—

Vistos los artículos 3 y 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 9, 145, 148, 152, 153, 174 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación (1),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su título IV (Solidaridad),

—

Vista la Carta Social Europea revisada,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

—

Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en especial los objetivos 1, 3, 4, 5, 8 y 10,

—

Vista la Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales, de 17 de noviembre de 2017, en Gotemburgo,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2018»(COM(2017)0690),

—

Visto el proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, de 22 de noviembre de 2017, que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018 (COM(2017)0674),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2017)0677),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2017)0770),

—

Visto el Informe de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, titulado «Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2018»(COM(2017)0771),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, titulada «Proyectos de planes presupuestarios para 2017: evaluación global»(COM(2017)0800),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales»(COM(2017)0250),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores»(COM(2017)0252),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 26 de abril de 2017, para el análisis de la Recomendación de 2013 titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»(SWD(2017)0258),

—

Vista la publicación de la séptima edición del estudio anual sobre la evolución del empleo y de la situación social en Europa de 2017 que se centra en la justicia y la solidaridad intergeneracional en Europa,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años»(COM(2016)0646),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (COM(2016)0604),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, miércoles, 14 de septiembre de 2016, titulada «Reforzar las inversiones europeas en favor del empleo y el crecimiento: hacia una segunda fase del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores»(COM(2016)0581),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa - Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad»(COM(2016)0381),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2016, titulada «Una Agenda Europea para la economía colaborativa»(COM(2016)0356),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2016, titulada «Europa invierte de nuevo – Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas etapas»(COM(2016)0359),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, titulada «Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales»(COM(2016)0127) y sus anexos,

—

Vistas la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo, de 15 de febrero de 2016, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2016)0071), y la Posición del Parlamento de 15 de septiembre de 2016 al respecto (2),

—

Visto el Conjunto de medidas sobre inversión social de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, que incluye la Recomendación 2013/112/UE titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» (3),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»(COM(2010)2020), y Resolución del Parlamento, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia Europa 2020 (4),

—

Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa»,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2015, sobre la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa,

—

Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento (5),

—

Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre las políticas económicas de la zona del euro (6),

—

Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza (7),

—

Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de Capacidades para Europa (8),

—

Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (9),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (10),

—

Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2017, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 (11),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales (12),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional (13),

—

Vista su posición, de 2 de febrero de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo no declarado (14),

—

Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre la reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil (15),

—

Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde (16),

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia (17),

—

Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea (18),

—

Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea (septiembre de 2015),

—

Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.o 5/2017, de marzo de 2017, titulado: «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil»,

—

Visto el informe de Eurofound, de 25 de septiembre de 2017, titulado «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2016»(Novedades en la vida laboral en Europa: revisión anual EurWORK 2016), y en particular el capítulo «Pay inequalities – Evidence, debate and policies»(Desigualdades salariales – Pruebas, debate y políticas),

—

Vista la actualización temática de Eurofound, de 18 de julio de 2017, titulada «Pay inequalities experienced by posted workers: Challenging the equal treatment principle»(Las desigualdades salariales de los trabajadores desplazados: un desafío al principio de igualdad de trato), que proporciona un resumen detallado de las posiciones de gobiernos e interlocutores sociales en toda Europa en lo que respecta al principio de igual remuneración a igual trabajo,

—

Visto el informe de Eurofound, de 26 de junio de 2017, titulado «Cambios en el empleo y desigualdad salarial: Observatorio Europeo del Empleo 2017»,

—

Visto el informe de Eurofound, de 19 de abril de 2017, titulado «La movilidad social en la UE»,

—

Visto el informe de Eurofound, de 13 de marzo de 2017, titulado «Desigualdad de renta y patrones de empleo en Europa antes y después de la Gran Recesión»,

—

Vistos los estudios de Eurofound, de 24 de febrero de 2017, sobre la participación de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo, actualización de 2016, y de 16 de febrero de 2016, sobre la función de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo en el que se examina el periodo 2011-2014,

—

Visto el informe de síntesis de Eurofound titulado «Sexta Encuesta Europea sobre las condiciones de trabajo», de 17 de noviembre de 2016,

—

Visto el informe de Eurofound, de 12 de marzo de 2015, titulado «Nuevas formas de empleo»,

—

Visto el informe de Eurofound, de 29 de octubre de 2013, titulado «Condiciones laborales de hombres y mujeres en Europa»,

—

Visto el debate con representantes de los Parlamentos nacionales sobre las prioridades del Semestre Europeo de 2018,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0052/2018),

A.

