No podrá rechazarse a candidatos o licitadores que, con arreglo a la legislación del Estado miembro en que estén establecidos, estén habilitados para realizar la prestación de que se trate, por el mero hecho de que, con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se adjudique el contrato, deban ser personas físicas o personas jurídicas.

No obstante, en el caso de los contratos de servicios y de obras, así como de los contratos de suministro que tengan por objeto además servicios y/o trabajos de colocación e instalación, también podrá exigirse a las personas jurídicas que indiquen, en la solicitud de participación o la oferta, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

El cálculo del valor estimado de un contrato deberá basarse en el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones de la entidad o poder adjudicador. En este cálculo se tendrá en cuenta el importe total estimado, incluida, en su caso, cualquier forma de opción eventual, y las eventuales prórrogas del contrato.

Cuando la entidad o poder adjudicador haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, tendrá en cuenta la cuantía de tales primas o pagos en el cálculo del valor estimado del contrato.

Respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la compra a plazos de productos, el valor que se tomará como base para calcular el valor estimado del contrato será el siguiente:

En el caso de contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, o que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato:

La elección del método para calcular el valor estimado de un contrato no podrá efectuarse con la intención de sustraer este a la aplicación de la presente Directiva.

Respecto de los contratos de servicios, a los efectos del cálculo del valor estimado de los contratos, se tomará como base, según proceda, el siguiente importe:

Se considerará que las entidades o poderes adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de una central de compras en los supuestos contemplados en el artículo 1, apartado 18, han respetado las disposiciones de la presente Directiva, siempre que:

Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales obligatorias (incluidas las relacionadas con la seguridad del producto) o de los requisitos técnicos que deben ser cumplidos por el Estado miembro, con arreglo a los acuerdos internacionales de normalización, para garantizar la interoperatividad requerida por estos acuerdos, y siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario, las especificaciones técnicas se formularán:

Cuando las entidades o poderes adjudicadores hagan uso de la posibilidad de referirse a las especificaciones contempladas en el apartado 3, letra a), no podrán rechazar una oferta basándose en que los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones a las que han hecho referencia, siempre que en su oferta el licitador pruebe, por cualquier medio adecuado, a satisfacción de las entidades o poderes adjudicadores, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos definidos por las especificaciones técnicas.

Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido podrán constituir un medio adecuado.

Cuando las entidades o poderes adjudicadores hagan uso de la posibilidad prevista en el apartado 3 de establecer prescripciones en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, no podrán rechazar una oferta de obras, de productos o de servicios que se ajusten a una norma nacional que incorpore una norma europea, a un documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a una norma internacional o al sistema de referencias técnicas elaborado por un organismo europeo de normalización, si tales especificaciones tienen por objeto los rendimientos o las exigencias funcionales prescritos por ellos.

En su oferta, el licitador debe probar, por cualquier medio adecuado, a satisfacción de las entidades o poderes adjudicadores que las obras, productos o servicios conformes a la norma reúnen los requisitos de rendimiento o exigencias funcionales establecidos por las entidades o poderes adjudicadores.

Un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido podrán constituir un medio adecuado.

Cuando las entidades o poderes adjudicadores prescriban características medioambientales en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, según se contempla en el apartado 3, letra b), podrán utilizar especificaciones detalladas o, en su caso, partes de estas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas, (pluri)nacionales, o en cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que:

Las entidades o poderes adjudicadores podrán indicar que los productos o servicios provistos de la etiqueta ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un expediente técnico del fabricante o un informe de pruebas de un organismo reconocido.

A efectos del presente artículo, «organismos reconocidos» serán los laboratorios de pruebas y de calibrado, y los organismos de inspección y certificación, conformes con las normas europeas aplicables.

Las entidades o poderes adjudicadores aceptarán los certificados expedidos por organismos reconocidos en otros Estados miembros.

Las entidades o poderes adjudicadores que autoricen las variantes mencionarán en las especificaciones de licitación los requisitos mínimos que deberán cumplir las variantes, así como las modalidades de su presentación.

Las entidades o poderes adjudicadores solo tomarán en consideración las variantes que cumplan los requisitos mínimos exigidos.

La entidad o el poder adjudicador podrá pedir o verse requerido por un Estado miembro a pedir al licitador:

Los Estados miembros podrán establecer que la entidad o el poder adjudicador pueda pedir o verse requerido a pedir al adjudicatario que subcontrate a terceros una parte del contrato. La entidad o el poder adjudicador que impone tal subcontratación expresará este porcentaje mínimo en forma de una gama de valores que incluirá un porcentaje mínimo y uno máximo. El porcentaje máximo no podrá exceder del 30 % del valor del contrato. Tal gama será proporcionada al objeto y al valor del contrato y a la naturaleza del sector industrial correspondiente, incluidos el nivel de competencia en ese mercado y las capacidades técnicas pertinentes de la base industrial.

Se considerará que todo porcentaje de subcontratación que entre en la gama de valores indicada por la entidad o el poder adjudicador cumple el requisito de subcontratación establecido en el presente apartado.

Los licitadores podrán proponer subcontratar una parte del valor total que supere la gama requerida por la entidad o el poder adjudicador.

La entidad o el poder adjudicador pedirá a los licitadores que especifiquen en su licitación qué parte(s) de su oferta tienen la intención de subcontratar para cumplir el requisito mencionado en el párrafo primero.

La entidad o el poder adjudicador podrá pedir o verse requerido por un Estado miembro a pedir a los licitadores que especifiquen también qué parte(s) de su oferta tienen la intención de subcontratar además del porcentaje requerido, así como los subcontratistas que ya han identificado.

El adjudicatario adjudicará subcontratos por el porcentaje que la entidad o el poder adjudicador le requiere que subcontrate de conformidad con las disposiciones establecidas en el título III.

La entidad o el poder adjudicador que facilite la información a la que se refiere el apartado 1 solicitará a los licitadores que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección y condiciones de trabajo en el lugar donde vayan a realizarse las prestaciones.

El párrafo primero no obstará para la aplicación del artículo 49 sobre verificación de las ofertas anormalmente bajas.

En el caso de contratos particularmente complejos, los Estados miembros podrán estipular que cuando la entidad o el poder adjudicador considere que el uso del procedimiento restringido o del procedimiento negociado con publicación de un anuncio de licitación no permitirá adjudicar el contrato, dicha entidad o poder adjudicador podrá recurrir al diálogo competitivo de conformidad con el presente artículo.

Los contratos se adjudicarán únicamente sobre la base de los criterios de adjudicación para la licitación que sea la oferta económicamente más ventajosa.

Las entidades o poderes adjudicadores llevarán a cabo un diálogo con los candidatos seleccionados de conformidad con las disposiciones de los artículos 38 a 46, cuyo objetivo será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer lo mejor posible sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatir todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados.

Durante el diálogo, las entidades o poderes adjudicadores darán un trato igual a todos los licitadores. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

Las entidades o poderes adjudicadores no podrán revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales que este les comunique sin previo acuerdo de este.

Tras haber declarado cerrado el diálogo y haber informado de ello a todos los participantes, las entidades o poderes adjudicadores les invitarán a que presenten su oferta final, basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas durante la fase de diálogo. Dichas ofertas deberán incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto.

A petición de la entidad o poder adjudicador, dichas ofertas podrán aclararse, precisarse y mejorarse. No obstante, estas precisiones, aclaraciones, mejoras o información complementaria no podrán modificar los elementos fundamentales de la oferta o de la licitación, cuya variación pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio.

Las entidades o poderes adjudicadores evaluarán las ofertas recibidas en función de los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionarán la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con el artículo 47.

A petición de la entidad o poder adjudicador, el licitador cuya oferta se considere económicamente más ventajosa podrá verse obligado a aclarar aspectos de su oferta o a confirmar los compromisos que en ella figuran, siempre que dicha aclaración no modifique elementos sustanciales de la oferta o de la licitación ni falsee la competencia o tenga un efecto discriminatorio.

Para la celebración de un acuerdo marco, las entidades o poderes adjudicadores seguirán las normas de procedimiento previstas en la presente Directiva en todas las fases hasta la adjudicación de los contratos basados en este acuerdo marco. La elección de las partes en el acuerdo marco se llevará a cabo mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos de conformidad con el artículo 47.

Los contratos basados en un acuerdo marco se adjudicarán según los procedimientos previstos en los apartados 3 y 4. Estos procedimientos solo serán aplicables entre entidades o poderes adjudicadores y operadores económicos que sean originariamente partes en el acuerdo marco.

En la adjudicación de contratos basados en el acuerdo marco, las partes no podrán en ningún caso introducir modificaciones sustanciales en los términos establecidos en el acuerdo marco, en particular en el supuesto a que se refiere el apartado 3.

La duración de un acuerdo marco no podrá superar los siete años, salvo en circunstancias excepcionales que se determinarán teniendo en cuenta la vida útil esperada de los artículos, instalaciones o sistemas entregados y las dificultades técnicas que pueda ocasionar un cambio de proveedor.

En tales circunstancias excepcionales, las entidades o poderes adjudicadores deberán proporcionar una justificación adecuada de esas circunstancias en el anuncio contemplado en el artículo 30, apartado 3.

