COMISIÓN EUROPEA
Estrasburgo, 13.3.2018
COM(2018) 130 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
Supervisión de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales
{SWD(2018) 67 final}
1. Introducción
En su Discurso sobre el estado de la Unión de 9 de septiembre de 2015, el presidente Juncker propuso la creación de un pilar europeo de derechos sociales, el cual tendría en cuenta las cambiantes realidades de las sociedades europeas y las novedades en el mundo del trabajo.
Tras una amplia consulta pública en 2016, en la que participaron los ciudadanos, los interlocutores sociales, la sociedad civil, los Estados miembros y las Instituciones de la UE, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales el 17 de noviembre de 2017 en la Cumbre Social de Gotemburgo en favor del empleo justo y el crecimiento.
El pilar europeo de derechos sociales está concebido como una brújula que debe indicar la ruta hacia un proceso renovado de convergencia al alza para conseguir mejores condiciones de vida y de trabajo en la Unión Europea. Establece veinte principios y derechos esenciales en los ámbitos de la igualdad de oportunidades y del acceso al mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo justas, y protección e inclusión sociales.
El Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2017 refrendó las conclusiones de la Cumbre Social y destacó que el pilar europeo de derechos sociales debe implantarse tanto en el plano de la Unión como de los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta sus competencias respectivas. Asimismo, invitó a la Comisión a que propusiera una supervisión adecuada. La presente Comunicación responde a dicha petición y traza un camino a seguir.
2. Impulsar el pilar europeo de derechos sociales
La creación del pilar europeo de derechos sociales forma parte de un debate más amplio sobre el futuro de Europa, que fue iniciado por el Libro Blanco de la Comisión de 1 de marzo de 2017. La cuestión de cómo reforzar y modernizar el modelo social europeo ante cambios fundamentales, como las nuevas tecnologías, la globalización y el envejecimiento demográfico, es una de las cuestiones clave planteadas por el Libro Blanco, así como en los Documentos de reflexión de la Comisión sobre la dimensión social de Europa y sobre el encauzamiento de la globalización.
En la Cumbre de Roma, celebrada para conmemorar el 60.º aniversario de la UE, los dirigentes europeos reiteraron su compromiso en favor de una Europa social. En este debate más general, el pilar europeo de derechos sociales es tanto un hito para la construcción y la consolidación de la Europa social como un punto de referencia en la senda a Sibiu, donde los dirigentes de la UE se reunirán en mayo de 2019 para extraer conclusiones sobre el futuro de la UE, antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
Cumplir los objetivos del pilar europeo de derechos sociales siempre se ha concebido como un compromiso y una responsabilidad compartidos. Las instituciones de la UE, los Estados miembros, las autoridades públicas, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil a todos los niveles desempeñan un papel crucial, en consonancia con sus respectivas competencias.
En el plano de la UE, la Comisión tiene el firme compromiso de integrar las prioridades del pilar europeo de derechos sociales en todas las políticas de la UE. Ya ha comenzado a emplear los instrumentos y procesos existentes para ello, y también ha presentado varias iniciativas específicas en el marco de las competencias de la UE, algunas de las cuales aún están pendientes de adopción por parte de los colegisladores de la UE.
Asimismo, la Comisión tiene el compromiso de apoyar a los Estados miembros, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en el plano nacional, regional y local. Un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, publicado junto con la presente Comunicación, recuerda el marco jurídico, las funciones respectivas de los planos nacional y de la UE, así como las medidas ya adoptadas en relación con cada uno de los principios del pilar europeo de derechos sociales.
Supervisar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales es esencial para garantizar un progreso tangible sobre el terreno. Con la presente Comunicación, la Comisión propone, como complemento a las iniciativas ya adoptadas y que aún están por llegar en el plano de la UE, reforzar la supervisión de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en el Semestre Europeo de coordinación de las políticas. Ello puede realizarse de las siguientes maneras:
‣reflejando las prioridades del pilar europeo de derechos sociales en el análisis de las medidas adoptadas y del progreso realizado en el plano nacional;
‣proporcionando asistencia técnica, apoyando la evaluación comparativa y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y las partes interesadas;
‣así como analizando los resultados en materia social y de empleo sobre la base del nuevo cuadro de indicadores sociales, apoyando así el proceso más general de convergencia al alza.
3. Aplicar el pilar en el plano de la UE
Las prioridades sociales están en el centro de la agenda de esta Comisión desde que inició su mandato en 2014 El contenido y la ambición del pilar europeo de derechos sociales se basan en un gran número de iniciativas en el ámbito social y del empleo que esta Comisión ha desarrollado en los últimos años, en particular:
‣el fomento de un nuevo comienzo para el diálogo social, que refleja el compromiso de la Comisión por trabajar en estrecha colaboración con los interlocutores sociales a todos los niveles;
‣la propuesta de Acta Europea de Accesibilidad, que persigue mejorar el funcionamiento del mercado interior para los productos y servicios accesibles eliminando los obstáculos creados por la legislación divergente y, de ese modo, facilitar el trabajo de las empresas y generar beneficios para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada en la UE;
‣una propuesta de Directiva para mejorar la transparencia y la previsibilidad de las condiciones de trabajo, que mejora la información de los trabajadores sobre sus derechos y, al mismo tiempo, establece nuevos requisitos mínimos para mejorar las condiciones laborales;
‣la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, que afianza el principio de «idéntica remuneración por el mismo trabajo en el mismo lugar», creando de este modo la igualdad de condiciones y evitando la competencia desleal en el mercado interior;
‣una propuesta de legislación nueva para modernizar la coordinación de los sistemas de seguridad social que, en particular, contribuya a garantizar que los trabajadores que ejerciten su derecho a la libre circulación no pierdan sus derechos en materia de seguridad social;
‣una propuesta de Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores a fin de modernizar el marco jurídico vigente introduciendo el permiso de paternidad y el permiso para cuidadores, reforzando el permiso parental y ampliando el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible;
‣el Plan de Acción para luchar contra la brecha salarial de género 2017-2019, que incluye una serie de actividades para abordar sus causas profundas; la revisión de los diversos actos legislativos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, que actualiza y complementa las disposiciones que protegen a los trabajadores frente a los riesgos para la salud relacionados con el trabajo, incluida la exposición a agentes carcinógenos;
‣diversas acciones para garantizar un acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo, y de buena calidad, incluidas las redes europeas de referencia que, desde el pasado mes de noviembre, proporcionan acceso al diagnóstico y el tratamiento a las personas con enfermedades raras en toda la UE.
‣el refuerzo y el despliegue de la Garantía Juvenil, a fin de ayudar a los jóvenes a acceder rápidamente al empleo, la educación o la formación;
‣la puesta en marcha de un amplio conjunto de iniciativas en el marco de la Nueva Agenda de Capacidades, que pretende dotar con mejores capacidades a más personas;
‣diversas iniciativas para promover el acceso a una educación inclusiva y de alta calidad, la formación y el aprendizaje permanente, como parte del impulso en pro de un Espacio Europeo de Educación.
‣en el ámbito de la educación y la formación, la Comisión aspira a objetivos más ambiciosos en relación con los alumnos con bajo rendimiento y los que abandonan prematuramente los estudios, y está examinando objetivos nuevos en lo que respecta a las competencias digitales y el espíritu empresarial.
De los 22 actos jurídicos propuestos desde noviembre de 2014 en los ámbitos social y del empleo, ya se han adoptado 10, mientras que 12 están pendientes de su aprobación por parte del Consejo y/o el Parlamento Europeo. Tal como se refleja en la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la prioridad para los próximos meses será finalizar los expedientes legislativos pendientes y centrarse en el cumplimiento de los objetivos y en la realización de las nuevas iniciativas sobre el terreno.