Considerando que la tasa de empleo en la Unión va en aumento y alcanzó el 72,3 % en el segundo trimestre de 2017, que corresponde a 235,4 millones de personas en edad de trabajar, y supone un progreso hacia el objetivo de una tasa de empleo del 75 % fijado en la Estrategia Europa 2020; que persisten diferencias sustanciales en los índices de empleo de muchos Estados miembros, desde algunos muy inferiores a la media de la Unión del 65 % como Grecia, Croacia, Italia y España, hasta otros superiores al 75 % en los Países Bajos, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania y Suecia, con algunos países que aún deben recuperarse de la crisis y, en especial, alcanzar los objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020; que el empleo ha crecido más entre los trabajadores de más edad, los trabajadores altamente cualificados y los hombres y menos entre los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y las mujeres; que el empleo medido en términos de horas trabajadas por empleado sigue un 3 % por debajo de los niveles anteriores a la crisis en la Unión y un 4 % en la zona del euro, debido al incremento del trabajo a tiempo parcial y al menor número de horas que trabajan los empleados a tiempo completo; que en la Unión, en la actualidad, 18,9 millones de personas siguen sin empleo, que la inversión sigue siendo demasiado baja, que el crecimiento de los salarios es débil y que la pobreza de los ocupados sigue aumentando; que en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea se afirma que la Unión debe aspirar al pleno empleo;

B.

Considerando que 18,9 millones de personas de la Unión siguen sin tener empleo pese a que la tasa de desempleo de la Unión y de la zona del euro está en su nivel más bajo de los últimos nueve años, en el 7,5 % y el 8,9 % respectivamente; que, además, esta recuperación sigue siendo muy desigual entre los Estados miembros, con tasas de desempleo que van del 4 % en Alemania a casi el 20 % en España y el 23,6 % en Grecia; que el desempleo oculto (desempleados dispuestos a trabajar pero que no buscan activamente empleo) se situó en el 20 % en 2016, mientras que la proporción de desempleo de larga duración en la Unión sigue siendo alarmantemente elevada, superior al 46,4 % (la cifra correspondiente para la zona del euro es del 49,7 %); que en algunos Estados miembros el desempleo sigue siendo elevado por la falta de crecimiento y la debilidad estructural; que unas reformas del mercado laboral inadecuadas son una de las razones del elevado desempleo; que el apoyo a los desempleados de larga duración es esencial, ya que en caso contrario esta situación empezaría a minar su confianza, bienestar y evolución en el futuro, exponiéndolos al riesgo de pobreza y de exclusión social, así como menoscabando la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y la dimensión social europea;

C.

Considerando que el trabajo a tiempo parcial se ha incrementado un 11 % desde 2008 y que el empleo a tiempo completo ha caído un 2 % en el mismo periodo, y que el trabajo a tiempo parcial involuntario ha pasado del 29,3 % en 2013 al 27,7 % en 2016, pero todavía supone casi una cuarta parte de este tipo de contratos;

D.

Considerando que la segmentación del mercado laboral entre los empleos permanentes y los atípicos sigue siendo preocupante, pues en algunos Estados miembros los contratos temporales representan entre el 10 % y el 20 % del empleo, con unas tasas de transición hacia contratos permanentes especialmente bajas, y una situación en la que los empleos temporales equivalen a «callejones sin salida»y no a «peldaños»hacia empleos permanentes; que este fenómeno está impidiendo a una gran cantidad de trabajadores disfrutar de un empleo seguro relativamente bien pagado y de unas perspectivas positivas, con la consiguiente creación de una brecha salarial entre los trabajadores permanentes y los temporales;

E.

