15.11.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 274/130

I.

De conformidad con las disposiciones del artículo 248 del Tratado, el Tribunal ha examinado

II.

En virtud de los artículos 268 a 280 del Tratado, así como del Reglamento financiero, la dirección (4) es responsable de la elaboración y la presentación fidedigna de las «cuentas anuales definitivas» de las Comunidades Europeas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes:

III.

El Tribunal debe proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo, basándose en sus trabajos de fiscalización, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Con excepción del caso descrito en el apartado IV, el Tribunal llevó a cabo sus trabajos de conformidad con las normas de auditoría internacionales y los códigos éticos de la IFAC y la INTOSAI, siempre que resultaran aplicables al contexto comunitario europeo. En virtud de estas normas, el Tribunal planifica y realiza la fiscalización, para obtener garantías razonables de que las «cuentas anuales definitivas de las Comunidades Europeas» se hallan exentas de errores importantes y de que las operaciones subyacentes son, globalmente, legales y regulares.

IV.

En cuanto a los ingresos, el alcance de los trabajos del Tribunal es limitado. Por un lado, los recursos propios IVA y RNB se basan en estadísticas macroeconómicas cuyos datos subyacentes no pueden ser directamente controlados por el Tribunal, y por otro, las fiscalizaciones de los recursos propios tradicionales no pueden abarcar las importaciones que no hayan sido objeto de vigilancia aduanera.

V.

En el contexto descrito en el apartado III, una fiscalización implica la realización de procedimientos destinados a conseguir pruebas de auditoría sobre los importes y los desgloses que figuran en las cuentas definitivas consolidadas, y acerca de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. La selección de los procedimientos depende del juicio profesional del auditor, entre otras cosas de la evaluación de los riesgos de errores importantes de dichas cuentas y, en el caso de las operaciones subyacentes, del riesgo de incumplimiento significativo de los requisitos previstos en el marco jurídico de las Comunidades Europeas, ya sea por fraude o por error. Al proceder a la evaluación de tales riesgos, el auditor examina el control interno aplicado en la elaboración y la presentación fidedigna de las cuentas definitivas consolidadas, así como los sistemas de control y supervisión aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir unos procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias. En el mismo contexto, la fiscalización incluye también la apreciación del carácter adecuado de las políticas contables empleadas y el fundamento de las estimaciones contables efectuadas, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas definitivas consolidadas y los informes anuales de actividad.

VI.

El Tribunal considera que se han obtenido pruebas de auditoría suficientes y apropiadas en apoyo de su declaración de fiabilidad.

VII.

El Tribunal opina que, con excepción de los efectos de las cuestiones descritas en el apartado VIII, «las cuentas anuales definitivas de las Comunidades Europeas» presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de las Comunidades a 31 de diciembre de 2006, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de tesorería del ejercicio finalizado a dicha fecha, de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero y las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión.

VIII.

El Tribunal ha identificado errores en importes consignados en el sistema contable en concepto de facturas y declaraciones de costes, así como prefinanciaciones, que dan lugar a una sobreestimación de las deudas a corto plazo en unos 201 millones de euros y del importe total de prefinanciaciones a largo y a corto plazo en unos 656 millones de euros.

IX.

Sin poner en duda la opinión expresada en el apartado VII, el Tribunal señala que, debido en parte al complejo sistema de gestión financiera y pese a las mejoras logradas, las debilidades constatadas en los sistemas contables de algunas instituciones y direcciones generales de la Comisión seguían comprometiendo la calidad de la información financiera (en particular en lo que se refiere al cierre del ejercicio y a las prestaciones a los empleados), lo que dio lugar a una serie de correcciones con posterioridad a la presentación de las cuentas provisionales.

X.

El Tribunal considera que los ingresos, así como los compromisos y pagos relativos a los gastos administrativos y a la estrategia de preadhesión, con excepción del programa Sapard, y a las acciones exteriores, en lo que se refiere a los pagos gestionados y controlados directamente por las delegaciones de la Comisión, no contienen errores importantes. En estos ámbitos, los sistemas de control y supervisión se aplican de manera que la gestión del riesgo resulta adecuada. Además, en el caso de los gastos de la política agrícola común (PAC), la fiscalización del Tribunal muestra que, si se aplica adecuadamente, el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), en particular en lo que se refiere al sistema de pago único, constituye un sistema eficaz para limitar el riesgo de gastos irregulares.

XI.

Sin poner en duda la opinión expresada en el apartado X, el Tribunal señala que, en el ámbito de la estrategia de preadhesión, los organismos de ejecución de los países adherentes y candidatos siguen presentando riesgos significativos en todos los programas e instrumentos.

XII.

El Tribunal observa, que en los demás ámbitos de gastos, los pagos siguen estando significativamente afectados por errores, si bien en niveles diversos, y la Comisión y los Estados miembros, así como otros países beneficiarios necesitan aumentar los esfuerzos para poner en práctica sistemas de control y supervisión adecuados, con el fin de mejorar la gestión de los riesgos asociados. Se trata, en concreto, de los ámbitos siguientes: política agrícola común, acciones estructurales, políticas internas y acciones exteriores;

XIII.

El Tribunal insiste en que sus auditorías de los gastos de la PAC, las medidas estructurales y las políticas internas han mostrado que unos criterios complicados o faltos de claridad o unas complejas obligaciones jurídicas tienen un impacto considerable en la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Por ejemplo, dado que con frecuencia las condiciones para acceder a las subvenciones son complejas, las medidas agroambientales de desarrollo rural están expuestas a una incidencia significativamente más elevada de error que la parte de gastos de la PAC no incluida en el desarrollo rural.

XIV.

Aunque toma nota de las mejoras introducidas por la Comisión en relación con su marco de control interno, y del impacto positivo de las mismas en la evaluación tanto del funcionamiento de los sistemas de control y supervisión como del impacto de las reservas pertinentes formuladas sobre la garantía ofrecida en las declaraciones de los directores generales de la Comisión, el Tribunal continúa identificando debilidades en estas evaluaciones, en concreto en lo que se refiere al impacto en las garantías sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes.