28.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 200/1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

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3.10.

3.11.

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6.

7.

(1)

Para evitar que las ayudas estatales falseen la competencia en el mercado interior y afecten al comercio entre Estados miembros de forma contraria al interés común, el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominado «el Tratado») establece el principio de prohibición de las ayudas estatales. Sin embargo, en determinados casos, las ayudas estatales pueden ser compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartados 2 y 3, del Tratado.

(2)

Sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, la Comisión podrá considerar compatibles las ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas en la Unión Europea, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(3)

La Estrategia Europa 2020 (1) se centra en la creación de las condiciones necesarias para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Con este fin se ha fijado una serie de objetivos principales, incluidos los relativos al cambio climático y la sostenibilidad energética: i) reducir un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en comparación con los niveles de 1990; ii) incrementar hasta el 20 % el porcentaje de las fuentes de energía renovables en el consumo final de energía de la Unión; y iii) mejorar un 20 % la eficiencia energética de la UE en comparación con los niveles de 1990. Los dos primeros de estos objetivos vinculantes a escala nacional fueron aplicados mediante el «Paquete sobre clima y energía» (2).

(4)

El 22 de enero de 2014, la Comisión propuso objetivos en materia de energía y clima para 2030 en la Comunicación «Un Marco estratégico en materia de clima y energía para el período 2020-2030» (3) (en lo sucesivo denominado «el Marco de 2030»). Los pilares del Marco de 2030 son: i) una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40 % con respecto a los niveles de 1990; ii) un objetivo vinculante a escala de la UE de al menos un 27 % de fuentes de energía renovables; iii) una ambición renovada en materia de políticas de eficiencia energética; y iv) un nuevo sistema de gobernanza y una nueva serie de indicadores para garantizar un sistema energético competitivo y seguro.

(5)

Los objetivos principales citados en el apartado (3) son particularmente importantes a efectos de las presentes Directrices. Con el fin de apoyar la consecución de esos objetivos, la Estrategia Europa 2020 presentó «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» como una de sus siete iniciativas emblemáticas (4). Dicha iniciativa pretende crear un marco para las políticas destinadas a apoyar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y eficiente en el uso de los recursos, que contribuya a:

(6)

Debe recordarse que la «Hoja de ruta para una Europa eficiente en el uso de los recursos» (5), así como varias conclusiones del Consejo, instan a una reducción progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente (6). Así pues, las presentes Directrices deben considerar los impactos negativos de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, teniendo en cuenta la necesidad de abordar el compromiso necesario entre diferentes ámbitos y políticas, como reconoce la iniciativa emblemática. Las ayudas para la extracción de combustibles fósiles no están incluidas en las presentes Directrices.

(7)

La Hoja de ruta también insta a los Estados miembros a abordar las carencias en la consecución de las ventajas que ofrece la legislación de la Unión (7). Para evitar que las medidas de ayuda estatal produzcan daños medioambientales, los Estados miembros deberán velar, en particular, por el cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, por que se proceda a una evaluación de impacto ambiental cuando así lo exija la legislación de la Unión y por que se cuente con todos los permisos pertinentes.

(8)

La Comunicación «Energía 2020-Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura» (8), que forma parte de la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», concluyó que los objetivos de un mercado de la energía seguro, asequible y sostenible se verán negativamente afectados a menos que se mejore la red eléctrica, se sustituyan las instalaciones obsoletas por alternativas competitivas y más limpias, y la energía se utilice de forma más eficiente a lo largo de toda la cadena de la energía.

(9)

El Marco de 2030 aboga por un ambicioso compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con el plan para 2050. La consecución de este objetivo debe atenerse a un enfoque rentable que ofrezca a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para definir una transición apropiada atendiendo a sus circunstancias concretas y que fomente las políticas de investigación e innovación para apoyar el marco relativo al clima y la energía para después de 2020. Las presentes Directrices respetan estos principios y preparan el terreno para el Marco de 2030.

(10)

En las presentes Directrices, la Comisión define las condiciones en las que las ayudas a la energía y el medio ambiente podrán ser consideradas compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.

(11)

En la Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales (9), la Comisión anunció los tres objetivos perseguidos gracias a la modernización del control de las ayudas estatales:

(12)

En particular, la Comunicación abogaba por un planteamiento común en la revisión de las distintas directrices y marcos basado en reforzar el mercado interior, promover una mayor eficacia del gasto público a través de una mayor contribución de las ayudas estatales a los objetivos de interés común, ejercer un mayor control sobre el efecto incentivador, limitar la ayuda al mínimo necesario y evitar sus posibles efectos negativos sobre la competencia y el comercio. Las condiciones de compatibilidad establecidas en las presentes Directrices se basan en estos principios comunes de evaluación.

(13)

Las presentes Directrices se aplicarán a las ayudas estatales concedidas para objetivos de protección medioambiental o energéticos en todos los sectores que se rigen por el Tratado, siempre que las medidas estén contempladas en la sección 1.2. Por tanto, también se aplicarán a sectores sujetos a normas específicas de la Unión sobre ayudas estatales (transporte (10), carbón, agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura), a menos que dichas normas específicas dispongan otra cosa.

(14)

Por lo que se refiere a la agricultura, la pesca y la acuicultura las presentes Directrices se aplicarán a las ayudas para la protección del medio ambiente en favor de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos y, en determinadas condiciones, de empresas dedicadas a la producción primaria. En dichos sectores se aplicarán las siguientes condiciones:

(15)

Las presentes Directrices no se aplicarán a:

(16)

A efectos de las presentes Directrices, las ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía no podrán concederse a empresas en crisis, tal como se definen en las vigentes Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (19), modificadas o sustituidas.

(17)

Al evaluar las ayudas en favor de empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, la Comisión tendrá en cuenta el importe de la ayuda que debe recuperarse (20).

(18)

La Comisión ha establecido una serie de medidas en materia de protección del medio ambiente y energía para las cuales las ayudas estatales podrán, en determinadas condiciones, ser compatibles con el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado:

(19)

A efectos de las presentes Directrices, se aplicarán las siguientes definiciones:

(20)

Las ayudas individuales otorgadas sobre la base de un régimen de ayudas notificado seguirán sujetas a la obligación de notificación en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado, en caso de que superen los siguientes umbrales de notificación y no se concedan mediante un procedimiento de licitación (32):

(21)

Las exenciones y reducciones de impuestos medioambientales contempladas en la sección 3.7 no estarán sujetas a las condiciones aplicables a las ayudas notificadas individualmente. Sin embargo, las ayudas concedidas en forma de ayuda fiscal no cubiertas por la sección 3.7 de las presentes Directrices serán objeto de una evaluación individual en caso de que se sobrepasen los umbrales establecidos en dicha sección. Esto también será aplicable independientemente de si el beneficiario individual se beneficia al mismo tiempo de una exención o reducción fiscal contemplada en la sección 3.7.

(22)

Las presentes Directrices establecen los criterios de compatibilidad para los regímenes de ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía y para las ayudas individuales con objetivos de protección del medio ambiente y energéticos sujetas a la obligación de notificación en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(23)

Las ayudas estatales destinadas a la protección del medio ambiente y la energía se considerarán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado CE cuando, sobre la base de los principios comunes de evaluación que figuran en el capítulo 3, den lugar a una mayor contribución a los objetivos medioambientales o energéticos de la UE sin afectar desfavorablemente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común. Se tendrán en cuenta las desventajas específicas de las zonas asistidas.

(24)

El presente capítulo precisa la manera en que la Comisión aplicará los principios de evaluación comunes establecidos en la sección 3.1 a la hora de evaluar las medidas de ayuda que entran en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices y, en su caso, establece las condiciones específicas para las ayudas individuales (otorgadas sobre la base de un régimen o ad hoc).

(25)

En la sección 3.2 se especifican las condiciones generales de compatibilidad aplicables a todas las medidas de ayuda que entran en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices, a menos que otras secciones más específicas del capítulo 3 deroguen estas condiciones generales de compatibilidad. En consecuencia, la sección 3.2 será aplicable, en particular, a las siguientes medidas que no formen parte de secciones más específicas del capítulo 3:

(26)

Por lo general, para evaluar si una medida de ayuda puede considerarse compatible con el mercado interior la Comisión analiza si su concepción garantiza que su impacto positivo en aras de un objetivo de interés común es superior a sus potenciales efectos negativos en el comercio y la competencia.

(27)

La Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales, de 8 de mayo de 2012 (33), hizo un llamamiento a favor de la identificación y definición de principios comunes aplicables a la evaluación de la compatibilidad de todas las medidas de ayuda aplicadas por la Comisión. A tal efecto, la Comisión considerará que una medida de ayuda estatal es compatible con el Tratado solo si cumple todos los criterios siguientes:

(28)

Determinadas categorías de regímenes podrán estar sujetas a un requisito de evaluación a posteriori, como se describe en el capítulo 4. En tal caso, la Comisión podrá limitar la duración de los regímenes (normalmente a cuatro años o menos), con posibilidad de notificar de nuevo su prórroga posteriormente.

(29)

Por otra parte, si una medida de ayuda estatal o las condiciones en que se concede (incluido su método de financiación, cuando forme parte indisociable de la misma) implican una violación de la legislación de la UE, la ayuda no podrá declararse compatible con el mercado interior (34). Concretamente, en el ámbito de la energía, cualquier exacción que tenga como objetivo financiar una medida de ayuda estatal deberá cumplir, en particular, los artículos 30 y 110 del Tratado (35).

(30)

El objetivo general de las ayudas medioambientales es incrementar el nivel de protección del medio ambiente en comparación con el que se lograría si no existieran. La Estrategia Europa 2020 establece, en particular, objetivos para estimular el crecimiento sostenible y apoyar la transición hacia una economía competitiva con bajas emisiones de carbono y eficiente en el uso de los recursos. Una economía con bajas emisiones de carbono y una proporción significativa de energía variable procedente de fuentes renovables exige una transición del sistema energético y, en concreto, inversiones considerables en las redes de energía (36). El objetivo principal de las ayudas en el sector de la energía será garantizar un sistema energético competitivo, sostenible y seguro en un mercado energético europeo que funcione adecuadamente (37).

(31)

Los Estados miembros que deseen conceder ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía tendrán que definir con precisión el objetivo perseguido y explicar la contribución esperada de la medida a su consecución. Al introducir una medida cofinanciada por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y a efectos de indicar los objetivos medioambientales o energéticos perseguidos, los Estados miembros podrán inspirarse en el razonamiento utilizado en los programas operativos pertinentes.

(32)

Los estudios medioambientales pueden contribuir a la consecución de un objetivo común cuando están directamente vinculados a inversiones subvencionables en el marco de las presentes Directrices, incluso si, como consecuencia de las conclusiones de un estudio preparatorio, no se lleva a cabo la inversión objeto de la investigación.

(33)

Para demostrar que una ayuda que ha de ser notificada individualmente contribuye a aumentar el nivel de protección del medio ambiente, el Estado miembro podrá utilizar, en la medida en que sea posible cuantificarlos, una serie de indicadores, en particular los siguientes:

(34)

Aunque está generalmente aceptado que los mercados competitivos tienden a lograr resultados eficientes en términos de precios, producción y utilización de los recursos, cuando existen deficiencias del mercado (38), la intervención del Estado puede mejorar el funcionamiento eficiente de los mercados. De hecho, las medidas de ayuda estatal pueden, en determinadas condiciones, corregir las deficiencias de los mercados y contribuir así a alcanzar el objetivo común en la medida en que el mercado no consiga un resultado eficiente. A fin de evaluar si las ayudas estatales son efectivas para alcanzar el objetivo, es necesario, en primer lugar, diagnosticar y definir los problemas planteados. Las ayudas estatales deberán dirigirse a casos en que puedan aportar una mejora sustancial que el mercado no pueda lograr por sí solo.