Considerando que, si bien puede apreciarse una leve mejora en la tasa de desempleo juvenil, esta se mantiene en un nivel preocupantemente elevado, concretamente en un 16,6 % (18,7 % en la zona del euro); que, de acuerdo con el proyecto de informe conjunto sobre el empleo, los jóvenes se ven inmersos con más frecuencia en formas de empleo no convencionales y atípicas, entre las que se incluyen empleos temporales, trabajo a tiempo parcial involuntario y empleos con salarios más bajos; que en 2016 aún había 6,3 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años sin empleo ni siguiendo estudios ni formación («ninis»); que los Estados miembros puedan luchar contra el desempleo juvenil elaborando y aplicando marcos normativos del mercado laboral, sistemas de educación y formación y políticas activas del mercado laboral, sobre la base de la prohibición de la discriminación en cuanto a la edad en relación con el artículo 19 del TFUE y la Directiva 2000/78/CE del Consejo sobre la igualdad de trato en el empleo;

F.

Considerando que, pese a haberse reducido las diferencias en las tasas de desempleo entre los diferentes Estados miembros, dichas tasas siguen siendo superiores a las de antes de la crisis; que el desempleo de larga duración sigue siendo superior al 50 % del desempleo total en algunos Estados miembros y que representa, de media, el 46,6 % en la Unión y el 49,7 % en la zona del euro; que la tasa de desempleo solo registra a las personas que no tienen empleo y que han hecho una búsqueda activa de empleo en las últimas cuatro semanas mientras que la tasa de desempleo de larga duración solo cuantifica la proporción de población económicamente activa, entre 15 y 74 años de edad, que ha estado desempleada durante doce meses o más;

G.

Considerando que la disparidad de empleo entre mujeres y hombres persiste y hoy se sitúa en el 11,6 % para la Unión, con unos índices de empleo específicos de género del 76,9 % para los hombres y del 65,3 % para las mujeres, diferencia incluso más amplia en el caso de las mujeres no nacidas en la Unión y de las mujeres gitanas; que la brecha de género es aún mayor en el empleo a tiempo parcial, llegando a una diferencia de 23 puntos porcentuales (pp) en 2016, e incluso superando los 30 pp en cuatro Estados miembros, con una cifra del 23,5 % de empleo femenino a tiempo parcial involuntario; que la tasa de desempleo de las mujeres con, por lo menos, un hijo menor de 6 años es 9 pp inferior a la tasa de desempleo de las mujeres sin hijos, mientras que un 19 % de las trabajadoras potenciales de la Unión no estaban en activo en 2016 porque estaban atendiendo a niños o a adultos incapacitados; que, debido a unas menores tasas de empleo equivalente a tiempo completo, las mujeres soportaron una brecha salarial considerable del 16,3 % de media en 2015 en la Unión, que va desde el 26,9 % en Estonia al 5,5 % en Italia y Luxemburgo;

H.

Considerando que algunos Estados miembros se enfrentan a problemas estructurales en el mercado laboral, como una participación baja y desajustes entre las capacidades y las cualificaciones; que existe una necesidad creciente de medidas concretas para la integración o reintegración de los trabajadores que no están en activo a fin de satisfacer las demandas del mercado laboral;

I.

Considerando que las sociedades de la Unión están envejeciendo (casi el 20 % de la población europea es mayor de 65 años y, según estimaciones, alcanzará el 25 % en 2050), y que aumenta la tasa de dependencia de las personas mayores, lo que plantea retos adicionales para los Estados miembros y podría obligarles a practicar ajustes a fin de seguir garantizando la solidez y la correcta financiación de la seguridad social, los sistemas de asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, así como satisfacer la necesidad de brindar cuidados formales e informales; que los cuidadores informales constituyen un recurso de enorme importancia para la sociedad; que la esperanza de vida al nacer en la UE-28 disminuyó ligeramente en 2015, estimada en 80,6 años en total (0,3 años menos que en 2014), 83,3 años para las mujeres (0,3 menos que en 2014) y 77,9 años para los hombres (0,2 menos que en 2014); que esta fue la primera disminución de la esperanza de vida en la UE-28 desde el año 2002, cuando empezaron a estar disponibles datos sobre la esperanza de vida para todos los Estados miembros, y que se pudo observar en la mayoría de Estados miembros; que, de acuerdo con Eurostat, todavía no se puede determinar si la reducción de la esperanza de vida entre 2014 y 2015 es solo temporal o si se prolongará en los próximos años;

J.

Considerando que los retos demográficos incluyen factores como la despoblación y la dispersión de población que dificultan el crecimiento de las regiones que lo sufren y que amenazan la cohesión económica, social y territorial de la Unión;

K.

