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Document 52013DC0280
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Empowering Local Authorities in partner countries_for enhanced governance and more effective development outcomes
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Capacitación de las autoridades locales en los países socios_en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Capacitación de las autoridades locales en los países socios_en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo
/* COM/2013/0280 final */
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Capacitación de las autoridades locales en los países socios_en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo /* COM/2013/0280 final */
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL
COMITÉ DE LAS REGIONES Capacitación de las autoridades locales
en los países socios
en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del
desarrollo 1. CONTEXTO Las políticas
y los programas de desarrollo dirigistas y guiados desde la administración
central no pueden, por sí solos, tener éxito a la hora de abordar la
complejidad del desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Tanto los
agentes públicos como los privados deben desempeñar el papel que les
corresponde, sobre todo a nivel local. En las dos últimas décadas, son
numerosos los gobiernos centrales de los países en desarrollo que han atribuido
distintas responsabilidades a las autoridades locales[1] en los procesos de
desarrollo nacional, para poder adaptar la definición de las políticas públicas
y la prestación de servicios a las realidades locales. No obstante,
ese reconocimiento político no siempre ha ido de la mano de un nivel adecuado
de autonomía, desarrollo de capacidades y recursos financieros, de modo que su
capacitación ha quedado incompleta. En muchos
países socios de la UE, la financiación canalizada directamente a través de las
autoridades locales apenas sigue representando una ínfima parte del gasto
público nacional y de la ayuda internacional al desarrollo. Han de
superarse algunos obstáculos para liberar el potencial de desarrollo que
brindan las autoridades locales. A tal efecto, la Comisión Europea reitera la
importancia de las autoridades locales en los países socios para la consecución
de los objetivos de desarrollo y propone un compromiso más estratégico en aras
de su capacitación[2]. La presente
Comunicación integra los resultados del Diálogo Estructurado sobre la
participación de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades
locales en la cooperación al desarrollo de la UE[3],
el planteamiento renovado de la UE para la reducción de la pobreza y el
desarrollo sostenible, tal como se define en la Comunicación «Incremento del
impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio»[4] y en las Comunicaciones y Conclusiones
del Consejo relacionadas[5],
así como los resultados de la consulta realizada entre las partes interesadas
sobre la base del documento «Local Authorities in Development». En la
Comunicación se tiene en cuenta asimismo el programa de fomento de la eficacia
de la ayuda internacional y el desarrollo, tal y como quedó establecido en las
conclusiones de Busan[6]. La importancia de las autoridades
locales en el desarrollo La
participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones que
afectan a sus vidas y el acceso a los mecanismos de rendición de cuentas
reviste una importancia fundamental para el fomento del desarrollo sostenible y
la reducción de la pobreza. Ello es particularmente pertinente a nivel local,
allí donde los ciudadanos viven y trabajan, donde realmente se suministran los
servicios básicos y donde tienen su sede las empresas. Los ciudadanos tienen,
por lo tanto, una serie de intereses comunes, en concreto fijar objetivos y
colaborar en la búsqueda de soluciones, en particular con objeto de mejorar su
acceso a los servicios y lograr un reparto más equilibrado de los recursos
disponibles, una mayor cohesión social y una mayor grado de transparencia y
responsabilidad en los poderes públicos, incluidos mecanismos de rendición de
cuentas. Al
encontrarse más cerca de los ciudadanos que otras instituciones públicas, las
autoridades locales son responsables de movilizar la opinión de las sociedades
locales, al tiempo que actúan como catalizadores del cambio. Se trata de un
aspecto especialmente relevante para lograr una administración pública más
eficiente, procesos de desarrollo más inclusivos, en cooperación con las
organizaciones de la sociedad civil[7]
(OSC), y solventar los urgentes desafíos a que se enfrentan las comunidades
locales. Entre estos cabe citar la exclusión social, la migración, la seguridad
alimentaria, las infraestructuras insuficientes, la rápida urbanización, el
agotamiento de los recursos, la seguridad pública y la violencia, el impacto
social y medioambiental de las actividades extractivas, la adaptación al cambio
climático y su atenuación, la garantía del Estado de Derecho y el acceso a la
justicia. La buena
gobernanza[8]
a nivel local es necesaria para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.
Crea las condiciones para que los procesos de desarrollo sean inclusivos,
flexibles y eficaces. La calidad de
la gobernanza local depende sobre todo de la voluntad política de los gobiernos
centrales para crear un entorno propicio a nivel local, a través de
instrumentos legislativos y normativos[9],
de modo que las autoridades locales gocen de un nivel de autonomía suficiente
para ejercer el poder y adquirir capacidades específicas. Así pues, la calidad
de la gobernanza local guarda también relación con la forma en que las
autoridades locales ejecutan las políticas y gestionan los servicios públicos
sobre la base de los procesos locales de elaboración de políticas y la
interacción con las demás instituciones públicas, los ciudadanos y el sector
privado, así como mediante la asignación de los recursos disponibles. En los países
ricos en recursos naturales, las autoridades locales podrían aconsejar sobre el
modo de funcionamiento de las industrias extractivas y sobre cómo se
distribuyen los ingresos procedentes del sector extractivo entre las
comunidades locales, la administración central y los operadores privados. En situaciones delicadas, de crisis o repletas
de riesgos, las autoridades locales tienen un papel fundamental que desempeñar
para proteger a las comunidades y poblaciones vulnerables, guiando la
configuración de las estrategias locales y garantizando la prestación de los
servicios sociales básicos. En zonas propensas a las catástrofes, pueden
desarrollar una labor crucial para su prevención y preparación y en la
mitigación de sus consecuencias, al tiempo que gestionan las medidas de
respuesta rápida y proporcionan servicios básicos a la población. Por otra
parte, a menudo desempeñan un papel importante en los dispositivos de alerta
temprana y, por lo tanto, contribuyen a impedir la escalada de los episodios
violentos desde sus primeras fases, a través de los mecanismos locales y
tradicionales de resolución de conflictos. No obstante,
la ventaja comparativa de las autoridades locales puede verse socavada por
factores políticos negativos, relacionados especialmente con la falta de un
liderazgo efectivo, altos niveles de corrupción y mala administración, el
clientelismo y la economía ilegal, así como por deficiencias institucionales,
como dispositivos institucionales ineficaces, recursos financieros limitados,
capacidades administrativas insuficientes y procedimientos inadecuados de
planificación y gestión de la hacienda pública. Por lo tanto, dependiendo de la situación
del país de que se trate, vincular el sector público a nivel local con los
procesos de desarrollo puede requerir esfuerzos para aumentar las capacidades
de las autoridades locales y reforzar las estructuras de gobernanza local. Es
fundamental reforzar simultáneamente la posición de las autoridades públicas
locales y de los ciudadanos para garantizar tanto que estos últimos puedan
exigir transparencia y pedir que se rindan cuentas[10] como que las
autoridades locales cuenten con los medios y los incentivos necesarios para
atender las demandas de los ciudadanos en lo que respecta a la equidad del
acceso a los servicios y la distribución de los recursos y la eficacia,
transparencia y responsabilidad de las instancias de gobierno. 2. LIBERAR EL POTENCIAL DE DESARROLLO DE
LAS AUTORIDADES LOCALES El apoyo
concedido al sector público en los países socios para mejorar la eficacia y la
eficiencia de la concepción y la aplicación de las políticas y los planes
nacionales de desarrollo debería tener en cuenta el importante papel que
desempeña el sector público local. La asistencia destinada a las autoridades
locales debería tener por objeto mejorar los medios y capacidades a su disposición
para ejecutar su mandato institucional según lo dispuesto en la legislación y,
por consiguiente, ejercer su derecho de iniciativa como agentes protagonistas
en la elaboración de políticas. Respetando el principio de subsidiariedad[11], la UE aspira a
promover el papel de las autoridades locales en la toma de decisiones y la
elaboración de políticas, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas
en la concepción de políticas y la prestación de servicios a escala local. Con
ello se debería reforzar su posición y promover el desarrollo local mediante
una mayor a través del aumento de la participación democrática, la justicia,
los derechos humanos, la movilización de la ciudadanía y la participación de
las mujeres y los jóvenes en la esfera pública, al tiempo que se multiplican
los niveles de rendición de cuentas. A escala
local deberían fomentarse las asociaciones y las estructuras de diálogo entre
partes interesadas, en las que puedan participar representantes de las
autoridades locales, otros agentes locales y los ciudadanos, como forma de
entablar un diálogo con las autoridades centrales pertinentes para garantizar
que se conozcan y tengan en cuenta sus necesidades e intereses. Es en este
contexto en el que se debería seguir promoviendo un enfoque territorial del desarrollo.
Este enfoque está adaptado a las especificidades y las necesidades de cada
territorio y se puede caracterizar como un proceso ascendente y dinámico a
largo plazo, basado en un planteamiento multisectorial con múltiples actores y
en el que los distintos agentes e instituciones locales colaboran en la
definición de las prioridades y en la planificación y la ejecución de las
estrategias de desarrollo. A través de la orientación de las autoridades
locales y la movilización de capacidades y recursos privados y comunitarios
adicionales, el enfoque territorial del desarrollo podría propiciar un cambio
en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando el
equilibrio entre el crecimiento socioeconómico, la equidad y el respeto del
medio ambiente, aumentando también la resiliencia de los grupos más
vulnerables. Además, este enfoque podría reforzar los procesos políticos
locales y la transparencia e impulsar la apropiación democrática de las
iniciativas de desarrollo, a través de un seguimiento continuo de los avances
realizados en pos de la sostenibilidad. 3. CONFIGURAR EL APOYO DE LA UE EN ARAS DE
LA MEJORA DE LA GOBERNANZA Y LA EFICACIA DE LOS RESULTADOS DEL DESARROLLO A
NIVEL LOCAL En los países socios, la UE debería velar
por la legitimidad democrática, la responsabilidad y la representatividad de
las autoridades y los líderes locales, prestando especial atención a las
autoridades municipales de las zonas rurales y urbanas. La UE debería también
explorar las oportunidades de coordinación con las autoridades regionales. En contextos de fragilidad, la
cooperación de la UE con las autoridades locales resulta especialmente
importante, en paralelo con los procesos más amplios de consolidación de las
estructuras del Estado, que son esenciales para superar esa situación de
fragilidad y avanzar hacia la estabilidad. Tal como se recoge en el Programa
para el Cambio, este aspecto es particularmente pertinente en los países donde
se registran graves violaciones de los derechos humanos. En estos casos, la UE
puede suspender la cooperación con los gobiernos centrales y seguir canalizando
la ayuda a través de las autoridades locales y las organizaciones de la
sociedad civil. Del mismo modo, la UE debería apoyar los
esfuerzos realizados por los gobiernos para crear un entorno que propicie la
capacitación suficiente de las autoridades locales para intervenir en la
definición y la aplicación de las políticas y los planes locales y participar
plenamente en los procesos de desarrollo sostenible. Junto con los gobiernos
centrales, la UE debería invertir en las actividades de desarrollo de
capacidades para garantizar que las autoridades locales, especialmente en las
zonas remotas con capacidades y recursos limitados, puedan guiar el desarrollo
de sus territorios en cooperación con otros agentes locales. Desde el punto de vista operativo, el
nuevo enfoque de la UE fomentaría una mayor autonomía política, administrativa
y fiscal de las autoridades locales a través de distintas reformas
descentralizadoras y medidas de desarrollo institucional y de las capacidades. 3.1. Procesos de
descentralización La descentralización constituye un
aspecto particular de la reforma del sector público. Conlleva una transferencia
de autoridad política y competencias desde los niveles superiores del sistema
político a los niveles inferiores de los poderes públicos, en particular en
materia de recaudación de impuestos, responsabilidades en la prestación de
servicios y recursos financieros, humanos y administrativos. La descentralización es intrínsecamente
una cuestión política que afecta a la organización general del Estado. Obedece
al propósito de lograr una mayor eficacia, igualdad y cohesión social, y la
decisión de impulsarla compete exclusivamente a cada Estado soberano. Por lo tanto,
el apoyo a la descentralización de los socios en el desarrollo únicamente
debería contemplarse cuando exista una voluntad política para iniciar y
fomentar la descentralización o allí donde ya se hayan iniciado las reformas
descentralizadoras. Al mismo tiempo, la UE debería adaptar sus operaciones
sectoriales a los entornos ya descentralizados, en su caso. El apoyo de la UE a los procesos de
descentralización estará basado, fundamentalmente, en la comprensión de la
economía política de las reformas en relación con los activos territoriales.
