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El demandante alega que con arreglo al artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sólo se podrán adoptar medidas restrictivas por iniciativa conjunta de la Comisión y del Alto Representante. Las Decisiones y los Reglamentos impugnados fueron adoptados por el Consejo actuando por sí solo y, por tanto, adolecen de incompetencia.

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El demandante alega que el motivo dado para su inclusión en el Anexo II es demasiado impreciso para satisfacer los requisitos establecidos por la jurisprudencia con respecto a la obligación de motivación. Para cumplir la obligación de motivación, el Consejo debería haber determinado los elementos concretos y específicos que caracterizaban la existencia de un apoyo efectivo dado por el demandante al Gobierno de Irán o a las actividades nucleares de Irán que crean un riesgo de proliferación. Por consiguiente, las Decisiones y los Reglamentos impugnados adolecen de una falta de motivación.

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El demandante sostiene que, en primer lugar, en la medida en que adolecen de una falta de motivación, las Decisiones y los Reglamentos impugnados vulneran su derecho de defensa. En segundo lugar, la ilegalidad de las Decisiones y los Reglamentos impugnados afecta al presente procedimiento, dado que, por una parte, dificulta la posibilidad de que el demandante se defienda y, por otra parte, disminuye la capacidad del Tribunal General para llevar a cabo el control de la legalidad de las Decisiones y los Reglamentos impugnados. De ello se desprende que se vulnera el derecho del demandante a un recurso judicial efectivo. En tercer lugar, en la medida en que el demandante se ha visto privado de su derecho de defensa y dado que la capacidad del Tribunal General para llevar a cabo el control de la legalidad de las Decisiones y los Reglamentos impugnados en relación con las medidas de congelación de fondos —que, por su propia naturaleza, son «especialmente opresivas»— queda menoscabada, se impuso al demandante una restricción injustificada de su derecho a la propiedad.

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El demandante alega que el Consejo no aportó las pruebas y la información en las que se basó al adoptar las Decisiones y los Reglamentos impugnados.

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El demandante alega que, contrariamente a lo que se declara en las Decisiones y los Reglamentos impugnados, él ya no era Director Adjunto de la Organización de la Energía Atómica en las fechas respectivas de su inclusión en la lista de personas y entidades comprendidas dentro del ámbito de las medidas restrictivas. Por tanto, el Consejo incurrió en un error de hecho al incluir en la lista al demandante basándose únicamente en que en la fecha de las Decisiones y los Reglamentos impugnados él era el Director Adjunto de la Organización de la Energía Atómica.

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El demandante sostiene que la letra b) del artículo 20 no es aplicable per se a individuos que tienen cargos directivos en una entidad incluida en el Anexo VIII. Además, el artículo 20, letra b) establece que se incluirá en la lista a aquellos individuos «que se dediquen, estén directamente vinculad[o]s o presten apoyo a las actividades nucleares de Irán relacionadas con la proliferación». Al incluir al demandante en el Anexo II sin aportar ninguna prueba de que el demandante estuviese prestando un apoyo activo y efectivo a las actividades nucleares de Irán en el momento de su inclusión en el Anexo II, el Consejo incurrió en un error de Derecho.

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El demandante sostiene que en el presente asunto ningún objetivo de interés general puede justificar la imposición de medidas tan estrictas a individuos que hayan tenido aunque sólo sea durante un breve período un cargo directivo en la AEOI. Asimismo, aun cuando se considerase que las medidas estaban justificadas por un objetivo de interés general, todavía podrían ser objeto de crítica por no respetar una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el objetivo perseguido.