Las entidades o poderes adjudicadores no podrán recurrir a los acuerdos marco de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

Cuando se celebre un acuerdo marco con un único operador económico, los contratos basados en este acuerdo marco se adjudicarán dentro de los límites que impongan los términos establecidos en el mismo.

En la adjudicación de estos contratos, las entidades o poderes adjudicadores podrán consultar por escrito al operador que sea parte del acuerdo marco, pidiéndole, si fuere necesario, que complete su oferta.

Cuando se celebre un acuerdo marco con varios operadores económicos, el número de estos deberá ser de tres por lo menos, siempre que haya un número suficiente de operadores económicos que respondan a los criterios de selección o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicación.

La adjudicación de contratos basados en acuerdos marco celebrados con varios operadores económicos podrá realizarse bien:

Las entidades o poderes adjudicadores podrán servirse de un anuncio de información previa, publicado por la Comisión o por ellos mismos en su «perfil de comprador», tal como se define en el anexo VI, punto 2, para dar a conocer:

El anuncio a que se refieren las letras a), b) y c) del párrafo primero se enviará a la Comisión o se publicará en el perfil de comprador lo antes posible una vez tomada la decisión por la que se autorice el programa en el que se inscriban los contratos de obras que las entidades o poderes adjudicadores proyecten adjudicar o los acuerdos marco que proyecten celebrar.

Las entidades o poderes adjudicadores que publiquen el anuncio de información previa en su perfil de comprador enviarán a la Comisión, por medios electrónicos con arreglo al formato y a las modalidades de transmisión indicadas en el anexo VI, punto 3, un anuncio en que se dé cuenta de la publicación de un anuncio de información previa en un perfil de comprador.

La publicación de los anuncios contemplados en las letras a), b) y c) del párrafo primero solo será obligatoria cuando las entidades o poderes adjudicadores recurran a la facultad de reducir los plazos de recepción de las ofertas de conformidad con el artículo 33, apartado 3.

El presente apartado no se aplicará a los procedimientos negociados sin publicación previa de un anuncio de licitación.

Las entidades o poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato o celebrado un acuerdo marco enviarán un anuncio sobre los resultados del procedimiento de adjudicación en un plazo máximo de 48 días a partir de la adjudicación del contrato o de la celebración del acuerdo marco.

En el caso de acuerdos marco celebrados con arreglo al artículo 29, las entidades o poderes adjudicadores quedarán exentos de la obligación de enviar un anuncio con los resultados de la adjudicación de cada contrato basado en el acuerdo marco.

Determinada información relativa a la adjudicación del contrato o a la celebración del acuerdo marco podrá no ser publicada en el caso de que su divulgación pueda constituir un obstáculo para aplicar la legislación, sea contraria al interés público, en particular a los intereses de defensa y/o seguridad o perjudique los intereses comerciales legítimos de operadores económicos públicos o privados, o pueda perjudicar la competencia leal entre ellos.

Los anuncios que las entidades o poderes adjudicadores envíen a la Comisión deberán transmitirse ya sea por medios electrónicos, con arreglo al formato y modalidades de transmisión mencionados en el anexo VI, punto 3, ya sea por otros medios. En caso de recurso al procedimiento acelerado establecido en el artículo 33, apartado 7, deberán enviarse los anuncios ya sea por telefax, ya sea por medios electrónicos, con arreglo al formato y modalidades de transmisión mencionados en el anexo VI, punto 3.

Los anuncios se publicarán con arreglo a las características técnicas de publicación indicadas en el anexo VI, punto 1, letras a) y b).

Los anuncios elaborados y enviados por medios electrónicos, con arreglo al formato y modalidades de transmisión que figuran en el anexo VI, punto 3, se publicarán en un plazo máximo de cinco días a partir de su envío.

Los anuncios no enviados por medios electrónicos, con arreglo al formato y modalidades de transmisión que figuran en el anexo VI, punto 3, se publicarán en un plazo máximo de 12 días a partir de su envío o, en el caso del procedimiento acelerado previsto en el artículo 33, apartado 7, en un plazo máximo de cinco días a partir de su envío.

Los anuncios de licitación se publicarán en toda su extensión en una lengua oficial de la Comunidad a elección de la entidad o poder adjudicador, y el texto publicado en dicha lengua original será el único auténtico. En las demás lenguas oficiales se publicará un resumen de los puntos importantes de cada anuncio.

Los gastos de publicación de dichos anuncios por parte de la Comisión correrán a cargo de la Comunidad.

Los anuncios y su contenido no se podrán publicar a nivel nacional o sobre un perfil de comprador antes de la fecha en que se envíen a la Comisión.

