8.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 164/45

1.

acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea relativa a la acción «Smart Villages» de la UE, al reconocer la necesidad de acciones específicas para respaldar la recuperación de las zonas rurales como lugares sostenibles en los que vivir y trabajar; señala que mejorar la prosperidad rural y la viabilidad de las áreas rurales se encuentra entre las tareas más urgentes, ya que un desarrollo territorial más equilibrado puede ser la base para conseguir una mayor sostenibilidad socioeconómica y medioambiental;

2.

señala que el documento de la Comisión Europea y la implicación de los comisarios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Política Regional y de Movilidad y Transportes proporcionan una base firme para garantizar que se adopta un planteamiento coordinado y transversal para desarrollar esta iniciativa;

3.

no obstante, lamenta la falta de ambición reflejada en el documento, el cual constituye una compilación de iniciativas ya existentes. Solicita una mayor ambición y el desarrollo de una política relativa a la acción «Smart Villages» específica y prospectiva, con miras al período posterior a 2020, habida cuenta de la necesidad de consolidar toda la gama de «instrumentos inteligentes» de la UE de base territorial;

4.

hace hincapié en que el trabajo preparatorio ha de comenzarse ahora si se quiere establecer un programa sostenible y eficaz de la acción «Smart Villages» para el próximo período de financiación, incluida la consideración de mejorar la coordinación y las sinergias entre la política y las líneas de financiación de la UE, por medio del desarrollo de una política integrada y un instrumento de apoyo a la acción «Smart Villages»;

5.

subraya la importancia de una estrecha coordinación en todos los niveles de gobierno, con pleno respeto del principio de subsidiariedad, para definir las soluciones «de abajo arriba» y «de base territorial». Destaca el papel fundamental de los entes locales y regionales en la aplicación del marco político;

6.

propone expandir la noción de «pueblos inteligentes» a la de «zonas rurales inteligentes» e incorporar la iniciativa a la Agenda Rural Europea, a fin de fomentar y desarrollar también las sinergias entre los pequeños municipios vecinos en el interior de los territorios rurales inteligentes;

7.

en este contexto, apoya la importancia de la Declaración de Cork 2.0 a la hora de proporcionar un marco para fortalecer la política rural y agrícola, y respalda firmemente las diez orientaciones políticas recogidas, incluido el reconocimiento de la necesidad de prestar una atención particular a la superación de la brecha digital (1);

8.

subraya que la recuperación de las zonas rurales debe contribuir a abordar el reto a largo plazo que plantea el despoblamiento, a través de acciones para alentar y respaldar la sostenibilidad, el relevo generacional y la capacidad de las zonas rurales para atraer a recién llegados;

9.

pide a la Comisión que piense en medidas sencillas y fácilmente reproducibles y accesibles también por parte de los municipios de muy pequeño tamaño, que normalmente no disponen de suficientes estructuras capaces de aplicar rápidamente medidas inteligentes;

10.

sugiere que se debe prestar especial atención a los retos a los que se enfrentan las regiones rurales periféricas que, además de en lo que respecta a la infraestructura de banda ancha, afrontan desafíos clave relacionados con la conectividad energética y del transporte, de lo que se deriva la falta de acceso a los más importantes servicios públicos. Considera que el concepto de «comprobar la repercusión en las zonas rurales» (2) debería incorporarse como parte de la iniciativa «Smart Rural Areas» con vistas a aplicar este enfoque al desarrollo de iniciativas políticas más amplias con implicaciones para las zonas rurales;

11.

destaca que las regiones fronterizas periféricas afrontan crecientes dificultades y subraya la necesidad de reforzar la cooperación transfronteriza, las oportunidades y los programas para hacer frente a estos retos;

12.

recalca que ofrecer unos servicios digitales y la capacidad de operar adecuadamente en una economía globalizada requiere unas conexiones de banda ancha rápidas y fiables. La infraestructura de TIC, por tanto, está demostrando ser un factor decisivo en el desarrollo potencial de las regiones de la Unión;

13.

así pues, reitera la opinión de que se deben realizar esfuerzos para garantizar la misma capacidad de las redes de telecomunicaciones de alta velocidad en toda la UE, como condición previa indispensable para la competitividad y el crecimiento económico de las zonas rurales y de acuerdo con los objetivos establecidos en la Agenda Digital para Europa 2020 (3);

14.

lamenta que el progreso siga siendo insatisfactorio y desigual, y que las disparidades persistan, en particular entre las regiones urbanas y rurales. La magnitud del desafío se ve reflejada en el hecho de que, en 2012, 9,1 millones de hogares de la UE aún no estaban cubiertos por redes de banda ancha fijas, el 90 % de ellos situados en las zonas rurales (4);

15.

señala que, a nivel de la UE, el objetivo es contar con una conexión de velocidad superior a los 30 MB/s que funcione en toda Europa para 2020, inclusive en las zonas más rurales y aisladas. Sin embargo, esto es solo una media de la UE con enorme variación entre diferentes países y áreas locales, particularmente en las zonas rurales y más remotas en las que no es infrecuente, incluso en Estados miembros económicamente prósperos, tener velocidades de 10 MB/s. Este es el estándar usual para que un hogar típico pueda beneficiarse de los servicios en línea más populares. La falta de una banda ancha suficiente es hoy en día un grave desafío para la cohesión territorial. Pide a la Comisión Europea que intensifique los esfuerzos para desarrollar el internet de alta velocidad en las zonas rurales a través de modelos de financiación accesibles que no restrinjan el acceso de ciertos Estados miembros a financiación para la inversión en redes de banda ancha y que fomenten el acceso a financiación de la inversión en redes de banda ancha para proyectos a pequeña escala; asimismo reclama que se destine específicamente crédito al desarrollo de la banda ancha en zonas rurales y que este no pueda ser empleado en otras medidas;

16.

con el propósito de cumplir lo prometido en la iniciativa «Smart Villages», recomienda encarecidamente reconocer el acceso a internet como un servicio de interés público a nivel de la UE y, si es apropiado a nivel nacional, establecer normas mínimas tolerables para la banda ancha que, además de garantizar la fiabilidad del acceso a internet, también puedan prevenir futuros cambios en la prestación del servicio (incluida la desconexión de las líneas telefónicas de cobre y la introducción del sucesor de la 4G), y que se provea un servicio de emergencia, especialmente para las comunidades digitalmente remotas, como ya es el caso en Suiza y Finlandia, donde el acceso está garantizado hasta el último kilómetro. Como mínimo, esto debería ser una condición previa para la financiación de la iniciativa «Smart Villages»;

17.

señala la importancia de que la tecnología asociada a las iniciativas «Smart Villages» se desarrolle, haciendo uso de estándares abiertos, lo que propiciará la colaboración entre administraciones y empresas, así como la reutilización de las soluciones creadas, además de favorecer la interoperabilidad de las mismas.

18.

apoya que se imparta formación a diferentes grupos poblacionales de edad sobre cómo utilizar las tecnologías digitales, así como la adaptación de la enseñanza al público destinatario, en vista de la digitalización de ciertos servicios públicos a nivel local o de otro tipo (solicitudes de documentos, declaraciones fiscales, facturas electrónicas, trazabilidad, PAC, etc.); por otra parte, reclama el derecho a la alfabetización digital, que permita garantizar a toda la ciudadanía el acceso a dicha formación para el desempeño de tareas básicas en el nuevo entorno digital y que dicha formación cuente con financiación a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

19.

considera que la ampliación de la banda ancha rural y el reto del acceso hasta el último kilómetro están directamente vinculados a la posición dominante del mercado y a los proveedores. Esta cuestión no se resolverá hasta que el marco regulador incentive la entrada de operadores alternativos para desplegar las redes de acceso de nueva generación (RNG) y aliente el desarrollo de la innovación dirigida por las comunidades;

20.

considera que los agricultores y el sector agrícola en general deberían ser un grupo prioritario para la formación digital, con vistas a facilitar la comprensión y el desarrollo de instrumentos y métodos para la agricultura digital;

21.

recomienda mejorar los recursos destinados a la formación y sensibilización acerca de las oportunidades que ofrece el actual contexto de la economía digital a las empresas del rural, como es el acceso a nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos o la fidelización de clientes, entre otras;

22.

