Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Inversiones para una Europa Sostenible — Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo

[COM(2020) 21 final]

(2020/C 311/09)

Ponente:	Carlos TRIAS PINTÓ
Coponente:	Petr ZAHRADNÍK

Consulta	Comisión Europea, 6.2.2020
Fundamento jurídico	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en la sección	13.5.2020
Aprobado en el pleno	10.6.2020
Pleno n.o	552
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	220/1/8

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

En la actualidad, la pandemia del coronavirus constituye la primera prioridad de Europa, y nos obliga a afrontar una incertidumbre que podría conducir a modificar de forma radical la orientación y la asignación presupuestarias de la UE. El CESE recomienda encarecidamente reforzar el próximo marco financiero plurianual (MFP) y ampliar de forma temporal el límite de gasto presupuestario al 2 %, lo que proporcionaría los medios presupuestarios necesarios y podría apoyar la emisión de bonos comunitarios como parte de un potente plan de recuperación.

1.2.

El Comité acoge con satisfacción el reciente acuerdo del Eurogrupo (1), que propone 540 000 millones EUR para apoyar a trabajadores, empresas y Estados miembros, al tiempo que acepta una mayor flexibilidad en las normas de la UE respecto del Pacto Presupuestario Europeo.

1.3.

El Consejo de la UE debe llegar a un acuerdo sobre el Fondo Europeo de Recuperación (2) y el MFP antes de la pausa estival, de conformidad con la propuesta de la Comisión Europea del 27 de mayo, a fin de allanar el camino para la recuperación económica de Europa, así como impulsar las transiciones ecológica y digital previstas en el Pacto Verde Europeo.

1.4.

El Comité también celebra la respuesta solidaria rápida y armonizada de todas las instituciones de la UE afectadas (3).

1.5.

El brote de coronavirus tendrá un impacto profundo y negativo en la consecución de los ODS y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Por ello, el CESE insiste en que es necesario hacer frente a esta amenaza urgente tan pronto como sea posible y centrar nuestros esfuerzos de recuperación, sin demora indebida, en los ODS y el Pacto Verde.

1.6.

Más allá de las medidas de solidaridad temporales, el CESE pide la recuperación de la Función Europea de Estabilización de las Inversiones (FEEI), así como la aplicación inmediata del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad (IPCC), aumentando su dotación en el MFP 2021-2027.

1.7.

Se necesita un nuevo pacto social y verde que reúna a los ciudadanos en toda su diversidad, en el que las autoridades nacionales, los entes regionales y locales, los interlocutores sociales, la sociedad civil organizada y el sector industrial trabajen en estrecha colaboración con las instituciones de la UE y los órganos consultivos.

1.8.

El Plan de Inversiones para una Europa Sostenible es la primera medida política concreta global para cumplir unos objetivos muy ambiciosos de neutralidad en carbono de aquí a 2050, en línea con el Pacto Verde Europeo.

1.9.

El CESE, aunque considera positivas las ambiciones del Pacto Verde, lamenta la falta de coherencia con su asignación presupuestaria dentro del próximo marco financiero plurianual, muy por debajo del 1,3 % de la RNB de los Estados miembros solicitado por el Parlamento Europeo y el CESE para garantizar que cada medida pueda alcanzar su pleno desarrollo sin minar el de otras.

1.10.

El CESE también expresa sus dudas sobre la eficacia de la integración de la dimensión climática en todos los programas de la UE y pide a los Estados miembros que incluyan a las organizaciones de la sociedad civil en los esfuerzos por lograr que los gastos de la UE sean resistentes al cambio climático. Algunos pasos clave en los que los grupos de protección del medio ambiente y de los derechos civiles pueden participar son los planes nacionales de energía y clima y los programas nacionales de reforma (PNR).

1.11.