Además, el apoyo de la UE a la descentralización debería centrarse en el
establecimiento de un entorno jurídico y normativo propicio para la
descentralización y en el desarrollo institucional y de las capacidades, para que
las autoridades locales disfruten de un grado de autonomía suficiente para
cumplir sus funciones según lo dispuesto en la ley. Los resultados esperados deberían ser la
asignación de recursos financieros suficientes a las autoridades locales de
acuerdo con los marcos jurídicos nacionales, una mejor gestión de las finanzas
públicas y la movilización de los ingresos a nivel local. Paralelamente, la
ayuda de la UE debería tratar de aumentar las capacidades de las autoridades
centrales, los servicios públicos descentralizados y los representantes
políticos y los agentes administrativos locales, fomentando asimismo el
establecimiento de mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de
cuentas de las instancias políticas y que permitan supervisar las políticas
municipales. Ejemplo del apoyo de la UE al proceso de descentralización: Camboya El Programa «Strengthening Democratic and Decentralised Local Government», cofinanciado por la UE, se aplicó en colaboración con el PNUD desde 2006 hasta diciembre de 2011, en apoyo de la estrategia de desconcentración y descentralización del Gobierno camboyano. A nivel municipal, el Programa ha desarrollado la cooperación horizontal entre los municipios, mejorando al mismo tiempo la percepción de los ciudadanos sobre las autoridades locales y sobre su propio bienestar. A nivel provincial, el Programa ha fomentado la creación de 24 asociaciones de autoridades locales jurídicamente independientes. A nivel nacional, la iniciativa ha buscado mejorar las transferencias financieras entre los distintos niveles de gobierno. Las autoridades locales han empezado a utilizar los recursos financieros de manera autónoma. En este
contexto, la UE debería considerar la descentralización fiscal como un punto de
partida estratégico para ir desarrollando progresivamente una cultura de
rendición de cuentas, ya que define la generación y la distribución de los
recursos que se utilizan para atender las demandas de los ciudadanos. Debería
prestarse especial atención a los mecanismos que permiten combinar los recursos
internos y externos en dispositivos de transferencia fiscal, en apoyo de la
recaudación de impuestos a escala local y de los procesos de planificación,
presupuestación y determinación del gasto para el desarrollo de las autoridades
locales. 3.2. Desarrollo de las
capacidades de las autoridades locales Con el fin de mejorar la capacidad de las
autoridades locales para contribuir a la buena gobernanza y, por lo tanto,
alcanzar los objetivos de desarrollo a nivel local, el personal administrativo
y los cargos electos locales tienen que superar las limitaciones de capacidad
por lo que respecta a la gestión y movilización de los recursos del sector
público, las competencias de liderazgo, la gestión de las finanzas publicas, el
gasto y la recaudación de impuestos, la transparencia, la participación y la
interacción con los demás agentes. A efectos de la buena gobernanza local,
la capacidad se ve afectada por factores que dependen de los individuos, las
instituciones y la propia organización. En cuanto a los individuos, la
capacidad local se ve afectada por las cualificaciones, la formación y la
actitud del personal administrativo y los políticos locales. En lo relativo a
las instituciones, la capacidad depende de las estructuras y los procedimientos