Por otra parte, la Comisión ha integrado las prioridades sociales en todos los sectores, reconociendo plenamente la dimensión social de todas sus actividades. Cabe citar:
‣el Semestre Europeo de coordinación de políticas, en el que la Comisión ha puesto un mayor énfasis en las prioridades sociales y las ha situado, en pie de igualdad con los objetivos económicos, en el centro del ciclo anual de gobernanza económica, reflejando también por primera vez el ciclo de este año las prioridades del pilar europeo de derechos sociales;
‣en el marco de la política de cohesión, las prioridades sociales están ampliamente apoyadas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en ámbitos tales como el acceso al mercado laboral, la inclusión social y la educación. Otros programas e instrumentos de financiación, como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, prestan apoyo a las personas afectadas por la reestructuración de empresas o que se encuentran en riesgo de sufrir carencias materiales graves;
‣el Plan de Inversiones para Europa («Plan Juncker»): el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) puede prestar ayuda financiera para infraestructuras y equipamientos de índole social, así como para inversiones estratégicas en empresas sociales;
‣en el marco de la Unión de la Energía, el paquete propuesto por la Comisión sobre «Energía limpia para todos los europeos» pone un gran énfasis en el consumidor e intensifica sus esfuerzos para garantizar que la transición a la energía limpia sea socialmente equitativa y que nadie quede rezagado. Además, el paquete establece un nuevo planteamiento para proteger a los consumidores vulnerables, que también incluye ayudar a los Estados miembros a reducir los costes de la energía para los consumidores mediante el apoyo a inversiones en eficiencia energética. Esto también ha dado lugar a la creación de un Observatorio Europeo de la Pobreza Energética;
‣en el marco del Mercado Único Digital, la Comisión definió objetivos en materia de conectividad para 2025, con el fin de contribuir a poner la banda ancha de gran capacidad a disposición de la sociedad en su conjunto, prestando especial atención a las zonas menos desarrolladas, como las zonas rurales y remotas y poniendo un fuerte énfasis paralelamente en el desarrollo de las competencias digitales. Asimismo, pretende promover la conexión a wifi gratuito para los ciudadanos y visitantes en los espacios públicos a través de su iniciativa WiFi4EU. Además, la propuesta de Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas contiene disposiciones para garantizar la asequibilidad de las comunicaciones electrónicas (incluida la banda ancha) como parte de un régimen de servicio universal;
‣en el ámbito de la política de transportes, el paquete de movilidad «Europa en movimiento» es un conjunto de iniciativas de amplio alcance que, entre otras cosas, garantizarán unas condiciones de trabajo adecuadas. Por otra parte, la UE está revisando la legislación sobre derechos de los pasajeros a fin de garantizar que las personas de movilidad reducida tengan el mismo acceso a los servicios de transporte que los demás pasajeros;
‣la Comisión propuso una revisión de la Directiva relativa a la calidad del agua potable que contribuirá a aumentar el acceso a la misma de todas las personas, especialmente de los grupos vulnerables y marginados;
‣en el marco de la agenda fiscal, la Comisión ha presentado una serie de iniciativas destinadas a restablecer la equidad del sistema impositivo en la UE garantizando que todas las empresas paguen los impuestos que les corresponden donde se generan los beneficios;
‣a través de su política comercial, la UE promueve las normas laborales fundamentales consensuadas en el plano internacional: la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la no discriminación, la lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso, la inspección de trabajo, la salud y la seguridad, y el trabajo y las condiciones de trabajo dignos. Las cuestiones sociales también son aspectos fundamentales de las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad llevadas a cabo para todos los acuerdos comerciales junto con el impacto en los ámbitos económico, de los derechos humanos y del medio ambiente;
‣el nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad está permitiendo a los jóvenes, con una especial atención a los menos favorecidos, participar en actividades solidarias y ayudar a hacer frente a las necesidades de la sociedad en toda Europa, lo que también les da la posibilidad de desarrollar sus propias competencias y capacidades;
‣en el caso de los programas de apoyo a la estabilidad, desde el caso de Grecia de 2015, se ha establecido la práctica de asegurarse de que estos vayan acompañados de una evaluación del impacto social.
