a) la aplicación de un programa presupuestario a medio plazo claramente definido con el fin de situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado, siguiendo un calendario y una senda de saneamiento compatibles con las recomendaciones dirigidas por el Consejo a Rumanía en el marco del procedimiento de déficit excesivo;

b) la aprobación y ejecución de presupuestos anuales para 2010 y años posteriores compatibles con la senda de saneamiento establecida en el Memorando de entendimiento complementario;

c) la reducción de la masa salarial nominal del sector público con respecto al nivel de 2008, mediante la renuncia al incremento de los salarios del sector público (de un total del 5 % en términos nominales) previsto para 2009 (o recortes equivalentes en el empleo) y mediante la reducción del empleo público, en concreto, sustituyendo solo a uno de cada siete empleados que se marchen;

d) reducciones adicionales del gasto en bienes y servicios y de las subvenciones a las empresas públicas;

e) la mejora de la gestión presupuestaria mediante la adopción y aplicación de un marco presupuestario a medio plazo vinculante, el establecimiento de límites a las revisiones presupuestarias a lo largo del año, incluida la adopción de normas fiscales y la creación de un consejo fiscal con la misión de efectuar un control independiente y especializado;

f) la reforma del régimen público de retribuciones, en concreto mediante la unificación y simplificación de las escalas salariales y la reforma del sistema de gratificaciones;

g) la reforma de algunos parámetros fundamentales del sistema de pensiones mediante el paso a una indización de las pensiones públicas con respecto a los precios de consumo, el ajuste gradual de la edad de jubilación por encima de la establecida en los planes actuales, especialmente para las mujeres, y la participación paulatina en la financiación del régimen de pensiones de las categorías de empleados públicos que actualmente no cotizan;

h) la modificación de la legislación sobre banca y sobre liquidaciones para responder a tiempo y eficazmente en caso de crisis de los bancos. Un objetivo fundamental de estas modificaciones será reforzar las competencias de los administradores de los bancos que hayan sido colocados bajo administración especial. Además de estas disposiciones, deben fortalecerse las facultades del Banco Nacional de Rumanía (BNR) habilitándolo para exigir que los accionistas importantes incrementen su participación de capital como apoyo financiero al banco. Se reforzará la supervisión financiera de conformidad con la legislación comunitaria pertinente. Además, se introducirán requisitos más precisos en cuanto a la presentación de informes sobre la liquidez Por otra parte, deben modificarse los procedimientos para la activación de la garantía de depósitos con el fin de simplificar y acelerar los pagos. En la legislación modificada se dispondrá que esta garantía se active cuando lo determine el BNR dentro del período de 20 días. Por último, a fin de asegurar una reserva de liquidez suficiente, el BNR se compromete a ampliar el conjunto de activos aceptables como garantía. Dadas las particulares circunstancias, a su debido tiempo, el nivel mínimo reglamentario del ratio de adecuación del capital debería incrementarse del 8 % al 10 %;

i) medidas de reforma estructural en los ámbitos de las recomendaciones específicas para el país publicadas en el contexto de la Estrategia de Lisboa. Estas medidas estarán destinadas a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública, a mejorar la calidad del gasto público y la utilización y absorción de los fondos comunitarios, a reducir las cargas administrativas, fiscales y jurídicas de las empresas y a resolver el problema del trabajo no declarado, ampliando así la base impositiva.