operativos que articulan y regulan las actividades del personal. Por lo que
respecta a la organización, la capacidad se ve afectada por el marco normativo
y reglamentario, así como por las normas y las prácticas que rigen las
relaciones con los demás agentes. El apoyo al desarrollo de las capacidades
de las autoridades locales se determinará sobre la base de un enfoque a largo
plazo y basado en la demanda, poniendo especial énfasis en el desarrollo de las
capacidades de liderazgo, el carácter incluyente de la prestación de servicios
y la buena gestión financiera. Este enfoque conllevará el fomento de las
medidas dirigidas por el propio país para el desarrollo de las capacidades de
las autoridades locales en los sectores en los que operan, en particular
mediante la participación de las asociaciones nacionales de entes locales y las
escuelas de administración, las iniciativas de cooperación horizontal entre las
autoridades locales (por ejemplo, el suministro de asistencia técnica entre
municipios de distinto tamaño) y la inclusión de vínculos más eficaces entre
los entes centrales y locales. 3.3. Urbanización sostenible Debido al
rápido crecimiento de la población urbana, la gobernanza urbana se ha
convertido en otro aspecto importante de las buenas prácticas de gobierno
local. En las zonas urbanas, las autoridades locales desempeñan un papel
decisivo para hacer frente a los retos relacionados con la urbanización, como
las necesidades de quienes viven en asentamientos no autorizados, sin instalaciones
ni servicios adecuados, la degradación de la calidad de vida, la delincuencia y
las disfunciones sociales. En el año
2025, aproximadamente dos tercios de la población mundial vivirá en zonas
urbanas, y el 95 % del crecimiento de la población urbana se está
produciendo en los países socios y se concentra en los grupos con menores
ingresos. La urbanización obedece a diferentes causas, por ejemplo la migración
desde los pequeños municipios y las zonas rurales hacia las grandes metrópolis
y la migración desde el campo hacia las ciudades de tamaño medio, así como el
incremento natural de la población que reside en el territorio metropolitano de
las ciudades. En su
cooperación con los países socios, la UE tratará de fomentar estrategias
sostenibles destinadas a promover la no discriminación y derribar las barreras
que excluyen a diversos grupos del acceso a los recursos y las oportunidades
que brinda el desarrollo urbano, con el fin de fomentar la inclusión social, la
cohesión territorial y la protección del medio ambiente. Se debería
prestar especial atención al acceso a la tierra como requisito previo para el
desarrollo urbano sostenible. La urbanización repercute sobremanera en el valor
de los terrenos, por lo que es importante garantizar que las finanzas
municipales puedan sacar partido de esa revalorización para poder financiar
servicios e infraestructuras. En
particular, la UE debería estimular la definición de políticas de
rehabilitación de los barrios de chabolas, para ir mejorándolos e
incorporándolos gradualmente al propio tejido urbano, ampliando los terrenos y
los servicios de que puedan disponer los chabolistas y garantizando su
ciudadanía. Por otra parte, la UE debería intentar mejorar la capacidad
administrativa de las autoridades locales para el registro de los intereses y
derechos relacionados con la propiedad de la tierra, en aras de la gestión
efectiva y eficiente del suelo urbano (catastros, registros de la propiedad
urbana). La mejora de los terrenos urbanos abrirá los mercados de la propiedad.