Por otra parte, la convergencia hacia unos mejores resultados socioeconómicos, la resiliencia social y la equidad, promovidos por el pilar europeo de derechos sociales, constituye una parte esencial de los esfuerzos por reforzar y completar la Unión Económica y Monetaria, tal como se recuerda en el Informe de los Cinco Presidentes de junio de 2015 y en las consiguientes propuestas de la Comisión.
En el gráfico 1 se presenta una visión global de las distintas maneras en que la Comisión ha estado integrando las prioridades sociales en todos los ámbitos:
Gráfico 1. Iniciativas clave de esta Comisión en los ámbitos social y del empleo
En este contexto, la creación del pilar ha constituido un impulso decisivo para actualizar y completar la legislación de la UE en aquellos casos en que era necesario. Además de lo que se ha hecho hasta ahora, la Comisión presenta otra serie de iniciativas junto con la Comunicación de hoy, resumidas en el recuadro 1.
Recuadro 1. El nuevo «paquete de equidad social» presentado el 13 de marzo de 2018
La presente Comunicación va acompañada de un nuevo paquete de equidad social, adoptado por la Comisión el 13 de marzo de 2018,
En primer lugar, la Comisión propone crear una Autoridad Laboral Europea, como complemento de anteriores iniciativas para mejorar las normas para el desplazamiento de trabajadores y la coordinación de los sistemas de seguridad social. La libre circulación es una de las libertades más apreciadas del mercado interior y beneficia a las personas, las economías y las sociedades en su conjunto. Hoy en día se aplica un amplio corpus de legislación de la UE para garantizar la movilidad equitativa, pero lo importante es que estas normas se apliquen efectivamente sobre el terreno. En este contexto, el papel y el valor añadido de la Autoridad consistirán en:
a) facilitar el acceso a las personas y a los empleadores a la información sobre sus derechos y obligaciones, así como a los servicios pertinentes;
b) apoyar la cooperación entre los Estados miembros para hacer cumplir de forma transfronteriza la legislación pertinente de la Unión, lo que incluye facilitar la realización de inspecciones conjuntas;
c)
ejercer la mediación y facilitar una solución en casos de litigios transfronterizos entre las autoridades nacionales o de perturbaciones del mercado laboral.
Para contribuir a la preparación y a la creación de la Autoridad, la Comisión también está creando un grupo consultivo que reúne a las principales partes interesadas.
En segundo lugar, la Comisión propone una Recomendación del Consejo sobre el acceso a la protección social de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, que se basa en una consulta de los interlocutores sociales de la UE y tiene por objeto alentar a los Estados miembros a asegurar que todas las personas que trabajan puedan cotizar y tengan un acceso adecuado a la protección social, como las prestaciones por desempleo o por enfermedad. En la actualidad, alrededor del 60 % de las personas trabajan a jornada completa y con contrato indefinido. No obstante, un porcentaje creciente de personas trabajan con otros tipos de contrato, incluidos los contratos temporales o a tiempo parcial, o bien trabajan por cuenta propia. Esta tendencia puede dar lugar a desigualdades y riesgos sociales si estos trabajadores no tienen suficiente acceso a la protección social. La Comisión examinó la posibilidad de proponer una Directiva para hacer frente a este problema, pero, dada la diversidad de situaciones y las limitaciones del marco jurídico para tomar medidas en el plano de la UE, la Comisión considera que una Recomendación del Consejo es la forma apropiada para orientar los avances en el plano nacional, garantizar la igualdad de condiciones y apoyar la convergencia al alza.