Considerando que la tasa de abandono prematuro de los estudios sigue situándose alrededor del 20 % en varios Estados miembros, como Malta, España y Rumanía, y por encima del objetivo de la Unión del 10 % en Portugal, Bulgaria, Italia, Hungría, el Reino Unido y Grecia; que el abandono prematuro de los estudios representa un problema complejo a escala individual, nacional y europea; que un entorno socioeconómico desfavorable, ser de origen migrante o presentar necesidades especiales son los factores más importantes asociados con un rendimiento escolar bajo y un abandono escolar prematuro, teniendo en cuenta que la proporción media de la Unión de estudiantes con un rendimiento bajo en ciencias dentro del cuartil socioeconómico inferior de los estudiantes de la Unión incluidos en PISA 2015 se sitúa alrededor del 34 %, 26 pp más que en el cuartil socioeconómico superior;

L.

Considerando que el sector de la economía social representa 2 millones de empresas (aproximadamente un 10 % del total de empresas de la Unión) y que estas emplean a más de 14 millones de personas (alrededor del 6,5 % de los trabajadores de la Unión); considerando la importancia de este sector para hacer frente a los innumerables desafíos de las sociedades actuales, en particular el envejecimiento de la población;

M.

Considerando que 80 millones de europeos tienen alguna discapacidad; que la aplicación de medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad sigue siendo demasiado lenta;

N.

Considerando que, si bien puede constatarse un cierto progreso en la reducción de la pobreza y la exclusión social, siguen existiendo grupos sociales desfavorecidos, con una cifra inaceptable de 119 millones de europeos en riesgo de pobreza o de exclusión social, de los cuales más de 25 millones son niños (más de uno de cada cuatro niños de la Unión), y que persisten disparidades regionales dentro de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto, lo que deja a la Unión lejos de conseguir el objetivo de la Estrategia Europa 2020; que continúa creciendo la desigualdad de renta en dos terceras partes de todos los países de la Unión; que en la Unión en su conjunto el 20 % de los hogares más ricos reciben ingresos 5,1 veces superiores a los del 20 % más pobres, con un diferencial de 6,5 o superior en algunos países del este y del sur, casi el doble de los valores registrados para algunos países del centro de Europa y los países nórdicos con mejores resultados; que los altos niveles de desigualdad siguen siendo un obstáculo para la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación y la protección social y que, por tanto, merman la justicia social, la cohesión social y el desarrollo económico sostenible;

O.

Considerando que, de acuerdo con la publicación de la Comisión sobre la evolución social y del empleo en Europa de 2017, en 2015 había 118,8 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, 1,7 millones por encima del nivel de 2008 y lejos del objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir la cantidad de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 20 millones, con grandes diferencias entre Estados miembros, desde el 5 % o menos en Chequia o Alemania a cerca del 20 % en Grecia o España; que el índice de niños (0-17 años) en riesgo de pobreza o exclusión social era del 26,4 % en 2016, superior a los índices correspondientes para adultos (16-64 años, 24,2 %) y, en casi 10 pp, para personas de edad avanzada (más de 65 años, 18,3 %); que el número de niños que sufren pobreza sigue siendo alarmantemente alto en Europa, con más de 25 millones en la actualidad, y que las repercusiones de la pobreza sobre los niños pueden acompañarles toda la vida y perpetúan la transmisión de las desventajas de una generación a otra; que las políticas sociales son importantes para lograr la cohesión y acercar la Unión a sus ciudadanos;

P.

Considerando que la pobreza de los ocupados se mantiene en Europa en su conjunto, con los mayores niveles registrados en España (13,1 %), Grecia (14 %) y Rumanía (18,6 %), lo que demuestra que el empleo por sí solo no siempre basta para sacar a las personas de la pobreza y refleja diferentes tendencias en el mercado de trabajo, por ejemplo empleos a tiempo parcial o temporales, niveles salariales e intensidad del trabajo en los hogares, así como unas condiciones de trabajo deficientes; que el crecimiento de los salarios sigue siendo bajo en la Unión, con un incremento inferior al 1 % en los dos últimos años y que la dispersión de la remuneración de los empleados es bastante amplia en la Unión, desde 4,6 euros por hora trabajada en Bulgaria a 43,3 en Luxemburgo; que el crecimiento real de los salarios está a la zaga del crecimiento medio de la productividad en 18 de los 28 Estados miembros y que incluso se sitúa por detrás de la caída del desempleo; que la fijación de salarios es una competencia nacional;

Q.