Aumentará la transparencia de las propiedades y las operaciones conexas, así
como la posibilidad de someterlas a impuestos, aumentando las capacidades
recaudatorias de las autoridades locales, un requisito previo para el
desarrollo de las infraestructuras urbanas y la mejora de la calidad de vida en
general. 3.4. Asociaciones de
autoridades locales Las
asociaciones de autoridades locales[12]
pueden contribuir a garantizar la buena gobernanza y la consecución de buenos
resultados en materia de desarrollo a nivel local. Sus principales funciones
incluyen: i) la defensa de los intereses de sus miembros en las iniciativas
nacionales de diálogo sobre políticas con los gobiernos centrales y otros
interlocutores a escala nacional, así como en foros internacionales; ii) el
impulso de las políticas de descentralización que propicien el aumento de la
autonomía y las competencias de las autoridades locales; iii) el desarrollo de
labores de coordinación y plataformas de debate entre los miembros; iv) el
intercambio de experiencias y conocimientos con el fin de mejorar las
capacidades de las autoridades locales; v) la supervisión de la calidad de la
actuación de las autoridades locales por lo que respecta a la prestación de
servicios y los procesos de elaboración de políticas locales; vi) la promoción
y la coordinación de planes de desarrollo local participativos. En muchos
países socios, las asociaciones de autoridades locales siguen siendo débiles.
En otros países ni siquiera existen. En las dos
últimas décadas, las asociaciones internacionales de autoridades locales han
comenzado a reclamar que se prevea su participación en la formulación de las
políticas de desarrollo y en la prestación de la ayuda internacional a nivel
local. Han confirmado también la importancia de la gobernanza local y de las
reformas descentralizadoras para la creación de un entorno propicio que les
permita desempeñar un papel eficaz en el desarrollo a nivel local. Apoyo a asociaciones de autoridades locales en los
países ACP Desde 2010, en el marco del Acuerdo de Cotonú, el
programa regional financiado por la UE «Supporting and strengthening Local
Government Associations at ACP national and regional levels» (ARIAL) trata
de que las asociaciones de entes locales puedan participar en la definición y aplicación
de las políticas de desarrollo, a través de actividades de desarrollo
institucional y de las capacidades. Durante los tres años de su período de aplicación,
ARIAL ha impulsado el refuerzo de las asociaciones de autoridades locales a
escala nacional, subcontinental y continental. Entre los principales resultados
cabe mencionar: i) el apoyo concedido a cinco asociaciones nacionales, en
concreto en Gabón, Chad, Suazilandia, Kiribati y Vanuatu, a través del
dispositivo de fomento de las nuevas a asociaciones de entes locales; ii) la
elaboración de una serie de herramientas de desarrollo de las capacidades,
adaptadas a la demanda de las asociaciones de autoridades locales, a fin de
determinar oportunidades de financiación, consultar a dichas autoridades sobre
sus necesidades, gestionar proyectos y preparar campañas y planes de
comunicación. La UE debería
tratar de involucrar a las asociaciones de autoridades locales en la
programación de las prioridades nacionales y locales, así como en la aplicación
de los programas conexos financiados por ella, en particular los relacionados
con la descentralización. Además, debería facilitar la creación de asociaciones
entre las agrupaciones de autoridades locales de los países socios y la UE. 4. EL CAMINO A SEGUIR: MODALIDADES DE APOYO
MÁS FLEXIBLES Y EFICIENTES La UE debería adaptar su apoyo al papel
cada vez más importante, al potencial y a las necesidades de las autoridades
locales y sus asociaciones en los países socios. Se debería estudiar la posibilidad de
utilizar modalidades de financiación innovadoras, que faciliten mecanismos
flexibles, transparentes y eficientes de acceso a los recursos a nivel local.
En el contexto de la ayuda a los procesos de descentralización, lo anterior
podría incluir subvenciones para la prestación de servicios locales basadas en
los resultados de una evaluación anual de la labor institucional desarrollada
por las autoridades locales. La UE también debería apoyar iniciativas que
permitan a los ciudadanos identificar, analizar y conceder prioridad a los
distintos proyectos de gasto público (por ejemplo, a través de presupuestos
participativos). La UE utiliza
las operaciones de apoyo presupuestario, especialmente los contratos de reforma
sectorial, a fin de apoyar la mejora de la prestación de servicios. Estas operaciones
podrían descentralizarse, con el fin de alcanzar mejor a la población o las
instituciones destinatarias, por ejemplo en los ámbitos de la salud, la
educación, los recursos hídricos, el saneamiento, la agricultura o el propio
proceso de descentralización[13].
