa, el propósito es cumplir con la obligación de la Comisión en virtud del artículo 266 del TFUE. Dado que el Tribunal de Justicia solo encontró una ilegalidad por lo que se refiere a la determinación del tipo de derecho aplicable, y no en lo que se refiere a la imposición de las propias medidas (es decir, por lo que se refiere a las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión), los productores exportadores en cuestión no podían esperar legítimamente que no se establecieran medidas antidumping definitivas. Por consiguiente, dicho establecimiento, aunque hubiese tenido carácter retroactivo, que no es el caso, no podía interpretarse como una violación de la confianza legítima.

(73)

Además, por lo que se refiere a la protección de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, se observa en primer lugar que, con arreglo a la jurisprudencia, los importadores no pueden reivindicar la protección de la seguridad jurídica y de la confianza legítima cuando han sido alertados de un cambio inminente en la política comercial de la Unión (25). En el caso que nos ocupa, los importadores fueron alertados mediante la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio de inicio (26) y del Reglamento provisional —ambos parte del ordenamiento jurídico de la Unión— del riesgo de que los productos fabricados por los productores exportadores afectados podían ser objeto de un derecho antidumping. Por consiguiente, los productores exportadores afectados no podían invocar seguridad jurídica y confianza legítima.

(74)

Más bien, los operadores económicos eran plenamente conscientes, cuando importaban calzado de Vietnam, de que dichas importaciones estaban sujetas al pago de un derecho. Tenían en cuenta ese derecho cuando fijaban los precios de venta y evaluaban los riesgos económicos. Por lo tanto, no obtuvieron seguridad jurídica o confianza legítima de que las importaciones estarían libres del pago de un derecho y normalmente repercutían el derecho a sus clientes. Redunda, por lo tanto, en interés de la Unión establecer ahora el tipo de derecho aplicable, en lugar de proporcionar una ganancia imprevista a los importadores afectados, que se enriquecerían sin justa causa.

(75)

No existe, por consiguiente, vulneración de los principios de prescripción, seguridad jurídica y confianza legítima ni de las disposiciones del Reglamento antidumping y el AAD de la OMC.

(76)

Por lo que respecta a la alegación de que la determinación del TEM debía haberse completado en el plazo de tres meses a partir del anuncio de inicio del procedimiento, se recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base no contiene indicación alguna en lo que respecta a las consecuencias de que la Comisión no haya respetado el plazo de tres meses. El Tribunal General considera, por tanto, que una decisión de TEM en una fase posterior no afecta a la validez del Reglamento por el que se establecen las medidas definitivas siempre que los solicitantes no hayan probado que, si la Comisión no hubiese rebasado el plazo de tres meses, el Consejo podría haber adoptado un Reglamento distinto más favorable a sus intereses que el Reglamento impugnado (27). Además, el Tribunal de Justicia ha reconocido que las instituciones de la Unión pueden modificar la evaluación para la concesión del TEM a la espera de la adopción de las medidas definitivas (28).

(77)

La jurisprudencia anterior no ha sido invalidada por las sentencias dictadas en los asuntos Brosmann y Aokang a que hace referencia el considerando 6. En dichas sentencias, el Tribunal de Justicia se basa en la obligación de la Comisión de llevar a cabo la evaluación en el plazo de tres meses para demostrar que existe la obligación de efectuarla, con independencia de que la Comisión aplique el muestreo o no. El Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre la cuestión de cuál es la consecuencia jurídica si la Comisión concluye la evaluación del TEM en una fase posterior de la investigación. El Tribunal de Justicia solo dictamina que las instituciones de la Unión no podían ignorar completamente las solicitudes de TEM, sino que tenían que evaluarlas a más tardar en el momento de la imposición de medidas definitivas. Las sentencias confirman la jurisprudencia que se cita en el considerando anterior.

(78)

En el caso que nos ocupa, los productores exportadores afectados no han demostrado que si la Comisión hubiera llevado a cabo la evaluación del TEM en los tres meses siguientes al inicio del procedimiento antidumping en 2005, el Consejo podría haber adoptado un Reglamento distinto más favorable a sus intereses que el Reglamento impugnado. Se rechaza, por lo tanto, la alegación sobre prescripción de la evaluación de la solicitud de TEM.

(79)

Además se alegó que, dado que la ilegalidad se produjo en el momento de las evaluaciones del TEM, la Comisión debería haber reanudado el procedimiento en el punto anterior a la imposición de las medidas provisionales.

(80)

A este respecto, la Comisión observa que las medidas provisionales no son una etapa necesaria del procedimiento, sino un acto autónomo que deja de tener efecto con la adopción de las medidas definitivas (29). La única etapa esencial del procedimiento antes de la adopción de las medidas definitivas es el inicio. Por consiguiente, dicha alegación es inoperante.

(81)

La FESI, refiriéndose a la sentencia del Tribunal General en el asunto T-2/95, IPS contra Consejo, señaló la diferencia formal entre una «investigación» y un «procedimiento» y alegó que una vez finalizado un procedimiento, como en el caso que nos ocupa, no es posible reanudarlo.

