—

Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular sus artículos 3 y 21, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 4, 11, 173 a 178, 191 y 194, así como su Protocolo n.o 28 sobre los Tratados sobre cohesión económica, social y territorial,

—

Visto el acuerdo adoptado en la 21.a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en París el 12 de diciembre de 2015 (Acuerdo de París), en particular sus artículos 7, apartado 2, y 11, apartado 2, que reconocen la dimensión local, subnacional y regional del cambio climático y la acción por el clima,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo (COM(2019)0640),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático, una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París (1),

—

Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental (2),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (3),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (4),

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 11 de diciembre de 2020, relativas al cambio climático,

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Vistos el Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) relativo al calentamiento global de 1,5 oC, su quinto Informe de evaluación y su Informe de síntesis correspondiente, así como su Informe especial sobre el cambio climático y la tierra y su Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

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Vista la evaluación de indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulada «Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Pérdidas económicas derivadas de fenómenos climáticos extremos en Europa), publicada el 20 de diciembre de 2020,

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Visto el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta», la propuesta de la Comisión de Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 y su visión hasta 2050,

—

Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas,

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Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.a reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (5),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 4 de marzo de 2020, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima) (COM(2020)0080),

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Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de enero de 2020, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo de Transición Justa (COM(2020)0022) y la propuesta modificada de la Comisión, de 28 de mayo de 2020 (COM(2020)0460),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 28 de mayo de 2020, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una Transición Justa (COM(2020)0453),

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Vista la propuesta de la Comisión, de 28 de mayo de 2020, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales excepcionales y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE) (COM(2020)0451),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (6),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (7),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Consejo (8),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (9),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1084/2006 (10),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 29 de mayo de 2020, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU (COM(2020)0403),

—

Visto el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (11),

—

Visto el estudio del Parlamento Europeo de 2021 titulado «The platform economy and precarious work» (La economía de plataformas y el empleo precario),

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Vista su Resolución, de 13 de junio de 2018, sobre la política de cohesión y la economía circular (12),

—

Visto el artículo 349 del TFUE, que prevé la posibilidad de adoptar medidas específicas de excepción para las regiones ultraperiféricas de la Unión, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Mayotte de 15 de diciembre de 2015 (asuntos C-132/14 a C-136/14),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

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Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A9-0034/2021),

A.

Considerando que el cambio climático es un desafío que trasciende fronteras y requiere medidas inmediatas y ambiciosas a escala mundial, europea, nacional, regional y local para limitar el calentamiento global a 1,5 oC por encima de los niveles preindustriales y prevenir la pérdida de biodiversidad a gran escala; que se necesitan medidas urgentes para garantizar que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga por debajo de 2 oC con respecto a los niveles preindustriales, ya que toda pérdida de biodiversidad tendrá importantes repercusiones, en particular en la calidad de la producción agrícola;

B.

Considerando que un aumento de 1,5 oC es el máximo que el planeta puede tolerar; que, si las temperaturas siguen subiendo después de 2030, la humanidad se enfrentará a un número aún mayor de casos de sequía, inundaciones, calor extremo y pobreza que afectarán a cientos de millones de personas y a la probable desaparición de las poblaciones más vulnerables, y, lo que es peor, podría poner totalmente en peligro su supervivencia a largo plazo, tal y como señalaba el informe interinstitucional de la Unión titulado «Desafíos y decisiones para Europa»;

C.

Considerando que la Agencia Europea de Medio Ambiente calculó que, entre 1980 y 2019, los fenómenos extremos relacionados con el clima provocaron pérdidas económicas que ascendieron a aproximadamente 446 000 000 000 EUR en los países del EEE; que esto equivale a 11 100 000 000 EUR anuales y que las pérdidas aseguradas acumuladas equivalen a cerca del 3 % del PIB de los países analizados;

D.

Considerando que estudios recientes muestran que el potencial de calentamiento global (PCG) del gas natural fósil (metano, CH4) es significativamente superior a lo que se suponía anteriormente;

E.

Considerando que el calentamiento global puede alcanzar 1,5 oC por encima de los niveles preindustriales durante el actual período de programación, lo que requiere una acción inmediata para hacer frente a la emergencia climática, de conformidad con las políticas de la Unión sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París de las Naciones Unidas;

F.