(35)

Para establecer directrices que garanticen que las medidas de ayuda alcancen este objetivo, los Estados miembros deberán identificar las deficiencias del mercado que impiden un mayor nivel de protección del medio ambiente o un funcionamiento adecuado, seguro, a precios asequibles y viable del mercado interior de la energía. Las deficiencias del mercado relacionadas con objetivos medioambientales y energéticos pueden ser diferentes o semejantes, pero pueden impedir un resultado óptimo y conducir a resultados ineficientes por las siguientes razones:

(36)

La mera existencia de deficiencias del mercado en un contexto determinado no es suficiente para justificar la intervención del Estado. En particular, pueden haberse implantado ya otras políticas y medidas para abordar algunas de las deficiencias detectadas. Entre los ejemplos cabe citar la normativa sectorial, la normativa obligatoria en materia de contaminación, mecanismos de fijación de precios como el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE) e impuestos sobre el carbono. Otras medidas adicionales, incluidas las ayudas estatales, solo pueden ser dirigidas a las deficiencias del mercado residuales, es decir, a las que siguen sin encontrar solución mediante esas otras políticas y medidas. También es importante mostrar cómo la ayuda estatal refuerza otras políticas y medidas que pretenden solucionar la misma deficiencia del mercado. Por ello, la necesidad de ayudas estatales es más débil si contrarresta los efectos de otras políticas dirigidas a la misma deficiencia del mercado.

(37)

La Comisión considerará que una ayuda es necesaria si el Estado miembro demuestra que se destina efectivamente a una deficiencia (residual) del mercado que sigue sin ser corregida.

(38)

Aunque pueden existir deficiencias generales del mercado y las medidas de ayuda pueden estar, en principio, bien concebidas para alcanzar el objetivo de un mercado eficiente, puede que no todas las empresas afectadas se vean confrontadas a esas deficiencias en la misma medida. Por tanto, para las ayudas sometidas a la obligación de notificación individual, la Comisión evaluará la necesidad específica de ayudas en el caso que nos ocupa. Corresponde al Estado miembro demostrar que una deficiencia del mercado sigue sin encontrar solución para la actividad específica respaldada por las ayudas y si las ayudas se destinan efectivamente a subsanar dicha deficiencia del mercado.

(39)

En función de la deficiencia del mercado específica, la Comisión tendrá en cuenta los siguientes factores:

(40)

La medida de ayuda propuesta deberá ser un instrumento idóneo para alcanzar el objetivo político perseguido. Una medida de ayuda no se considerará compatible con el mercado interior si la misma contribución positiva al objetivo común es factible a través de otros instrumentos políticos u otros tipos de instrumentos de ayuda menos falseadores.

(41)

Las ayudas estatales no son el único instrumento político de que disponen los Estados miembros para promover mayores niveles de protección del medio ambiente o para conseguir un mercado europeo de la energía que funcione adecuadamente y sea seguro, asequible y sostenible. Es importante tener presente que puede haber otros instrumentos más adecuados para alcanzar estos objetivos. La normativa y los instrumentos basados en el mercado constituyen los útiles más importantes para lograr los objetivos energéticos y medioambientales. Instrumentos flexibles como los programas voluntarios de etiquetado ecológico y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente también pueden desempeñar un papel importante para alcanzar un mayor nivel de protección medioambiental.

(42)

Diferentes medidas para poner remedio a la misma deficiencia del mercado pueden contrarrestarse entre sí. Este es el caso cuando se ha puesto en marcha un mecanismo eficaz basado en el mercado para tratar específicamente el problema de los efectos externos. Una medida de apoyo adicional para abordar la misma deficiencia del mercado podría socavar la eficiencia del mecanismo basado en el mercado.

(43)

Diferentes medidas para poner remedio a las deficiencias del mercado pueden también contrarrestarse entre sí. Una medida para abordar un problema de adecuación de la producción se ha de conciliar con el objetivo medioambiental de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles. Del mismo modo, una medida destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero puede aumentar la oferta de energía variable, lo que podría afectar negativamente a la adecuación de las capacidades de producción.

(44)

El respeto del «principio “quien contamina paga”» en la legislación medioambiental garantiza, en principio, la rectificación de la deficiencia del mercado relacionada con los efectos externos negativos. Por tanto, las ayudas estatales no son un instrumento idóneo y no pueden otorgarse en la medida en que el beneficiario pueda ser considerado responsable de la contaminación en virtud de la legislación existente, nacional o de la Unión (40).

(45)

Las ayudas destinadas a la protección medioambiental y la energía pueden concederse en diversas formas. No obstante, el Estado miembro debe garantizar que generen el menor falseamiento del comercio y la competencia. A este respecto, el Estado miembro estará obligado a demostrar por qué son menos adecuadas otras formas de ayuda potencialmente menos falseadoras, como los anticipos reembolsables en comparación con las subvenciones directas, o los créditos fiscales en comparación con las reducciones fiscales, o formas de ayuda basadas en instrumentos financieros de deuda o de patrimonio (por ejemplo, préstamos a tipo reducido o bonificación de intereses, garantías públicas u obtención alternativa de capital en condiciones favorables).

(46)

La elección del instrumento de ayuda deberá ajustarse a la deficiencia del mercado que la medida de ayuda intenta subsanar. En particular, en caso de que los ingresos reales sean inciertos, por ejemplo en lo relativo a medidas de ahorro de energía, el instrumento adecuado puede ser un anticipo reembolsable. Para los regímenes de ayudas que aplican objetivos y prioridades de programas operativos, se presumirá que el instrumento de financiación elegido en este programa constituye, en principio, un instrumento apropiado.

(47)

Para las ayudas de funcionamiento, el Estado miembro deberá demostrar que son adecuadas para lograr el objetivo del régimen en el que se enmarcan. Para demostrar que la ayuda es adecuada, el Estado miembro puede calcular previamente el importe de la ayuda como una cantidad fija que cubra la cantidad adicional prevista en los costes durante un período dado, para incentivar a las empresas a minimizar los costes y desarrollar sus actividades más eficientemente con el tiempo (41).

(48)

A fin de demostrar la adecuación de los regímenes, el Estado miembro también podrá basarse en los resultados de las evaluaciones efectuadas en el pasado, como se describe en el capítulo 4.

(49)

Las ayudas destinadas a la protección medioambiental y la energía solo podrán considerarse compatibles con el mercado interior si tienen un efecto incentivador. El efecto incentivador se produce cuando la ayuda induce a su beneficiario a cambiar su comportamiento para aumentar el nivel de protección del medio ambiente o a mejorar el funcionamiento adecuado de un mercado de la energía seguro, asequible y sostenible, cambio de comportamiento que no tendría lugar sin ellas. Las ayudas no deberán subvencionar los costes de una actividad que una empresa tendría que afrontar de todos modos y no podrán compensar el riesgo comercial normal de una actividad económica.

(50)

La Comisión considera que las ayudas carecen de efecto incentivador para el beneficiario en todos aquellos casos en los que los trabajos en el proyecto ya se habían iniciado con anterioridad a la presentación de su solicitud de ayuda ante las autoridades nacionales. En tales casos, es decir, cuando el beneficiario inicia la ejecución de un proyecto antes de solicitar la ayuda, toda ayuda concedida en relación con dicho proyecto no se considerará compatible con el mercado interior.

(51)

Los Estados miembros deberán introducir y utilizar un formulario de solicitud de ayuda que hará constar, como mínimo, la razón social del solicitante; su tamaño; una descripción del proyecto, incluida su ubicación y las fechas de inicio y finalización; el importe de la ayuda necesaria para ejecutar la acción y los costes subvencionables. En el formulario los beneficiarios deberán describir la situación sin la ayuda, que se denomina «hipótesis de contraste» o «proyecto alternativo». Además, las grandes empresas deberán presentar pruebas documentales relativas a la hipótesis de contraste descrita en el formulario de solicitud.

(52)

Al recibir una solicitud, la autoridad que otorga las ayudas deberá comprobar la credibilidad de la hipótesis de contraste y confirmar que las ayudas tienen el necesario efecto incentivador. Una hipótesis de contraste es creíble si es real e integra los factores que influyen en la toma de decisión por parte del beneficiario en relación con la inversión. No es obligatorio cumplir las condiciones de los apartados (50) y (51) cuando la ayuda se concede sobre la base de un procedimiento de licitación.

(53)

La Comisión considera que las ayudas concedidas para adaptarse a futuras normas de la Unión tienen, en principio, un efecto incentivador incluso cuando la norma ya ha sido aprobada, pero todavía no ha entrado en vigor. Sin embargo, en este último caso, las ayudas tienen efecto incentivador si incentivan la realización de la inversión mucho antes de la entrada en vigor de la norma. Se considerará que las ayudas concedidas para la adaptación a normas de la Unión ya adoptadas, pero todavía no vigentes, tienen efecto incentivador si la inversión hubiese finalizado al menos un año antes de la entrada en vigor de las normas de la Unión.

(54)

No obstante lo dispuesto en el apartado (53), podrá existir un efecto incentivador si las ayudas se conceden para:

(55)

La Comisión considera que las ayudas destinadas a inversiones que permitan al beneficiario adoptar medidas que vayan más allá de las normas vigentes de la Unión, contribuyen positivamente a los objetivos en materia medioambiental o energética. Para no disuadir a los Estados miembros de establecer normas nacionales obligatorias que sean más rigurosas que las correspondientes de la Unión, esas ayudas estatales podrán concederse con independencia de la presencia de normas nacionales obligatorias que sean más rigurosas que la norma de la Unión. Puede tratarse, por ejemplo, de medidas de mejora de la calidad del agua y del aire más estrictas que las normas de la Unión. Dicha contribución positiva también se da cuando existe una norma nacional obligatoria adoptada en ausencia de normas de la Unión.

(56)

Con arreglo a la Directiva 2012/27/UE (42) (en lo sucesivo denominada «la Directiva sobre eficiencia energética»), las grandes empresas tienen que llevar a cabo auditorías energéticas cada cuatro años. Por consiguiente, las ayudas para las auditorías energéticas de las grandes empresas solo pueden tener un efecto incentivador en la medida en que no compensen una auditoría energética exigida por dicha Directiva. Como la misma obligación no se impone a las PYME, las ayudas estatales concedidas a estas últimas para la realización de auditorías energéticas pueden tener un efecto incentivador.

(57)

Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la evaluación del efecto incentivador de las ayudas estatales en el caso de medidas de eficiencia energética previstas o adoptadas como consecuencia de la auditoría energética o las resultantes de otros instrumentos, como los sistemas de gestión de la energía y de gestión medioambiental.

(58)

En el caso de las ayudas sujetas a la obligación de notificación individual, los Estados miembros deberán demostrar plenamente a la Comisión el efecto incentivador de la ayuda, aportando pruebas claras de que tiene un impacto efectivo en la decisión de inversión y que modifica el comportamiento del beneficiario de tal forma que este mejore el nivel de protección del medio ambiente o el funcionamiento del mercado energético de la Unión. Para permitir una evaluación completa, el Estado miembro deberá aportar no solo información referente al proyecto beneficiario, sino también una descripción completa de la hipótesis de contraste, que suponga que ningún Estado miembro concediera una ayuda al beneficiario.

(59)

Por lo general, las ventajas que se derivan de nuevas inversiones o métodos de producción no se limitan a sus efectos medioambientales directos o a su incidencia en el mercado de la energía. En especial, dichas ventajas pueden ser ventajas de producción (43), mientras que los riesgos pueden referirse a la incertidumbre de si las inversiones serán tan provechosas como se esperaba.

(60)

En principio, el efecto incentivador deberá determinarse mediante un análisis comparativo de los niveles de actividad que se registrarían con y sin las ayudas. Esencialmente, esto supone analizar la rentabilidad del proyecto a falta de ayudas, para valorar si la rentabilidad es menor que el beneficio que obtendría la empresa si ejecutase el proyecto alternativo.

(61)

En este contexto, el nivel de rentabilidad se puede evaluar por referencia a los métodos habituales en el sector de que se trate y puede incluir métodos para evaluar el valor actual neto (VAN) del proyecto (44), la tasa interna de rentabilidad (TIR) (45) o la rentabilidad media del capital invertido. La rentabilidad del proyecto se debe comparar con las tasas normales de rentabilidad utilizadas por la empresa en otros proyectos de inversión similares. Cuando no se disponga de esas tasas, la rentabilidad del proyecto se deberá comparar con el coste de capital de la empresa en su conjunto o con las tasas de rentabilidad observadas habitualmente en el sector de que se trate.

(62)

Si no se conoce una hipótesis de contraste específica, el efecto incentivador podrá suponerse cuando exista un déficit de financiación, es decir, cuando los costes de inversión superen al valor actual neto de las previsiones de beneficios de la inversión sobre la base de un plan empresarial previo.