(82)

La Comisión no aprecia ninguna diferencia significativa entre los términos «investigación» y «procedimiento» en el contexto de la aplicación de las sentencias de que se trata. Las sentencias se refieren a una irregularidad relativa a una investigación específica como parte de un procedimiento que la Comisión tiene la obligación de subsanar, como se explica en los considerandos 21 a 29. En cualquier caso, la sentencia dictada en el asunto T-2/95 debe leerse a la luz de la sentencia pronunciada en la apelación del asunto.

(83)

La FESI alegó asimismo que el artículo 266 del TFUE no permite la ejecución parcial de una sentencia del Tribunal de Justicia ni, en el caso que nos ocupa, la inversión de la carga de la prueba. Por lo tanto, la FESI argumentó que la Comisión había evaluado de forma incorrecta solamente las solicitudes de TEM/TI de aquellos productores exportadores que eran proveedores de los importadores que presentaron solicitudes de reembolso. Dicha organización basaba su alegación en el argumento de que el efecto de la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 C & J Clark International Limited y C-34/14 Puma SE es erga omnes y que no se puede excluir que los resultados de la evaluación en curso de las solicitudes de TEM/TI también afecte al derecho residual aplicable a todos los productores exportadores vietnamitas. En consecuencia, alegó que la Comisión debería haber evaluado todas las solicitudes de TEM/TI que se proporcionaron durante la investigación original.

(84)

Además, la FESI no estaba de acuerdo con que la carga de la prueba correspondiera al productor que deseaba solicitar el TEM/TI, argumentando que los productores se habían liberado de dicha carga de la prueba en 2005 con la presentación de las solicitudes de TEM/TI durante la investigación original. La FESI tampoco compartía que la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 C & J Clark International Limited y C-34/14 Puma SE se pueda aplicar mediante la simple evaluación de las solicitudes de TEM/TI presentadas por los productores exportadores no incluidos en la muestra, ya que el Tribunal de Justicia no indicó específicamente que la invalidación detectada se limite a este aspecto.

(85)

La Comisión considera que la ejecución de la sentencia únicamente es necesaria para los productores exportadores para los que no todas las transacciones de importación han pasado a ser definitivas. En efecto, una vez expirado el período de prescripción de tres años previsto en el Código aduanero comunitario, el derecho pasó a ser definitivo, tal como quedó confirmado en las sentencias. Queda excluido cualquier efecto sobre el derecho residual, puesto que se ha evaluado la solicitud de TEM/TI para las empresas incluidas en la muestra, y el hecho de otorgar el TEM/TI a una de las empresas no incluidas en la muestra no afecta al tipo del derecho residual.

(86)

La carga de la prueba no se limita a la presentación de una solicitud. Concierne al contenido de dicha solicitud, en la que se debe demostrar el cumplimiento de todas las condiciones para obtener el TEM/TI.

(87)

La única ilegalidad recogida en las sentencias es el hecho de no haber evaluado las solicitudes de TEM/TI.

(88)

La FESI alegó que la Comisión no debería haber aplicado dos regímenes jurídicos diferentes, a saber, el Reglamento de base antes de su modificación para evaluar las solicitudes de TI de los productores exportadores, por un lado (30), y el actual Reglamento de base, por otro (31), que incluye las modificaciones introducidas por el Reglamento (UE) n.o 1168/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (32), por el que se introducen procedimientos de comitología en el ámbito de la defensa del comercio, entre otros, y por tanto se delega la facultad de adopción de decisiones en la Comisión.

(89)

Además, la FESI reiteró que el artículo 266 del TFUE no permite la imposición de derechos antidumping con carácter retroactivo, algo que confirmaron también el Tribunal de Justicia, en su resolución del asunto C-459/98P, IPS contra Consejo, y el Reglamento (CE) n.o 1515/2001 del Consejo relativo a las medidas que podrá adoptar la Comunidad a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (33). La FESI alegó que la Comisión no aportó una justificación válida para desviarse del principio de no retroactividad, vulnerando así el principio de confianza legítima.

(90)

La FESI argumentó asimismo que el restablecimiento de las medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de los productores exportadores vietnamitas afectados por la ejecución en curso constituye i) una discriminación de los importadores afectados por la ejecución en curso frente a los importadores afectados por la ejecución de las sentencias Brosmann y Aokang contempladas en el considerando 6, a los que se reembolsaron los derechos pagados sobre importaciones de calzado de los cinco productores exportadores afectados por dichas sentencias, y ii) una discriminación de los productores exportadores afectados por la ejecución en curso frente a los cinco productores exportadores afectados por las sentencias Brosmann y Aokang a los que no se había impuesto el pago de derecho alguno tras la Decisión de Ejecución del Consejo de 18 de marzo de 2014 que rechazaba la propuesta de Reglamento de Ejecución por el que se restablecía un derecho antidumping definitivo y se percibía el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricadas por Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd y Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (34).

(91)

Se alegó que este trato discriminatorio reflejaba la falta de una interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la UE, lo que supone una vulneración del derecho fundamental de protección judicial efectiva.

(92)

Con respecto al supuesto uso de regímenes jurídicos diferentes, la Comisión considera que ello se deriva de las diferencias en las normas transitorias recogidas en los tres Reglamentos que modifican el Reglamento de base en cuestión.

