a)

efectuar un análisis completo de las investigaciones que demuestren que se han incumplido o eludido normas electorales fundamentales, en particular las normas en vigor sobre la transparencia de la financiación de las campañas, con acusaciones de gastos políticos por diferentes tipos de canales legales e ilegales y donaciones a través de testaferros a partir de fuentes en terceros países;

b)

definir posibles ámbitos que requieran acciones legislativas y no legislativas que puedan dar lugar a una intervención de las plataformas de medios de comunicación social con el objetivo de etiquetar contenidos compartidos mediante bots, revisar algoritmos para conseguir que sean lo más transparentes posible en lo que se refiere a los factores que les llevan a mostrar, priorizar, compartir, descategorizar y suprimir el contenido, y cerrar las cuentas de las personas que participan en actividades coordinadas en el marco de un comportamiento no auténtico en línea o en actividades ilegales destinadas a socavar sistemáticamente los procesos democráticos o a fomentar la incitación al odio, sin comprometer la libertad de expresión;

c)

contribuir al debate en curso sobre la manera de reforzar la responsabilidad para luchar contra las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos en la Unión Europea, incluida la desinformación, y no exclusivamente por parte de las autoridades públicas, sino también en cooperación con las empresas tecnológicas y de redes sociales y el sector privado en general, con el fin de concienciar sobre el papel, la función y la responsabilidad que tienen en la lucha contra las injerencias extranjeras, sin socavar la libertad de expresión;

d)

evaluar las acciones nacionales susceptibles de imponer restricciones estrictas a las fuentes de financiación política, ya que los agentes extranjeros han encontrado formas legales e ilegales de eludir las legislaciones nacionales y han ofrecido un apoyo encubierto a sus aliados mediante la suscripción de préstamos con bancos extranjeros y la oferta de objetos de valor en especies, a través de compras y acuerdos comerciales, de sociedades ficticias, de organizaciones sin ánimo de lucro, de donantes que actúan como testaferros, de tecnologías emergentes que ofrecen anonimato, de anuncios en línea, de medios de comunicación extremistas en línea y de la facilitación de actividades financieras; determinar posibles ámbitos que requieran acciones en relación con la financiación de los partidos políticos y las campañas políticas;

e)

proponer una acción coordinada a nivel de la Unión para hacer frente a las amenazas híbridas, incluidos los ciberataques contra objetivos militares y no militares, las operaciones de pirateo y filtrado dirigidas a legisladores, funcionarios públicos, periodistas, partidos políticos y candidatos, así como el ciberespionaje con vistas a la sustracción de la propiedad intelectual de las empresas y de datos sensibles de los ciudadanos, ya que estas amenazas no pueden ni ser abordadas únicamente por las autoridades nacionales que trabajan de manera aislada, ni mediante una autorregulación pura del sector privado, sino que requieren un enfoque coordinado a varios niveles y a nivel multilateral; evaluar el aspecto de la seguridad de estas amenazas, que pueden tener graves repercusiones políticas, económicas y sociales para los ciudadanos europeos;

f)

investigar la dependencia de la Unión de las tecnologías extranjeras en las cadenas de suministro de infraestructuras críticas, incluida la infraestructura de Internet, entre otras cosas, soporte físico, equipo lógico, aplicaciones y servicios, así como las medidas necesarias para reforzar las capacidades de respuesta a la comunicación estratégica de terceros países hostiles e intercambiar información y mejores prácticas en este ámbito; apoyar y fomentar la coordinación entre Estados miembros en materia de intercambio de información, conocimientos y buenas prácticas para hacer frente a las amenazas y corregir las deficiencias actuales;

g)

determinar, evaluar y proponer maneras de abordar los incumplimientos en materia de seguridad dentro de las instituciones de la Unión;

h)

luchar contra las campañas de información y la comunicación estratégica de terceros países hostiles, incluidas las que se llevan a cabo a través de agentes y organizaciones nacionales europeos, que perjudiquen los objetivos de la Unión Europea y que se creen para influir en la opinión pública europea con el fin de dificultar el logro de una posición común de la Unión, incluidas las cuestiones relativas a la PESC y la PCSD;

i)

solicitar la colaboración de todos los servicios e instituciones pertinentes a nivel de la Unión y de sus Estados miembros que la comisión considere pertinentes y eficaces para el cumplimiento de su mandato;