Tanto al concebir como al aplicar el apoyo presupuestario, la UE debería tener
en cuenta no solo los niveles del gobierno central sino también los de menor
rango. Durante la aplicación, la UE debería apoyar sistemas que permitan
supervisar en qué medida la financiación es transferida, a través del Tesoro
Público, al nivel más adecuado de la administración local. Ello puede
contribuir a la mejora de las transferencias fiscales intergubernamentales,
reforzando la capacidad institucional, los procedimientos y los sistemas de las
autoridades locales en ámbitos tales como el de la planificación y la gestión
financiera y, en consecuencia, contribuir a la calidad de la prestación de
servicios. Además, la UE debería prestar una atención
especial a la coordinación de las políticas, la complementariedad y la
coherencia entre las políticas sectoriales nacionales y regionales o locales
seleccionadas para el apoyo presupuestario, así como a la complementariedad con
las reformas de descentralización y la delegación de competencias, planteando
los posibles problemas en los diálogos con las autoridades centrales. La UE debería seguir apoyando y
coordinando las iniciativas de cooperación transfronteriza y descentralizada
entre las autoridades locales de Europa y de los países socios basadas en
asociaciones duraderas entre instituciones semejantes. La cooperación
descentralizada entre autoridades locales de la UE y autoridades homólogas de
terceros países puede aportar un valor añadido a la aplicación de las acciones
de desarrollo, mediante iniciativas de aprendizaje permanente inter pares,
la transferencia de conocimientos técnicos y la mejora de la participación de
los agentes locales en el espacio público a nivel local. La UE reconoce que muchas autoridades
locales europeas han comenzado a intervenir como donantes y les pide que reúnan
sus experiencias y aumenten el carácter sistemático de su cooperación con
objeto de mejorar el impacto de esas actividades a nivel local, con arreglo a
los principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo. El Comité de las
Regiones, que ofrece a las autoridades locales europeas un foro para el
intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como para el
establecimiento de relaciones interregionales, podría desempeñar un papel clave
a este respecto. Del mismo modo, las autoridades locales europeas también
tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la sensibilización
y la educación para el desarrollo entre la ciudadanía. El apoyo proporcionado a las reformas del
sector público en los escalones superiores debería coordinarse con el apoyo
proporcionado en los escalones inferiores, para reforzar el papel de las
autoridades locales en el diálogo sobre las políticas y en la toma de
decisiones a nivel nacional. Asimismo, la UE debería garantizar una
flexibilidad suficiente para apoyar las propias iniciativas de las autoridades
locales y de sus asociaciones. Se propone aplicar los principios
expuestos en la presente Comunicación para prestar apoyo a las autoridades
locales y a sus asociaciones en los países socios a escala nacional,
continental e internacional. La UE debería realizar un especial esfuerzo en
favor de la capacitación de estos agentes para que puedan atender mejor las
demandas de los ciudadanos y contribuir a una redistribución más equitativa de
los beneficios socioeconómicos a nivel local. Estos ambiciosos objetivos deben
ir parejos con el fomento de un entorno favorable a nivel nacional y local y de
esfuerzos dirigidos a reforzar las capacidades de las autoridades locales. A nivel internacional, la UE debería
seguir apoyando el papel que desempeñan las autoridades locales y sus
asociaciones a la hora de fomentar el conocimiento en materia de desarrollo
local y urbano y en la configuración de la agenda internacional del desarrollo,
prestando especial atención a los intereses de las comunidades locales. De cara
a la definición del Programa para el Desarrollo para el período posterior a
2015 y la preparación de Hábitat III, la comunidad internacional debería
reconocer en mayor medida las responsabilidades de los diferentes niveles
gubernamentales y las soluciones que pueden aportar a la hora de abordar los
retos que se plantean a escala local y mundial. [1] En la presente Comunicación se entiende que el
término «autoridades locales» hace referencia a las instituciones públicas
dotadas de personalidad jurídica e integradas en la estructura del Estado por
debajo del nivel de la administración central, que rinden cuentas a la
ciudadanía. Las autoridades locales suelen estar constituidas por un organismo
deliberativo o decisorio (consejo o asamblea) y un organismo ejecutivo (el
alcalde u otro mandatario), elegidos directa o indirectamente o seleccionados a
nivel local. El término abarca distintos niveles de gobierno, por ejemplo,
pueblos, municipios, distritos, condados, provincias, regiones, etc. En este
amplio contexto, en la presente Comunicación se presta especial atención, no
obstante, al nivel municipal, que es, en general, el nivel inferior de la
administración del sistema institucional público y el más próximo a los
ciudadanos. [2] Al hilo y como complemento de la Comunicación de la
Comisión «Autoridades locales: agentes del desarrollo», COM(2008) 626
final, de 8.10.2008.