El CESE acoge con satisfacción el Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), pero lamenta la clara insuficiencia de las disposiciones presupuestarias del Fondo de Transición Justa (FTJ) (7 500 millones EUR para lograr una financiación de 100 000 millones EUR). Esto tendrá que compensarse con transferencias del FEDER/FSE+ y la cofinanciación de los Estados miembros, así como con lo que se espera que será una enorme inversión del sector privado y el instrumento de préstamo al sector público del BEI.

1.12.

El éxito en este ámbito se supedita a las alianzas (ODS 17 de las Naciones Unidas: Alianzas para lograr los Objetivos) entre los sectores público y privado en cuanto a financiación y responsabilidades compartidas, tal como se refleja en el auge del mercado de bonos verdes.

1.13.

El CESE respalda el enfoque holístico y acoge muy favorablemente los incentivos para la inversión y la financiación públicas y privadas, en particular para la contratación pública ecológica y el apoyo esperado mediante la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales.

1.14.

El CESE también respalda la mejora de la gobernanza presupuestaria de la UE, que tendrá en cuenta los riesgos de sostenibilidad a partir de las lecciones extraídas del análisis de las mejores prácticas de presupuestación ecológica y de los planes presupuestarios. Además, se necesita un tratamiento fiscal adecuado para los microfinanciadores colectivos y donantes, a fin de completar la política de estímulo.

1.15.

También hay que realizar la unión económica y monetaria europea (reforma del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Tratado del MEDE), junto con el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad (IPCC) y el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD)), con el fin de desarrollar una unión bancaria y una unión de los mercados de capitales eficientes e integradas, que abarque a todos los Estados miembros y se oriente hacia una mayor armonización.

1.16.

El CESE pide que se mejore el proceso del Semestre Europeo en relación con el Pacto Verde situando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el centro de la elaboración de políticas de la UE, así como una taxonomía más amplia de la UE que incorpore la dimensión social.

1.17.

El CESE considera que tanto el sector público como el privado deben utilizar las mismas normas, no solo en cuanto a taxonomía, sino también respecto de la divulgación de información no financiera. El CESE acoge con satisfacción la próxima revisión de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera, que deberá tener el calado suficiente para animar a las empresas a afrontar la comprensión de su verdadero impacto. Ello debería vincularse a la aplicación de cláusulas medioambientales y sociales normalizadas en la contratación pública.

1.18.

El CESE pide que se haga un mejor uso y más riguroso de las fuentes estadísticas públicas, reforzando el papel de Eurostat y los registros públicos con el fin de suministrar datos sólidos relacionados con el rendimiento «en términos de sostenibilidad».

1.19.

El CESE subraya la importancia de proporcionar a todos los posibles usuarios información exacta y fácilmente accesible, a fin de facilitar en mayor medida un asesoramiento y una asistencia técnica a medida. Nadie debe quedarse atrás.

1.20.

Contar con las capacidades adecuadas que requieren los empleos verdes es una condición indispensable para lograr la transición hacia una economía más ecológica y justa. El CESE aboga por estrategias claras en materia de prospectiva de capacidades y formación profesional con hojas de ruta asociadas sobre capacidades con el fin de tener —y mantener— una mano de obra preparada para las futuras necesidades en todos los sectores.

1.21.

El CESE sugiere que los Estados miembros de la UE mejoren los programas de educación financiera mediante la inclusión de la financiación sostenible, alentando a las administraciones públicas de todos los niveles a introducir incentivos fiscales para que las empresas y los particulares inviertan en iniciativas ecológicas con impacto social.

2.   Marco contextual

2.1.

El Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, también conocido como Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, representa la primera reacción política concreta para dar cabida a objetivos muy ambiciosos de neutralidad en carbono, tal y como se definen en el Pacto Verde Europeo. Como tal, es el pilar de inversión del Pacto Verde Europeo, que trabaja con una asignación de inversión adicional prevista de 260 000 millones EUR anuales de aquí a 2030, lo que supone aproximadamente un 1,5 % del PIB de 2018 en inversión anual adicional en el sistema de transporte y energía y en las infraestructuras correspondientes solo entre 2020 y 2030.

