—

ser un acto jurídico independiente que se adopte en forma de reglamento, titulado «Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un visado humanitario europeo»;

—

tener como base jurídica el artículo 77, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

—

justificarse haciendo referencia a:

—

la laguna jurídica existente en la actualidad en el Derecho de la Unión que, aparte de los procedimientos de reasentamiento aplicables a los refugiados vulnerables, no prevé procedimientos específicos ni en el acervo sobre visados ni en el relativo a las fronteras o el asilo, para la admisión en el territorio de los Estados miembros de las personas que buscan protección, con una estimación de que el 90 % de las personas que posteriormente han sido reconocidas como refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria llegaron al territorio de los Estados miembros de forma irregular (1), a menudo siguiendo rutas en las que se juegan la vida;

—

el riesgo de fragmentación, ya que los Estados miembros establecen cada vez en mayor medida sus propios programas y procedimientos de admisión humanitaria, lo que va en contra del objetivo general establecido en el artículo 78, apartado 1, del TFUE de desarrollar una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal, y podría también, en vista de la existencia de diferentes regímenes, afectar a la aplicación uniforme de las disposiciones comunes relativas a la entrada en el territorio de los Estados miembros de nacionales de terceros países establecidas en los Reglamentos (CE) n.o 810/2009 (2) y (UE) 2016/399 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo;

—

los elevados costes humanos, pero también en términos sociales, económicos y presupuestarios, asociados con el statu quo, para los nacionales de terceros países de que se trate (dinero cobrado por los pasadores de fronteras, riesgo de trata y explotación, riesgo de persecución, riesgo de muerte y malos tratos, etc.) y para los Estados miembros y la Unión (elevado presupuesto de búsqueda y salvamento, incluido para transporte privado, protección de las fronteras, cooperación con terceros países, procedimientos de asilo y posible retorno en caso de rechazo de las solicitudes de protección internacional, así como lucha contra la delincuencia organizada, la trata y el tráfico ilícito, etc.);

—

el valor añadido de la acción de la Unión, a la hora de garantizar el cumplimiento de los valores de la Unión, incluidos los derechos fundamentales, la confianza mutua entre los Estados miembros y la confianza en el sistema por parte de los solicitantes de asilo, la seguridad jurídica, la previsibilidad y la aplicación y ejecución uniforme de las normas, la obtención de economías de escala y la reducción de los costes anteriormente citados vinculados al statu quo;

—

recordar que la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) solo se aplican en el territorio de los Estados miembros, mientras que, en la actualidad, existen insuficientes vías legales para que los solicitantes de asilo puedan alcanzar dicho territorio;

—

recordar que, tras la presentación de una solicitud de asilo en un Estado miembro, se aplican las disposiciones del Sistema Europeo Común de Asilo de la Unión;

—

destacar que la denegación de una solicitud de visado humanitario europeo no afecta en modo alguno al derecho a solicitar asilo en la Unión, ni impide que el solicitante sea incluido en otros regímenes de protección disponibles;

—

tener como objetivo el establecimiento de disposiciones sobre los procedimientos y las condiciones que permitan a los Estados miembros expedir un visado humanitario europeo a las personas que buscan protección internacional, de manera que dichas personas puedan entrar en el territorio del Estado miembro que haya expedido el visado con el único objetivo de presentar una solicitud de protección internacional en ese Estado miembro;

—

incluir en su ámbito de aplicación a los nacionales de terceros países que deben estar en posesión de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo (6), y cuando las alegaciones de estar expuestos a persecución o de correr el riesgo de sufrir persecución conforme a la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) sean manifiestamente fundadas, pero no sean todavía objeto de un proceso de reasentamiento, tal y como se define en los regímenes nacionales de reasentamiento o en el Reglamento propuesto por el que se establece un Marco de Reasentamiento de la Unión y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) o la Directiva 2001/55/CE del Consejo (9);

—

excluir de su ámbito de aplicación a los familiares que tengan derecho a reunirse con su familia en un Estado miembro, a su debido tiempo, con arreglo a otros actos legales de la Unión o de la legislación nacional;

—

disponer que las solicitudes de este tipo de visados se presenten directamente, por vía electrónica o por escrito, en cualquier consulado o embajada de los Estados miembros;

—

establecer modalidades prácticas para dichas solicitudes de visado, entre otros, la cumplimentación de un impreso de solicitud, el suministro de información sobre la identidad del solicitante, incluidos los identificadores biométricos, y la descripción de los motivos, documentados en la medida de lo posible, por los que se teme persecución o daños graves;

—

disponer que el solicitante del visado sea convocado a una entrevista, asistido por un traductor en caso necesario, que también podrá realizarse mediante medios de comunicación audiovisual a distancia que garanticen un nivel adecuado de seguridad, protección y confidencialidad;

—

disponer que los documentos presentados sean evaluados, también por lo que respecta a su autenticidad, por una autoridad competente, independiente e imparcial con experiencia y conocimientos adecuados en materia de protección internacional;

—

disponer que dichas solicitudes de visado se evalúen sobre la base de la declaración y la entrevista del solicitante y, en su caso, de la documentación justificativa, sin llevar a cabo un proceso completo de determinación de su estatuto;

—

disponer que, antes de la expedición de dicho visado, todo solicitante sea sometido a un control de seguridad en las correspondientes bases de datos nacionales y de la Unión, para garantizar que no entrañe ningún riesgo para la seguridad;

—

prever que se dé respuesta a dichas solicitudes de visado en un plazo de quince días naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud;

—

establecer que la decisión sobre la solicitud se comunique al solicitante de forma individualizada, por escrito y motivada;

—

disponer que los nacionales de terceros países a quienes se les deniegue este tipo de visado tengan la posibilidad de recurrir, tal como se prevé actualmente en caso de denegación de un visado de corta duración o de denegación de entrada en la frontera;

—

disponer que estos visados sean expedidos usando una etiqueta adhesiva común y se incluyan en el Sistema de Información de Visados;

—

disponer que, una vez que se expida un visado humanitario, este permita a su titular entrar en el territorio del Estado miembro que lo haya expedido con el único objetivo de presentar una solicitud de protección internacional en dicho Estado miembro;

—

disponer que las solicitudes de este tipo de visados sean evaluadas por personal que tenga la formación adecuada;

—

disponer que dicho personal pueda desarrollar su labor en embajadas o consulados o en los Estados miembros, en cuyo caso las solicitudes se transmitirán por vía electrónica y las entrevistas se realizarán a distancia;

—

disponer que determinados aspectos del proceso, que no impliquen una preselección, evaluación o decisión de ningún tipo, puedan ser gestionados por proveedores de servicios externos, como el suministro de información, la gestión de las convocatorias para las entrevistas o la recogida de identificadores biométricos;

—

disponer que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de los datos y la confidencialidad de las comunicaciones;

—

disponer que los Estados miembros cooperen entre sí, con las agencias de la Unión, las organizaciones internacionales, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otras partes interesadas pertinentes en aras de una aplicación armonizada;

—

prever una amplia difusión de la información sobre los procedimientos y las condiciones de expedición de este tipo de visados, así como sobre los procedimientos y las condiciones de obtención de protección internacional en el territorio de los Estados miembros, en particular en los sitios web de las embajadas y consulados de los Estados miembros y a través del Servicio Europeo de Acción Exterior;

—

prever que los Estados miembros reciban apoyo financiero significativo procedente del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras para su aplicación;

—

prever que un Estado miembro que expida dicho visado humanitario tenga acceso a la misma compensación del Fondo de Asilo, Migración e Integración que cuando un Estado recibe a un refugiado en el marco europeo de reasentamiento;

—

disponer la modificación de los actos siguientes:

—

Reglamento (CE) n.o 810/2009, para aclarar que las disposiciones del Reglamento por el que se crea un visado humanitario europeo se aplican a las personas que tratan de obtener protección internacional;

—

Reglamento (CE) n.o 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), para prever la introducción en el Sistema de Información de Visados de las solicitudes de visados humanitarios europeos;

—

Reglamento (UE) 2016/399, para adaptar las condiciones de entrada de las personas que han obtenido un visado humanitario europeo;

—

Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, para proporcionar financiación a los Estados miembros para la aplicación del Reglamento por el que se crea un visado humanitario europeo;

—

artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (11) y la Directiva 2001/51/CE (12) del Consejo, con el fin de eximir a los transportistas que trasladen a nacionales de terceros países de toda responsabilidad, obligación y sanciones cuando los nacionales de terceros países afectados declaren su intención de solicitar protección internacional o humanitaria en el territorio de los Estados miembros.