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0626:FIN:ES:PDF,
acompañada por la Carta europea de la cooperación en apoyo a la gobernanza
local
URL: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/European_charter_on_development_cooperation_in_support_of_local_governance_paper_P65. [3] URL: http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm. [4] COM(2011) 637 final de 13.10.2011. [5] COM(2011) 638 final de 13.10.2011, COM(2011) 865
final de 7.12.2011, COM(2012) 446 final de 20.8.2012, COM(2012) 492 final de
12.09.2012 y Conclusiones del Consejo de 15.10.2012, COM(2012) 586 final de
3.10.2012, JOIN(2012) 27 final de 3.10.2012 y COM(2013) 92 de 27.2.2013. [6] URL:
www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf [7] «La UE considera que las OSC incluyen todas las
estructuras estatales, sin ánimo de lucro (entre ellas cabe citar las
organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, las
organizaciones religiosas, las fundaciones, los centros de investigación, las
organizaciones que fomentan la igualdad entre los sexos […], las cooperativas,
las asociaciones profesionales y empresariales y los medios de comunicación), a
través de las cuales las personas se organizan para alcanzar objetivos e
ideales comunes». COM(2012) 492 final. URL:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:ES:PDF. [8] La gobernanza se refiere a las normas, los procesos
y los comportamientos a través de los cuales las instituciones responsables de
los asuntos públicos articulan los intereses, gestionan los recursos, ejercen
el poder en la sociedad y gestionan la participación de todos los agentes
pertinentes. COM(2003) 615 final de 20.10.2003. [9] Dispositivos institucionales, división de poderes,
sistemas electorales y de partidos políticos, las políticas de
descentralización adecuadas, sistemas fiscales intergubernamentales, respeto
del Estado de Derecho, etc. [10] Las OSC locales pueden desempeñar un papel importante para que los
políticos y los funcionarios locales rindan cuentas de la flexibilidad y la
eficiencia de la prestación de servicios públicos a nivel local. Además, la
interacción entre las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad
civil contribuye a la creación de una «polis» local donde tienen lugar los
procesos políticos y de desarrollo. [11] Con arreglo al principio de subsidiariedad, las
responsabilidades públicas, las funciones de reglamentación y el gasto se
transfieren al nivel institucional o social más bajo, es decir, más próximo a
los ciudadanos, que disponga de la capacidad y los poderes para su ejecución. [12] Se
entiende que la expresión «asociaciones de autoridades locales» hace referencia
a las organizaciones «paraguas» basadas en la participación y la
representatividad a nivel subnacional, nacional, subcontinental, continental e
internacional. Pueden estar organizadas como entidades autónomas de conformidad
con la legislación en vigor en el país de inscripción. Pueden estar compuestas
por un órgano de representación elegido por los miembros de sus autoridades
locales y por una secretaría permanente. [13] Directrices de EuropeAid para la concesión de apoyo
presupuestario (2012). URL:
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/bs_guidelines-part_ii-programming,design_management_en.pdf.