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A este respecto, el demandante alega que se ha vulnerado el derecho a una buena administración garantizado en el artículo 41, apartados 1 y 2, letras a) y c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), dado que, en su opinión, el demandado no actuó con la diligencia que se le requiere de examinar de modo riguroso e imparcial todos los hechos relevantes del caso del demandante.

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Sobre este particular, el demandante alega que se ha vulnerado el derecho de propiedad que se le garantiza en el artículo 17, apartado 1, de la Carta y en el artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Protocolo no 1), en la medida en que, como resultado de la vulneración del derecho a una buena administración, los actos impugnados que limitan su derecho de propiedad se adoptaron sin base jurídica alguna y contraviniendo las condiciones establecidas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.