(93)

En primer lugar, el Reglamento (UE) n.o 765/2012 (denominado «modificación elementos de fijación» y que se ocupa del TI) disponía en su artículo 2 que «[s]erá aplicable a todas las investigaciones abiertas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1225/2009 después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento». Dado que la presente investigación se inició con anterioridad a dicha fecha, las modificaciones que introdujo el citado Reglamento en el Reglamento de base no son aplicables al caso que nos ocupa.

(94)

En segundo lugar, el Reglamento (UE) n.o 1168/2012 (conocido como «modificación Brosmann» y relativo al TEM) establecía en su artículo 2 que «[e]l presente Reglamento se aplicará a todas las investigaciones nuevas y pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012». En consecuencia, si la Comisión hubiera adoptado un enfoque estricto, ni siquiera hubiera sido necesario evaluar las solicitudes de TEM de las empresas no incluidas en la muestra, ya que el 15 de diciembre de 2012 esas empresas habían perdido el derecho a que se evaluara el TEM. No obstante, la Comisión considera que ese trato sería difícil de conciliar con su obligación de ejecutar las sentencias. El Reglamento (UE) n.o 1168/2012 tampoco parece introducir una prohibición total de analizar las solicitudes de TEM de empresas no incluidas en la muestra, ya que autoriza dicho examen en el caso del trato individual. Por analogía, podría decirse que dicha excepción sería aplicable en el caso que nos ocupa. Con carácter subsidiario, la Comisión considera que el resultado de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 1168/2012 al presente caso habría sido el mismo, puesto que todas las solicitudes de TEM se habrían rechazado automáticamente sin someterlas a la evaluación.

(95)

En tercer lugar, con respecto a los procedimientos de comitología, el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (35) dispone que el Consejo conservará su competencia en los casos en que la Comisión haya adoptado un acto, se haya iniciado un proceso de consulta o la Comisión haya adoptado una propuesta. En el caso que nos ocupa no se había emprendido ninguna acción de ese tipo con respecto a la ejecución de la sentencia con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.o 37/2104.

(96)

En lo que se refiere al establecimiento con carácter retroactivo de los derechos antidumping definitivos, se hace referencia a las consideraciones recogidas en los considerandos 67 a 75, en los que dichas alegaciones se abordaron de manera amplia.

(97)

En cuanto a la alegación de discriminación, la Comisión observa que los productores exportadores y determinados importadores afectados por el presente Reglamento gozan de protección judicial frente al mismo en los órganos jurisdiccionales de la Unión. Otros importadores gozan de dicha protección a través de los órganos jurisdiccionales nacionales, que actúan como jueces del Derecho común de la Unión.

(98)

La alegación de discriminación carece igualmente de fundamento. Los importadores que importaron de Brosmann y los otros cuatro productores exportadores están en una situación de hecho y de Derecho diferente porque sus productores exportadores decidieron recurrir el Reglamento impugnado y porque se les habían reembolsado sus derechos, de manera que están protegidos por el artículo 221, apartado 3, del Código aduanero comunitario. El recurso y el reembolso no se aplicaron en el caso de los demás. La Comisión ha empezado a preparar la ejecución para los productores exportadores chinos y vietnamitas de Clark, Puma y Timberland; todos los demás productores exportadores de China y Vietnam no incluidos en la muestra y sus importadores serán tratados del mismo modo en una fase posterior con arreglo al procedimiento establecido en el presente Reglamento.

(99)

La FESI alegó además que el artículo 14 del Reglamento de base no puede servir como fundamento jurídico para interferir en la aplicación del artículo 236 del Código aduanero comunitario, y que el funcionamiento del artículo 236 del Código aduanero comunitario es independiente de cualquier decisión adoptada en virtud del Reglamento de base o de las obligaciones de la Comisión a tenor del artículo 266 del TFUE.

(100)

En este contexto, la FESI alegó que la aplicación del artículo 236 del Código aduanero comunitario es competencia exclusiva de las autoridades aduaneras nacionales, que están obligadas en virtud de dicho artículo a reembolsar los derechos pagados que no fuera obligatorio abonar con arreglo a la legislación. Las partes afectadas argumentaron asimismo que el artículo 236 del Código aduanero comunitario no puede no puede supeditarse o estar subordinado al artículo 14 del Reglamento de base, puesto que ambos instrumentos constituyen Derecho derivado y, por tanto, ninguno de los dos sustituye al otro. Además, el ámbito de aplicación del artículo 14 del Reglamento de base concierne a disposiciones especiales que abarcan las investigaciones y los procedimientos en virtud del Reglamento de base, y no es aplicable a ningún otro instrumento jurídico, como el Código aduanero comunitario.

(101)

La Comisión observa que el Código aduanero comunitario no se aplica de forma automática al establecimiento de derechos antidumping, sino únicamente en virtud de una referencia en el Reglamento por el que se establecen dichos derechos. Con arreglo al artículo 14 del Reglamento de base, la Comisión puede decidir no aplicar determinadas disposiciones de dicho Código y crear, en su lugar, normas especiales. Dado que el Código aduanero comunitario solamente se aplica sobre la base de una referencia incluida en los Reglamentos de Ejecución del Consejo y de la Comisión, no tiene el mismo rango en la jerarquía de normas que el artículo 14 del Reglamento de base, sino que se subordina a este y puede ser inaplicable o bien aplicarse de manera diferente. Por tanto, también se desestimó este argumento.