Los anuncios publicados a nivel nacional no incluirán información distinta de la que figure en los anuncios enviados a la Comisión o de la que se haya publicado en un perfil de comprador de conformidad con el artículo 30, apartado 1, párrafo primero, pero deberán mencionar la fecha de envío del anuncio a la Comisión o de la publicación en el perfil de comprador.

Los anuncios de información previa no podrán publicarse sobre un perfil de comprador antes de que se envíe a la Comisión el anuncio de su publicación en la citada forma; deberán mencionar la fecha de dicho envío.

En los procedimientos restringidos, los procedimientos negociados con publicación de anuncio de licitación, y en caso de que se recurra al diálogo competitivo, el plazo mínimo de recepción de las solicitudes de participación será de 37 días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación.

En los procedimientos restringidos, el plazo mínimo de recepción de las ofertas será de 40 días a partir de la fecha de envío de la invitación.

En los casos en que las entidades o poderes adjudicadores hayan publicado un anuncio de información previa, el plazo mínimo para la recepción de las ofertas con arreglo al apartado 2, párrafo segundo, podrá acortarse, por regla general, a 36 días, pero en ningún caso podrá ser inferior a 22 días.

El plazo empezará a contar a partir de la fecha de envío de la invitación a presentar una oferta.

El plazo reducido contemplado en el párrafo primero se admitirá siempre y cuando el anuncio de información previa incluya toda la información exigida para el anuncio de licitación que figura en el anexo IV, a condición de que dichas informaciones estén disponibles en el momento de la publicación del anuncio, y que este anuncio de información previa haya sido enviado para su publicación un mínimo de 52 días y un máximo de 12 meses antes de la fecha de envío del anuncio de licitación.

Será posible reducir en cinco días los plazos de recepción de las ofertas mencionados en el apartado 2, párrafo segundo, cuando la entidad o el poder adjudicador ofrezca acceso sin restricción, directo y completo por medios electrónicos, a partir de la fecha de publicación del anuncio con arreglo lo dispuesto en el anexo VI, a la documentación del contrato y a cualquier documentación complementaria, especificando en el texto del anuncio la dirección de Internet en la que dicha documentación pueda consultarse.

Esta reducción se podrá sumar a la prevista en el apartado 4.

Cuando, en los procedimientos restringidos y en los negociados con publicación de anuncio de licitación, la urgencia haga impracticables los plazos mínimos previstos en el presente artículo, las entidades o poderes adjudicadores podrán fijar:

La invitación a los candidatos incluirá:

Además de los elementos previstos en los apartados 2, 3 y 4, la invitación incluirá, como mínimo, los siguientes datos:

A petición de la parte interesada, y con sujeción al apartado 3, la entidad o el poder adjudicador comunicará cuanto antes, y a más tardar en un plazo de 15 días a contar desde la recepción de una solicitud escrita, la siguiente información:

Para los dispositivos de transmisión y recepción electrónica de las ofertas y los dispositivos de recepción electrónica de las solicitudes de participación se aplicarán las normas siguientes:

Las normas siguientes serán de aplicación al envío de las solicitudes de participación:

Respecto de todo contrato y todo acuerdo marco, las entidades o poderes adjudicadores elaborarán un informe escrito para confirmar que el procedimiento de selección se ha llevado a cabo de forma transparente y no discriminatoria, en el que se incluirá como mínimo la siguiente información:

Las entidades o poderes adjudicadores podrán exigir niveles mínimos de capacidad, con arreglo a los artículos 41 y 42, que los candidatos deberán satisfacer.

El alcance de la información contemplada en los artículos 41 y 42 y los niveles mínimos de capacidad exigidos para un contrato determinado deberán estar vinculados y ser proporcionales al objeto del contrato.

Dichos niveles mínimos se indicarán en el anuncio de licitación.

En los procedimientos restringidos, en los negociados con publicación de anuncio de licitación y en el diálogo competitivo, las entidades o poderes adjudicadores podrán limitar el número de candidatos adecuados a los que se invitará a presentar una oferta o a dialogar; En tal caso:

Cuando el número de candidatos que cumplen los criterios de selección y satisfacen los niveles mínimos sea inferior al número mínimo, la entidad o el poder adjudicador podrá seguir adelante con el procedimiento invitando al candidato o candidatos que cuenten con la capacidad exigida.

Si la entidad o el poder adjudicador considera que el número de candidatos idóneos es demasiado bajo para garantizar una competencia real, podrá suspender el procedimiento y volver a publicar el anuncio inicial de licitación de conformidad con el artículo 30, apartado 2, y el artículo 32, fijando un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de participación. En este caso, se invitará a los candidatos seleccionados en la primera publicación y los seleccionados en la segunda, de conformidad con el artículo 34. Esta opción se entenderá sin perjuicio de la capacidad de la entidad o poder adjudicador de cancelar el procedimiento de adjudicación en curso e iniciar un nuevo procedimiento.