Por último, la Comisión está trabajando en el desarrollo de un número de seguridad social europeo, concebido como un identificador digital que permita la interoperabilidad de los sistemas existentes. Millones de turistas y de personas que viajan, viven y trabajan en otro país de la UE podrán probar fácilmente que tienen cobertura en su país de origen y podrán acceder de forma más rápida y sencilla a las prestaciones a las que tienen derecho, sabiendo que sus datos personales quedarán totalmente protegidos. Esto facilitará la portabilidad transfronteriza de los derechos, permitirá la identificación y la comprobación de la cobertura en tiempo real y también reducirá los riesgos de error y de fraude derivados de la utilización de documentos de papel. Por otra parte, simplificará el trabajo de las administraciones a todos los niveles. Esta iniciativa forma parte del Programa de trabajo de la Comisión para 2018: en consonancia con los principios de mejora de la legislación, la Comisión está dialogando con los Estados miembros y las partes interesadas y presentará una iniciativa en el curso de este año.
Para continuar aplicando el pilar en el plano de la UE, la Comisión seguirá haciendo pleno uso de todos los medios a su disposición. El uso de estos medios variará en función del ámbito de actuación y de los principios del pilar y reflejará la naturaleza y el alcance de las competencias en el plano de la UE. Entre estos medios cabe citar: actualizar y completar la legislación existente, como se ha señalado anteriormente, mejorar la aplicación de la legislación de la UE en los Estados miembros y apoyar el diálogo social en toda la UE, además de supervisar los progresos realizados en el marco del Semestre Europeo.
Esto se aplica también al apoyo financiero pertinente a través de fondos de la Unión, en particular los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el programa Erasmus + y otros programas pertinentes. En su reciente Comunicación titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020», la Comisión aboga por que el presupuesto de la UE cumpla las promesas hechas por los dirigentes en la Cumbre Social de Gotemburgo y por seguir desarrollando la dimensión social de la Unión, en particular mediante la plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales. La Comisión subrayó que se necesitaría disponer de recursos adecuados para mejorar las oportunidades de empleo y abordar los retos relacionados con las capacidades, incluidas las relacionadas con la digitalización. En la primavera de 2018 se presentarán propuestas detalladas para el marco financiero plurianual de la UE para después de 2020.
4. Aplicar el pilar en el plano nacional
La mayor parte de las competencias y los instrumentos necesarios para cumplir los objetivos del pilar europeo de derechos sociales están en manos de las autoridades locales, regionales y nacionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil. Si bien la UE tiene un importante papel que desempeñar en el apoyo a los Estados miembros, la responsabilidad de la aplicación del pilar recae, en muy gran medida, en los Estados miembros y en distintos niveles del gobierno y de la administración. Por otra parte, los interlocutores sociales a todos los niveles desempeñan un papel crucial en la aplicación del pilar, de conformidad con su autonomía para negociar y celebrar acuerdos. El TFUE reconoce explícitamente el respeto de la diversidad de los sistemas nacionales de relaciones laborales y la autonomía de los interlocutores sociales. A lo largo de los años, la Comisión ha invitado a los Estados miembros a conceder a los interlocutores sociales un papel más relevante en los ámbitos social y del empleo, ya que su participación es fundamental para la aceptación de las reformas. Las organizaciones no gubernamentales, en particular cuando prestan servicios sociales, son también de importancia fundamental para actuar y cumplir los objetivos del pilar.
Dado que expresa principios y derechos esenciales, el pilar europeo de derechos sociales sirve de guía para la consecución de resultados eficientes en el ámbito social y del empleo. No existe una única solución válida para todos, por lo que el pilar refleja la diversidad de las situaciones nacionales. Aunque los Estados miembros se enfrentan a menudo a retos comunes y comparten problemas similares, las soluciones que necesitan desarrollar difieren necesariamente. Ello se debe a la diversidad de sus sistemas nacionales y de sus tradiciones, los diversos puntos de partida y sus situaciones socioeconómicas específicas.