(102)

La FESI alegó asimismo que, en contra de lo dispuesto en el artículo 296 del TFUE, la Comisión no aportó una motivación adecuada ni una indicación del fundamento jurídico que justificara el restablecimiento de los derechos con carácter retroactivo, por lo que tampoco quedaba justificada la denegación del reembolso de los derechos a los importadores afectados por la ejecución en curso.

(103)

La falta de un razonamiento adecuado alegada se refería, en particular, a i) la ausencia de fundamento jurídico para reabrir la investigación y la falta de publicación de una comunicación pertinente en la que se anunciara dicha reapertura; ii) la ejecución meramente parcial de la sentencia del Tribunal General a través de la simple evaluación de las solicitudes de TEM/TI de dichos productores exportadores cuando los importadores habían presentado solicitudes de reembolso; iii) la excepción del principio de no retroactividad de los derechos antidumping; iv) la aplicación del Reglamento de base antes de su modificación de 6 de septiembre de 2012 para evaluar las solicitudes de TI de los productores exportadores, por un lado, y del actual Reglamento de base, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1168/2012, con respecto a los procedimientos de adopción de decisiones aplicables y v) la falta de respuesta a los argumentos jurídicos presentados por las partes citadas tras la comunicación de la Comisión de 15 de diciembre de 2015 referente a la evaluación de las solicitudes de TEM de los productores exportadores chinos afectados.

(104)

En relación con la ausencia de fundamento jurídico para reabrir la investigación, la Comisión recuerda la jurisprudencia citada anteriormente en el considerando 15, en virtud de la cual puede reanudar la investigación en el punto en el que se produjo la ilegalidad. En el caso que nos ocupa, la ilegalidad se produjo después del inicio. La Comisión no tiene la obligación jurídica de publicar un anuncio para reiniciar, reanudar o reabrir el procedimiento o la investigación. Este es más bien el efecto automático de la sentencia que las instituciones deben ejecutar.

(105)

Con arreglo a la jurisprudencia, la legalidad de un Reglamento antidumping debe evaluarse a la luz de las normas objetivas de la legislación de la Unión y no de una práctica decisoria, incluso cuando exista dicha práctica (lo que no ocurre en este caso) (36). Por lo tanto, el hecho de que la Comisión pueda haber seguido en el pasado una práctica diferente en determinados casos, no puede crear confianza legítima. Esto es así con mayor razón porque la práctica anterior mencionada no corresponde a la situación fáctica y jurídica del presente caso y las divergencias pueden explicarse por diferencias de hecho y de Derecho con el presente caso.

(106)

Dichas diferencias son las siguientes: la ilegalidad señalada por el Tribunal de Justicia no afecta a las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión, ni, por lo tanto, al principio de la imposición del derecho, sino solamente al tipo preciso de derecho. Las anteriores anulaciones invocadas por las partes interesadas, por el contrario, se referían a las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión. Por lo tanto, las instituciones de la Unión consideraron más apropiado adoptar nuevas medidas para el futuro.

(107)

En particular, en el caso que nos ocupa no hay ninguna necesidad de solicitar información adicional de las partes interesadas. La Comisión debe más bien evaluar información presentada en ese contexto y no evaluada antes de la adopción del Reglamento impugnado. De cualquier forma, la práctica anterior en otros casos no constituye una garantía precisa e incondicional para el caso que nos ocupa.

(108)

Por último, en la comunicación se informó a todas las partes contra las que se dirige el procedimiento, es decir, los productores exportadores afectados, así como las partes en los asuntos en el Tribunal de Justicia y la asociación que representa a una de esas partes, de los hechos pertinentes sobre cuya base la Comisión piensa adoptar la presente evaluación del TEM/TI. Por lo tanto, sus derechos de defensa están salvaguardados. A este respecto, hay que señalar en particular que los importadores no vinculados no disfrutan en un procedimiento antidumping de derechos de defensa, porque dichos procedimientos no se dirigen contra ellos (37).

(109)

Con respecto a la ejecución parcial de las sentencias, el hecho de si las instituciones de la Unión deben ejecutar una sentencia, y en qué medida, depende del contenido concreto de la sentencia. En particular, si es o no posible confirmar el establecimiento de los derechos sobre las importaciones que tuvieron lugar antes de la sentencia depende de si la ilegalidad identificada en la sentencia afecta a la conclusión de dumping perjudicial como tal, o solo al cálculo del tipo preciso de derecho. En esta última situación, que es la pertinente aquí, no hay justificación para reembolsar todos los derechos, sino que es más bien suficiente para determinar el tipo de derecho correcto y reembolsar cualquier posible diferencia (mientras que no sería posible aumentar el tipo de derecho, ya que la parte incrementada constituiría una imposición retroactiva).