Quedará excluido de la participación en un contrato público cualquier candidato o licitador que haya sido condenado mediante sentencia firme, de la que tiene conocimiento la entidad o poder adjudicador, por uno o varios de los motivos que a continuación se enumeran:

Los Estados miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y con sujeción al Derecho comunitario, las condiciones de aplicación del presente apartado.

Podrán establecer una excepción respecto a la obligación contemplada en el párrafo primero por necesidades imperativas de interés general.

A efectos de la aplicación del presente apartado, las entidades o poderes adjudicadores solicitarán, en su caso, a los candidatos o licitadores que presenten los documentos a que se refiere el apartado 3 y, cuando tengan dudas sobre la situación personal de estos, podrán dirigirse a las autoridades competentes para obtener la información que consideren necesaria sobre la situación personal de dichos candidatos o licitadores. Cuando la información se refiera a un candidato o licitador establecido en un Estado distinto del Estado de la entidad o poder adjudicador, este o aquella podrá solicitar la cooperación de las autoridades competentes. Según la legislación nacional del Estado miembro en el que estén establecidos los candidatos o licitadores, dichas solicitudes se referirán a personas jurídicas o físicas, incluidos, en su caso, los directores de empresa o cualquier persona que ejerza poderes de representación, decisión o control del candidato o licitador.

Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico:

Los Estados miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y con sujeción al Derecho comunitario, las condiciones de aplicación del presente apartado.

Las entidades o poderes adjudicadores aceptarán como prueba suficiente de que el operador económico no está incurso en los casos a los que se refieren el apartado 1 o al apartado 2, letras a), b), c), f) o g):

Cuando el país de que se trate no expida ese certificado o documento o cuando estos no mencionen todos los casos contemplados en el apartado 1 y en el apartado 2, letras a), b) o c), los certificados o documentos podrán ser sustituidos por una declaración jurada o, en los Estados miembros en los que no exista tal declaración, por una declaración solemne hecha por el interesado ante la autoridad judicial o administrativa competente, un notario o un organismo profesional competente del país de origen o de procedencia.

En general, la justificación de la capacidad económica y financiera del operador económico podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

En general, la capacidad técnica de los operadores económicos podrá acreditarse por uno o más de los medios siguientes, según la naturaleza, la cantidad o envergadura y la utilización de las obras, de los suministros o de los servicios:

Los Estados miembros podrán establecer listas oficiales de empresarios, proveedores o prestadores de servicios autorizados o una certificación por parte de organismos de certificación públicos o privados.

Los Estados miembros adaptarán las condiciones de inscripción en dichas listas y las de expedición de certificados por parte de organismos de certificación al artículo 39, apartados 1, 2, letras a) a d) y h), artículo 40, artículo 41, apartados 1, 4 y 5, artículo 42, apartado 1, letras a) a i), apartado 2 y apartado 4, artículo 43 y, en su caso, al artículo 44.

Los Estados miembros las adaptarán asimismo al artículo 41, apartado 2, y al artículo 42, apartado 2, en relación con las solicitudes de inscripción presentadas por los operadores económicos que formen parte de un grupo y utilicen los medios puestos a su disposición por las demás sociedades del grupo. Estos operadores deberán en este caso probar a la autoridad que establece la lista oficial que disponen de dichos medios durante toda la validez del certificado que acredite su inscripción en la lista oficial, y que dichas sociedades siguen cumpliendo durante ese mismo período los requisitos en materia de selección cualitativa, previstos en los artículos a los que se refiere el párrafo segundo, a que se acogen dichos operadores para su inscripción.

No podrá cuestionarse sin justificación la información deducible de la inscripción en las listas oficiales o de la certificación. Se podrá exigir una certificación suplementaria en lo que se refiere al pago de las cotizaciones a la seguridad social y al pago de los impuestos y gravámenes de cualquier operador económico inscrito, con ocasión de cada contrato.

Las entidades o poderes adjudicadores de los demás Estados miembros aplicarán el apartado 3 y el párrafo primero del presente apartado solo a los operadores económicos establecidos en el Estado miembro que haya elaborado la lista oficial.

Para la inscripción de los operadores económicos de los demás Estados miembros en una lista oficial o para su certificación por parte de los organismos mencionados en el apartado 1, no se podrá exigir más pruebas o declaraciones que las solicitadas a los operadores económicos nacionales y, en todo caso, únicamente las previstas en los artículos 39 a 43 y, si procede, el artículo 44.