Considerando que la transición hacia una economía climáticamente neutra a más tardar para 2050 representa tanto una gran oportunidad como un desafío para la Unión y para sus Estados miembros, regiones, ciudades, comunidades locales, ciudadanos, trabajadores y empresas, así como para su industria; que, no obstante, es necesario encontrar un equilibrio entre los ambiciosos objetivos climáticos y el mantenimiento de la competitividad de la economía, sin socavar la consecución del objetivo de los 1,5 oC;

G.

Considerando que la consecución de este objetivo requerirá una transformación general de la sociedad y la economía europeas, ya que algunos sectores sufrirán una disminución irreversible de la producción acompañada de una pérdida de puestos de trabajo en las actividades económicas basadas en la producción y el uso de combustibles fósiles, mientras que otros sectores conseguirán encontrar una alternativa tecnológica;

H.

Considerando que la sostenibilidad debe verse como un enfoque equilibrado para aunar crecimiento sostenible, progreso social y medio ambiente;

I.

Considerando que el Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 (13) prevé un objetivo global por el que, como mínimo, el 30 % del importe total del gasto del presupuesto de la Unión y del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea contribuya a los objetivos climáticos, y un nuevo objetivo anual en materia de biodiversidad del 7,5 % a partir de 2024, con miras a lograr el 10 % en 2026 y en 2027;

J.

Considerando que las islas, especialmente las pequeñas, y las regiones ultraperiféricas son los territorios de la Unión más expuestos y vulnerables a los efectos del cambio climático, y que deben hacer frente a desafíos y costes específicos y adicionales durante la transición; que el cambio climático y sus efectos múltiples afectarán a las regiones europeas de diferentes formas, con diferentes niveles de gravedad y en distintos momentos, y que la gestión de la transición dará lugar a importantes cambios estructurales; que los ciudadanos y los trabajadores se verán afectados, por tanto, de diferentes formas y no todos los países se enfrentarán a las mismas repercusiones o serán capaces de responder adecuadamente; que es esencial que, cuando se elabore la visión a largo plazo para las zonas rurales en Europa, se haga hincapié en la necesidad de mejorar estas zonas y conseguir que resulten atractivas como lugar en el que vivir y trabajar;

K.

Considerando que las islas y las regiones periféricas y ultraperiféricas tienen un potencial enorme para la producción de energía renovable y constituyen laboratorios estratégicos para aplicar medidas políticas y soluciones técnicas innovadoras a fin de lograr la transición energética, reducir las emisiones de CO2 e impulsar el cambio hacia la economía circular;

L.

Considerando que la política de cohesión no solo ofrece oportunidades de inversión para responder a las necesidades locales y regionales a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), sino que también ofrece un marco político integrado con el fin de reducir las disparidades de desarrollo entre las regiones europeas y ayudarlas a abordar los múltiples desafíos para su desarrollo, en particular mediante la protección del medio ambiente, el empleo de alta calidad y el desarrollo justo, inclusivo y sostenible;

M.

Considerando que las disparidades económicas, sociales y territoriales que la política de cohesión tiene como principal objetivo abordar también pueden verse afectadas por el cambio climático y sus consecuencias a largo plazo, y que las medidas en materia de política climática de la Unión también deben apoyar los objetivos de la política de cohesión de la Unión;

N.

Considerando que la política de cohesión es clave para apoyar a regiones o zonas menos desarrolladas que padecen desventajas naturales y geográficas, que a menudo son las que más sufren los efectos del cambio climático, pero cuentan con menos recursos para afrontarlos;

O.

Considerando que la política de cohesión es una herramienta crucial para lograr una transición justa hacia una economía climáticamente neutra que no deje a nadie atrás; que las políticas ecológicas de lucha contra el cambio climático pueden no afectar por igual a las mujeres y a los hombres; que también debe tenerse en cuenta el impacto en los grupos vulnerables y marginados;

P.

Considerando que las autoridades locales y regionales, así como otras partes interesadas pertinentes, son agentes clave para la aplicación de la política de cohesión, ya que responden con eficacia a la urgente amenaza que representa el cambio climático; que también son responsables de un tercio del gasto público y de dos tercios de la inversión pública y que, por tanto, es fundamental crear mecanismos como el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, con el fin de reunir a las autoridades locales y regionales responsables de aplicar los objetivos de la Unión en materia de clima y energía;

Q.