(63)

En especial, se invita a los Estados miembros a basarse en pruebas contemporáneas, pertinentes y creíbles, incluidos, por ejemplo, documentos oficiales del consejo de administración, informes del comité de crédito, evaluación del riesgo, informes financieros, planes empresariales internos, dictámenes de peritos y otros estudios relacionados con el proyecto de inversión evaluado. Los documentos que contengan información sobre previsiones de demanda, de costes y financieras, los documentos presentados a un comité de inversión y los elaborados basándose en distintas hipótesis de inversión, o los facilitados a las entidades financieras podrán contribuir a demostrar el efecto incentivador.

(64)

En su evaluación del efecto incentivador y para asegurarse de que la existencia de dicho efecto se acredite sobre una base objetiva, la Comisión podrá comparar datos específicos de la empresa con datos relativos al sector al que pertenezca (evaluación comparativa). En especial, el Estado miembro deberá facilitar, cuando sea posible, datos específicos que demuestren que la hipótesis de contraste, el nivel de rentabilidad y los flujos de tesorería previstos utilizados por la empresa son razonables.

(65)

La Comisión podrá considerar que existe un efecto incentivador en caso de que una empresa pueda tener incentivos para llevar a cabo un proyecto, con ayudas, incluso si dicho proyecto no permite alcanzar el nivel de rentabilidad normalmente exigido. Esto podría justificarse, por ejemplo, en caso de mayores beneficios no reflejados en la rentabilidad del proyecto propiamente dicho. En tales circunstancias, las pruebas aportadas en apoyo de la existencia de un efecto incentivador son particularmente importantes.

(66)

En caso de adaptación de la empresa a una norma nacional que vaya más allá de las normas de la Unión o que hubiese sido adoptada a falta de normas de la Unión, la Comisión verificará si el beneficiario de las ayudas se habría visto muy afectado en términos de aumento de costes y no habría podido soportar los costes asociados con la aplicación inmediata de las normas nacionales.

(67)

En caso de inversiones que sitúen a la empresa por encima de los niveles mínimos exigidos por las normas de la Unión, la Comisión aún podrá considerar que no existe efecto incentivador, en particular en caso de que tales inversiones correspondan a las normas técnicas mínimas disponibles en el mercado.

(68)

Si las ayudas no modifican el comportamiento del beneficiario estimulando actividades adicionales, no tienen efecto incentivador en términos de promover en la UE un comportamiento respetuoso del medio ambiente o de afianzar el funcionamiento del mercado europeo de la energía. Por tanto, las ayudas no se autorizarán cuando esté claro que las mismas actividades se llevarían a cabo en cualquier caso sin ellas.

(69)

Se considera que las ayudas destinadas a la protección medioambiental y la energía son proporcionadas si el importe por beneficiario se limita al mínimo necesario para lograr el objetivo medioambiental o energético perseguido.

(70)

Como principio general, se considera que las ayudas se limitan al mínimo necesario si corresponden a los costes adicionales (netos) necesarios para alcanzar el objetivo, en comparación con la situación hipotética de falta de ayudas. Los costes adicionales netos comparan la diferencia entre beneficios y costes económicos (incluida la inversión y el funcionamiento) del proyecto objeto de ayuda con los del proyecto de inversión alternativo que la empresa habría realizado a falta de las mismas (hipótesis de contraste).

(71)

Sin embargo, puede ser difícil tener plenamente en cuenta todos los beneficios económicos que una empresa obtendrá de una inversión adicional (46). Por tanto, en el caso de medidas no sujetas a evaluación individual, podrá utilizarse un método simplificado centrado en el cálculo de los costes de inversión adicionales (es decir, sin tener en cuenta los beneficios y costes de explotación). Las medidas no sujetas a evaluación individual se considerarán proporcionadas si su importe no supera la intensidad máxima de ayuda, que es un porcentaje determinado de los costes subvencionables, tal como se definen en los apartados (72) a (76). Estas intensidades máximas de ayuda también sirven como límite a las ayudas concedidas a medidas de notificación obligatoria.

(72)

Por lo que se refiere a las ayudas en favor del medio ambiente, los costes subvencionables son los costes de inversión adicionales en activos materiales o inmateriales relacionados directamente con la realización del objetivo de interés común.

(73)

Los costes subvencionables se determinarán del siguiente modo:

(74)

El anexo 2 contiene una lista de las correspondientes hipótesis de contraste o del cálculo de los costes subvencionables que reflejan las hipótesis de contraste que deberán utilizarse en situaciones similares. La Comisión podría aceptar otras hipótesis de contraste si están debidamente justificadas por el Estado miembro.

(75)

En el caso de algunas medidas, en particular las de apoyo a proyectos integrados (por ejemplo, medidas de eficiencia energética), la hipótesis de contraste puede ser difícil de determinar. Cuando una hipótesis de contraste no pueda determinarse de manera creíble, la Comisión estará dispuesta a considerar los costes totales de un proyecto como alternativa, lo que puede implicar unas menores intensidades de ayuda, a fin de reflejar los diferentes métodos de cálculo de los costes subvencionables.

(76)

Las normas establecidas en los apartados (73) a (75) son aplicables a la construcción de instalaciones de producción de calefacción o refrigeración urbana energéticamente eficiente. Sin embargo, el enfoque del déficit de financiación se aplicará para las ayudas a la construcción de la red, como en el caso de la evaluación de los proyectos de infraestructuras energéticas.

(77)

A fin de garantizar la previsibilidad y unas condiciones de competencia equitativas, la Comisión aplica las intensidades máximas de ayuda en el caso de las ayudas que figuran en el anexo 1. Dichas intensidades reflejan la necesidad de una intervención estatal (según la importancia de la deficiencia del mercado) y el nivel esperado de falseamiento de la competencia y del comercio.

(78)

Podrán autorizarse intensidades más elevadas para determinados tipos de ayuda o si la inversión tiene lugar en una zona asistida, pero no podrán sobrepasar el 100 % de los costes subvencionables. Podrán permitirse intensidades de ayuda más altas con arreglo a las siguientes condiciones:

(79)

Por tanto, la Comisión considerará que las ayudas son compatibles si los costes subvencionables se calculan correctamente y se respetan las intensidades máximas de ayuda establecidas en el anexo 1.

(80)

En caso de que las ayudas se concedan al beneficiario mediante un procedimiento de licitación verdaderamente competitivo con arreglo a normas claras, transparentes y no discriminatorias, el importe de la ayuda podrá alcanzar el 100 % de los costes subvencionables (53). Dicho procedimiento de licitación deberá ser no discriminatorio y contar con la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto de la licitación deberá constituir un límite estricto, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, las ayudas deberán ser concedidas sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así negociaciones posteriores.

(81)

Las ayudas podrán concederse simultáneamente en el marco de varios regímenes de ayuda o acumularse con ayudas ad hoc siempre que la cantidad total de las ayudas estatales para una actividad o proyecto no sobrepase los límites máximos fijados en las presentes Directrices. Toda financiación de la UE gestionada centralmente por la Comisión que no quede directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro (54), no constituye ayuda estatal. En caso de que dicha financiación de la UE se combine con ayudas estatales, solo estas últimas se tendrán en cuenta para determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda, aunque el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no deberá superar el porcentaje máximo de financiación establecido en la legislación de la Unión en vigor.

(82)

Las ayudas no deberán acumularse con ayudas de minimis relativas a los mismos costes seleccionables si tal acumulación diera lugar a una intensidad de ayuda superior a la fijada en las presentes Directrices.

(83)

En el caso de las ayudas individuales, el respeto de las intensidades máximas de ayuda previstas en la presente sección y en el anexo 1 no es suficiente para garantizar la proporcionalidad. Esas intensidades máximas de ayuda sirven de límite máximo para las ayudas individuales (55).

(84)

Por regla general, se considerará que las ayudas sujetas a una obligación de notificación individual se limitan al mínimo si su importe corresponde a los costes netos adicionales derivados de la inversión objeto de la ayuda, en comparación con la situación hipotética de ausencia de ayudas. Todos los costes y beneficios correspondientes deberán tenerse en cuenta a lo largo de la duración del proyecto.

(85)

En caso de que no pueda identificarse ningún proyecto alternativo como hipótesis de contraste, la Comisión verificará si el importe de las ayudas sobrepasa el mínimo necesario para que el proyecto subvencionado sea suficientemente rentable, por ejemplo, si aumenta su tasa interna de rentabilidad más allá de las tasas normales aplicadas por la empresa de que se trate en otros proyectos de inversión del mismo tipo. Cuando no se disponga de esta referencia, podrán utilizarse a dicho efecto el coste de capital de la empresa en su conjunto o las tasas de rentabilidad comúnmente observadas en el sector de que se trate.

(86)

El Estado miembro deberá facilitar pruebas de que el importe de las ayudas se mantiene en el mínimo necesario. Los cálculos utilizados para analizar el efecto incentivador podrán utilizarse también para evaluar si las ayudas son proporcionadas. El Estado miembro deberá demostrar la proporcionalidad sobre la base de documentación como, por ejemplo, la mencionada en el apartado (63).

(87)

Para las ayudas de funcionamiento otorgadas mediante un procedimiento de licitación, se supone que se cumple la proporcionalidad de las ayudas individuales si se reúnen las condiciones generales.

(88)

Para que las ayudas sean compatibles con el mercado interior, los efectos negativos de las medidas de ayuda en términos de falseamiento de la competencia e impacto en el comercio entre los Estados miembros deben ser limitados y ser superados por los efectos positivos en cuanto a contribución al objetivo de interés común.

(89)

La Comisión tendrá en cuenta dos posibles falseamientos provocados por la ayuda: los efectos de falseamiento de la competencia en el mercado de productos y los efectos de localización. Ambos pueden dar lugar a una asignación ineficiente de recursos (socavando los resultados económicos del mercado interior) y a problemas de distribución que afecten al reparto de la actividad económica entre las regiones.

(90)

Por su propia naturaleza, las ayudas para la protección medioambiental tienden a favorecer los productos y tecnologías respetuosos del medio ambiente, a expensas de los más contaminantes. En principio, este efecto de las ayudas no será considerado un falseamiento indebido de la competencia, puesto que está intrínsecamente vinculado al objetivo mismo de la ayuda, es decir, que la economía respete más el medio ambiente. Al evaluar los posibles efectos negativos de las ayudas medioambientales, la Comisión tendrá en cuenta el efecto medioambiental general de la medida en relación con su impacto negativo en la posición en el mercado, y con ello los beneficios de las empresas que no reciben ayudas. De este modo, la Comisión atenderá sobre todo a los efectos de falseamiento causados a los competidores que también operan respetando el medio ambiente, incluso sin ayudas. Del mismo modo, cuanto menor sea el efecto medioambiental previsto de la medida, más importante será verificar sus efectos en las cuotas de mercado y los beneficios de los competidores en el mercado en general.

(91)

Un efecto potencialmente nocivo de las ayudas estatales con objetivos medioambientales y energéticos es que impidan que los mecanismos del mercado ofrezcan resultados eficientes al recompensar a los productores más eficientes e innovadores y presionando a los menos eficientes para mejorar, reestructurarse o abandonar el mercado. Ello podría dar lugar a una situación en la que, debido a las ayudas concedidas a algunas empresas, unos competidores más eficientes o innovadores (por ejemplo, dotados de una tecnología diferente, posiblemente menos contaminante) que de lo contrario podrían penetrar en el mercado y crecer, no estén en condiciones de hacerlo. A largo plazo, interferir en el proceso competitivo de entrada y salida puede asfixiar la innovación y ralentizar las mejoras de productividad en todo el sector.

(92)

Las ayudas también pueden tener efectos falseadores al permitir al beneficiario reforzar o mantener un poder de mercado sustancial. Incluso cuando no refuerzan directamente un poder de mercado sustancial, podrán hacerlo indirectamente, desincentivando la expansión de los competidores existentes, provocando su salida o impidiendo la llegada de nuevos competidores.

(93)

Aparte de falseamientos en los mercados de productos, las ayudas pueden también dar lugar a efectos sobre el comercio y la elección del lugar para instalarse. Estos falseamientos pueden surgir entre Estados miembros, bien cuando las empresas compiten a escala transfronteriza o cuando examinan diferentes lugares para invertir. Las ayudas destinadas a preservar la actividad económica en una región o atraer actividades de otras regiones del mercado interior pueden no conducir a un falseamiento directo del mercado de productos, pero pueden desplazar actividades o inversiones de una región a otra, sin ningún impacto medioambiental neto.

(94)

En principio, debe analizarse la medida de ayuda y el contexto en el que se aplica para identificar en qué grado pueden considerarse falseadora. No obstante, pueden señalarse algunas situaciones en las que los efectos negativos superan manifiestamente cualesquiera efectos positivos, lo que significa que las ayudas no pueden ser consideradas compatibles con el mercado interior.