El contexto económico actual brinda una oportunidad para promover un crecimiento integrador, modernizar la economía social de mercado de la UE e invertir en las personas, en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales. La economía de la UE continúa su expansión a un ritmo sostenido. Se han creado más de 9 millones de puestos de trabajo adicionales desde principios de otoño de 2014, cuando esta Comisión inició su mandato. La tasa de desempleo está reduciéndose sin cesar y se halla en su nivel más bajo desde 2008. El número de personas empleadas ha alcanzado los 236,3 millones en la UE, el máximo número registrado hasta el presente. Sin embargo, todavía hay 18 millones de personas desempleadas en la UE, la renta de los hogares aún está por debajo del nivel de 2008 en una serie de Estados miembros y quedan muchos retos sociales por superar, especialmente si se tiene en cuenta la rapidez y el alcance de los cambios en curso, de la digitalización al envejecimiento. Asimismo, las situaciones siguen siendo muy dispares entre los Estados miembros y en el seno de ellos.
Las prioridades variarán forzosamente y el Semestre Europeo representa una oportunidad para que los Estados miembros progresen en el cumplimiento de los objetivos del pilar e informen al respecto. Los Informes por país publicados recientemente en el contexto del ciclo del Semestre Europeo de 2018 bosquejan el carácter y el alcance de los retos en el plano nacional a la hora de trabajar en pro de mejores condiciones de vida y de trabajo, de unos mercados de trabajo más justos y que funcionen mejor, de la mejora de los sistemas de educación y formación para dotar a las personas con las capacidades adecuadas y pertinentes, y de sistemas de bienestar social que sean sostenibles y adecuados. Los Programas Nacionales de Reforma, que se espera recibir de los Estados miembros en abril, expondrán unas prioridades renovadas y más acciones concretas en el plano nacional. Estos programas constituirán la base de las recomendaciones específicas por país que la Comisión propondrá más adelante, en la primavera de 2018. Paralelamente, la Comisión seguirá colaborando con los Estados miembros para garantizar que los fondos de la UE disponibles se empleen adecuadamente en apoyo de reformas estructurales o de las personas, en consonancia con las prioridades señaladas en los informes por país y en las recomendaciones específicas por país.
5. Control de la aplicación del pilar
El Semestre Europeo de coordinación de políticas proporciona una herramienta adecuada para supervisar los avances en ámbitos clave incluidos en el pilar europeo de derechos sociales.
El Semestre Europeo se basa en un análisis en profundidad que es específico para la situación de cada país: reconoce la diversidad de los desafíos y la necesidad de establecer prioridades teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida y los medios disponibles en todos los países. El Semestre Europeo también permite estructurar los esfuerzos colectivos a lo largo del tiempo: se basa en un diálogo profundo y en la comunicación de información a lo largo del año de manera transparente y abierta a todos los agentes, y que se utiliza en particular para estructurar las evaluaciones por pares y la evaluación comparativa entre los Estados miembros. A partir de los avances logrados en los últimos años a fin de reforzar la dimensión social del Semestre Europeo, la Comisión ha empezado a ajustar las herramientas y los métodos de trabajo actuales para reflejar el pilar europeo de derechos sociales desde su proclamación. Ello no supone cambios fundamentales ni la creación de nuevos instrumentos ni más cargas administrativas para los Estados miembros.
Asimismo, será necesario un seguimiento más temático a fin de abarcar integralmente los distintos principios del pilar y revisar el seguimiento efectivo y la asimilación sobre el terreno. Se estudiarán asuntos específicos en profundidad mediante las publicaciones periódicas de la UE, como el Informe conjunto anual sobre el empleo y el Informe sobre el empleo y la situación social. Además, se encargará a las agencias de la UE activas en este ámbito la elaboración de informes exhaustivos sobre los principios que se correspondan de forma más directa con sus competencias. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales en el plano de la UE podrán decidir centrarse con más atención en determinados principios de especial interés para ellos.
Como parte del Semestre Europeo, se añadirán tres nuevos elementos para ayudar a supervisar la realización del pilar europeo de derechos sociales.
