(1)

El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2)

El informe específico de 2020 sobre Bulgaria fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Bulgaria con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) («recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Bulgaria ya no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En años anteriores, a las vulnerabilidades del sector financiero se sumaron un elevado endeudamiento y préstamos dudosos en el sector empresarial. Se ha comprobado que Bulgaria ya no experimenta desequilibrios; esto se debe a que una actuación política coherente y un entorno macroeconómico favorable han reducido aún más el riesgo y las vulnerabilidades.

(3)

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.

(4)

Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)

El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

(6)

Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.

(7)

La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto que es necesario estar preparados ante posibles crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8)

El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Bulgaria a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.

(9)

Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones búlgaras debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las regiones que dependen en gran medida de actividades que implican un contacto cara a cara con los clientes. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales en Bulgaria, lo que agravaría la tendencia ya observada hacia una ampliación de las disparidades entre la capital y el resto del país, y entre las zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.

(10)

El 30 de abril de 2020, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

(11)

Bulgaria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(12)

En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 2,1 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 3,1 % en 2020. Según el Programa de Convergencia de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 20,4 % en 2019, aumentaría hasta el 28,5 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

(13)

En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Bulgaria ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 1,3 % del PIB. Las medidas incluyen un mayor gasto en asistencia sanitaria y servicios de seguridad, así como un régimen de apoyo al empleo para los sectores en dificultades. Por otra parte, Bulgaria ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, y cuyo importe estima el Programa de Convergencia de 2020 en el 0,6 % del PIB. Estas medidas incluyen garantías del Banco de Desarrollo de Bulgaria, de propiedad estatal, y aplazamientos fiscales para los impuestos de sociedades. Globalmente, las medidas tomadas por Bulgaria están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

(14)

Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el déficit de las administraciones públicas búlgaras debería ser del 2,8 % del PIB en 2020 y del 1,8 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

(15)

El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Bulgaria del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Dicho informe indica, tras evaluar todos los factores pertinentes, que se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97.

(16)

El 13 de marzo de 2020, Bulgaria declaró el estado de alarma desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020; posteriormente, lo prorrogó hasta el 13 de mayo de 2020 y, luego, lo remplazó por una situación extraordinaria de epidemia hasta el 14 de junio de 2020. El 6 de abril de 2020, el Parlamento búlgaro adoptó una propuesta de modificación del presupuesto del Estado para 2020 presentada por el Gobierno. El nuevo presupuesto prevé un déficit del presupuesto del Estado de 3 500 millones BGN (2,9 % del PIB), debido al aumento del gasto destinado a las medidas relacionadas con la crisis y a una reducción prevista de los ingresos de 2 400 millones BGN. Se prevé una quintuplicación del límite máximo de la nueva deuda pública, que pasa de 2 200 millones BGN a 10 000 millones BGN. En total, Bulgaria movilizó un paquete financiero de más de 870 millones BGN en el marco de varios programas operativos financiados por los Fondos EIE para el período 2014-2020 a fin de prestar apoyo al sistema sanitario y abordar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.

(17)

En respuesta a la crisis de la COVID-19, Bulgaria introdujo una medida de apoyo al empleo mediante la cual el Estado se compromete a pagar el 60 % de los ingresos de los trabajadores y la correspondiente cotización a la seguridad social durante un período de hasta tres meses, siempre que el empresario pague la diferencia restante y se comprometa a mantener a los trabajadores en activo. El empresario también está obligado a mantener los puestos de trabajo durante, como mínimo, un período equivalente al cubierto por la subvención. Entre las empresas elegibles se incluyen las de los sectores que se han visto directamente afectados por las restricciones impuestas por el estado de alarma. Las empresas de otros sectores que demuestren una pérdida de ingresos de un 20 % durante un determinado período de tiempo en marzo de 2020 en comparación con marzo de 2019 también son elegibles, según lo establecido en el Decreto n.o 55 de 30 de marzo de 2020.

(18)

A fin de aumentar la liquidez en la economía, se amplió el capital del Banco de Desarrollo de Bulgaria en 700 millones BGN. Se destinaron 500 millones BGN para ofrecer garantías de cartera a los bancos para flexibilizar las condiciones de los préstamos a las empresas, mientras que se destinaron 200 millones BGN a garantías de préstamos sin intereses de hasta 4 500 BGN para autónomos o personas a las que su empresa ha impuesto una baja sin sueldo. El Banco de Desarrollo de Bulgaria también aplicará un sistema de garantía de préstamos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) por valor de 100 millones EUR, financiado por el programa operativo «Innovación y Competitividad» en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El gestor del fondo de instrumentos financieros de Bulgaria ha reexaminado su cartera y está adaptando sus instrumentos de apoyo a las empresas a la realidad económica actual. El Banco Nacional de Bulgaria ha introducido un paquete de medidas por valor de 9 300 millones BGN, que tiene por objeto mantener la resiliencia del sistema bancario y aumentar su flexibilidad, a fin de reducir los efectos negativos de las restricciones impuestas a los ciudadanos y las empresas.