(110)

Las anulaciones anteriores a las que se refieren las partes interesadas han afectado a la conclusión sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión (ya sea con respecto al establecimiento de los hechos, la evaluación de estos, o los derechos de defensa).

(111)

Esas anulaciones han sido parciales o completas.

(112)

Los órganos jurisdiccionales de la Unión utilizan la técnica de anulación parcial cuando pueden concluir ellos mismos sobre la base de los hechos del expediente que las instituciones de la Unión tendrían que haber concedido un determinado ajuste o deberían haber utilizado un método diferente para un determinado cálculo, que hubiera dado lugar al establecimiento de un derecho inferior (pero no hubiera puesto en cuestión las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión). El derecho (inferior) sigue estando en vigor tanto durante el tiempo anterior a la anulación como durante el tiempo posterior a ella (38). Para cumplir la sentencia, las instituciones de la Unión recalculan el derecho y modifican el Reglamento por el que se establece el derecho en consecuencia para el pasado y para el futuro. También dan instrucciones a las autoridades aduaneras nacionales para que reembolsen la diferencia cuando dichas solicitudes se han realizado a su debido tiempo (39).

(113)

Los órganos jurisdiccionales de la Unión proceden a la anulación completa cuando no pueden establecer por sí mismos, sobre la base de los hechos del expediente, si las instituciones de la Unión acertaron o no al suponer que había dumping, perjuicio e interés de la Unión, ya que las instituciones de la Unión tuvieron que rehacer parte de su investigación. Dado que los órganos jurisdiccionales de la Unión no son competentes para realizar la investigación en lugar de la Comisión, anularon completamente los Reglamentos por los que se establecen los derechos definitivos. Como consecuencia de ello, las instituciones de la Unión establecieron válidamente la presencia de las tres condiciones necesarias para imponer las medidas solo después de la sentencia que anula los derechos. Para las importaciones que se realizaron antes de establecerse válidamente el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión, la imposición de derechos definitivos está prohibida tanto por el Reglamento de base como por el AAD. Por consiguiente, los actos adoptados por las instituciones de la Unión para cerrar esas investigaciones establecieron derechos definitivos solo para el futuro (40).

(114)

El caso que nos ocupa se diferencia de otras anulaciones (parciales o completas) anteriores en la medida en que no afecta a la presencia en sí de dumping, perjuicio e interés de Unión, sino solamente a la elección del tipo de derecho apropiado. Lo que está en litigio no es, por lo tanto, el principio mismo de establecimiento de un derecho, sino solo el importe exacto (en otras palabras, una modalidad) del derecho. Y el ajuste, en su caso, solo puede ser a la baja.

(115)

Al contrario que en los casos de anulación parcial anteriores discutidos en el considerando 113, el Tribunal de Justicia no pudo decidir si debía concederse un nuevo tipo (reducido) de derecho, ya que dicha decisión requiere primero una evaluación de la solicitud de TEM/TI. La tarea de evaluar la solicitud de TEM/TI está entre las prerrogativas de la Comisión. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no puede realizar esta parte de la investigación en lugar de la Comisión sin sobrepasar sus competencias.

(116)

Al contrario que en casos anteriores de anulación total, las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión no han sido anuladas. Por lo tanto, el dumping, el perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión se establecieron válidamente en el momento de la adopción del Reglamento (CE) n.o 1472/2006. Por consiguiente, no hay razón para limitar el restablecimiento de los derechos antidumping definitivos para el futuro.

(117)

Por ello, el presente Reglamento no se aparta en ningún caso de la práctica decisoria de las instituciones de la Unión, aunque fuera pertinente.

(118)

Por último, las partes interesadas alegaron que la anulación de los derechos antidumping no supondría un enriquecimiento sin causa de los importadores, tal como afirma la Comisión, ya que las ventas de estos importadores podrían haber disminuido por el derecho que se había incorporado al precio de venta.

(119)

En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se reconoce que podrá denegarse la devolución de impuestos que hayan sido indebidamente recaudados si ello supone un enriquecimiento sin causa de los beneficiarios (41). La Comisión observa que dichas partes interesadas no rebaten que el derecho se ha repercutido y no aportan ninguna prueba de la disminución de las ventas, y que en cualquier caso la jurisprudencia sobre el enriquecimiento sin causa solo concierne a la repercusión del derecho y no a los posibles efectos secundarios que esta tenga.

(120)

Con respecto a la supuesta excepción del principio de no retroactividad, se hace referencia a los considerandos 67 a 75, en los que esta cuestión se aborda de manera amplia.

(121)

Con respecto a la supuesta aplicación de dos marcos jurídicos diferentes en la ejecución en curso, se hace referencia a los considerandos 92 a 95, en los que esta cuestión se aborda de manera amplia.

(122)

Por último, en relación con las observaciones proporcionadas por las partes citadas tras la comunicación de la evaluación del MET de los productores exportadores vietnamitas afectados, se considera que dichas observaciones se han abordado plenamente en el actual Reglamento.