2.2.

Para que este concepto tenga éxito, es de vital importancia que las fuentes de capital privado participen en él. De hecho, este concepto representa un nuevo tipo de contrato social entre los sectores público y privado destinado a financiar proyectos de extrema importancia que sean beneficiosos para el interés público.

2.3.

El MFP 2021-2027 estableció un objetivo general del 25 % para la integración del clima en todos los programas de la UE. No hay que perder el impulso para avanzar hacia una aplicación real y profunda del Pacto Verde Europeo, que debe abordar este enorme desafío planetario con ambición política y un alto nivel de eficiencia técnica. De hecho, el Pacto Verde Europeo puede entenderse como la columna vertebral de la futura configuración económica de la UE, el posible inicio de un cambio fundamental y un punto de inflexión. Podría ser un símbolo del valor añadido europeo común y del liderazgo mundial de la UE.

2.4.

Los recursos financieros y los instrumentos apropiados deben reunirse y coordinarse con los Estados miembros, sus regiones y sus ciudades, y extenderse hacia el entorno internacional. Para ello, la hoja de ruta del Pacto Verde incluye actuaciones clave en materia de clima, energía, movilidad, estrategia industrial para una economía circular y limpia, política agrícola, biodiversidad y digitalización, integrando la sostenibilidad a través de un Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y una estrategia de financiación sostenible renovada. Se trata de un componente fundamental del mecanismo, que tiene por objeto movilizar 1 billón EUR de inversiones públicas y privadas sostenibles hasta 2030, y también tener en cuenta los consiguientes impactos sociales.

2.5.

El Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), que incluye un Fondo de Transición Justa (4) (FTJ) que complemente la propuesta de la Comisión para el próximo MFP, tiene la ambición de alcanzar los 100 000 millones EUR de inversión, que se movilizarán entre 2021 y 2027. Debería contribuir a mitigar el impacto socioeconómico, laboral y medioambiental de la transición hacia la neutralidad climática de la Unión a escala regional.

2.6.

También para la transición de la UE a la neutralidad climática, los Fondos de Innovación y Modernización se financiarán además mediante una parte de los ingresos por derechos de emisión de carbono (al menos 25 000 millones EUR en la próxima década); sin embargo, el Fondo de Modernización solo afectará a diez Estados miembros de la UE.

3.   Observaciones generales

3.1.

Europa atraviesa actualmente una situación de emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia de coronavirus. La respuesta a ambas debe coordinarse desde todas las instituciones europeas durante el tiempo que sea necesario.

3.2.

El CESE acoge con satisfacción los importantes recursos facilitados para afrontar la crisis sanitaria y económica, con el fin de ayudar a los Estados miembros a reforzar los recursos destinados a la inversión, garantizar la liquidez de las empresas (5), mantener los puestos de trabajo y proteger a los desempleados. Estas medidas pertinentes deben ir seguidas de la aprobación del Régimen Europeo de Reaseguro de Desempleo.

3.3.

Los veinte millones de empresas de Europa son cruciales para el éxito en este ámbito, pero la escala de las inversiones movilizadas debe ser proporcional a la escala de los desafíos. A este respecto, es de suma importancia que los Estados miembros y las instituciones de la UE estén dispuestos a trascender sus divisiones.

3.4.

Mientras tanto, la financiación de la UE debería estructurarse de manera que se eviten las duplicaciones y los solapamientos, con el fin de reflejar las propuestas de la Comisión (6).

3.5.

El CESE cuestiona la capacidad real de la propuesta de la Comisión sobre el MFP 2021-2027 para satisfacer las exigencias del Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo. Tras haber afirmado que se necesitan 2,6 billones EUR de «inversiones adicionales» para 2030, el billón EUR que persigue el plan se queda muy lejos del objetivo. La falta de precisión de algunos de los mecanismos y programas previstos dificulta conocer su alcance real.

3.6.