No obstante, una inscripción o certificación de este tipo no podrá imponerse a los operadores económicos de los demás Estados miembros con vistas a su participación en un contrato público. Las entidades o poderes adjudicadores reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. Aceptarán asimismo otros medios de prueba equivalentes.

Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que se basarán las entidades o poderes adjudicadores para adjudicar los contratos serán:

Sin perjuicio del párrafo tercero, en el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1, la entidad o poder adjudicador precisará en la documentación del contrato (anuncio de licitación, pliego de condiciones, documento descriptivo o documentos complementarios), la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa.

Esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores que deberá tener una amplitud máxima adecuada.

Cuando, en opinión de la entidad o poder adjudicador, la ponderación no sea posible por razones demostrables, este o aquella indicará en la documentación del contrato (anuncio de licitación, pliego de condiciones, documento descriptivo o documentos complementarios), el orden decreciente de importancia de los criterios.

En los procedimientos restringidos o negociados sin convocatoria de licitación previa, las entidades o poderes adjudicadores podrán decidir que se efectúe una subasta electrónica previa a la adjudicación de un contrato cuando el pliego de condiciones de dicho contrato pueda establecerse de manera precisa.

En las mismas condiciones, podrá utilizarse la subasta electrónica cuando se convoque a una nueva licitación a las partes en un acuerdo marco con arreglo al artículo 29, apartado 4, párrafo segundo, segundo guión.

La subasta electrónica se basará:

Las entidades o poderes adjudicadores que decidan recurrir a una subasta electrónica mencionarán tal extremo en el anuncio de contrato.

El pliego de condiciones incluirá, entre otras, la siguiente información:

Antes de proceder a la subasta electrónica, las entidades o poderes adjudicadores procederán a una primera evaluación completa de las ofertas de conformidad con el (los) criterio(s) de adjudicación y con su ponderación, tal como se hayan establecido.

Todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles serán invitados simultáneamente por medios electrónicos a ofertar nuevos precios o nuevos valores; en la convocatoria se incluirá toda la información pertinente referente a la conexión individual al equipo electrónico que vaya a utilizarse, así como la fecha y la hora del comienzo de la subasta electrónica. Esta podrá efectuarse en varias fases sucesivas. La subasta electrónica no podrá comenzar hasta pasados, como mínimo, dos días hábiles desde de la fecha de envío de las convocatorias.

Cuando el contrato vaya a adjudicarse a la oferta económicamente más ventajosa, la invitación irá acompañada del resultado de la evaluación completa de la oferta del licitador de que se trate, efectuada con arreglo a la ponderación contemplada en el artículo 47, apartado 2, párrafo primero.

En la convocatoria se indicará, asimismo, la fórmula matemática mediante la que se determinarán en la subasta electrónica las reclasificaciones automáticas en función de los nuevos precios o de los nuevos valores ofertados. Dicha fórmula incorporará la ponderación de todos los criterios fijados para determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal como se haya indicado en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones; para ello, las eventuales bandas de valores deberán expresarse previamente con un valor determinado.

En el supuesto de que se autoricen variantes, deberá proporcionarse una fórmula para cada variante.

Las entidades o poderes adjudicadores cerrarán la subasta electrónica de conformidad con una o varias de las siguientes modalidades:

Cuando las entidades o poderes adjudicadores decidan cerrar la subasta electrónica con arreglo a la letra c), conjuntamente en su caso con las modalidades previstas en la letra b), en la invitación a participar en la subasta se indicará el calendario de cada una de las fases de que se compone la subasta.

Cerrada la subasta electrónica, las entidades o poderes adjudicadores adjudicarán el contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 en función de los resultados de la misma.

Las entidades o poderes adjudicadores no podrán recurrir a las subastas electrónicas de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada o que se vea modificado el objeto del contrato tal como se haya sometido a licitación mediante la publicación del anuncio de licitación y definido en el pliego de condiciones.

Si, respecto de un contrato determinado, alguna oferta se considera anormalmente baja con relación a la prestación, antes de rechazar dicha oferta, la entidad o poder adjudicador solicitará por escrito las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la oferta.

Dichas precisiones podrán referirse a:

A los efectos del apartado 1, no tendrán la consideración de terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para obtener el contrato ni las empresas vinculadas a ellas.

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas una lista exhaustiva de estas empresas. Esta lista se actualizará en función de las modificaciones que se produzcan en las relaciones entre las empresas.

Los anuncios de subcontratación deberán contener la información a la que se hace referencia en el anexo V y cualquier otra información que el licitador seleccionado considere necesaria, con la aprobación, si procede, de la entidad o poder adjudicador.