(123)

La FESI alegó que se deberían haber otorgado idénticos derechos procesales a los productores exportadores afectados por la ejecución en curso que a los productores exportadores incluidos en la muestra durante la investigación original. En particular, argumentó que no se había dado a los productores exportadores vietnamitas la oportunidad de complementar sus formularios de solicitud de TEM/TI a través de cartas de subsanación de deficiencias, y que únicamente se había llevado a cabo un análisis documental en lugar de realizar verificaciones in situ. Además, la Comisión no garantizó la adecuada entrega de la comunicación relativa a la evaluación de las solicitudes de TEM/TI a los productores exportadores afectados, puesto que dicha comunicación se envió exclusivamente a los representantes legales de dichas empresas cuando tuvo lugar la investigación original.

(124)

Asimismo, la FESI alegó que los productores exportadores afectados por esta ejecución no disfrutaron de las mismas garantías procesales que las aplicadas en las investigaciones antidumping normales, y que se sometió a dichos productores exportadores a normas más estrictas. La Comisión no tuvo en cuenta el período transcurrido entre la presentación de las solicitudes de TEM/TI en la investigación original y la evaluación de dichas solicitudes. Además, durante la investigación original los productores exportadores solo dispusieron de quince días para rellenar las solicitudes de TEM/TI, en lugar del plazo habitual de veintiún días.

(125)

La FESI también alegó que la Comisión aplicó de hecho la información disponible en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base, y sin embargo no cumplió las normas procesales descritas en el artículo 18, apartado 4, de dicho Reglamento.

(126)

La Comisión observa que ninguna de las disposiciones recogidas en el Reglamento de base le obliga a dar a las empresas exportadoras que soliciten el TEM/TI la posibilidad de completar la información que falte. Recuerda que, de conformidad con la jurisprudencia, la carga de la prueba recae en el productor que desee solicitar el TEM/TI al amparo del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. A estos efectos, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, dispone que las alegaciones presentadas por dicho productor deben demostrar adecuadamente, tal como se especifica en esa disposición, que el productor opera en condiciones de economía de mercado. En consecuencia, tal como afirmó el Tribunal de Justicia en las sentencias Brosmann y Aokang, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor no cumple los requisitos establecidos para que se le reconozca dicho estatus. Corresponde, en cambio, a la Comisión apreciar si los elementos aportados por el productor interesado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento de base para que se le reconozca el TEM/TI (véase el considerando 30). El derecho a ser oído hace referencia a la oportunidad de la parte de expresar sus puntos de vista, que la Comisión debe tomar en consideración.

(127)

A este respecto, se recuerda que la Comisión no tiene ninguna obligación de solicitar al productor exportador que complemente su solicitud de TEM/TI. Como se menciona en el considerando anterior, la Comisión puede basar su apreciación en la información presentada por el productor exportador. En cualquier caso, los productores exportadores afectados no han impugnado la evaluación de sus solicitudes de TEM/TI por la Comisión, y no han precisado en qué documentos ya no podían basarse o a qué personas ya no podían recurrir. Por consiguiente, esa alegación es tan abstracta que las instituciones de la Unión no pueden tener en cuenta esas dificultades a la hora de llevar a cabo la evaluación de las solicitudes de TEM/TI. Dado que este razonamiento es de base especulativa y no viene respaldado por indicaciones precisas en cuanto a los documentos y las personas que ya no están disponibles, ni en cuanto a la pertinencia de dichos documentos y dichas personas respecto a la evaluación de la solicitud de TEM/TI, debe desestimarse ese argumento.

(128)

En relación con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base, en el caso que nos ocupa la Comisión aceptó la información facilitada por los productores exportadores afectados, no la rechazó y basó su evaluación en ella. Por tanto, la Comisión no aplicó ese artículo. En consecuencia, no era necesario seguir el procedimiento contemplado en el artículo 18, apartado 4, del Reglamento de base. El procedimiento del artículo 18, apartado 4, se aplica en los casos en que la Comisión tiene intención de rechazar determinada información proporcionada por la parte interesada y utilizar, en su lugar, los datos de que dispone.

(129)

Con respecto al criterio 1, la FESI impugnó la evaluación de la Comisión relativa a las solicitudes de TEM de los productores vietnamitas y alegó que tales solicitudes se habían rechazado fundamentalmente debido a la ausencia de información completa. En relación con el criterio 1, la FESI argumentó que la Comisión, aparte de no realizar esfuerzo alguno para obtener la información que faltaba, tampoco especificó qué información habría sido necesario aportar para demostrar que no existía interferencia significativa del Estado en las decisiones de empresa de los productores exportadores afectados. Además, la FESI solicitó recibir información más detallada sobre las razones por las que se había llegado a la conclusión de que las decisiones de empresa de los productores vietnamitas no se tomaban de conformidad con las señales del mercado, sin interferencia significativa del Estado. En ese sentido, la FESI recordó que, de acuerdo con el criterio 1 del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, para que se considere que existe interferencia del Estado es necesario que esta vaya más allá de una mera influencia.

(130)

En relación con el criterio 3, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto T-586/14 Xinyi OV contra Comisión, la FESI alegó que la existencia de incentivos fiscales o de regímenes tributarios preferentes no eran indicativos de ningún tipo de distorsión ni de un comportamiento diferente del de la economía de mercado.