(19)

La economía búlgara se ha visto duramente perturbada por la crisis de la COVID-19, que ha afectado tanto a los servicios como a la industria manufacturera. El impacto negativo se vio agravado por la disminución de la demanda y la oferta, así como por las perturbaciones en las cadenas de valor mundiales. Las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la emergencia pueden ayudar a mitigar las consecuencias de la crisis, pero su aplicación rápida y eficaz será clave para preservar el empleo y mejorar la liquidez de las empresas, especialmente de las pymes, así como de los trabajadores independientes. En el proceso de concepción y aplicación de estas medidas debe tenerse en cuenta la resiliencia del sector bancario. En consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020, Bulgaria ha suprimido las prohibiciones de exportación de equipos de protección individual y ha creado «carriles verdes» de controles rápidos en los pasos fronterizos.

(20)

La crisis de la COVID-19 supone una carga adicional para el sistema sanitario de Bulgaria, que ya se caracteriza por una accesibilidad limitada como consecuencia de una financiación pública escasa, una limitada cobertura del seguro de enfermedad, un número de enfermeros reducido, aunque en aumento, y una distribución regional desigual de los trabajadores sanitarios. Por lo tanto, hay margen para reforzar en general la resiliencia, la accesibilidad y la capacidad del sistema sanitario búlgaro. Una mayor atención (general y especializada) en entornos ambulatorios, también a través de consultas a distancia, aliviaría la presión sobre los hospitales, y toda la población debería poder acceder a pruebas y tratamientos, independientemente de su situación respecto al seguro de enfermedad. Debe garantizarse un acceso adecuado a los profesionales de la salud y a sus servicios en todo el territorio, atendiendo a las necesidades de la población. La integración de la asistencia primaria, de larga duración y comunitaria es crucial para las personas de edad avanzada y los grupos más vulnerables.

(21)

En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumente hasta el 7,0 % en 2020 y descienda hasta el 5,8 % en 2021. Desde el principio del estado de alarma, el desempleo ha aumentado rápidamente en los servicios ligados al comercio, el alojamiento y la alimentación y en la industria manufacturera, en las grandes ciudades y entre las personas con educación equivalente o inferior a la enseñanza secundaria. El Gobierno ha tomado medidas para proteger el empleo, en particular sistemas de jornada reducida, que deben aplicarse rápidamente y mejorarse. En cooperación con los interlocutores sociales, el contexto actual justifica un amplio apoyo a los empleadores y trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, para evitar nuevas pérdidas de puestos de trabajo. A fin de responder a los efectos negativos en el mercado de trabajo, deberán reforzarse la capacidad de la Agencia de Empleo y las medidas que esta se encarga de aplicar. Más esfuerzos de activación, capacitación y reciclaje profesional serán fundamentales para que las personas vuelvan a trabajar, al tiempo que se prepara a la población activa para los retos y las oportunidades derivados de la digitalización. La crisis de la COVID-19 también podría tener repercusiones significativas en los trabajadores que tienen un empleo informal y, por lo tanto, un acceso limitado a los servicios sanitarios y la protección social. Unas medidas políticas específicas podrían evitar que aumente la pobreza entre los trabajadores no protegidos y los grupos más vulnerables y mejorar sus medios de subsistencia durante la recuperación.

(22)

La crisis de la COVID-19 afecta de forma desproporcionada a los grupos vulnerables y exacerba los desafíos sociales existentes. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ya era elevado antes de la crisis, especialmente entre los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y la población romaní, y las transferencias sociales solo han reducido la pobreza de forma limitada. La desigualdad de ingresos era una de las más elevadas de la Unión y los sistemas fiscales y de prestaciones estaban entre los que menos conseguían reducirla. La crisis requiere medidas para subsanar las carencias ya detectadas en años anteriores y, en particular, en el régimen de renta mínima, que es uno de los menos adecuados en la Unión para sacar a los destinatarios de la pobreza. Siguen siendo pertinentes cuestiones como garantizar la protección social para todos, incluidos los trabajadores atípicos, los trabajadores por cuenta propia y los hogares con bajos ingresos, garantizar la ayuda a la renta, alimentos y servicios sociales adecuados, así como ofrecer alojamiento de emergencia y apoyo a las personas sin hogar. La reforma de los servicios sociales contribuiría a estabilizar el sistema, mientras que una mayor cooperación entre los servicios sanitarios y sociales permitiría proteger mejor a las personas que no pueden cuidar de sí mismas y a las personas con discapacidad. Muchos hogares romaníes, que ya se encontraban en situación de extrema pobreza antes de la crisis, necesitan servicios de mediación y servicios y apoyo esenciales.

(23)

Una mejora de la prestación de servicios de educación y formación y una población activa más cualificada también respaldarían firmemente la recuperación y fomentarían un crecimiento integrador y sostenible a medio plazo. Todavía hay margen para mejorar la calidad, la pertinencia para el mercado de trabajo y la inclusividad de la educación y la formación en Bulgaria. Bulgaria es uno de los Estados miembros en los que el contexto socioeconómico tiene mayor influencia en los resultados del aprendizaje. La inclusión de la población romaní en la educación sigue siendo un reto, ya que el abandono escolar prematuro es especialmente elevado entre la población romaní y en las zonas rurales. El nivel global de capacidades digitales de la población (de 16 a 74 años), e incluso de los jóvenes (de 16 a 19 años), es bajo. Una mejora de las capacidades digitales, por ejemplo, a través de grados y planes de estudios con mayor componente digital, podría ayudar en la adaptación a los cambios del mercado laboral producidos por la digitalización y a la necesidad de trabajar a distancia en un entorno digital. Al mismo tiempo, todavía hay un 11 % de estudiantes que carecen de ordenadores o de acceso a internet y 2 000 profesores sin ordenadores. Por consiguiente, la actual situación, caracterizada por el aprendizaje a distancia, corre el riesgo de agravar las ya elevadas desigualdades en la educación y la formación, a pesar de las medidas de apoyo recientemente adoptadas. La adopción de nuevas iniciativas para mejorar el conocimiento digital de todos los estudiantes y su acceso a una infraestructura técnica adecuada tendría efectos positivos y duraderos en el acceso a la educación, en particular para los grupos vulnerables, incluida la población romaní y, así, contribuiría a reducir sus elevadas tasas de abandono escolar.

(24)

La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia estratégica de una administración pública eficiente, digital y que funcione correctamente, incluida la sanidad electrónica y la contratación pública electrónica. La Unión ha apoyado las reformas en este ámbito, pero su aplicación progresa con excesiva lentitud, lo que ha afectado negativamente a la eficacia del sector público durante el período de confinamiento. Por lo tanto, Bulgaria va a la zaga en la prestación de servicios electrónicos, y debe fomentarse su adopción por parte de los ciudadanos y las empresas. También será preciso abordar plenamente las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y la seguridad de las infraestructuras críticas. De cara al futuro, una administración pública eficaz será clave para garantizar la aplicación oportuna y eficaz de las medidas de recuperación. Siguen siendo especialmente importante la cooperación y la coordinación en todos los niveles de la administración, también por lo que respecta a las concesiones y los contratos públicos, así como a la vigilancia del mercado. Una mayor previsibilidad y estabilidad reglamentaria, un control efectivo de la aplicación de las políticas y una reducción de la carga administrativa mejorarían el entorno empresarial y fomentarían la inversión, lo que afectaría positivamente a la velocidad de la recuperación.

(25)

Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La crisis de la COVID-19 aumentó la importancia de la digitalización y la innovación, aspectos en los que Bulgaria, y en particular sus pymes, obtiene resultados muy por debajo de la media de la Unión. Un ejemplo significativo de esta cuestión es el espectro que está previsto asignar a las bandas pioneras para la 5G, que no está a la altura de lo necesario para permitir la prestación oportuna y efectiva de servicios 5G. Todavía deben abordarse los problemas ya conocidos del sistema de investigación y educación superior, como la fragmentación, la escasa financiación y la limitada transferencia de conocimientos y tecnología. Al mismo tiempo, Bulgaria es la economía más intensa de la Unión por lo que respecta a los recursos, la energía y la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que tiene importantes necesidades de inversión en los ámbitos de la energía y la descarbonización para facilitar la transición hacia la neutralidad climática, tal como se describe en el Plan Nacional de Energía y Clima de Bulgaria.