(95)

La Comisión establece intensidades máximas de ayuda que constituyen un requisito básico para la compatibilidad, y que tienen el objetivo de impedir el uso de ayudas estatales para proyectos en los que se considera que la relación entre el importe de las ayudas y los costes subvencionables es muy elevada y es más que probable que provoque falseamientos de la competencia.

(96)

Tampoco se considerarán compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a alcanzar objetivos medioambientales y energéticos que simplemente se traduzcan en un cambio de localización de la actividad económica sin mejorar el nivel existente de protección del medio ambiente en los Estados miembros.

(97)

Al evaluar los efectos negativos de las medidas de ayuda, la Comisión centra su análisis del falseamiento de la competencia en la incidencia previsible de las ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía en la competencia entre empresas en los mercados de productos afectados y en la localización de la actividad económica. Si las medidas de ayuda estatal están bien enfocadas a las deficiencias del mercado que se intentan corregir, el riesgo de que falseen indebidamente la competencia es más limitado.

(98)

Si las ayudas son proporcionadas y se circunscriben a los costes de inversión adicionales, su impacto negativo queda, en principio, amortiguado. Sin embargo, incluso cuando son necesarias y proporcionadas, pueden provocar un cambio de comportamiento del beneficiario que falsee la competencia. Una empresa con fines de lucro solo aumentará, en principio, el nivel de protección medioambiental por encima de los requisitos obligatorios si considera que ello le reportará, al menos marginalmente, algún tipo de ventaja.

(99)

Con el fin de minimizar los falseamientos de la competencia y del comercio, la Comisión pondrá mucho énfasis en el proceso de selección. En la medida de lo posible, dicho proceso deberá llevarse a cabo de forma no discriminatoria, transparente y abierta, sin excluir innecesariamente a empresas que puedan competir con proyectos que busquen el mismo objetivo medioambiental o energético. El proceso deberá desembocar en la selección de beneficiarios que puedan abordar dichos objetivos con el menor importe de ayuda o de la forma más rentable.

(100)

La Comisión evaluará en particular el efecto negativo de las ayudas teniendo en cuenta los siguientes elementos:

(101)

El Estado miembro deberá garantizar que los efectos de falseamiento descritos en la sección 3.2.6.1. sean limitados. Además de los elementos especificados en la sección 3.1.6.2, en el caso de las ayudas individuales, la Comisión tendrá en cuenta y evaluará si dan lugar a:

(102)

Con el fin de evaluar el impacto acumulativo de la ayuda, la Comisión podría considerar la introducción prevista de regímenes de ayudas destinadas a la protección del medio ambiente y la energía distintos del notificado, que beneficien, directa o indirectamente, al beneficiario.

(103)

La Comisión evaluará también si las ayudas dan lugar a que algunos territorios se beneficien de condiciones de producción más favorables, sobre todo debido a unos costes de producción comparativamente inferiores o a niveles de producción superiores gracias a las ayudas. Este tipo de situaciones puede incitar a determinadas empresas a permanecer en los territorios donde se otorgan las ayudas o a desplazarse a estos, o provocar un desplazamiento de los flujos comerciales hacia la zona de que se trate. En su análisis de las ayudas sujetas a una obligación de notificación individual, la Comisión tendrá pues en cuenta cualquier indicio de que el beneficiario ha considerado desplazarse a emplazamientos alternativos.

(104)

Los Estados miembros deberán publicar la siguiente información en un sitio de internet único, a escala nacional o regional: el texto completo del régimen de ayudas aprobado o de la decisión individual de concesión de la ayuda y sus disposiciones de aplicación, o un enlace al mismo; la identidad de la autoridad o autoridades otorgantes. El nombre de cada uno de los beneficiarios, la forma e importe de las ayudas otorgadas a cada beneficiario, la fecha de la concesión, el tipo de empresa (PYME o gran empresa), la región en la que está situado el beneficiario (a nivel NUTS 2) y el principal sector económico en el que el beneficiario desarrolla sus actividades (a nivel de grupo NACE).

(105)

Para los regímenes en forma de ventaja fiscal y de reducciones en la financiación de apoyo a la energía procedente de fuentes de energía renovables, la información sobre los distintos importes de las ayudas individuales puede facilitarse utilizando los intervalos siguientes (en millones EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30] y [30 y más].

(106)

Dicha información deberá publicarse tras la adopción de la decisión de otorgar las ayudas, deberá conservarse como mínimo durante 10 años y ser accesible para el público en general sin restricciones (57). Los Estados miembros no estarán obligados a facilitar esta información antes del 1 de julio de 2016. Podrán quedar exentas de la obligación de publicación de la información las ayudas individuales de importe inferior a 500 000 EUR.

(107)

La UE ha fijado unos ambiciosos objetivos de sostenibilidad en materia de cambio climático y energía, en particular como parte de su Estrategia Europa 2020. Varios actos legislativos de la Unión ya apoyan la consecución de esos objetivos, como el comercio de derechos de emisión de la Unión, la Directiva 2009/28/CE (58) (en lo sucesivo denominada «Directiva sobre energía renovable») y la Directiva 2009/30/CE (59) (en lo sucesivo denominada «Directiva sobre calidad de los combustibles»). Sin embargo, puede que su aplicación no siempre dé como resultado unos mercados más eficaces y, en determinadas condiciones, las ayudas estatales pueden constituir un instrumento adecuado para contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión y sus correspondientes objetivos nacionales.

(108)

Las presentes Directrices se aplican al período que va hasta 2020. Sin embargo, deben preparar el terreno para la consecución de los objetivos fijados en el Marco de 2030. En particular, se espera que, en el período comprendido entre 2020 y 2030, las fuentes de energía renovables establecidas pasarán a ser competitivas en la red, lo que implica que paulatinamente deberán eliminarse las subvenciones y las exenciones de responsabilidad en materia de balance. Las presentes Directrices son coherentes con dicho objetivo y garantizarán la transición a una energía rentable a través de mecanismos de mercado.

(109)

Gracias a instrumentos de mercado, tales como las subastas o los procedimientos de licitación abiertos a todos los productores de electricidad a partir de fuentes de energía renovables que compiten en pie de igualdad a escala del EEE, las subvenciones deberían normalmente reducirse al mínimo de cara a su desaparición completa.

(110)

Sin embargo, dada la distinta fase de desarrollo de las tecnologías de las energías renovables, las presentes Directrices permiten que los Estados miembros organicen procedimientos de licitación específicos relativos a estas tecnologías, sobre la base del potencial a largo plazo de una determinada tecnología nueva e innovadora, la necesidad de diversificación, las limitaciones y la estabilidad de la red y los costes de (integración) del sistema.

(111)

Se incluyen excepciones específicas para instalaciones de determinado tamaño, con respecto a las que no pueda presumirse que un procedimiento de licitación sea apropiado o que se encuentren en fase de demostración. La inclusión de dichas instalaciones es opcional.

(112)

Teniendo en cuenta el exceso de capacidad en el mercado de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios, la Comisión considerará que las ayudas a la inversión en capacidades nuevas o existentes de producción de dichos biocarburantes no están justificadas. Sin embargo, estarán permitidas las ayudas a la inversión para la transformación de instalaciones de producción de biocarburantes a partir de cultivos alimenticios en instalaciones avanzadas con el fin de cubrir los costes de dicha conversión. Además de este caso particular, las ayudas a la inversión para biocarburantes solo podrán otorgarse cuando se trate de biocarburantes avanzados.

(113)

Mientras que las ayudas a la inversión en favor de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios dejarán de otorgarse a partir de la fecha de aplicación de las presentes Directrices, las ayudas de funcionamiento a los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios solo podrán otorgarse hasta 2020. En consecuencia, dichas ayudas solo podrán otorgarse a instalaciones que hayan comenzado a funcionar antes del 31 de diciembre de 2013 y hasta que la instalación haya sido totalmente amortizada, pero en ningún caso más allá de 2020.

(114)

Por otro lado, la Comisión considerará que las ayudas no incrementan el nivel de protección del medio ambiente y que por ello pueden no ser compatibles con el mercado interior si se otorgan para biocarburantes que no estén sujetos a una obligación de suministro o de mezcla (60), a menos que el Estado miembro pueda demostrar que se limita a biocarburantes sostenibles que son demasiado caros para acceder al mercado solamente con una obligación de suministro o de mezcla.

(115)

En particular, si bien el RCDE y los impuestos sobre el CO2 internalizan los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero, aún no pueden internalizar totalmente esos costes. Las ayudas estatales pueden impulsar la consecución de los objetivos relacionados, aunque distintos, de la Unión en materia de energías renovables. A menos que haya pruebas en sentido contrario, la Comisión supondrá pues que sigue existiendo una deficiencia del mercado residual que las ayudas a las energías renovables pueden colmar.

(116)

Con el fin de permitir a los Estados miembros alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 de la UE, la Comisión presumirá que las ayudas son adecuadas y que tienen unos efectos falseadores limitados, a condición de que se cumplan todas las demás condiciones.

(117)

Con respecto a las ayudas para la producción hidroeléctrica, su impacto puede ser doble. Por un lado, un impacto positivo en términos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro, un impacto negativo en los sistemas hídricos y la biodiversidad. Por ello, al conceder ayudas a la producción de las centrales hidroeléctricas los Estados miembros deberán atenerse a la Directiva 2000/60/CE (61) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, y, en particular, su artículo 4, apartado 7, que establece los criterios para permitir nuevas modificaciones de las masas de agua.

(118)

Un principio fundamental de la legislación de la UE sobre residuos es la «jerarquía de residuos», que da prioridad a la forma de tratarlos (62). Las ayudas estatales destinadas a la energía procedente de fuentes renovables, incluido el calor residual, que utilicen residuos como combustible, pueden aportar una contribución positiva a la protección medioambiental, siempre que no se soslaye dicho principio.

(119)

Las ayudas a la energía procedente de fuentes renovables pueden concederse en calidad de ayudas a la inversión o de funcionamiento. Para los regímenes de ayudas a la inversión y para las ayudas a la inversión sujetas a una obligación de notificación individual, se aplicarán las condiciones establecidas en la sección 3.2.

(120)

En el caso de regímenes de ayudas de funcionamiento, se aplicarán las disposiciones generales de la sección 3.1, modificadas por las disposiciones específicas, tal como se establece en la presente subsección. Para las ayudas de funcionamiento sujetas a una obligación de notificación individual, se aplicarán las disposiciones generales de la sección 3.1. cuando sean relevantes, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la presente subsección en lo relativo a los regímenes de ayudas de funcionamiento.

(121)

La Comisión solo autorizará los regímenes de ayudas por un período máximo de 10 años. Si se mantiene, la medida deberá volver a ser notificada transcurrido ese período. Con respecto a los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios, los regímenes ya existentes y los nuevamente notificados deberán finalizar en 2020.

(122)

La Unión se ha fijado un objetivo general sobre el porcentaje que las energías renovables deberán aportar al consumo final de energía y lo ha plasmado en unos objetivos nacionales obligatorios. La Directiva sobre las fuentes de energía renovables incluye mecanismos de cooperación (63) para facilitar apoyo transfronterizo con el fin de lograr los objetivos nacionales. En principio, los regímenes de ayudas de funcionamiento deben estar abiertos a otros países del EEE y a las partes contratantes de la Comunidad de la Energía con objeto de limitar los efectos de falseamiento de la competencia. Esto minimiza los costes para los Estados miembros cuya única finalidad es alcanzar los objetivos de energías renovables nacionales establecidos en la legislación de la Unión. Sin embargo, los Estados miembros pueden desear disponer de un mecanismo de cooperación antes de ofrecer una ayuda transfronteriza ya que, de lo contrario, la producción en instalaciones de otros países no contará para sus objetivos nacionales en el marco de la Directiva sobre energía renovable (64). La Comisión valorará positivamente los regímenes que estén abiertos a otros países del EEE o de la Comunidad de la Energía.

(123)

En principio, las ayudas a la electricidad procedente de fuentes de energía renovables deberán contribuir a la integración de dicha electricidad en el mercado. No obstante, en el caso de determinados tipos de instalaciones, esto puede no ser factible o adecuado.