Considerando que la educación es un factor determinante fundamental para la integración de los jóvenes en el mercado laboral y es, en primer lugar, competencia de los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión; que una educación y formación de calidad deben ser accesibles para todos, teniendo en cuenta que la tasa de empleo de los jóvenes (20-34 años) con educación superior es del 82,8 % en la Unión, más de 10 pp por encima de aquellos con educación secundaria postobligatoria; que la formación profesional empieza a ganar credibilidad, tanto a ojos de los jóvenes europeos como de las empresas que reconocen sus capacidades; y que la formación adquirida en un entorno informal también confiere a los europeos herramientas importantes para el mercado de trabajo;

R.

Considerando, que, aunque la transformación digital requiere que los trabajadores tengan como mínimo competencias digitales básicas, se calcula que el 44 % de la población de la Unión carece de ellas (19);

S.

Considerando que, de conformidad con el artículo 168 del TFUE, es preciso garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades de la Unión; que esto jugaría a favor de la inclusión social, la justicia social y la igualdad; que el avance tecnológico y científico, del cual se congratula el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018, contribuye a que se encuentren tratamientos y medicamentos mejores, más eficaces y más accesibles; que este avance ayuda a que los enfermos aquejados de determinadas enfermedades crónicas estén en condiciones de integrarse en el mercado laboral o permanecer en él durante mucho más tiempo; que el elevado coste de determinados medicamentos compromete actualmente este objetivo;

T.

Considerando que la política fiscal en los Estados miembros participa en la estabilización del entorno macroeconómico, a la vez que tiene otros objetivos, como la sostenibilidad fiscal o la redistribución;

U.

Considerando que el establecimiento y la gestión de los sistemas de seguridad social son una competencia de los Estados miembros que la Unión coordina pero no armoniza;

V.

Considerando que la renta familiar disponible bruta (RFDB) per cápita todavía no se ha recuperado en varios Estados miembros hasta los niveles previos a la crisis y que varios de ellos registran niveles de 20 a 30 pp inferiores a los de 2008;

W.

Considerando que la capacidad de la economía de la Unión de impulsar el crecimiento a largo plazo es inferior a la de nuestros principales competidores; que la Comisión ha calculado que el crecimiento potencial se sitúa alrededor del 1,4 % en la Unión, en comparación con el 2 % de Estados Unidos;

X.

Considerando que el trabajo no declarado priva a los trabajadores de sus derechos, fomenta el dumping social, tiene graves implicaciones presupuestarias y afecta negativamente al empleo, la productividad, la calidad del trabajo y el desarrollo de competencias, así como a la eficiencia y la eficacia del sistema de los derechos de pensión; que es necesario seguir redoblando los esfuerzos para convertir el trabajo no declarado en trabajo declarado;

Y.

Considerando que las regiones ultraperiféricas se enfrentan a enormes dificultades relacionadas con sus características específicas que limitan su potencial de crecimiento; que en estas regiones las tasas de desempleo oscilan entre el 11,2 % y el 27,1 %, y las de desempleo de larga duración entre el 54,5 % y el 80,9 %; que el desempleo juvenil supera en estas regiones el 40 %;

Z.

Considerando que, de acuerdo con la investigación de Eurofound, la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de los programas nacionales de reforma está mejorando paulatinamente en la mayoría de Estados miembros, aunque siguen produciéndose resultados muy diversos en cuanto a la calidad y eficacia del compromiso general de los interlocutores sociales nacionales en el proceso del Semestre Europeo;

AA.

Considerando que el próximo estudio de Eurofound sobre la participación de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo debe aludir a un proceso de consolidación y de mayor sensibilización, siguiendo la orientación para las políticas de empleo n.o 7 sobre la mejora del funcionamiento de los mercados laborales; que, no obstante, los interlocutores sociales hacen hincapié en la necesidad de garantizar un compromiso adecuado a través de la provisión de consultas pertinentes y oportunas, el intercambio de contribuciones y opiniones, así como a través de dar visibilidad a sus puntos de vista;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.