El CESE recomienda que se proporcionen más detalles sobre el marco financiero del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible. Por ejemplo, los tres pilares principales del MTJ dependen de requisitos previos muy ambiciosos, a saber, el propio FTJ, así como el efecto de palanca que se prevé tendrá el instrumento de préstamo al sector público del BEI.

3.7.

El CESE pide una descripción más específica del acuerdo especial del Pacto Verde propuesto en el marco del Programa InvestEU.

3.8.

El CESE valora de forma muy positiva la creación de condiciones previas adicionales y la simplificación con vistas a unas inversiones privadas más sólidas, en particular para los bonos verdes. El análisis empírico muestra de forma clara que, en los últimos años, los bonos se están volviendo realmente verdes. El uso de los bonos verdes mejora la reputación del emisor (conciencia de las cuestiones climáticas y compromiso con la sostenibilidad). Los bonos verdes se han hecho populares entre una amplia gama de inversores, tanto nacionales como internacionales, así como entre los inversores en temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Además, los principales bancos de inversión están mostrando un apetito por una mayor emisión de bonos verdes y, de esta manera, están ayudando a ampliar la mentalidad verde.

3.9.

El CESE acoge con satisfacción la flexibilización de un conjunto de normas sobre ayudas estatales relacionadas con las inversiones, debido a su contribución a la consecución de los objetivos del Pacto Verde, y aboga por dar más margen a las pymes para permitir su transformación en empresas circulares. Durante la recuperación tras la crisis del coronavirus, la UE debería considerar también, como instrumento temporal, lo que podría denominarse una «regla de oro social y verde», mediante la cual las inversiones destinadas directamente a mitigar los efectos del cambio climático y a reducir las desigualdades sociales y la pobreza (desatendidas en gran medida desde la crisis financiera) queden eximidas del cumplimiento de las normas presupuestarias. Esto contribuiría a impulsar una inversión que será muy necesaria durante la recuperación económica posterior a la COVID-19, ayudando al mismo tiempo tanto a afrontar los efectos del cambio climático como a aportar cohesión social en toda la UE.

3.10.

El compromiso de la Comisión de perseguir la financiación y la inversión ecológicas, garantizando al mismo tiempo una transición justa para los sectores y regiones afectados, debe permitir que todos los tipos de empresas se beneficien de ello, y debe fomentarse y servir de oportunidad para que los entes locales se asocien a iniciativas comunitarias como las cooperativas de producción de energía renovable.

3.11.

La ambición ambiental de la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo de inducir a los terceros países a actuar garantizando la comparabilidad de las medidas debería adoptar la forma de una coalición de países por el clima que, de conformidad con las recomendaciones de los premios Nobel Tirole (2017) y Norhaus (2018), clasifique a los países en función de los gases de efecto invernadero que emiten, a fin de impulsar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la adopción de un arancel basado en el carbono. Podría aplicarse un mecanismo para fijar un «precio base del carbono», a través del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE o de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, que será objeto de revisión en el marco del Pacto Verde Europeo.

4.   Observaciones específicas

4.1.   Garantizar la eficacia presupuestaria

4.1.1.

Para mitigar la pandemia de COVID-19, el CESE valora positivamente todas las medidas propuestas destinadas a proporcionar apoyo en forma de liquidez a los sectores y las empresas por medio de los instrumentos basados en la garantía del BEI, que también podrían impulsar su transformación en el banco para el clima de la UE.

4.1.2.

Una de las principales lecciones aprendidas en relación con la extraordinaria crisis humana y económica provocada por la pandemia de coronavirus es la necesidad de reforzar la Función Europea de Estabilización de las Inversiones (FEEI), que es capaz de reaccionar con una inversión pública adecuada a los retos específicos de cada país. También son necesarias medidas que ayuden a los Estados miembros a mejorar el uso de sus sistemas fiscales e incentivos públicos (7) para reactivar sus economías.

4.1.3.