(124)

Con el fin de incentivar la integración en el mercado de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, es importante que los beneficiarios vendan su electricidad directamente en el mercado y estén sujetos a las obligaciones de mercado. A partir del 1 de enero de 2016 se aplicarán las siguientes condiciones acumulativas a todos los nuevos regímenes y medidas de ayuda:

(125)

Las condiciones establecidas en el apartado (124) no se aplicarán a instalaciones con una capacidad eléctrica instalada de menos de 500 kW o a proyectos de demostración con exclusión de la electricidad procedente de la energía eólica, para la que se aplicará una capacidad eléctrica instalada de 3 MW o 3 unidades de producción.

(126)

En una fase transitoria que abarca los años 2015 y 2016, las ayudas relativas a al menos un 5 % de la nueva capacidad prevista de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables se deben otorgar mediante un procedimiento de licitación competitiva sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios.

A partir del 1 de enero de 2017 se aplicarán los siguientes requisitos:

Las ayudas se otorgarán mediante un procedimiento de licitación sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios (66), a menos que:

Si estos procedimientos de licitación están abiertos a todos los productores que produzcan electricidad a partir de fuentes de energía renovables con carácter no discriminatorio, la Comisión presumirá que la ayuda es proporcionada y no falsea la competencia en forma contraria al mercado interior.

El procedimiento de licitación puede limitarse a tecnologías específicas cuando un procedimiento abierto a todos los productores daría lugar a un resultado no óptimo que no pueda abordarse en el proceso de diseño teniendo en cuenta en particular:

(127)

Se podrán conceder ayudas sin un procedimiento de licitación competitivo, tal como se describe en el apartado (126), para instalaciones con una capacidad eléctrica instalada inferior a 1 MW, o a proyectos de demostración, excepto para la electricidad procedente de energía eólica, para instalaciones con una capacidad eléctrica instalada de hasta 6 MW o 6 unidades de producción.

(128)

En ausencia de un procedimiento de licitación competitivo, serán aplicables las condiciones de los apartados (124) y (125) y las condiciones para la ayuda de funcionamiento a la energía procedente de fuentes de energía renovables distintas de la electricidad según lo establecido en el apartado (131).

(129)

Las ayudas solo se concederán hasta que la instalación se haya amortizado completamente con arreglo a las normas contables habituales y cualquier ayuda a la inversión que hubiera sido recibida anteriormente deberá deducirse de las ayudas de funcionamiento.

(130)

Estas condiciones se entienden sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros tengan en cuenta consideraciones de ordenación del territorio, por ejemplo exigiendo licencias de obras antes de la participación en el proceso de licitación o requieran decisiones de inversión en un plazo determinado.

(131)

Por lo que se refiere a la energía producida a partir de fuentes renovables distintas de la electricidad, las ayudas de funcionamiento podrán ser consideradas compatibles con el mercado interior si se cumplen todas las condiciones acumulativas siguientes:

(132)

A diferencia de la mayor parte de las demás fuentes de energía renovables, la biomasa exige inversiones relativamente menos elevadas, pero sus costes de explotación son mayores. Estos mayores costes de explotación pueden impedir que una planta de biomasa (68) opere incluso después de amortizada la instalación, puesto que la variable de gastos de funcionamiento puede ser superior a los ingresos (precio de mercado). Por otra parte, una instalación existente puede funcionar utilizando combustibles fósiles en vez de biomasa si la utilización de los primeros resulta económicamente más ventajosa que el uso de biomasa. Para preservar la utilización de la biomasa en ambos casos, la Comisión podrá considerar que las ayudas de funcionamiento son compatibles con el mercado interior, incluso tras la amortización de las instalaciones.

(133)

La Comisión considerará que las ayudas de funcionamiento destinadas a la biomasa después de la amortización de las instalaciones son compatibles en caso de que un Estado miembro demuestre que los costes variables de funcionamiento soportados por el beneficiario tras la amortización de las instalaciones son mayores que el precio de mercado de la energía de que se trate, a condición de que se cumplan todas las siguientes condiciones acumulativas:

(134)

La Comisión considerará que las ayudas de funcionamiento destinadas a la biomasa después de la amortización de las instalaciones son compatibles con el mercado interior si un Estado miembro demuestra que, independientemente del precio de mercado de la energía de que se trate, el uso de combustibles fósiles como insumo es económicamente más ventajoso que el uso de biomasa y a condición de que se cumplan las condiciones acumulativas siguientes:

(135)

Los Estados miembros podrán otorgar ayudas a fuentes de energía renovables utilizando mecanismos de mercado tales como los certificados ecológicos. Estos mecanismos (69) permiten a las empresas productoras de energías renovables beneficiarse indirectamente de una demanda garantizada para la energía que producen a un precio superior al precio de mercado de la energía convencional. El precio de los certificados ecológicos no está fijado de antemano, sino que depende de la oferta y la demanda del mercado.

(136)

La Comisión considerará que las ayudas a que se hace referencia en el apartado (135) son compatibles con el mercado interior si los Estados miembros pueden aportar pruebas suficientes de que dicho apoyo: (i) es esencial para garantizar la viabilidad de las fuentes de energía renovables de que se trate; (ii) no supone para el régimen una compensación excesiva a lo largo del tiempo y entre las distintas tecnologías o para determinadas tecnologías menos desplegadas en la medida en que se introduzcan niveles diferenciados de certificados por unidad de producto; y (iii) no disuade a los productores de energías renovables de ser más competitivos.

(137)

La Comisión considera, en particular, que no se podrá aplicar ninguna diferencia en los niveles de ayuda a través de certificados verdes a menos que un Estado miembro demuestre la necesidad de una diferenciación sobre la base de las justificaciones que figuran en el apartado (126). Las condiciones establecidas en los apartados (124) y (125) serán aplicables cuando resulte técnicamente posible. Toda ayuda a la inversión recibida anteriormente deberá deducirse de las ayudas de funcionamiento.

(138)

La Unión se ha fijado el objetivo de ahorrar un 20 % de su consumo de energía primaria para 2020. En particular, la UE adoptó la Directiva sobre eficiencia energética, que establece un marco común para fomentar la eficiencia energética en la Unión en aras del objetivo general de la Unión para 2020 en materia de eficiencia energética y de preparar el camino para mejorar dicha eficiencia posteriormente.

(139)

A fin de garantizar que las ayudas contribuyan a aumentar el nivel de protección del medio ambiente, las ayudas destinadas a sistemas de calefacción o refrigeración urbana y la cogeneración de calor y electricidad solo serán compatibles con el mercado interior cuando se concedan para inversiones, incluidas mejoras, relativas a cogeneración de alta eficiencia y sistemas de calefacción y refrigeración urbana eficientes desde el punto de vista energético. Para medidas cofinanciadas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, los Estados miembros podrán basar su razonamiento en los programas operativos pertinentes.

(140)

Las ayudas estatales para instalaciones de cogeneración y de calefacción urbana que utilicen como combustible residuos, incluido el calor residual, pueden aportar una contribución positiva a la protección del medio ambiente, siempre que no se soslaye el principio de la jerarquía de residuos [citado en el apartado (118)].

(141)

Para demostrar en qué medida una ayuda contribuye a aumentar el nivel de protección del medio ambiente, el Estado miembro podrá utilizar, en la medida de lo posible y en términos cuantificables, una serie de indicadores, en particular, la cantidad de energía ahorrada gracias a una mayor eficiencia energética y al aumento de la productividad energética o las mejoras de eficiencia logradas gracias a un menor consumo de energía y la consiguiente reducción de la cantidad necesaria de combustible.

(142)

Las medidas de eficiencia energética se dirigen a contrarrestar los efectos externos negativos que figuran en el apartado (35), mediante la creación de incentivos individuales para lograr los objetivos medioambientales en materia de eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de las deficiencias generales del mercado establecidas en la sección 3.2., un ejemplo de deficiencia del mercado que puede plantearse en el ámbito de las medidas de eficiencia energética es el relativo a los edificios. En el caso de las obras de renovación de inmuebles, los beneficios de las medidas de eficiencia energética no suelen revertir en el propietario del edificio, que en general soporta los costes de renovación, sino en el arrendatario. Por consiguiente, la Comisión considera que las ayudas estatales pueden ser necesarias para promover inversiones en eficiencia energética con el fin de alcanzar los objetivos de la Directiva sobre eficiencia energética.

(143)

La Directiva sobre eficiencia energética impone a los Estados miembros la obligación de lograr objetivos, incluido en lo relativo a la renovación de edificios y el consumo final de energía. Sin embargo, no impone objetivos de eficiencia energética a las empresas y por ello no impedirá que una ayuda en el ámbito de la eficiencia energética tenga un efecto incentivador.

(144)

El efecto incentivador de las ayudas se evaluará sobre la base de las condiciones establecidas en la sección 3.2.4. de las presentes Directrices.

(145)

Las ayudas estatales pueden considerarse un instrumento adecuado para la financiación de medidas de eficiencia energética, independientemente de la forma en que se otorguen.

(146)

En lo que respecta a las medidas de eficiencia energética, podrá considerarse que un anticipo reembolsable es una forma apropiada de ayuda estatal, en particular si los ingresos derivados de la medida de eficiencia energética son inciertos.

(147)

Al evaluar las ayudas estatales concedidas, en particular para la renovación de edificios que mejore su eficiencia energética, un instrumento financiero creado por el Estado miembro para financiar obras de renovación podrá ser considerado adecuado para la concesión de ayudas estatales.

(148)

Los costes subvencionables se calculan como los costes de inversión adicionales según lo establecido en el apartado (73). Para las medidas de eficiencia energética, la hipótesis de contraste puede ser difícil de calcular, en especial en el caso de proyectos integrados. Para dichos proyectos, la Comisión está dispuesta a recurrir a un indicador para determinar los costes subvencionables tal como figuran en el apartado (75).

(149)

Serán aplicables las intensidades de ayuda establecidas en el anexo 1.

(150)

La Comisión considerará que las ayudas de funcionamiento destinadas a eficiencia energética son proporcionadas únicamente si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

(151)

Las ayudas de funcionamiento destinadas a las plantas de cogeneración de alta eficiencia energética podrán concederse sobre la base de las condiciones aplicables a las ayudas de funcionamiento para la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables tal como se establece en la sección 3.3.2.1. y únicamente:

(152)

La iniciativa emblemática de Europa 2020 «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» busca el crecimiento sostenible mediante la identificación y creación de nuevas oportunidades comerciales, entre otras vías, a través de medios de producción nuevos e innovadores. Establece el modo en que el crecimiento puede disociarse de la utilización de recursos y de su impacto medioambiental general.

(153)

Las deficiencias del mercado, tal como se definen en el apartado (35), son particularmente pertinentes para la eficiencia de los recursos. Además, a menudo las deficiencias del mercado en este ámbito no son abordadas por otras políticas y medidas, tales como las de tipo fiscal o normativo. En tales casos, la concesión de ayudas estatales puede ser necesaria.

(154)

Por lo que se refiere a las medidas individuales, los Estados miembros deberán demostrar los beneficios cuantificables en este ámbito, por ejemplo el importe de los recursos ahorrados o el incremento de la eficiencia en su uso.

(155)

La Comisión recuerda que, habida cuenta de los estrechos vínculos con los nuevos medios de producción innovadores, las medidas para mejorar la eficiencia de los recursos podrán beneficiarse, una vez se cumplan los criterios pertinentes, de una prima adicional a la innovación medioambiental, como se establece en el apartado (78).

(156)

Más específicamente, y en consonancia con el principio de jerarquía de residuos citado en el apartado (118), el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente establece la prevención, la reutilización y el reciclado de residuos como una de sus grandes prioridades. Los Estados miembros deben establecer planes de gestión de residuos (71), respetar la jerarquía y diseñar medidas de ayuda estatal que sean coherentes con la ejecución de dichos planes. Otro concepto clave que inspira la legislación de la Unión en el ámbito del medio ambiente es el «principio “quien contamina paga”», descrito en el apartado (44).

(157)

Las ayudas estatales para la gestión de residuos (en especial las actividades de prevención, reutilización y reciclado) pueden contribuir positivamente a la protección del medio ambiente, siempre que no se soslaye el principio establecido en el apartado anterior. Se trata de la reutilización o reciclado de agua o minerales que, de lo contrario, serían residuos no utilizados. En particular, habida cuenta del «principio “quien contamina paga”», las empresas que generan residuos no deben poder soslayar los costes de su tratamiento. Por otra parte, el funcionamiento normal de los mercados de materiales secundarios no debe verse afectado.