Los anuncios de subcontratación deberán redactarse con arreglo al modelo normalizado adoptado por la Comisión en aplicación del procedimiento previsto en el artículo 67, apartado 2.

Los Estados miembros también podrán permitir que los licitadores seleccionados cumplan el requisito de subcontratación establecido en el artículo 21, apartados 3 o 4, adjudicando subcontratos con arreglo a un acuerdo marco concluido de conformidad con las normas previstas en los artículos 51 y 53 y en los apartados 1 a 5 del presente artículo.

Los subcontratos basados en dicho acuerdo marco se adjudicarán dentro de los límites que impongan los términos establecidos en el mismo. Solo podrán adjudicarse a los operadores económicos que sean originalmente partes en el acuerdo marco. Cuando adjudiquen contratos, las partes deberán ofrecer, en todos los casos, condiciones acordes con las del acuerdo marco.

La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de siete años, salvo en circunstancias excepcionales que se determinarán teniendo en cuenta la vida útil esperada de los artículos, instalaciones o sistemas entregados y las dificultades técnicas que pueda ocasionar un cambio de proveedor.

No podrá recurrirse a los acuerdos marco de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

Los Estados miembros podrán exigir que la persona interesada interponga recurso en primer lugar ante la entidad o poder adjudicador. En tal caso, los Estados miembros velarán por que la interposición de dicho recurso conlleve la suspensión inmediata de la posibilidad de celebrar el contrato.

Los Estados miembros decidirán qué medios de comunicación, incluidos el fax o medios electrónicos, han de utilizarse para la interposición de recurso contemplada en el párrafo primero.

La suspensión contemplada en el párrafo primero no podrá finalizar antes de que expire un plazo de al menos diez días naturales a partir del día siguiente a aquel en que la entidad o poder adjudicador envió una respuesta por fax o por medio electrónico, o, si se han utilizado otros medios de comunicación, antes de que expire un plazo de al menos 15 días naturales a partir del día siguiente a aquel en que la entidad o poder adjudicador envió una respuesta, o de al menos diez días naturales a partir del día siguiente a la fecha de recepción de una respuesta.

Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 55 prevean las facultades necesarias para:

En los dos casos antes mencionados, conceder una indemnización por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por la infracción.

Los Estados miembros podrán disponer que el órgano responsable de los procedimientos de recurso esté facultado para tener en cuenta las consecuencias probables de las medidas provisionales para todos los intereses que puedan verse perjudicados, en particular los intereses de seguridad y/o defensa, así como para el interés general, y para decidir no conceder tales medidas si sus consecuencias negativas pudieran superar sus ventajas.

La decisión de no conceder estas medidas provisionales no prejuzgará los demás derechos reivindicados por la persona que solicite tales medidas.

Excepto en los casos previstos en los artículos 60 a 62, los efectos del ejercicio de las facultades contempladas en el apartado 1 del presente artículo sobre un contrato celebrado tras un procedimiento de adjudicación se determinarán con arreglo al Derecho nacional.

Además, excepto en caso de que una decisión deba ser anulada antes de conceder una indemnización por daños y perjuicios, los Estados miembros podrán establecer que, una vez celebrado el contrato de conformidad con el artículo 55, apartado 6, el apartado 3 del presente artículo, o los artículos 57 a 62, los poderes del órgano responsable de los procedimientos de recurso se limiten a indemnizar por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una infracción.

Cuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no tengan carácter judicial, sus decisiones habrán de motivarse siempre por escrito. Además, en ese caso, deberán adoptarse disposiciones para garantizar que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el órgano de recurso competente, o cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante otro órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado, y que sea independiente en relación con la entidad o poder adjudicador y con el órgano de recurso.

El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad. Como mínimo, el presidente de esta instancia independiente deberá poseer las mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez. Las decisiones adoptadas por la instancia independiente tendrán, por los medios que estipule cada Estado miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Los Estados miembros velarán por que los órganos responsables de los procedimientos de recurso garanticen un nivel adecuado de confidencialidad de la información clasificada o de otra información contenida en la documentación transmitida por las partes y actúen de conformidad con los intereses de seguridad o defensa en todas las fases del procedimiento.

Con este fin, los Estados miembros podrán decidir que un organismo determinado es el único facultado para revisar contratos en los ámbitos de seguridad y defensa.

En cualquier caso, los Estados miembros podrán disponer que únicamente los miembros de las instancias de recurso debidamente autorizados para manejar información clasificada puedan examinar los recursos que supongan el uso de tal información. También podrán imponer medidas de seguridad específicas relacionadas con el registro de recursos, la recepción de documentos y el almacenamiento de documentaciones.