El CESE también señala que la reforma prevista del Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) debería ir de la mano del instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad y del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD). Ya se han realizado esfuerzos considerables en materia de reducción de riesgos en el sector bancario (reducción de los préstamos dudosos, requisitos mínimos de fondos propios y acumulación de pasivos admisibles, régimen de insolvencia, etc.).

4.1.4.

El CESE se muestra muy de acuerdo con el papel del BEI como banco para el clima de la Unión, y con la importancia de la cooperación con otras instituciones financieras. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, es necesario garantizar una liquidez suficiente para todos los bancos potenciales que podrían participar en operaciones relativas al Pacto Verde.

4.2.   Optimizar el rendimiento de los instrumentos y las herramientas previstos que reorienten el proceso del Semestre Europeo poniendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el centro de la formulación de políticas y la acción de la UE

4.2.1.

Se necesita una taxonomía sólida y más ambiciosa de actividades sostenibles, que incluya los aspectos sociales y cree sinergias y confluencias con los progresos de las Naciones Unidas mediante la adecuada integración de los ODS en el Semestre Europeo. Las decisiones sobre la forma de utilizar los fondos para la recuperación de la UE deberían guiarse por una taxonomía de las finanzas ecológicas a escala de la UE, que tenga como fin recompensar las inversiones en tecnologías limpias.

4.2.2.

El CESE pide que se haga un uso más riguroso y mejor de las fuentes estadísticas públicas, reforzando el papel de Eurostat en el suministro de datos sólidos relacionados con el rendimiento «en términos de sostenibilidad». Debería reforzarse el vínculo con los indicadores de rendimiento de los ODS de las Naciones Unidas y las disposiciones del BEI.

4.2.3.

Se necesitan soluciones tecnológicas para conseguir «datos detallados» de diversa procedencia (hasta la localización geoespacial) y trabajar en la comparabilidad entre países. A su vez, una revisión de la Directiva sobre información no financiera (2014/95/UE) podría contribuir a la divulgación de información normalizada de alta calidad que sea más completa, pertinente y comparable gracias a una metodología armonizada (8), teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima.

4.2.3.1.

La divulgación de la información no financiera debe estar abierta a las pymes, prestándoles asistencia técnica para captar datos clave fácilmente obtenibles (para alimentar los KPI (9)).

4.2.4.

Una taxonomía dinámica de actividades sostenibles: deben valorarse e integrarse las prácticas de mercado que acompañan a los indicadores sólidos de impacto. El CESE subraya la importancia de las pruebas de mercado a la hora de seleccionar los proyectos adecuados (10).

4.2.4.1.

El CESE subraya que es imperativo utilizar metodologías más precisas cuando se disponga de ellas, con miras a desarrollar sistemas de puntuación basados en información fiable proporcionada por las empresas a fin de cumplir todas las normas de productos financieros (etiquetas, bonos verdes y parámetros de sostenibilidad) concebidas en el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles.

4.2.4.2.

Se necesita retroalimentación sobre el proceso de revisión de los cálculos del impacto por parte de los diferentes grupos de redacción de las Naciones Unidas (en particular, en relación con el impuesto sobre el carbono y el comercio de derechos de emisión de carbono, un aspecto clave para obtener parámetros sostenibles fiables).

4.2.5.

El CESE acoge con satisfacción el plan de evaluación de impacto para aumentar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030, cuya publicación está prevista para el verano de 2020, incluido un análisis de las necesidades de inversión. Además, el CESE también insta a que se especifique el impacto relacionado con los progresos en la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el pilar europeo de derechos sociales.

4.2.6.

Las instituciones de auditoría y otros organismos públicos de supervisión, como el Tribunal de Cuentas Europeo, también deben desempeñar un papel complementario en el seguimiento del impacto social de los objetivos de reducción antes mencionados.

4.2.7.