(131)

Con respecto al criterio 2, la FESI observó que la mera ausencia de cuentas auditadas no es motivo para rechazar las solicitudes TEM, dado que incluso en la Unión las pequeñas empresas con una volumen de negocios inferior a un determinado umbral no están obligadas a auditar sus cuentas.

(132)

Sobre esta base, las partes argumentaron que la Comisión había cometido un error manifiesto en la aplicación del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, y que tampoco justificó adecuadamente el rechazo de las solicitudes de TEM de los productores exportadores.

(133)

Por lo que respecta a la información que faltaba en relación con el criterio 1, se hace referencia al considerando 126, en el que se establece que no existe en el Reglamento de base disposición alguna que obligue a la Comisión a dar a las empresas exportadoras que soliciten el TEM la posibilidad de completar la información que falte, y que la carga de la prueba recae, de hecho, en el productor exportador que desee solicitar el TEM.

(134)

En cuanto a la solicitud de la inclusión de información más detallada en las solicitudes de TEM/TI presentadas por determinados proveedores vietnamitas, sobre cuya base la Comisión rechazó el criterio 1, es preciso señalar que dicha información fue proporcionada a la Comisión de manera confidencial y contenía secretos comerciales. Por lo tanto, no era posible comunicar dicha información tal como se presentó; únicamente se podía dar a conocer un resumen no confidencial de ella.

(135)

Por lo que se refiere al criterio 3, se aclara que la existencia de incentivos fiscales o regímenes tributarios preferentes (en su caso) no se consideró un motivo para rechazar la solicitud de TEM.

(136)

Por último, con respecto al criterio 2, el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base establece claramente que las empresas deben contar con un juego de libros contables básicos, auditados independientemente en consonancia con las normas de contabilidad internacionales y aplicados a todos los efectos. Ninguno de los proveedores vietnamitas afectados cumplía estos requisitos. Tal como se indica en el considerando 33, las deficiencias observadas fueron la ausencia de cuentas auditadas o dictámenes de auditores, los graves problemas expuestos por los auditores en sus respectivos dictámenes (como el incumplimiento de las normas internacionales de contabilidad) y la existencia de contradicciones con respecto a los préstamos entre determinadas declaraciones realizadas en el formulario de solicitud de TEM y los estados financieros.

(137)

En consecuencia, todas las alegaciones de la FESI fueron desestimadas y se confirmaron las conclusiones recogidas en los considerandos 30 a 37.

(138)

Con respecto al criterio 2, la FESI alegó que la Comisión no demostró que las ventas de exportación no se decidían libremente, y que correspondía a la Comisión determinar si los precios de exportación se veían afectados por una interferencia del Estado, y en qué medida.

(139)

Además, la FESI alegó que la conclusión de que las ventas de exportación no se determinaban libremente contradecía las conclusiones de la investigación original en relación con las ventas OEM, ya que en aquel caso se determinó que algunos importadores, como Puma, realizaban sus propias actividades de I+D y su propio aprovisionamiento de materias primas al comprar a sus proveedores. Sobre esta base, se alegó que Puma y Timberland ostentaban un control significativo sobre el proceso y las especificaciones de producción, y que, por tanto, la interferencia del Estado resultaba imposible.

(140)

Como ya se ha mencionado en el considerando 39, la carga de la prueba recae en el productor que desee solicitar el TI. Como también se ha expuesto en el considerando 47, los productores exportadores no demostraron que las decisiones de empresa se adoptaran sin interferencia del Estado. Es preciso señalar asimismo que el criterio 2 no hace referencia únicamente a los precios de exportación, sino, con carácter general, a las ventas de exportación, lo que incluye los precios y las cantidades de exportación, así como cualesquier otros términos y condiciones de las ventas, que deben determinarse libremente sin interferencia del Estado.

(141)

En apoyo a su argumento de que los precios de exportación se determinaban libremente, la FESI se refirió al considerando 269 del Reglamento provisional. No obstante, este considerando se refería a los precios de reventa de los importadores en la Unión, por lo que no puede considerarse una base adecuada para establecer la fiabilidad de los precios de exportación aplicados por los productores exportadores. De forma similar, la referencia a los considerandos 132 del Reglamento provisional y 135 del Reglamento impugnado se refiere a los ajustes introducidos en el valor normal al compararlo con el precio de exportación, y no permite llegar a conclusión alguna sobre si las ventas de exportación de las empresas vietnamitas se determinaban libremente.

(142)

Además, la FESI alegó que la Comisión no había explicado cómo había llegado a la conclusión de que existiría riesgo de elusión de la medida antidumping en el caso de que se concediera a los productores exportadores afectados un tipo de derecho individual que, de todos modos, sería el propósito subyacente al criterio del TI.

(143)

Con respecto al riesgo de elusión, este es únicamente uno de los cinco criterios que se enumeran en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación. De acuerdo con este artículo, debe demostrarse que el productor exportador cumple los cinco criterios. Por lo tanto, el incumplimiento de uno o varios de ellos es suficiente para rechazar la solicitud de TI sin necesidad de examinar el cumplimiento del resto de los criterios.

