(2)

Considerando que, en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1995, se decidió que el término «ecu» utilizado en el Tratado para hacer referencia a la unidad monetaria europea es un término genérico; que los Gobiernos de los quince Estados miembros han llegado al común acuerdo de que dicha decisión constituye la interpretación acordada y definitiva de las disposiciones pertinentes contenidas en el Tratado; que la denominación dada a la moneda europea será la de «euro»; que el euro, en su calidad de moneda de los Estados miembros participantes, se dividirá en cien unidades fraccionarias denominadas «cent»; que la elección de la denominación «cent» no excluye que se utilicen variantes de este término en el uso cotidiano dentro de los Estados miembros; que el Consejo Europeo estimó asimismo que la denominación de la moneda única debe ser la misma en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, teniendo en cuenta la existencia de alfabetos diferentes;

(3)

Considerando que, cuando actúe de conformidad con lo dispuesto en la tercera frase del apartado 4 del artículo 109 L del Tratado, el Consejo deberá adoptar además de los tipos de conversión las medidas necesarias para la rápida introducción del euro;

(4)

Considerando que, en el momento en que un Estado miembro se convierta, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 K del Tratado, en un Estado miembro participante, el Consejo adoptará, de conformidad con el apartado 5 del artículo 109 L del Tratado, las restantes medidas necesarias para la rápida introducción del euro como moneda única de dicho Estado miembro;

(5)

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en la primera frase del apartado 4 del artículo 109 L del Tratado, en la fecha en que entre en vigor la tercera fase el Consejo adoptará los tipos de conversión a los que las monedas de los Estados miembros participantes quedarán irrevocablemente fijadas y el tipo irrevocablemente fijado al cual el euro sustituirá a dichas monedas;

(6)

Considerando que, ante la inexistencia de riesgo de tipo de cambio, tanto entre la unidad euro y las unidades monetarias nacionales, como entre estas mismas unidades monetarias nacionales, las disposiciones legislativas deberían interpretarse en consecuencia;

(7)

Considerando que el término «contrato» empleado en la definición de los instrumentos jurídicos abarca todos los tipos de contrato, independientemente de la forma en que se hayan celebrado;

(8)

Considerando que, con el fin de preparar una transición equilibrada al euro, se precisa un período transitorio entre el momento en que el euro sustituya a las monedas de los Estados miembros participantes y la introducción de los billetes y monedas en euro; que, durante este período, las unidades monetarias nacionales se definirán como subdivisiones del euro; que, por esa razón, se establece una equivalencia legal entre la unidad euro y las unidades monetarias nacionales;

(9)

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 G del Tratado y en el Reglamento (CE) no 1103/97, el euro sustituirá al ecu a partir del 1 de enero de 1999 como unidad de cuenta de las instituciones de las Comunidades Europeas; que el euro debería ser asimismo la unidad de cuenta del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales de los Estados miembros participantes; que, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) realizará las operaciones de política monetaria en unidades euro; que esto no impide que los bancos centrales nacionales lleven su contabilidad en sus respectivas monedas nacionales durante el período transitorio, en particular las de su personal y las de las administraciones públicas;

(10)

Considerando que cada Estado miembro participante podrá permitir la plena utilización de la unidad euro en su territorio durante el período transitorio;

(11)

Considerando que, durante el período transitorio, los contratos, las leyes nacionales y otros instrumentos jurídicos pueden contener válidamente referencias a la unidad euro o a la unidad monetaria nacional; que, durante este período, el presente Reglamento no afectará en modo alguno a la validez de cualquier referencia a la unidad monetaria nacional en cualquier instrumento jurídico;

(12)

Considerando que, salvo pacto en contrario, los agentes económicos han de respetar la denominación de un instrumento jurídico en el cumplimiento de todos los actos que se hayan de llevar a cabo en virtud del mismo;

(13)

Considerando que la unidad euro y las monedas nacionales son unidades de la misma moneda; que es preciso garantizar que los pagos efectuados en un Estado miembro participante mediante abono en cuenta puedan realizarse tanto en la unidad euro como en la unidad monetaria nacional respectiva; que las disposiciones relativas a dichos pagos deberán aplicarse asimismo a los pagos transfronterizos denominados en la unidad euro o en la unidad monetaria nacional de la cuenta del acreedor; que es necesario garantizar el funcionamiento armonioso de los sistemas de pago mediante una disposición relativa a los abonos en cuenta por instrumentos de pago abonados a través de dichos sistemas; que lo dispuesto en materia de pagos mediante abonos en cuenta no deberá implicar que los intermediarios financieros estén obligados a proveer bien otras facilidades de pago, bien productos denominados en alguna unidad particular del euro; que las disposiciones en materia de pagos mediante abonos en cuenta no prohíben que los intermediarios financieros coordinen la introducción de sistemas de pago denominados en la unidad euro basados en una infraestructura técnica común durante el período transitorio;