(26)

Los esfuerzos de transformación para hacer frente a la elevada intensidad energética de Bulgaria, su dependencia significativa de los combustibles fósiles y su uso ineficiente de la energía y los recursos se encuentran en una fase inicial. El Plan Nacional de Energía y Clima hace hincapié en el compromiso de Bulgaria de descarbonizar su economía a más tardar en 2050 en el contexto del Pacto Verde Europeo, pero también manifiesta la intención de mantener la dependencia de Bulgaria de las fuentes domésticas de lignito hasta 2050 y más adelante. La cobertura y la calidad de las infraestructuras de transporte en Bulgaria sigue por debajo de la media de la Unión y la red transeuropea de transporte sigue incompleta. La red de plataformas multimodales, algunas secciones ferroviarias y de carretera, así como los sistemas europeos de gestión del tráfico ferroviario y los sistemas de transporte inteligentes siguen estando poco desarrollados. Es preciso abordar cuestiones medioambientales importantes, ya que afectan al crecimiento sostenible y han creado riesgos adicionales para la salud durante la crisis de la COVID-19. Bulgaria es uno de los Estados miembros con mayor incidencia de muertes relacionadas con la contaminación, y siguen siendo un reto la gestión de residuos y el cumplimiento de las obligaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Bulgaria a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Bulgaria optimizar el uso de este Fondo.

(27)

Contar con un marco de insolvencia que funcione correctamente será importante para la recuperación de la economía real tras la crisis de la COVID-19, que podría provocar un aumento significativo de las quiebras. Este marco también facilitaría una resolución más rápida de los préstamos dudosos, limitando así su acumulación. Al mismo tiempo, la ineficacia del marco de insolvencia da lugar a procedimientos de insolvencia lentos y costosos. En junio de 2019 se adoptó la hoja de ruta del marco de insolvencia, que detectó lagunas importantes. Bulgaria ha iniciado su aplicación y está preparando medidas de seguimiento, en particular cambios legislativos y actividades de desarrollo de capacidades.

(28)

Bulgaria adoptó varias leyes en 2019 para transponer las Directivas (UE) 2015/849 (7) y (UE) 2018/843 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo (la cuarta y quinta Directivas contra el blanqueo de capitales), cuya aplicación está pendiente. La evaluación nacional de riesgos realizada recientemente pone de manifiesto deficiencias que requieren una mitigación urgente para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aún no se han evaluado adecuadamente los riesgos asociados a la concesión de la ciudadanía por programas de inversión y a los activos virtuales. Es preciso diseñar y ejecutar acciones para que las entidades obligadas apliquen de manera efectiva el marco de lucha contra el blanqueo de capitales. La eficacia de la aplicación y el control del cumplimiento del marco de lucha contra el blanqueo de capitales ha sido limitada, y el uso de la información financiera ha sido insuficiente.

(29)

Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.

(30)

En general, los bancos búlgaros son rentables y están bien capitalizados. A pesar de algunas disminuciones en los últimos años, la ratio de préstamos dudosos brutos y anticipos se mantiene en un 7,2 % en el tercer trimestre de 2019, es decir, entre las más elevadas de la Unión, en particular por parte de las sociedades no financieras y los bancos de propiedad nacional, por lo que sigue siendo importante mantener los esfuerzos para fomentar un mercado secundario de préstamos dudosos operativo. La provisión de préstamos dudosos ha seguido una tendencia decreciente desde finales de 2018, acompañada en ocasiones de provisiones insuficientes para los préstamos dudosos con mucho retraso existentes. La evaluación global realizada por el Banco Central Europeo puso de manifiesto la necesidad de aumentar el capital de dos bancos. La recapitalización se está completando. Una mayor provisión de liquidez por parte de los bancos para mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 y relanzar el crecimiento económico debe ir acompañada de una evaluación del riesgo crediticio y de unas normas de crédito prudentes, unas buenas prácticas de tasación y una notificación precisa de cualquier deterioro de la calidad de los activos.

(31)

La Comisión ha supervisado los avances de Bulgaria en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en el contexto del mecanismo de cooperación y verificación (MCV). Por ello, hasta ahora estos ámbitos no se han contemplado en las recomendaciones específicas para Bulgaria, pero son pertinentes para desarrollar un entorno socioeconómico positivo en el país. El último informe del MCV de octubre de 2019 señalaba que los progresos realizados por Bulgaria son suficientes para cumplir los compromisos asumidos por Bulgaria en el momento de su adhesión a la Unión. Bulgaria ha llevado a cabo una amplia reforma de su marco jurídico de lucha contra la corrupción, aunque necesita un sólido historial de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel para lograr la confianza de la ciudadanía. Además, sigue teniendo que hacer frente a una serie de retos, en particular garantizar la eficacia de las investigaciones judiciales, reequilibrar de la carga de trabajo entre los tribunales y racionalizar las fiscalías locales. Tras concluir el MCV, a escala nacional se encargará del seguimiento de las reformas un consejo de seguimiento a posteriori; a escala de la Unión, el seguimiento se hará en el marco del mecanismo global de Estado de Derecho y, cuando proceda, del Semestre Europeo.

(32)

El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Bulgaria contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.

(33)

En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bulgaria en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Bulgaria, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.

(34)

A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen se refleja (9), en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

3.

4.