reconoce las diversas iniciativas de «centros digitales» actualmente activas en varios Estados miembros en los que, si bien la banda ancha de alta velocidad no está disponible en todas las viviendas rurales, esta se pone a disposición, no obstante, en centros específicos (5);

23.

reconoce los beneficios adicionales de estos centros, más allá de simplemente abordar la brecha digital, en forma de redefinición del espacio público por la colectividad (placemaking), revitalización de la parte central de pueblos y creación de empleo y de oportunidades de formación para los habitantes de las zonas rurales;

24.

reconoce que estos centros pueden actuar como posibles pilares para otros servicios digitales, como la sanidad electrónica (por ejemplo, consultas en línea), la abogacía electrónica (por ejemplo, asesoramiento jurídico), la gobernanza electrónica (por ejemplo, el voto electrónico, declaraciones de impuestos, la solicitud de prestaciones) o el comercio electrónico (por ejemplo, la banca o la venta por internet, etc.);

25.

considera que, al igual que el modelo de ciudades inteligentes, una iniciativa sobre áreas rurales inteligentes debería adoptar un amplio enfoque para que el desarrollo y la innovación incluyan las seis dimensiones que figuran a continuación:

26.

acoge con satisfacción el nuevo régimen Wifi4EU para mejorar la conectividad a internet en las comunidades locales, pero señala que los proyectos se seleccionarán por orden de llegada, pero sobre una base geográficamente equilibrada. En la selección de los proyectos, debería prestarse atención a las barreras adicionales que afrontan los entes rurales más pequeños con menos recursos que las ciudades;

27.

subraya que los conceptos de «ciudad inteligente» y «pueblos inteligentes/zonas rurales inteligentes» no deberían ser contrapuestos, sino más bien considerarse complementarios entre sí, de forma que ambos apoyen y refuercen su éxito mutuamente. En términos de estrategia, un área no termina en sus fronteras administrativas, sino que interactúa con las entidades vecinas, rurales o urbanas, y planifica su desarrollo en armonía con su entorno. Se debe reflexionar acerca del establecimiento de interrelaciones positivas entre poblaciones rurales y urbanas y no solo hacer que las zonas rurales sean proveedores de servicios para las zonas urbanas. A este respecto, destaca que el conjunto del sistema de asentamientos humanos solo será viable si todos sus elementos son viables, desde las grandes ciudades a los pueblos de pequeño tamaño;

28.

reconoce, no obstante, que es importante reconocer las características diferentes de cada modelo, en particular, el hecho de que el modelo de «ciudad inteligente» puede contar con numerosos agentes para promover e impulsar iniciativas, mientras que este no es el caso en las zonas rurales, en las cuales los recursos, tanto en términos de personal como de capacidad administrativa, son por lo general más limitados. Estas diferencias deberían reflejarse en el diseño de un futuro marco político y de oportunidades de financiación;

29.

señala que la Dirección General de Energía de la Comisión puso en marcha una Asociación Europea para la Innovación (AEI) de comunidades y ciudades inteligentes, la cual está diseñada para promover y reforzar las experiencias de zonas inteligentes en la UE. Lamenta que las zonas rurales no hayan sido incluidas como una prioridad en esta labor hasta la fecha;

30.

considera que, al desarrollar la iniciativa «Smart Villages/Areas», las redes y la conectividad del transporte sostenibles son tan cruciales como la conectividad digital mejorada, dados los retos específicos a los que se enfrentan las zonas rurales en lo que respecta a población dispersa y costes más elevados. Señala que el propio documento de la Comisión Europea sobre la acción «Smart Villages» se refiere al programa del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), como un ámbito de apoyo de la UE a los pueblos inteligentes y solicita más detalles acerca del modo en que podría emplearse esta financiación para apoyar la conectividad rural, en particular en las regiones rurales más periféricas;

31.

recuerda las oportunidades económicas, sociales y medioambientales de producir localmente la energía (tanto electricidad como calor) y las sinergias que esto podría tener con el desarrollo rural/regional y la PAC (a través del segundo pilar). Algunos ejemplos de ello incluyen el papel de la energía eólica y la solar, de la biomasa y del biogás para la producción de electricidad, o el papel de la biomasa (por ejemplo, madera) y/o del biogás para la calefacción local. Destaca la importancia de otorgar a los entes locales y regionales las competencias necesarias para poner en marcha y gestionar medidas medioambientales específicas y permitirles establecer contratos territoriales firmados conjuntamente con los proveedores rurales de fuentes de combustible/electricidad de producción local (6);