(158)

La Comisión considerará que las ayudas para la gestión de residuos sirven a un objetivo de interés común, de conformidad con los principios de gestión de residuos establecidos anteriormente, si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

(159)

Las ayudas que, a diferencia de lo establecido en el apartado (159)(a), estén destinadas a la gestión de los propios residuos del beneficiario se evaluarán sobre la base de los criterios generales de la sección 3.2. aplicables a las ayudas para empresas que van más allá de las normas de la Unión o mejoran la protección del medio ambiente en ausencia de normas de la Unión en el sentido del apartado (25)(c).

(160)

Tal como reconocen la Directiva 2009/31/CE (73) (en lo sucesivo denominada «Directiva sobre captura y almacenamiento de carbono») y la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la CAC en Europa (74), la captura y almacenamiento de carbono (CAC) es una tecnología que puede contribuir a atenuar el cambio climático. En la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, la tecnología CAC puede conciliar la demanda de combustibles fósiles con la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En algunos sectores industriales la CAC puede constituir actualmente la única tecnología capaz de reducir las emisiones derivadas de los procesos de producción en la escala necesaria a largo plazo. Teniendo en cuenta que el coste es un importante obstáculo para la implantación de la CAC, las ayudas estatales pueden contribuir a fomentar el desarrollo de esta tecnología.

(161)

Con el fin de promover los objetivos de «descarbonización» a largo plazo, la Comisión considera que las ayudas a la CAC contribuyen al objetivo común de protección del medio ambiente.

(162)

La Unión ha adoptado varias iniciativas para abordar las externalidades negativas, y así el RCE de la Unión garantiza la internalización de los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque ello no puede garantizar todavía la consecución de los objetivos de «descarbonización» a largo plazo de la Unión. Por tanto, la Comisión supone que las ayudas destinadas a la CAC corrigen una deficiencia de mercado residual, a menos que haya pruebas de que esa deficiencia ya no existe.

(163)

Sin perjuicio, en particular, de la normativa de la Unión en dicho ámbito, la Comisión supone que la ayuda es adecuada siempre que se cumplan todas las demás condiciones. Se permiten tanto las ayudas de funcionamiento como las ayudas a la inversión.

(164)

Las ayudas pueden concederse para apoyar a las centrales eléctricas que utilicen combustibles fósiles o biomasa (incluidas las que utilizan tanto combustibles fósiles como biomasa) o a otras instalaciones industriales equipadas con equipos de captura, transporte y almacenamiento de CO2, o elementos individuales de la cadena de CAC. Sin embargo, las ayudas destinadas a proyectos de CAC no abarcan las ayudas para las instalaciones que emiten CO2 (instalaciones industriales o centrales eléctricas) como tales, sino ayudas para los costes derivados del proyecto de CAC.

(165)

Las ayudas se limitan a los costes adicionales de captura, transporte y almacenamiento del CO2 emitido. Se acepta generalmente que la hipótesis de contraste consistiría en una situación en la que el proyecto no se lleva a cabo puesto que la CAC es similar a infraestructura adicional que no es necesaria para el funcionamiento de una instalación. En vista de esta hipótesis de contraste, se considera que los costes subvencionables equivalen al déficit de financiación. Se tienen en cuenta todos los ingresos, incluidos, por ejemplo, los ahorros de costes derivados de una menor necesidad de derechos de emisión o de financiación NER 300 y PEER (75).

(166)

La Comisión evaluará los efectos distorsionadores de las ayudas sobre la base de los criterios establecidos en la sección 3.2.6, teniendo en cuenta si existen acuerdos de uso compartido de conocimientos, si la infraestructura está abierta a terceros y si la ayuda a los distintos elementos de la cadena de CAC tiene un impacto positivo sobre otras instalaciones de combustibles fósiles propiedad del beneficiario.

(167)

Los impuestos medioambientales se imponen con el fin de aumentar el coste de los comportamientos perjudiciales para el medio ambiente, para disuadir de la comisión de tales conductas y aumentar el nivel de protección medioambiental. En principio, estos impuestos deben reflejar los costes sociales de las emisiones y, por ello, el importe del impuesto pagado por unidad de emisión debe ser igual para todas las empresas contaminantes. Si bien es cierto que las reducciones o exenciones de impuestos medioambientales pueden afectar desfavorablemente a dicho objetivo (76), este enfoque podría, no obstante, ser necesario en caso de que los beneficiarios resulten tan perjudicados desde el punto de vista de la competencia que resulte totalmente imposible introducir el impuesto medioambiental.

(168)

En realidad, la concesión de un trato fiscal más favorable a determinadas empresas puede facilitar un mayor nivel de impuestos medioambientales. En consecuencia, las reducciones o exenciones de impuestos medioambientales (77) pueden, al menos indirectamente, contribuir a un mayor nivel de protección del medio ambiente. Sin embargo, no debe menoscabarse el objetivo general del impuesto medioambiental, que es reducir los comportamientos perjudiciales para el medio ambiente. Las reducciones fiscales tienen que ser necesarias y basarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y las empresas interesadas deben contribuir a mejorar la protección del medio ambiente. Ello podría alcanzarse mediante la concesión de una compensación en forma de devolución de impuestos en virtud de la cual las empresas no están exentas del impuesto como tal, sino que reciben una compensación anual fija por el aumento previsto en el importe del impuesto pagadero.

(169)

La Comisión autorizará regímenes de ayudas para períodos máximos de [10] años, lapso tras el cual un Estado miembro podrá volver a notificar la medida si la considerase de nuevo idónea.

(170)

La Comisión considerará que las reducciones fiscales no comprometen el objetivo general perseguido y contribuyen, al menos indirectamente, a un mayor nivel de protección del medio ambiente en caso de que un Estado miembro demuestre que: i) las reducciones están bien dirigidas a las empresas más afectadas por un impuesto más alto; y ii) en caso de que no existiera la exención, sería de aplicación general un tipo impositivo más alto.

(171)

A tal fin, la Comisión evaluará la información suministrada por los Estados miembros. Dicha información deberá incluir los respectivos sectores o categorías de beneficiarios contemplados por las exenciones y reducciones y la situación de los principales beneficiarios de cada sector afectado y el modo en que la fiscalidad puede contribuir a la protección medioambiental. Los sectores exentos deberán ser descritos adecuadamente y deberá facilitarse una lista de los principales beneficiarios de cada sector (considerando en particular el volumen de negocios, las cuotas de mercado y la dimensión de la base imponible).

(172)

Cuando los impuestos medioambientales están armonizados, la Comisión puede aplicar un enfoque simplificado para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las ayudas. En el contexto de la Directiva 2003/96/CE (78), la Comisión puede aplicar un enfoque simplificado de reducciones fiscales respetando el nivel mínimo de imposición de la Unión. Para todos los demás impuestos medioambientales, es necesaria una evaluación en profundidad de la necesidad y proporcionalidad de la ayuda.

(173)

La Comisión considerará que las ayudas concedidas en forma de reducciones fiscales son necesarias y proporcionales siempre que: i) los beneficiarios paguen por lo menos el nivel mínimo de imposición aplicable en la Unión establecido por la Directiva aplicable pertinente; ii) que la elección de los beneficiarios se base en criterios objetivos y transparentes; iii) y que las ayudas se concedan en principio de la misma manera a todos los competidores en el mismo sector o mercado de referencia si se hallan en una situación de hecho similar.

(174)

Los Estados miembros podrán conceder ayudas en forma de reducción del tipo impositivo, como cuantía compensatoria anual fija (devolución anual) o como una combinación de ambas. La ventaja de la devolución es que las empresas siguen expuestas a la influencia del factor del precio que aporta el impuesto medioambiental. En su caso, el importe de la devolución se calculará sobre la base de los datos históricos, es decir, el nivel de producción, y el consumo o contaminación aplicados a la empresa en un año base determinado. El nivel de la devolución no deberá ir más allá del importe mínimo de imposición de la Unión que resultaría para el año base.

(175)

Si los beneficiarios pagan menos del nivel mínimo de imposición aplicable en la UE establecido por la Directiva aplicable pertinente, las ayudas se evaluarán sobre la base de las condiciones aplicables a los impuestos medioambientales no armonizados que figuran en los apartados (176) a (178).

(176)

Para todos los demás impuestos medioambientales no armonizados y en el caso de los impuestos armonizados por debajo de los niveles mínimos que para la Unión establece la Directiva 2003/96/CE [véase el apartado (172)], y para demostrar la necesidad y proporcionalidad de la ayuda, los Estados miembros deberán definir claramente el alcance de las reducciones fiscales. A tal fin, deberán facilitar la información especificada en el apartado (171). Los Estados miembros podrán decidir conceder a los beneficiarios la ayuda en forma de una devolución fiscal [como se explica en el apartado (174)]. Este enfoque sigue exponiendo a los beneficiarios de las ayudas a la influencia del factor del precio que aporta el impuesto medioambiental, al tiempo que se limita el aumento previsto del importe del impuesto pagadero.

(177)

La Comisión considerará que las ayudas son necesarias si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

(178)

La Comisión considerará que las ayudas son proporcionadas si se cumple una de las condiciones siguientes:

(179)

En el caso de un impuesto sobre el carbono aplicado a los productos energéticos utilizados en la producción de electricidad, el proveedor de electricidad es responsable del pago del impuesto. Tal impuesto sobre el carbono puede concebirse de manera que apoye y esté directamente relacionado con el RCDE de la Unión gravando el carbono. Sin embargo, el precio de la electricidad aumenta si estos costes se repercuten en el consumidor de electricidad. En ese caso, el efecto del impuesto sobre el carbono es similar al efecto de repercutir los costes de los derechos del RCDE y de incluir los costes de las emisiones indirectas en el precio de la electricidad.

(180)

Por tanto, si el impuesto mencionado en el apartado (179) se diseña de forma que esté directamente vinculado al precio de los derechos del RCDE de la UE y tiene por objeto aumentar el precio de los derechos de emisión, podrá considerarse una compensación por los mayores costes indirectos. La Comisión considerará que la medida es compatible con el mercado interior si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

(181)

La financiación de la ayuda aportada a la energía producida a partir de fuentes de renovables mediante cánones no se dirige, como tal, a un efecto externo negativo y, por consiguiente, no tiene un efecto medioambiental directo. Por tanto, estos cánones son fundamentalmente diferentes de los impuestos indirectos sobre la electricidad establecidos en el apartado (167), aunque también pueden dar lugar a un aumento de los precios de la electricidad. Este aumento puede ser explícito, mediante la aplicación de un canon específico añadido al precio de la electricidad y cobrado a los consumidores, o indirecto, a través de los costes adicionales a que se enfrentan los proveedores de electricidad debido a la obligación de adquirir energía renovable, que posteriormente repercuten a sus clientes, los consumidores. Un ejemplo típico es la obligación de compra por parte de los proveedores de un determinado porcentaje de energías renovables a través de certificados verdes, obligación por la que los proveedores no reciben ninguna compensación.

(182)

En principio, en la medida en que los gastos para financiar el apoyo a las energías renovables son repercutidos en los consumidores de energía, deberían recuperarse sin discriminar entre dichos consumidores. Sin embargo, algunas reducciones concretas de estos costes pueden ser necesarias para garantizar una base de financiación suficiente para la ayuda a la energía procedente de fuentes renovables y, por tanto, contribuir a alcanzar los objetivos en materia de energía renovable establecidos a escala de la UE (82). Por una parte, con el fin de evitar que las empresas especialmente afectadas por los costes de financiar el apoyo a la energía renovable se vean en una posición de desventaja competitiva significativa, los Estados miembros podrán conceder una indemnización parcial por estos costes adicionales. Sin esta compensación, la financiación del apoyo a las energías renovables podría ser insostenible y la aceptación pública del establecimiento de medidas ambiciosas de apoyo a las energías renovables podría verse limitada. Por otra parte, si dicha compensación es demasiado elevada o se otorga a demasiados consumidores de electricidad, la financiación del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables se vería amenazada, la aceptación pública del apoyo a la energía renovable también podría verse obstaculizada y los falseamientos de la competencia y los intercambios comerciales podrían ser particularmente altos.

(183)

Al evaluar las ayudas estatales destinadas a compensar la financiación del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables, la Comisión solo aplicará las condiciones establecidas en la presente sección y en la sección 3.2.7.

(184)

Con objeto de garantizar que las ayudas sirvan para financiar el apoyo a la energía procedente de fuentes renovables, los Estados miembros tendrán que demostrar que los costes adicionales reflejados en unos precios de la electricidad más altos a los que se enfrentan los beneficiarios solo resultan del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables. Los costes suplementarios no podrán superar la financiación del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables (83).