(144)

La FESI impugnó la afirmación recogida en el considerando 20, según la cual uno de los proveedores de Timberland, General Shoes Limited, se había identificado erróneamente como proveedor chino en la solicitud presentada ante el Tribunal nacional, dado que la empresa tenía su sede en Vietnam. La FESI alegó que la Comisión debería haber pedido aclaraciones y que resultaba fácil identificarla como una empresa china. Argumentó que, si bien era cierto que la empresa figuraba con una denominación diferente en el formulario de muestreo y en la solicitud de TEM/TI proporcionada en la investigación original (a saber, General Footwear Ltd.), el hecho de que el nombre de la empresa incluido en la solicitud presentada por Timberland ante el Tribunal Nacional (es decir, General Shoes Ltd.) fuera distinto se debía con toda probabilidad a un error de traducción. En consecuencia, debería haberse evaluado la solicitud de TEM/TI de la empresa china General Footwear Ltd., mientras que la evaluación de la solicitud de TEM/TI de General Shoes Ltd. constituía un error manifiesto en lo que afecta a la solicitud de reembolso de Timberland. Por lo tanto, dicha evaluación debe justificarse y corregirse.

(145)

General Footwear Ltd forma parte de un grupo de empresas, con compañías vinculadas en China y Vietnam. Ambas, un productor ubicado en Vietnam y otro en China, presentaron solicitudes de TEM/TI en la investigación original. En la solicitud de TEM/TI de la empresa china, su nombre figuraba en todo momento como «General Footwear Ltd», con domicilio en China. El productor de Vietnam aparece como «General Shoes Ltd». Sin embargo, el formulario de solicitud de TEM/TI pertinente resulta ambiguo sobre si la empresa en cuestión es, de hecho, china o vietnamita. Por consiguiente, es razonable partir de la hipótesis de que la empresa mencionada en el expediente presentado ante el Tribunal nacional era, de hecho, vietnamita. En cualquier caso, el criterio establecido en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base para las solicitudes de TEM y en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base antes de su modificación para las solicitudes de TI se aplica por igual a los productores chinos y vietnamitas, dado que tanto la República Popular China como Vietnam se consideran países con economías no de mercado.

(146)

La empresa vietnamita, General Shoes Ltd., también abastecía a otros importadores además de a Timberland, y su solicitud de TEM/TI no se evaluó únicamente en el contexto de la solicitud de reembolso de Timberland. Una solicitud de TEM/TI se evalúa con base en las condiciones generales en las que opera una empresa, y no se limita a las operaciones específicas o a los clientes específicos de dicha empresa en la Unión. Por lo tanto, el resultado de la evaluación es aplicable al productor exportador afectado como tal, y no existió ningún error manifiesto en relación con las solicitudes de reembolso de Timberland.

(147)

En cualquier caso, la Comisión tiene intención de evaluar la solicitud de TEM/TI de «General Footwear Ltd» (China). No obstante, con arreglo al principio de buena gestión y a fin de no demorar innecesariamente la ejecución en curso, esta evaluación será objeto de un acto jurídico separado.

(148)

Un importador reconoció que ninguno de los productores exportadores afectados por la ejecución en curso era proveedor suyo, por lo que consideraba que las conclusiones no eran pertinentes a su situación. Dicha parte argumentó, por tanto, que las conclusiones de la ejecución en curso no pueden constituir una base para denegar sus solicitudes de reembolso, presentadas ante las autoridades aduaneras nacionales. Este importador indicó además que las solicitudes de TEM/TI de sus proveedores deberían investigarse con base en los documentos proporcionados por las autoridades aduaneras competentes belgas a la Comisión.

(149)

Con respecto a la alegación en cuestión, la Comisión hace referencia al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/223 de la Comisión (42), en el que se describe el procedimiento que debe seguirse en este caso. En particular, de conformidad con los artículos 1 y 2 del citado Reglamento, la Comisión examinará las solicitudes de TEM/TI tan pronto como reciba la documentación pertinente de las autoridades aduaneras.

(150)

Habida cuenta de las observaciones realizadas y el análisis de las mismas, se ha concluido que debe restablecerse el derecho antidumping residual aplicable a Vietnam en lo que se refiere a los catorce productores exportadores afectados para el período de aplicación del Reglamento impugnado.

(151)

Los productores exportadores afectados y todas las partes que se manifestaron fueron informados de los hechos y consideraciones esenciales sobre la base de los cuales se tenía intención de recomendar el restablecimiento del derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de los catorce productores exportadores afectados. Se les concedió un plazo para presentar observaciones tras la comunicación.

(152)

El presente Reglamento se ajusta al dictamen del Comité establecido en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036.

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«calzado de deporte», el calzado en el sentido de la nota de subpartida 1 del capítulo 64 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1719/2005,

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«calzado de tecnología especial», el calzado cuyo precio cif por par sea igual o superior a 7,5 EUR, destinado para su uso en actividades deportivas, con suela moldeada de una o de varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y con características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como polímeros de baja densidad y clasificado en los códigos NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 y ex 6403 99 98,

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«calzado con puntera de protección», el calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (45) y clasificado en los códigos NC: ex 6403 30 00 (46), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 y ex 6405 10 00,

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«pantuflas y demás calzado de casa», el calzado de este tipo clasificado en el código NC ex 6405 10 00.