Los Estados miembros determinarán la forma en que los órganos responsables de los procedimientos de recurso deban conciliar la confidencialidad de la información clasificada con el respeto de los derechos de defensa y, en el caso de un recurso examinado por una instancia judicial o por una instancia que sea una corte o un tribunal en el sentido del artículo 234 del Tratado, lo harán de forma tal, que el procedimiento respete, en su conjunto, el derecho a un juicio justo.

La celebración del contrato consecutiva a la decisión de adjudicación de un contrato incluido en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, no podrá tener lugar antes de que expire un plazo de al menos diez días naturales a partir del día siguiente a aquel en que se haya remitido, por fax o por medios electrónicos, la decisión de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos afectados, o, si se han utilizado otros medios de comunicación, antes de que expire un plazo de al menos 15 días naturales a partir del día siguiente a aquel en que se haya remitido la decisión de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos afectados, o de al menos diez días naturales a partir del día siguiente a la fecha de la recepción de la decisión de adjudicación del contrato.

Se considerarán licitadores afectados aquellos que aún no hayan quedado definitivamente excluidos. Se considerará que una exclusión es definitiva si ha sido notificada a los licitadores afectados y, o bien ha sido considerada legal por un órgano de recurso independiente, o bien no puede ya ser objeto de un procedimiento de recurso.

Se considerarán candidatos afectados aquellos a los que la entidad o poder adjudicador no haya facilitado información sobre el rechazo de su solicitud antes de notificar la decisión de adjudicación del contrato a los licitadores afectados.

La comunicación, a cada licitador y candidato afectados, de la decisión de adjudicación irá acompañada de:

Los Estados miembros garantizarán que un órgano de recurso independiente de la entidad o poder adjudicador declare la ineficacia del contrato, o que la ineficacia del contrato dimane de una decisión de dicho órgano, en los siguientes casos:

Los Estados miembros podrán disponer que la instancia de recurso independiente de la entidad o poder adjudicador no pueda declarar nulo un contrato, aunque haya sido adjudicado ilegalmente por los motivos indicados en el apartado 1, si determina, tras haber examinado todos los aspectos pertinentes, que motivos imperiosos de interés general, fundamentalmente relacionados con intereses de defensa y/o seguridad, exigen que se mantengan los efectos del contrato.

Solo se considerará que los intereses económicos constituyen motivos imperiosos de interés general con arreglo al párrafo primero, a la hora de mantener la eficacia del contrato, si la ineficacia del mismo diere lugar a consecuencias desproporcionadas.

Ahora bien, no se considerará que los intereses económicos directamente vinculados al contrato en cuestión constituyen motivos imperiosos de interés general con arreglo al párrafo primero. Entre los intereses económicos directamente vinculados al contrato cabe mencionar, entre otros, los costes derivados del retraso en la ejecución del contrato, los costes derivados de la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratación, los costes derivados del cambio del operador económico que habrá de ejecutar el contrato y los costes de las obligaciones jurídicas derivadas de la ineficacia.

En cualquier caso, un contrato podrá no considerarse ineficaz si las consecuencias de esta ineficacia pusieran seriamente en peligro la existencia misma de un programa de defensa o seguridad más amplio que sea esencial para los intereses de seguridad de un Estado miembro.

En los casos anteriormente mencionados, los Estados miembros dispondrán que se apliquen en su lugar sanciones alternativas, en el sentido del artículo 61, apartado 2.

Los Estados miembros establecerán que el apartado 1, letra a), no sea de aplicación si:

Los Estados miembros dispondrán que el apartado 1, letra c), no sea de aplicación, si:

Dichas sanciones alternativas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Consistirán en:

Los Estados miembros podrán otorgar al órgano de recurso amplias facultades discrecionales para apreciar todos los factores pertinentes, entre ellos la gravedad de la infracción, el comportamiento de la entidad o poder adjudicador y, en los casos a que se refiere el artículo 60, apartado 2, la medida en que el contrato sigue vigente.

La concesión de una indemnización por daños y perjuicios no constituye una sanción adecuada a los efectos del presente apartado.

Los Estados miembros podrán disponer que la interposición de recurso de conformidad con el artículo 60, apartado 1, deba realizarse:

Dentro de los 21 días civiles siguientes a la recepción de la notificación contemplada en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate comunicará a la Comisión:

Con ocasión de la revisión de los umbrales de la Directiva 2004/17/CE, a que se refiere el artículo 69 de la misma, la Comisión revisará también los umbrales previstos en el artículo 8 de la presente Directiva, efectuando los siguientes ajustes:

▼M7

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 66 bis por los que se modifiquen los umbrales a que se refiere el párrafo primero.

La Comisión podrá modificar, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 67, apartado 2:

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 66 bis por los que se modifiquen:

Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 21 de agosto de 2011, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.