15.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 238/19

(1)

En 2004 y 2005 se declararon brotes de fiebre catarral ovina en España. La aparición de esta enfermedad supone un grave peligro para la cabaña comunitaria.

(2)

Para atajar la propagación de la epizootia en el plazo más breve, la Comunidad debe participar en los gastos subvencionables que supone para el Estado miembro la adopción de medidas de urgencia contra la enfermedad, en las condiciones previstas en la Decisión 90/424/CEE.

(3)

La Comisión ha adoptado varias decisiones, en particular la última —la Decisión 2005/393/CE, de 23 de mayo de 2005, sobre las zonas de protección y vigilancia en relación con la fiebre catarral ovina y las condiciones que se aplican a los traslados de animales desde estas zonas o a través de ellas (3)—, para definir las zonas de protección y vigilancia y fijar las condiciones que deben cumplir los animales que vayan a salir de esas zonas.

(4)

Al tratarse de una enfermedad que sólo transmiten los «mosquitos», entre las medidas previstas en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión 90/424/CEE, sólo son pertinentes las destinadas a proteger los animales de los ataques de vectores (tratamientos insecticidas, salidas a horas de baja actividad de los vectores) o a prevenir la propagación de la epidemia por los movimientos de animales (Decisión 2005/393/CE). El sacrificio de los animales de las especies sensibles sólo es pertinente en el caso de animales clínicamente afectados.

(5)

Debido a la evolución de la situación de la enfermedad, es oportuno llevar a cabo una campaña de vacunación en las zonas de protección establecidas alrededor de los focos.

(6)

La vacunación es una medida complementaria de las medidas de erradicación ya adoptadas que permite:

(7)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común (4), las medidas veterinarias y fitosanitarias ejecutadas según las normas comunitarias son financiadas por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola. El control financiero de estas acciones debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de dicho Reglamento.

(8)

El pago de la contribución financiera de la Comunidad se supedita a la realización efectiva de las acciones programadas y a la presentación por parte de las autoridades de toda la información necesaria en los plazos establecidos.

(9)

El 28 de diciembre de 2004 España presentó una primera estimación que sitúa el coste de las medidas de urgencia contra la enfermedad en 11,5 millones EUR.

(10)

A la espera de que se efectúen los controles de la Comisión, procede fijar desde ahora el importe de un primer pago de la ayuda financiera de la Comunidad. Este primer pago debe corresponder al 50 % de la contribución comunitaria calculada en función de los costes estimados de la indemnización de los ganaderos por los animales y los demás costes.

(11)

Conviene precisar la noción de «indemnización adecuada y rápida a los ganaderos», utilizada en el artículo 3 de la Decisión 90/424/CEE, así como las nociones de «pagos razonables» y «pagos justificados» y las categorías de gastos admisibles en concepto de «otros gastos» relacionados con el sacrificio obligatorio de los animales.

(12)

Las autoridades españolas han cumplido íntegramente sus obligaciones técnicas y administrativas relacionadas con las medidas previstas en el artículo 3 de la Decisión 90/424/CEE.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

a razón del 50 % de los gastos comprometidos para:

2)

a razón del 100 % de los gastos comprometidos para el suministro de vacunas, en las condiciones previstas en el artículo 3, apartados 4 y 5, segundo guión, de la Decisión 90/424/CEE y en la presente Decisión.

a)

«indemnización rápida y adecuada»: el pago, en un plazo de noventa días a partir del sacrificio de los animales, de una indemnización correspondiente a su valor de mercado inmediatamente antes de que fueran contaminados, sacrificados o destruidos (precio que el propietario habría podido obtener normalmente justo antes de que fueran contaminados o sacrificados, teniendo en cuenta su aptitud, su calidad y su edad);

b)

«pagos razonables»: los pagos efectuados por la adquisición de material o servicios a precios proporcionados, en comparación con los precios en vigor en el mercado antes de la aparición de la fiebre catarral ovina;

c)

«pagos justificados»: los pagos efectuados por la adquisición de materiales o servicios contemplados en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión 90/424/CEE, cuya naturaleza y relación directa con el sacrificio obligatorio de animales en las explotaciones se hayan demostrado.

—

25 % de reducción si los pagos se han realizado entre 91 y 105 días después del sacrificio de los animales,

—

50 % de reducción si los pagos se han realizado entre 106 y 120 días después del sacrificio de los animales,

—

75 % de reducción si los pagos se han realizado entre 121 y 135 días después del sacrificio de los animales,

—

100 % de reducción si los pagos se han realizado en un plazo superior a 136 días desde el sacrificio de los animales.

a)

el impuesto sobre el valor añadido;

b)

las remuneraciones de funcionarios o agentes públicos;

c)

los gastos relacionados con el uso de material público, salvo el fungible;

d)

las indemnizaciones por sacrificios que no sean obligatorios;

e)

las indemnizaciones acumuladas con otras ayudas comunitarias, por ejemplo las primas por sacrificio, lo que contraviene las normas comunitarias;

f)

las indemnizaciones relacionadas con la destrucción o la renovación de edificios de explotaciones, los costes de infraestructuras y los costes relacionados con las pérdidas económicas y el desempleo por la presencia de la enfermedad o la prohibición de repoblación.

a)

una solicitud presentada de acuerdo con los modelos de los anexos II, III A y III B en el plazo establecido en el apartado 2;

b)

los justificantes contemplados en el artículo 2, incluido un informe epidemiológico sobre cada explotación en la que se hayan sacrificado y destruido animales, así como un informe financiero;

c)

los resultados de los posibles controles in situ de la Comisión contemplados en el artículo 7.