12.12.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 426/49

1.

La Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años y comenzó a funcionar de manera autónoma el 16 de noviembre de 2009. En mayo de 2014, el Consejo aprobó un nuevo Reglamento constitutivo y amplió la vigencia de la Empresa Común hasta el 31 de diciembre de 2024 (2).

2.

La Empresa Común constituye una asociación público-privada para la investigación y la innovación en el ámbito de la salud, y sus miembros fundadores son la Unión Europea (UE), representada por la Comisión Europea, y el sector farmacéutico, representado por la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA).

3.

La estructura de gobernanza de la Empresa Común incluye el Consejo de Administración, el director ejecutivo, el comité científico, el grupo de representantes de los Estados, los grupos estratégicos y el foro de interesados.

4.

El Consejo de Administración es el principal órgano rector y está compuesto por diez miembros, que representan a los dos miembros fundadores a partes iguales. Se encarga de las operaciones de la Empresa Común y de la supervisión de sus actividades. El director ejecutivo, por su parte, es el responsable de la gestión ordinaria de la Empresa Común.

5.

El comité científico, el grupo de representantes de los Estados, los grupos estratégicos y el foro de interesados son órganos consultivos. El comité científico está compuesto por científicos expertos pertenecientes a diversos ámbitos de conocimiento, y se encarga de formular recomendaciones al Consejo de Administración. El grupo de representantes de los Estados, compuesto por representantes de los Estados miembros de la UE y de los países asociados a los programas de investigación de la Unión, presenta dictámenes estratégicos al Consejo de Administración. Los grupos estratégicos engloban a representantes de empresas farmacéuticas, la Comisión Europea y el comité científico, y se encargan de coordinar los proyectos de la Empresa Común entre sí y también con los programas de investigación de la UE. Finalmente, el foro de interesados es un evento anual en el que las partes interesadas de la Empresa Común debaten las últimas actividades y planes de la misma.

6.

El objetivo de la Empresa Común es mejorar la salud acelerando el desarrollo de medicamentos innovadores y el acceso del paciente a los mismos, en particular en ámbitos en que existe una necesidad médica o social no satisfecha. Para ello, la Empresa Común fomenta la colaboración entre los intervinientes clave en la investigación para la asistencia sanitaria, es decir, universidades, industrias farmacéuticas y de otro tipo, pequeñas y medianas empresas (pymes), asociaciones de pacientes y autoridades reguladoras de medicamentos.

7.

La contribución financiera máxima de la UE a las actividades del programa IMI1 (2008-2013) no puede superar los mil millones de euros, importe financiado a través del Séptimo Programa Marco (7PM) (3). Las aportaciones de los miembros del sector farmacéutico deben ser iguales a la contribución de la UE.

8.

La contribución financiera máxima de la UE a las actividades del programa IMI2 (2014-2020) será de 1 638 millones de euros, financiados a través del programa Horizonte 2020. Se podrá utilizar un máximo de 1 425 millones de euros de ese importe para igualar la contribución de la EFPIA, y hasta 213 millones de euros se podrán invertir para igualar las contribuciones de otras empresas y universidades que decidan unirse a la Empresa Común, ya sea en calidad de miembros o de socios (4).

9.

La EFPIA contribuirá con un importe de al menos 1 425 millones de euros; otros miembros o socios del programa IMI2 deberán contribuir con recursos correspondientes a los importes que comprometieron en el momento de convertirse en miembros o socios.

10.

Los costes administrativos de la Empresa Común no deberán superar los 85,2 millones de euros y se sufragarán a través de contribuciones financieras divididas anualmente a partes iguales entre la UE y los miembros de la industria (5).

11.

En 2016, el presupuesto de pagos para la Empresa Común fue de 263,4 millones de euros (frente a 195 millones de euros en 2015). A 31 de diciembre de 2016, la Empresa Común contaba con 41 empleados (35 en 2015) (6).

24.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida por el Tribunal.

25.

Teniendo en cuenta los créditos de pago que no se utilizaron en los ejercicios anteriores (54,1 millones de euros), el presupuesto final de 2016 disponible para la ejecución de los programas 7PM y Horizonte 2020 incluía 307 millones de euros en créditos de compromiso y 263,4 millones de euros en créditos de pago. Los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pagos se situaron en un 94,1 % y en un 69,6 %, respectivamente. Este bajo porcentaje de ejecución de los créditos de pagos se debió principalmente a una reducción de los gastos para el programa Ébola+ y a retrasos en los acuerdos de subvención celebrados para las convocatorias de Horizonte 2020.

26.

Al final de 2016, de los mil millones de euros de fondos 7PM recibidos, la Empresa Común había contraído compromisos por valor de 966 millones de euros y efectuado pagos por valor de 648 millones de euros. El elevado nivel de pagos pendientes de 318 millones de euros (32 %) se debió principalmente al inicio tardío de las actividades del programa 7PM durante los primeros años de la Empresa Común.

27.

Al final de 2016, de los mil millones de euros en contribuciones que debían aportar los miembros de la industria para las actividades de la Empresa Común, esta había validado contribuciones en especie y en efectivo por un valor de 403 millones de euros. Los miembros habían notificado a la Empresa Común un importe de 103 millones de euros adicionales en contribuciones en especie.

28.

De este modo, al final de 2016, la suma de las contribuciones en especie y en efectivo de los miembros de la industria alcanzó 506 millones de euros, frente a los 728 millones de euros aportados por la UE para las actividades 7PM de la Empresa Común.

29.

Al final de 2016, de los 1 638 millones de euros de fondos Horizonte 2020 recibidos, la Empresa Común había contraído compromisos por valor de 515 millones de euros (31 %) y efectuado pagos por valor de 111 millones de euros (7 % de los fondos asignados) para ejecutar la primera tanda de proyectos. El bajo nivel de pagos se debió principalmente a retrasos en las negociaciones de los acuerdos de Horizonte 2020 con los socios industriales.

30.

Al final de 2016, de los 1 638 millones de euros en contribuciones en especie y en efectivo que debían aportar los miembros de la industria para las actividades de la Empresa Común, dichos miembros habían comunicado la aportación de 83,8 millones de euros, de los que 47,2 millones fueron validados por el director ejecutivo.

31.

Por consiguiente, al final de 2016, las contribuciones totales de los miembros de la industria a las actividades de Horizonte 2020 ascendían a 83,8 millones de euros, frente a la contribución en efectivo de 135 millones de euros aportada por la UE.

32.

La Empresa Común ha establecido procedimientos de control ex ante eficaces, basados en comprobaciones documentales financieras y operativas, y realiza auditorías ex post a las declaraciones de gasto de las subvenciones del programa 7PM. Estos controles constituyen instrumentos clave para evaluar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, incluidas las contribuciones en especie y en efectivo a la Empresa Común de los otros miembros. El porcentaje de error residual de las auditorías ex post notificado en el informe anual de actividad de 2016 de la Empresa Común fue del 1,67 % (10).

33.

Al final de 2016 (el tercer año de la ejecución de Horizonte 2020), la Empresa Común había integrado solo parcialmente sus sistemas de control con las herramientas comunes de gestión de las subvenciones y de seguimiento de la Comisión para Horizonte 2020.

34.

La Empresa Común sufrió retrasos en el abono de pagos a los beneficiarios (universidades, organizaciones de investigación y pymes), lo que denota insuficiencias en los procesos de control interno y de seguimiento en los informes de los proyectos y las declaraciones de gastos relacionadas, situación que repercute negativamente en la eficiencia de la ejecución de los proyectos.