Considerando que la crisis climática está estrechamente vinculada a otras crisis, como la de la biodiversidad, al igual que la crisis sanitaria, social y económica está vinculada a la pandemia de COVID-19; que, aunque estas crisis deben abordarse de forma paralela, cada una de ellas debe tratarse de manera diferente y adecuada;

R.

Considerando que, desde su creación en 2002, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se ha activado en respuesta a más de noventa catástrofes y ha movilizado más de 5 500 000 000 EUR en veintitrés Estados miembros y en un país en vías de adhesión; que, como parte de la respuesta de la Unión al brote de COVID-19, se ha ampliado el ámbito de actuación del Fondo para que abarque importantes emergencias de salud pública y se ha alcanzado el nivel máximo de pagos anticipados;

S.

Considerando que la transición hacia una economía climáticamente neutra, sostenible y circular debe implicar a todos los agentes de la sociedad, en particular al sector privado, los interlocutores sociales y los ciudadanos junto a los representantes elegidos, incluidas las autoridades locales y regionales, y debe estar respaldada por medidas sociales inclusivas para garantizar una transición equitativa y justa que apoye a las empresas, la conservación y la creación de empleo, en especial empleos verdes y azules de calidad;

T.

Considerando que los Estados miembros han adoptado planes nacionales integrados de energía y clima y que las regiones deben presentar un plan regional acorde para lograr la mitigación de emisiones y la adaptación, al objeto de establecer una ruta hacia la neutralidad climática para 2050 a más tardar;

U.

Considerando que la transición a una economía climáticamente neutra para 2050 a más tardar puede lograrse mediante una combinación de financiación pública a escala nacional y de la Unión y con la creación de las condiciones adecuadas para la financiación privada;

V.

Considerando que las fuentes de energía derivadas de combustibles fósiles, y en particular de combustibles fósiles sólidos, socavan los esfuerzos por lograr la neutralidad climática y que, por consiguiente, la Unión debe establecer un marco normativo coherente para seguir promoviendo el uso de fuentes de energía renovables, como la energía solar y la biomasa, en lugar de aquellas derivadas de combustibles fósiles; que, a este respecto, la política de cohesión debe garantizar el principio de «la eficiencia energética primero», cuyo objetivo es mejorar la eficacia del suministro y la demanda de energía, y que debe aplicarse y respetarse en todas las inversiones relacionadas con la energía realizadas en el marco de la política de cohesión; que para muchos Estados miembros el uso transitorio de fuentes de energía basadas en el gas natural hasta el 31 de diciembre de 2025 podría ser fundamental para la consecución de una transición energética justa que no perjudique a la sociedad ni deje a nadie atrás; que las estrategias medioambientales regionales deben vincularse a unos objetivos climáticos ambiciosos que puedan ir más allá del objetivo global de lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050 y deben, a más tardar el 31 de diciembre de 2025, eliminar gradualmente los combustibles fósiles, incluidos los proyectos de infraestructura de gas, apoyar su sustitución por energías, materiales y productos renovables producidos de forma sostenible, y promover la eficiencia de los recursos y el desarrollo sostenible en general, en consonancia con las disposiciones del Reglamento del FEDER-FC (14);

W.

Considerando que las estrategias medioambientales regionales deben contribuir a la consecución de empleo estable y pleno, además de progreso social y no discriminación, con el fin de luchar mejor contra los efectos derivados del cambio climático y combatir la pérdida de biodiversidad;

X.

Considerando que los planes de gestión de residuos deben seguir los principios de la economía circular y formar parte de las estrategias medioambientales regionales;

Y.

Considerando que un modelo europeo de gobernanza a varios niveles, basado en la cooperación activa y constructiva entre los distintos niveles de gobernanza y las partes interesadas, es clave para la transición hacia la neutralidad climática; que las iniciativas comunitarias y ciudadanas pueden prestar un sólido apoyo a la transición ecológica y combatir el cambio climático;

Z.

Considerando que las estrategias macrorregionales de la Unión pueden contribuir a detectar aquellos sectores y ámbitos clave de cooperación entre regiones distintas que se enfrentan a retos comunes como el cambio climático, la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, la biodiversidad, el transporte, la gestión de residuos, los proyectos transfronterizos y el turismo sostenible;

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