(185)

Conviene limitar las ayudas a los sectores cuya posición competitiva se encuentre amenazada por los costes derivados de la financiación del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables en razón de la intensidad de su uso de electricidad y su exposición al comercio internacional. En consecuencia, la ayuda solo podrá concederse si la empresa pertenece a los sectores que figuran en el anexo 3 (84). Esta lista deberá ser utilizada únicamente para beneficiarse de dicha forma particular de compensación.

(186)

Además, habida cuenta del hecho de que determinados sectores pueden ser heterogéneos en términos de intensidad de uso de la electricidad, un Estado miembro podrá incluir a una empresa en su régimen nacional de concesión de reducciones de costes derivados del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables si dicha empresa tiene una intensidad de uso de la electricidad mínima del 20 % (85) y pertenece a un sector con una intensidad comercial de al menos el 4 % a escala de la Unión, incluso si no pertenece a un sector recogido en la lista del anexo 3 (86). Para calcular la intensidad de uso de la electricidad de la empresa se recurrirá a unos valores de referencia sobre eficiencia del consumo eléctrico en dicho sector, cuando se disponga de ellos.

(187)

Dentro de los sectores subvencionables, los Estados miembros deberán garantizar que la elección de los beneficiarios se haga sobre la base de criterios objetivos y transparentes y que las ayudas se concedan en principio de la misma manera a todos los competidores en el mismo sector o mercado de referencia si se hallan en una situación de hecho similar.

(188)

La Comisión considerará que la ayuda es proporcionada si sus beneficiarios pagan por lo menos el 15 % de los costes adicionales sin reducción.

(189)

No obstante, dado el significativo incremento de los recargos ligados a las energías renovables en los últimos años, una contribución propia del 15 % de la totalidad del recargo en concepto de energía renovable podría ir más allá de lo que las empresas especialmente afectadas por la carga pueden soportar. Por tanto, si es necesario, los Estados miembros tendrán la posibilidad de limitar aún más el importe de los gastos derivados de la financiación del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables que deben ser abonados por una empresa, fijándolo en el 4 % del valor añadido bruto para la empresa de que se trate (87). Para las empresas con una intensidad de uso de la electricidad mínima del 20 %, los Estados miembros podrán limitar el importe total que vaya a abonarse a un 0,5 % del valor añadido bruto de la empresa.

(190)

Cuando los Estados miembros deciden adoptar limitaciones de, respectivamente, el 4 % y el 0,5 % del valor añadido bruto, estas limitaciones deben aplicarse a todas las empresas subvencionables.

(191)

Los Estados miembros podrán tomar medidas para garantizar que los datos sobre el valor añadido bruto utilizados a efectos de la presente sección se refieran a todos los costes laborales pertinentes.

(192)

Los Estados miembros podrán conceder las ayudas en forma de una reducción aplicada a los cánones, de un importe de compensación anual fija (devolución anual) o como una combinación de ambos (88). Si las ayudas se pagan en forma de reducción de cánones, será necesario un mecanismo de control a posteriori para garantizar que cualquier pago en exceso sea reembolsado antes del 1 de julio del año siguiente. Cuando la ayuda se conceda en forma de compensación anual fija, deberá ser calculada sobre la base de los datos históricos, es decir, los niveles observados de consumo de electricidad y el valor añadido bruto en un año de base determinado. El importe de la compensación no superará el importe de la ayuda que la empresa habría recibido en el año de base aplicando los parámetros establecidos en la presente sección.

(193)

Los Estados miembros aplicarán los criterios de admisibilidad y de proporcionalidad establecidos en el punto 3.7.2. a más tardar el 1 de enero de 2019. Las ayudas concedidas con respecto a un período anterior a esa fecha se considerarán compatibles si cumplen los mismos criterios.

(194)

Además, la Comisión considera que toda ayuda concedida con el fin de reducir la carga que representa la financiación del apoyo a la electricidad procedente de fuentes de energía renovables con respecto a los años anteriores a 2019 podrá declararse compatible con el mercado interior en la medida en que cumpla un plan de ajuste.

(195)

Para evitar una perturbación brusca para una empresa individual, dicho plan de ajuste implicará un ajuste progresivo de los niveles de ayuda derivados de la aplicación de los criterios de admisibilidad y de proporcionalidad establecidos en la sección 3.7.2.

(196)

En la medida en que la ayuda se hubiera concedido para un período anterior a la fecha de aplicación de las presentes Directrices, el plan deberá prever también una aplicación progresiva de los criterios para dicho período.

(197)

En la medida en que la ayuda en forma de reducción o exención de la carga que representa la financiación del apoyo de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables se hubiera concedido para un período anterior a la fecha de aplicación de las presentes Directrices a empresas que no son subvencionables con arreglo a la sección 3.7.2., dicha ayuda podrá ser declarada compatible siempre que el plan de ajuste establezca una contribución propia mínima del 20 % de los costes adicionales del recargo sin reducción, que deberá ser establecida progresivamente y a más tardar el 1 de enero de 2019.

(198)

El plan de ajuste tendrá en cuenta todos los factores económicos vinculados a la política en materia de energías renovables.

(199)

El plan de ajuste deberá ser aprobado por la Comisión.

(200)

El plan de ajuste se notificará a la Comisión a más tardar 12 meses después de la fecha de aplicación de las presentes Directrices.

(201)

Una infraestructura energética moderna es crucial para un mercado integrado de la energía y para que la Unión pueda alcanzar sus objetivos generales en materia de clima y energía. La Comisión ha calculado que las necesidades totales de inversión en infraestructuras energéticas de importancia europea, de aquí a 2020, ascenderán aproximadamente a 200 000 millones EUR (89). Este cálculo se basa en una evaluación de las infraestructuras necesarias para que la Unión pueda cumplir los objetivos políticos en materia de consolidación del mercado interior de la energía, seguridad de abastecimiento e integración de las fuentes de energía renovables. En caso de que los operadores del mercado no puedan dotarse de las infraestructuras necesarias, podrían ser precisas ayudas estatales para superar las deficiencias del mercado y garantizar que se cubran las considerables necesidades de infraestructuras de la Unión. Esto es especialmente cierto para los proyectos de infraestructuras que tienen una incidencia transfronteriza o que contribuyen a la cohesión regional. Las ayudas a las infraestructuras energéticas deben ser, en principio, ayudas a la inversión, incluso para su modernización y mejora.

(202)

Contar con infraestructuras energéticas es una condición indispensable para el funcionamiento del mercado interior. Por tanto, las ayudas a dichas infraestructuras refuerzan el mercado interior de la energía y la estabilidad del sistema, la adecuación de la producción, la integración de las diferentes fuentes de energía y el suministro de energía a través de las redes subdesarrolladas. Por tanto, la Comisión considera que las ayudas a las infraestructuras energéticas son beneficiosas para el mercado interior y contribuyen así a un objetivo de interés común.

(203)

Las inversiones en infraestructuras energéticas se suelen caracterizar por la existencia de deficiencias del mercado. Una deficiencia del mercado que puede surgir en el ámbito de las infraestructuras energéticas deriva de los problemas de coordinación. Los intereses divergentes entre inversores, la incertidumbre en cuanto al resultado de la colaboración y los efectos de red pueden impedir el desarrollo de un proyecto o su concepción efectiva. Al mismo tiempo, las infraestructuras energéticas pueden generar importantes efectos externos positivos, debido a que los costes y beneficios que generan pueden repartirse asimétricamente entre los distintos participantes en el mercado y los Estados miembros.

(204)

Para colmar las deficiencias del mercado a que se hace referencia en el apartado (203), se suele someter a las infraestructuras energéticas a normas en materia de tarifas y acceso, así como a obligaciones de disociación de conformidad con la legislación del mercado interior de la energía (90).

(205)

En términos de financiación, la concesión de ayudas estatales es una forma de colmar una deficiencia del mercado por procedimientos distintos a la imposición de tarifas obligatorias para los usuarios. Por tanto, para demostrar la necesidad de una ayuda estatal en el sector de las infraestructuras energéticas, se aplican los principios descritos en los apartados (206) y (207).

(206)

La Comisión considera que, en el caso de los proyectos de interés común definidos sobre la base del Reglamento (CE) no 347/2013 (91) para redes inteligentes, y para inversiones en infraestructuras en zonas asistidas, las deficiencias del mercado en términos de efectos externos positivos y problemas de coordinación son tales que la financiación mediante tarifas puede no ser suficiente y que ello justifica la concesión de ayudas estatales.

(207)

Para los proyectos de infraestructuras energéticas contemplados en el apartado (206) y exentos parcial o totalmente de la regulación del mercado interior de la energía, y para los proyectos no sujetos al apartado (206), la Comisión realizará una evaluación caso por caso de la necesidad de ayuda estatal. En ella, tendrá en cuenta los siguientes factores: i) en qué medida una deficiencia del mercado da lugar a una dotación insuficiente de las infraestructuras necesarias, ii) en qué medida las infraestructuras están abiertas al acceso de terceros y sujetas a normas en materia de tarifas, y iii) en qué medida contribuyen a la seguridad del suministro energético de la Unión.

(208)

Para los proyectos de infraestructura petrolera, la Comisión presume que no existe necesidad de ayudas estatales. Sin embargo, los Estados miembros podrán otorgar ayudas estatales en circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

(209)

La Comisión considera que las tarifas (92) son el principal medio adecuado para financiar la infraestructura energética. No obstante, en el caso de los proyectos de interés común, las redes inteligentes y las inversiones en infraestructuras en zonas asistidas, las ayudas estatales pueden considerarse un instrumento adecuado para financiar total o parcialmente dichas infraestructuras. En tales casos, las deficiencias del mercado suelen impedir la plena aplicación del principio de que el usuario paga, en que se fundamenta la normativa en materia de tarifas, por ejemplo debido a que la tarifa para financiar nuevas inversiones en infraestructuras sería tan alta que disuadiría a las empresas de invertir o a clientes potenciales de utilizar las infraestructuras.

(210)

El efecto incentivador de la ayuda se evaluará sobre la base de las condiciones establecidas en la sección 3.2.4..

(211)

El importe de la ayuda deberá limitarse al mínimo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos en materia de infraestructuras. Para las ayudas a infraestructuras, se supone que la hipótesis de contraste sería la situación en la que el proyecto no se ejecutaría. El coste subvencionable correspondería pues el déficit de financiación.

(212)

Las medidas de ayuda para infraestructuras no deberán superar una intensidad de ayuda del 100 % de los costes subvencionables.

(213)

Al evaluar las medidas de ayuda para infraestructuras, la Comisión exigirá a los Estados miembros que identifiquen, claramente y por separado, cualquier otra medida de ayuda que pueda tener alguna incidencia sobre las infraestructuras.

(214)

No obstante lo dispuesto en las obligaciones que emanan de la legislación sobre el mercado interior de la energía, cuyo objetivo es reforzar la competencia, la Comisión considerará que las ayudas para infraestructuras energéticas sujetas a la normativa del mercado interior no tienen efectos falseadores indebidos.

(215)

En el caso de proyectos que se encuentren solo parcialmente exentos de la legislación sobre el mercado interior de la energía y de instalaciones de almacenamiento de gas, la Comisión evaluará caso por caso los potenciales falseamientos de la competencia teniendo en cuenta, en particular, el grado de acceso de terceras partes a las infraestructuras que reciben las ayudas, el acceso a infraestructuras alternativas y la cuota de mercado del beneficiario.

(216)

Con el aumento de la cuota de fuentes de energía renovables, en muchos Estados miembros la producción de electricidad está pasando de un sistema de abastecimiento relativamente estable y continuo a otro con fuentes variables de suministro más numerosas y de pequeña escala. Este cambio plantea nuevos retos para garantizar la adecuación de la producción.

(217)

Por otra parte, las deficiencias normativas y del mercado pueden provocar una inversión insuficiente en capacidad de producción, por ejemplo, en una situación en que los precios al por mayor de la electricidad están limitados y los mercados no generan suficientes incentivos para la inversión.

(218)

En consecuencia, algunos Estados miembros se plantean la introducción de medidas para garantizar la adecuación de la producción, por lo general concediendo apoyo a los productores por la mera disponibilidad de capacidad de producción (93).

(219)

Las medidas destinadas a la adecuación de la producción pueden revestir multitud de formas, como ayudas a la inversión y de funcionamiento (en principio únicamente para recompensar el compromiso de estar en condiciones de suministrar electricidad) y pueden, por tanto, perseguir objetivos diferentes. Pueden centrarse, por ejemplo, en abordar problemas a corto plazo de falta de capacidad de producción flexible para hacer frente a las oscilaciones repentinas de la energía eólica y solar, o definir un objetivo de adecuación de la producción que los Estados miembros deseen garantizar con independencia de consideraciones a corto plazo.

(220)

Las ayudas destinadas a la adecuación de la producción pueden ir contra el objetivo de eliminación progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, en particular a los combustibles fósiles. Así pues, los Estados miembros deben, en primer lugar, considerar diferentes maneras de lograr una adecuación de la producción que no tenga efectos negativos en el objetivo de suprimir gradualmente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, tales como facilitar la gestión de la demanda y aumentar la capacidad de interconexión.

(221)

El objetivo exacto al que se dirige la medida debe definirse claramente, incluido el momento y el lugar en el que se supone que podrían surgir problemas. La identificación de un problema de adecuación de la producción debe ser coherente con el análisis de la adecuación efectuado regularmente por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte, de conformidad con lo dispuesto en la legislación del mercado interior de la energía (94).

(222)

La naturaleza y las causas del problema de adecuación de la producción y, por tanto, de la necesidad de ayudas estatales para garantizar dicha adecuación, deben ser correctamente analizadas y cuantificadas, por ejemplo en términos de falta de capacidad de carácter estacional o carga de reserva en caso de incapacidad del mercado al por mayor a corto plazo para adecuar la oferta a la demanda. Deberá describirse la unidad de valoración a efectos de la cuantificación, facilitando el método para su cálculo.

(223)

Los Estados miembros deben demostrar con claridad las razones por las que no puede esperarse que el mercado ofrezca las capacidades adecuadas a falta de intervención, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y de los mercados (95).

(224)

En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, entre otras cosas, y siempre que sean aplicables, los elementos siguientes que deberá facilitar el Estado miembro:

(225)

La ayuda solo debe remunerar el servicio de suministro puro prestado por el productor, es decir, su compromiso de estar en condiciones de suministrar electricidad y ser compensado por ello, por ejemplo en términos de remuneración por MW de capacidad puesta a disposición. Las ayudas no deberán incluir ninguna remuneración por la venta de electricidad, es decir, ninguna remuneración por MWh vendido.

(226)

Las medidas de ayuda deberán estar abiertas y ofrecer incentivos adecuados tanto a los productores actuales como futuros y a los operadores que utilicen tecnologías sustituibles, tales como una respuesta por el lado de la demanda o soluciones de almacenamiento. Por tanto, las ayudas deberán prestarse mediante un mecanismo que permita potencialmente diversos plazos de entrega, correspondientes al tiempo necesario para realizar nuevas inversiones en nuevos productores que utilicen tecnologías diferentes. Las ayudas también deberán tener en cuenta en qué medida la capacidad de interconexión podría remediar cualquier posible problema de adecuación de la producción.

(227)

El efecto incentivador de las ayudas se evaluará sobre la base de las condiciones establecidas en la sección 3.2.4. de las presentes Directrices.

(228)

El cálculo del importe total de las ayudas deberá aportar a los beneficiarios una tasa de rentabilidad que pueda considerarse razonable.

(229)

Se considerará que un proceso de ofertas genuinamente competitivo sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, que aborde eficazmente los objetivos planteados, da lugar a tasas de rentabilidad razonables en condiciones normales.

(230)

Las medidas deberán disponer de mecanismos integrados para garantizar que no puedan obtenerse beneficios inesperados.

(231)

Las medidas deberán estar concebidas de tal modo que garanticen que el precio pagado por disponibilidad tienda automáticamente a cero cuando el nivel de capacidad suministrada se espere que sea adecuado para satisfacer el nivel de capacidad exigida.

(232)

Las medidas deberán concebirse de tal forma que sea posible que participe en ellas cualquier capacidad que pueda contribuir efectivamente a abordar el problema de adecuación de la producción, en especial teniendo en cuenta los siguientes factores:

(233)

Las medidas:

(234)

Para reducir las emisiones de contaminantes, por ejemplo las de NOx, podrán establecerse regímenes de permisos negociables (98), que podrán incluir ayudas estatales, en particular cuando los Estados miembros otorguen permisos y derechos por debajo de su valor de mercado. Si el número total de permisos otorgados por los Estados miembros es inferior a las necesidades previstas de las empresas, el efecto sobre el nivel de protección medioambiental será positivo. A nivel de cada empresa concreta, si los derechos otorgados no cubren todas las necesidades previstas de una empresa, esta deberá disminuir su contaminación, contribuyendo así a la mejora del nivel de protección del medio ambiente, o adquirir derechos adicionales en el mercado, pagando así una compensación por la contaminación que cause.

(235)

Los regímenes de permisos negociables se considerarán compatibles con el mercado interior si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

(236)

La Comisión evaluará la necesidad y proporcionalidad de las ayudas estatales que comporte un régimen de permisos negociables con arreglo a los siguientes criterios:

(237)

El objetivo de las ayudas a la inversión para la relocalización de empresas es crear incentivos individuales para reducir las externalidades negativas mediante la relocalización de empresas muy contaminantes y su traslado a zonas donde tal contaminación tenga efectos menos dañinos, reduciendo así los costes externos. Por tanto, las ayudas podrán estar justificadas si la relocalización se efectúa por razones medioambientales, pero convendría evitar que se concedan para la relocalización con cualquier otro fin.

(238)

Las ayudas a la inversión para la relocalización de empresas en nuevos emplazamientos por razones de protección medioambiental se considerarán compatibles con el mercado común si se cumplen las condiciones establecidas en las secciones 3.2.4 y 3.2.7. así como las siguientes condiciones acumulativas:

(239)

Los beneficiarios podrán ser:

(240)

Para determinar el importe de los costes subvencionables en los casos de ayuda a la relocalización, la Comisión tendrá en cuenta, en particular:

(241)

Las intensidades de ayuda se establecen en el anexo 1.

(242)

A modo de garantía adicional de que se limitarán los falseamientos de la competencia y el comercio, la Comisión podrá solicitar que determinados regímenes estén sujetos a una limitación de su duración (en principio, un máximo de cuatro años) y a la evaluación mencionada en el apartado (28). Se evaluarán los regímenes en los que el riesgo de falseamiento de la competencia sea particularmente elevado, es decir, que puedan amenazar con restringir o falsear la competencia significativamente, siempre que su aplicación no sea revisada a su debido tiempo.

(243)

Habida cuenta de sus objetivos y a fin de que no suponga una carga desproporcionada para los Estados miembros y para los pequeños proyectos de ayuda, la evaluación solo se efectuará para los regímenes de ayuda con grandes presupuestos, con características innovadoras o cuando estén previstos grandes cambios en el mercado, la tecnología o las normas. La evaluación deberá ser efectuada por un perito independiente de la autoridad que otorga la ayuda, sobre la base de una metodología común facilitada por la Comisión, y deberá hacerse pública. El Estado miembro deberá notificar, junto con el régimen de ayudas, un proyecto de plan de evaluación, que formará parte integrante de la evaluación que la Comisión efectúe del régimen.

(244)

En el caso de los regímenes de ayudas excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento General de Exención por Categorías exclusivamente en razón de su gran presupuesto, la Comisión evaluará la compatibilidad del régimen de ayudas de que se trate, con excepción del plan de evaluación, sobre la base de los criterios definidos en dicho Reglamento, en lugar de hacerlo en función de los definidos en las presentes Directrices.

(245)

La evaluación deberá presentarse a la Comisión con la debida antelación para permitir la valoración de la posible prórroga del régimen de ayudas y, en cualquier caso, cuando este expire. El ámbito y modalidades exactos de cada evaluación se definirán en la decisión de aprobación del régimen de ayudas. Las medidas de ayuda posteriores con objetivos similares [incluida cualquier modificación de los regímenes a que se refiere el apartado (244)] deberán tener en cuenta los resultados de la evaluación.

(246)

Las presentes Directrices se aplicarán a partir del 1 de julio de 2014 y sustituirán a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente publicadas el 1 de abril de 2008 (101). Serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.

(247)

La Comisión aplicará las presentes Directrices a todas las medidas de ayuda notificadas con respecto a las cuales deba adoptar una decisión después de su entrada en vigor, incluso cuando los proyectos se hubieran notificado con anterioridad a esa fecha. No obstante, las ayudas individuales concedidas en aplicación de regímenes de ayuda autorizados y notificados a la Comisión en cumplimiento de una obligación de notificación individual se evaluarán con arreglo a las Directrices que se apliquen al régimen de ayudas en que se base la ayuda individual.

(248)

Las ayudas destinadas a la protección del medio ambiente o la energía que sean ilegales se evaluarán con arreglo a las normas vigentes en la fecha en que fueran concedidas, de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (102), salvo en el caso siguiente:

Las ayudas ilegales en forma de reducciones de las contribuciones destinadas a financiar el apoyo a la energía producida a partir de fuentes renovables se evaluarán de conformidad con las disposiciones de las secciones 3.7.2. y 3.7.3.

A partir del 1 de enero de 2011, el plan de ajuste previsto en el apartado (194) también deberá prever una aplicación progresiva de los criterios establecidos en la sección 3.7.2. y de la contribución propia prevista en el apartado (197). Con anterioridad a esa fecha, la Comisión considera que todas las ayudas otorgadas en forma de reducciones de la financiación de apoyo a la electricidad producida a partir de fuentes renovables podrán ser consideradas compatibles con el mercado interior (103).

(249)

Las ayudas individuales concedidas al amparo de regímenes de ayudas ilegales se evaluarán de conformidad con las Directrices que se apliquen al régimen de ayuda ilegal en el momento de su concesión. Si el beneficiario ha recibido la confirmación de un Estado miembro de que se beneficiará de ayudas de funcionamiento en favor de fuentes de energía renovables y cogeneración en virtud de un régimen ilegal durante un período predeterminado, tales ayudas podrán concederse para todo el período con arreglo a las condiciones establecidas en el régimen en el momento de la confirmación, siempre que sean compatibles con las normas aplicables en el momento de la confirmación.

(250)

La Comisión propone a los Estados miembros, sobre la base del artículo 108, apartado 1, del Tratado, las siguientes medidas apropiadas en relación con sus respectivos regímenes de ayudas destinadas a la protección del medio ambiente o la energía existentes:

Los Estados miembros deben modificar, cuando proceda, los regímenes de ayuda para conformarlos a las presentes Directrices en un plazo de 12 meses tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con las siguientes excepciones:

Cuando sea necesario, los regímenes de ayudas existentes en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento no 659/1999 del Consejo (104), referente a la ayuda a la explotación en favor de las fuentes de energía renovables y la cogeneración, solo deberán adaptarse a las presentes Directrices cuando los Estados miembros los prorroguen, tengan que notificarlos tras la expiración del período de 10 años o después de la expiración de la validez de la Decisión de la Comisión o introduzcan en ellos modificaciones (105).

Sin embargo, cuando un beneficiario haya recibido la confirmación de un Estado miembro de que se beneficiará de ayuda estatal al amparo de uno de tales regímenes durante un período predeterminado, estas ayudas podrán concederse para todo el período con arreglo a las condiciones establecidas en el régimen en el momento de la confirmación.

(251)

Se invita a los Estados miembros a dar su acuerdo incondicional y explícito a esta propuesta de medidas apropiadas en el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de las presentes Directrices en el Diario Oficial de la Unión Europea. De no mediar respuesta, la Comisión asumirá que el Estado miembro en cuestión no está de acuerdo con las medidas propuestas.

(252)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo y con el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión y sus modificaciones posteriores, los Estados miembros deberán presentar informes anuales a la Comisión (106).

(253)

Los Estados miembros deberán encargarse de que se conserven registros detallados en relación con todas las medidas que supongan la concesión de ayudas. Estos registros deberán contener toda la información necesaria para determinar el cumplimiento de las condiciones relacionadas, en su caso, con los costes subvencionables y la intensidad de ayuda máxima permitida. Estos registros se conservarán durante diez años a partir de la fecha de concesión de las ayudas y se facilitarán a la Comisión a petición de esta.

(254)

La Comisión podrá decidir en todo momento la revisión o modificación de las presentes Directrices cuando así lo aconsejen motivos de política de competencia o habida cuenta de las demás políticas y los compromisos internacionales de la UE.