El CESE pone de manifiesto la potencialidad de los macrodatos y de la inteligencia artificial para alinear las preferencias de los inversores finales con el destino de las mismas. También deberían analizarse las soluciones de aprendizaje automático para reorientar las corrientes de inversiones hacia sectores o actividades específicos que incluyan principios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

4.3.   Asistencia técnica

4.3.1.

La anterior creación de capacidades de la CE y del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión constituye una buena base para crear una cartera de proyectos sostenibles, pero deben aplicarse metodologías más sólidas que permitan una reorientación real de los flujos financieros hacia la economía verde.

4.3.2.

El CESE se muestra de acuerdo con la creación de una ventanilla única para facilitar el acceso a la financiación a través de los promotores de proyectos públicos y privados y los intermediarios financieros. En el caso de las pymes, el CESE apoya la colaboración estructural con sus organizaciones representativas.

4.4.   Educación financiera (junto con la asistencia técnica)

4.4.1.

Para los ciudadanos, comenzando en la etapa preescolar: los ciudadanos europeos están cada vez más interesados en que sus ahorros e inversiones tengan relación con objetivos sociales y ambientales. Los conocimientos financieros (una comprensión más profunda del funcionamiento de las finanzas) pueden ser útiles para capacitar a los ciudadanos y conectarlos adecuadamente con las cuestiones de las finanzas sostenibles, incluida la definición del papel adecuado de las finanzas en la sociedad.

4.4.2.

Esto es pertinente para todos los organismos técnicos que participan en el proceso del Pacto Verde y para las organizaciones de la sociedad civil interesadas.

4.5.   Capacidades en materia de sostenibilidad para las empresas

4.5.1.

El CESE subraya que la adopción y la difusión de tecnologías limpias requieren capacidades de aplicación, adaptación y mantenimiento tecnológicos. Las capacidades son también esenciales para las economías y las empresas, los trabajadores y los empresarios, con el fin de adaptarse rápidamente a los cambios provocados por las políticas medioambientales o el cambio climático. Contar con las capacidades adecuadas que requieren los empleos verdes es una condición indispensable para lograr la transición hacia una economía más ecológica.

4.5.2.

El CESE señala que un objetivo clave para adaptarse a la evolución de los puestos de trabajo y las exigencias laborales es que los trabajadores mantengan su formación actualizada con las nuevas capacidades necesarias en la economía verde. Debe existir una estrategia clara sobre prospectiva de capacidades y una hoja de ruta sobre capacidades con el fin de tener —y mantener— una mano de obra preparada para las futuras necesidades industriales, e invertir en educación y formación, así como reforzar la cultura del aprendizaje permanente, debería ser una base para una transición regional justa.

4.6.   Contratación pública socialmente responsable

4.6.1.

La contratación pública socialmente responsable es la base de la transición ecológica por parte de las administraciones, y de la lucha contra la corrupción, incluida la promoción de prácticas responsables a través de los proveedores de servicios.

4.6.2.

El CESE apoya los criterios u objetivos ecológicos mínimos obligatorios para la contratación pública en las iniciativas sectoriales, la financiación de la UE o la legislación específica de los productos utilizando indicadores medioambientales a la luz de los progresos de la taxonomía de la UE. A este respecto, se necesitan sistemas de información y etiquetado medioambiental más holísticos, transparentes y racionalizados, que demuestren el cumplimiento de objetivos sostenibles y estrictos.

4.7.   El Mecanismo para una Transición Justa

4.7.1.

El CESE acoge con satisfacción el MTJ, que tiene un gran potencial para facilitar la transición ecológica en sectores y regiones específicos. Asimismo, señala que no debe limitarse a financiar los procesos de descarbonización y que debería aplicarse en paralelo con los mecanismos de estabilización ad hoc, para beneficiar a otros sectores y regiones que están experimentando situaciones económicas adversas y necesitan reformas estructurales.

4.7.2.