32.

reconoce el éxito resultante de los enfoques ascendentes en el desarrollo local, como LEADER y, más recientemente, el desarrollo local participativo;

33.

considera, no obstante, que puede haber un exceso de confianza en tales enfoques y que otros agentes (por ejemplo, agentes de la innovación) pueden desempeñar la función de catalizar el potencial de las zonas rurales. El agente de la innovación actúa para determinar los puntos fuertes y oportunidades en la localidad/zona rural y reunir a las instituciones pertinentes (tercer nivel, autoridades locales, fuentes de financiación, etc.) para coordinar las actividades actuales y futuras y las posibles fuentes de financiación. Deben participar e informar a la comunidad y conseguir el visto bueno de esta última para desarrollar la visión, hacerla suya y compartir los beneficios;

34.

considera que dichos agentes pueden estimular el desarrollo de productos de pequeñas empresas y superar las barreras del mercado, así como promover el consumo local y las cadenas de distribución cortas para el sector agroalimentario y los productos energéticos renovables locales;

35.

considera que los entes locales y regionales están situados en una posición ideal para desempeñar esta función y, en algunos casos, ya la cumplen en forma de juntas de desarrollo, oficinas de apoyo empresarial, licitaciones, etc.;

36.

afirma que resulta clave que se facilite el acceso a financiación para los proyectos a pequeña escala accesibles a nivel de los entes locales. Esto debería incluir asimismo el apoyo a iniciativas y proyectos innovadores, los cuales pueden ajustarse a las necesidades particulares de las comunidades rurales de la UE, incluidas las regiones periféricas;

37.

pide que se simplifique la solicitud de acceso a vías de financiación, puesto que en el programa actual de desarrollo rural hay una ausencia evidente de progresión desde las manifestaciones de interés a las solicitudes completas debido a la dificultad para cumplir con los requisitos de solicitud. Subraya que no debería haber una interrupción entre la conclusión de este programa de desarrollo rural y el comienzo del PDR posterior a 2020, a fin de mantener el impulso y la confianza;

38.

sugiere que las solicitudes de financiación aceptadas deben fomentar la creación de redes, clústers y cooperación, y la participación en ello, dado que son necesarios habitualmente en las zonas rurales inteligentes para ampliar su alcance y desarrollar el aprendizaje;

39.

sugiere que las zonas inteligentes deberían partir de su patrimonio sociocultural para desarrollar y manifestar un carácter específico de pertenencia, con todas las infraestructuras, en particular servicios generales, necesarias para dirigir una empresa, y atraer la reubicación de empresas urbanas;

40.

reconoce que un desafío adicional para los entes locales y regionales es permanecer informado respecto a las posibilidades de financiación y tener acceso a estas. Esto requerirá un papel activo por parte de las direcciones generales pertinentes dentro de la Comisión Europea y las autoridades de gestión de las vías de financiación relevantes de la UE a nivel nacional y regional. El CDR también puede desempeñar un importante papel a la hora de compartir información, apoyar las redes y proporcionar ejemplos de mejores prácticas, inclusive a través de la labor de la Plataforma de Banda Ancha de la Comisión Europea y el CDR;

41.

sugiere que la creación por parte de la Comisión Europea de un premio anual para reconocer los logros de los pueblos/zonas inteligentes más exitosos de la UE podría contribuir a una comunicación más eficaz de las oportunidades disponibles en ella. Las redes existentes, como la Red Europea para las Empresas y sus socios locales en los Estados miembros, podrían utilizarse también para proporcionar información actualizada sobre una serie de temas relevantes para los emprendedores en pueblos y zonas rurales;

42.

hace hincapié en el papel facilitador que los entes locales y regionales pueden desempeñar integrando un enfoque inteligente en la planificación y en las estrategias espaciales regionales. Tales estrategias incluyen la evaluación de los recursos y capacidades regionales, la identificación de lugares para agrupar servicios y unas políticas económicas de facilitación.