‣La integración de las prioridades del pilar en el Semestre Europeo seleccionando temas para una comunicación detallada de información con periodicidad anual. Los principios y los derechos consagrados en el pilar se tendrán en cuenta en todo el proceso del Semestre Europeo a la hora de supervisar, comparar y evaluar el progreso realizado. Al mismo tiempo, cada año se designarán algunos temas específicos relacionados con el pilar que serán objeto de una evaluación detallada. Esto se aplica en particular al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (publicado en noviembre), que establece las prioridades económicas y sociales en el plano de la UE, y los Informes por países (publicados en febrero o marzo), que constituyen la base para la formulación ulterior de orientaciones específicas por país. Para elegir los temas se consultará a todos los agentes y, en particular, a los comités pertinentes que representan a los Estados miembros.
‣La prestación de asistencia técnica, el fomento de la evaluación comparativa y el intercambio de buenas prácticas. El Semestre Europeo ofrece un foro de diálogo para las partes interesadas que permite intercambiar experiencias y reforzar el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros, con el objetivo de impulsar la convergencia al alza con los que obtienen los mejores resultados. Los organismos que se ocupan de cuestiones de política social y de empleo en el marco del Semestre Europeo, como el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, ya han comenzado a trabajar sobre la evaluación comparativa de la convergencia de las políticas. Además, en su Comunicación «Nuevos pasos hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria europea: una hoja de ruta», la Comisión sugirió que se refuerce el trabajo en curso en el Consejo y en el Eurogrupo sobre la evaluación comparativa de las políticas. Por otra parte, además de la ayuda financiera proporcionada a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión ha aumentado su oferta de apoyo a medida para las reformas institucionales, administrativas y políticas.
‣La evaluación y la supervisión del desempeño con la ayuda del nuevo cuadro de indicadores sociales. Junto con su propuesta relativa al pilar, la Comisión presentó un nuevo cuadro de indicadores sociales. Su función consiste en contribuir a examinar los resultados de los Estados miembros en los ámbitos social y del empleo a lo largo de las diferentes dimensiones del pilar. Se utilizó por primera vez para contribuir a configurar y a profundizar el análisis contenido en el Informe conjunto sobre el empleo de 2018, mientras que los indicadores se emplearon para respaldar el análisis de los Informes por país de 2018. Aunque no agotan el debate sobre la supervisión del pilar, ofrecen información útil sobre la situación sobre el terreno y permiten realizar comparaciones con el paso del tiempo y entre países. El cuadro de indicadores y sus fundamentos estadísticos seguirán desarrollándose con el apoyo de los Estados miembros.
Recuadro 2. el nuevo cuadro de indicadores sociales de la UE
6. Conclusiones
Desde hace décadas, la Unión Europea ayuda a aumentar la prosperidad y a reforzar la justicia social. Hoy en día, Europa es uno de los más lugares atractivos para vivir en el mundo. Sin embargo, la crisis económica y social de la última década ha afectado profundamente a nuestro entramado social, poniendo en tela de juicio la esencia de nuestra economía social de mercado.
Como Europa ha dejado atrás la crisis, ha llegado el momento de mirar al futuro, de adaptarse a la velocidad de las realidades cambiantes y de hacer frente a los retos socioeconómicos más amplios a los que se enfrenta Europa, así como de renovar y mantener nuestros modelos económicos y sociales.
Al dejar claro lo que Europa representa, el pilar europeo de derechos sociales expresa principios y derechos esenciales para el progreso social en beneficio tanto de los ciudadanos como de las sociedades, y proporciona una brújula que orienta los pasos a seguir.
El compromiso asumido por los dirigentes de la UE en la Cumbre Social de Gotemburgo forma parte de una agenda más amplia para construir el futuro de la Unión Europea de 27 Estados miembros. Cumplir los objetivos del pilar europeo de derechos sociales y convertirlo en una realidad para todos los europeos es una responsabilidad compartida. Los gobiernos, los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales, las entidades locales y regionales, así como las instituciones europeas, están listos y tienen el compromiso de contribuir a la realización de esta tarea.