El MTJ representa una combinación equilibrada de subvenciones e instrumentos financieros, entre programas que se gestionan de forma centralizada o compartida, entre diferentes tipos de fuentes de financiación, así como competencias y responsabilidades a varias escalas (de la Unión, nacional, regional y municipal). Por tanto, esta combinación original requerirá un nuevo nivel de gobernanza y gestión.

4.7.3.

El MTJ debería crear nuevos puestos de trabajo de calidad en las regiones afectadas. El CESE señala que la OIT ya ha reconocido que los déficits de capacidades constituyen un importante cuello de botella en una serie de sectores como los de las energías renovables, la eficiencia energética y de los recursos, la renovación energética de edificios, la construcción de edificios cero energía, los servicios medioambientales y el sector manufacturero.

4.7.4.

El CESE defiende una coherencia sólida entre el plan de acción para la economía social previsto en 2021 y el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, con el fin de incluir las inversiones en la economía social dentro de la aplicación del Mecanismo para una Transición Justa.

4.7.5.

El MTJ también debe tener en cuenta los esfuerzos previos de descarbonización realizados desde 1999 por cada país y sus regiones (11), para que también puedan acceder a los fondos y no se les penalice por haber hecho este trabajo con antelación. Para ello, Eurostat debería mejorar la publicación de sus indicadores regionales de convergencia y divergencia (incluidos la pérdida de población y el envejecimiento), a fin de que estos territorios también puedan beneficiarse.

4.8.   Un esfuerzo mundial mediante la cooperación internacional

4.8.1.

El CESE acoge favorablemente la reciente creación de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles (12), que está amplificando la movilización del capital privado hacia una financiación sostenible desde el punto de vista medioambiental a nivel mundial. Este foro también debería utilizarse para impulsar la adopción internacional del régimen de comercio de derechos de emisión.

4.8.2.

El CESE también señala que son necesarias inversiones medioambientales y climáticas para apoyar acciones fuera de la Unión Europea, especialmente en el marco de la Estrategia de la UE para África.

4.8.3.

En el marco de la respuesta global al coronavirus, el CESE respalda firmemente el maratón mundial de donantes, un esfuerzo global por recaudar fondos para diagnósticos, tratamientos y vacunas relacionados con el coronavirus.

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(1)  https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic.

(2)  Next Generation EU de 750 000 millones EUR.

(3)  En concreto, las propuestas de la Comisión Europea para optimizar el uso del presupuesto actual de manera exhaustiva, accesible y flexible, a saber, el Fondo de Solidaridad de la UE, la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (paquetes I y II), y reactivar el Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente, el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD); el programa de compras de emergencia frente a la pandemia del Banco Central Europeo (PEPP), con la ampliación de los activos admisibles y la relajación de los activos de garantía; el papel de las autoridades de supervisión con un tratamiento oportuno de los requisitos financieros reglamentarios; la iniciativa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para crear un fondo de garantía paneuropeo centrado en las pymes; y la Iniciativa de Respuesta a la Crisis del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

(4)  COM(2020) 22 final.

(5)  Ajustes de las normas prudenciales bancarias al objeto de maximizar la capacidad de las entidades de crédito para prestar y absorber pérdidas sin dejar de garantizar en todo momento su resiliencia.

(6)  Dictamen del CESE de 19 de septiembre de 2018 sobre el «Marco financiero plurianual para el período posterior a 2020» (DO C 440 de 6.12.2018, p. 106).

(7)  Para abordar las externalidades positivas.

(8)  Dictamen del CESE, de 17 de octubre de 2018, sobre la Comunicación de la Comisión «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 73).

(9)  Indicadores clave de rendimiento.

(10)  Dictamen del CESE, de 17 de octubre de 2018, sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 131).

(11)  Regiones afectadas por el cierre de sus explotaciones mineras con arreglo a la Decisión 2010/787/UE.

(12)  La Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles fue puesta en marcha el 18 de octubre de 2019 por las autoridades públicas de Argentina, Canadá, Chile, China, India, Kenia, Marruecos y la Unión Europea, que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.