(14)

Considerando que, de conformidad con las conclusiones alcanzadas por el Consejo Europeo en su reunión de Madrid, los Estados miembros participantes emitirán en unidades euro la nueva deuda pública negociable a partir del 1 de enero de 1999; que es deseable permitir a los emisores de deuda que redenominen la deuda en circulación en la unidad euro; que las disposiciones relativas a la redenominación deben ser tales que también sean aplicables dentro de las jurisdicciones de países terceros; que debe facultarse a los emisores para que redenominen la deuda en circulación si la deuda está denominada en la unidad monetaria nacional de un Estado miembro que haya redenominado, en parte o en su totalidad la deuda en circulación de sus administraciones públicas; que estas disposiciones no se refieren al establecimiento de otras medidas para modificar las estipulaciones de la deuda en circulación con objeto de variar, entre otras cosas, el importe nominal de la deuda en circulación, ya que se trata de cuestiones que competen a la ley nacional; que es deseable permitir que los Estados miembros adopten las medidas oportunas para cambiar la unidad de cuenta en los procedimientos operativos de los mercados organizados;

(15)

Considerando que será necesario adoptar otras medidas a nivel comunitario a efectos de clarificar las repercusiones de la introducción del euro en la aplicación de las actuales disposiciones contenidas en la normativa comunitaria, en particular en lo referente a la liquidación por diferencia de saldos netos, la compensación o técnicas que produzcan efectos similares;

(16)

Considerando que cualquier obligación de utilizar la unidad euro sólo podrá imponerse basándose en la legislación comunitaria; que en las transacciones con el sector público los Estados miembros participantes podrán autorizar la utilización de la unidad euro; que, de conformidad con el escenario de referencia acordado por el Consejo Europeo en su reunión celebrada en Madrid, la normativa comunitaria por la que se establece el calendario para la utilización generalizada de la unidad euro deberá dejar cierta libertad de acción a los distintos Estados miembros;

(17)

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 A del Tratado, el Consejo podrá adoptar medidas para armonizar las denominaciones y las especificaciones técnicas de todas las monedas;

(18)

Considerando que los billetes y monedas necesitan adecuada protección contra la falsificación;

(19)

Considerando que los billetes y monedas denominados en las unidades monetarias nacionales dejarán de ser de curso legal a más tardar seis meses después de la expiración del período transitorio; que las limitaciones que los Estados miembros establezcan para los pagos en billetes y monedas por motivos de interés público no son incompatibles con la condición de moneda de curso legal de los billetes y monedas denominados en euros, siempre y cuando existan otros medios legales para la liquidación de deudas monetarias;

(20)

Considerando que, a partir de la expiración del período transitorio, las referencias en los instrumentos jurídicos existentes al término de dicho período se entenderán hechas a la unidad euro, con arreglo a los respectivos tipos de conversión; que, por consiguiente, no es imprescindible una redenominación material de los instrumentos jurídicos existentes para lograr este resultado; que las normas de redondeo establecidas en el Reglamento (CE) no 1103/97 también se aplicarán a las conversiones que se han de realizar al término del período transitorio o una vez transcurrido éste; que, por razones de transparencia, podría ser deseable que la redenominación material se lleve a cabo tan pronto como sea oportuno;

(21)

Considerando que el punto 2 del Protocolo no 11 sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte establece, entre otras cosas, que el punto 5 de dicho Protocolo será aplicable en caso de que el Reino Unido notifique al Consejo que no se propone pasar a la tercera fase; que el 30 de octubre de 1997 el Reino Unido notificó al Consejo que no se propone pasar a la tercera fase; que el punto 5 establece, entre otras cosas, que el apartado 4 del artículo 109 L del Tratado no se aplicará al Reino Unido;

(22)

Considerando que Dinamarca, basándose en lo dispuesto en el punto 1 del Protocolo no 12 sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca, ha notificado, en el contexto de la Decisión de Edimburgo adoptada el 12 de diciembre de 1992, que no participará en la tercera fase; que, por consiguiente, y de acuerdo con el apartado 2 de dicho Protocolo, todos los artículos y disposiciones del Tratado y de los Estatutos del SEBC referentes a una excepción serán aplicables a Dinamarca;

(23)

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 L del Tratado, la moneda única se introducirá únicamente en los Estados miembros no acogidos a una excepcion;

(24)

Considerando que el presente Reglamento, por lo tanto, será aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 189 del Tratado, salvo lo dispuesto en los Protocolos no 11 y no 12 y en el apartado 1 del artículo 109 K,