17.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 369/1

1.

La Empresa Común Artemis, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

Su misión principal consiste en definir y ejecutar un «programa de investigación» para el desarrollo de tecnologías clave destinadas a sistemas de computación empotrados en diferentes ámbitos de aplicación, con el fin de reforzar la competitividad y la sostenibilidad europeas y propiciar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones sociales (2).

3.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, algunos Estados miembros de la UE (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, Finlandia, Suecia y el Reino Unido), y Artemis-IA, una asociación que representa empresas y otras organizaciones de investigación activas en el ámbito de los sistemas de computación empotrados en Europa. En 2009, la República Checa, Chipre, Letonia y Noruega se convirtieron también en miembros de la Empresa Común.

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común, destinada a cubrir los costes de funcionamiento y las actividades de investigación, asciende a 420 millones de euros financiados con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco (3). La asociación Artemis-IA contribuye a sufragar estos costes con un máximo de 30 millones de euros. Los Estados miembros de la Empresa Común lo hacen en especie (facilitando la ejecución de los proyectos), además de aportar, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces la contribución de la UE. Las organizaciones de investigación que participan en los proyectos también tienen que contribuir en especie.

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 26 de octubre de 2009.

6.

El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones de las operaciones de la Empresa Común y una evaluación de los controles clave de los sistemas de control y supervisión, complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

7.

De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal ha fiscalizado:

8.

De conformidad con los artículos 33 y 43 del Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión (6), la dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las cuentas anuales de la Empresa Común, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

9.

El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo (8), basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas normas exigen que el Tribunal planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas anuales de la Empresa Común estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

10.

Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas, y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Del criterio profesional del auditor depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de las exigencias del marco legal de la Unión Europea en las operaciones subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de control y supervisión aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas, del carácter razonable de las estimaciones contables y de la presentación general de las cuentas.

11.

El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo de su declaración de fiabilidad.

12.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2012, así como los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería del ejercicio finalizado en dicha fecha, con arreglo a las disposiciones de su reglamento financiero y las normas de contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión.

13.

La estrategia de auditoría ex post  (9) de la Empresa Común fue adoptada por decisión del Consejo de Administración de 25 de noviembre 2010 y constituye un instrumento clave (10) para valorar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Los pagos efectuados en 2012 relativos a los certificados de aceptación de los costes emitidos por las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros ascendieron a 7,3 millones de euros, lo que representa el 43 % del total de pagos por operaciones.

14.

La auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos ha sido delegada a las autoridades financieras nacionales. Los acuerdos administrativos firmados con dichas autoridades no prevén medidas concretas para las auditorías ex post.

15.

La Empresa Común recibió informes de auditoría de las autoridades financieras nacionales relativos a aproximadamente el 45 % de los costes relacionados con los proyectos terminados, pero no evaluó la calidad de dichas auditorías. Asimismo, antes de finales de abril de 2013, esta Empresa Común no había recibido información sobre las estrategias de auditoría de todas las autoridades financieras nacionales (11), por lo que no se encontraba en condiciones de evaluar si las auditorías expost ofrecían garantías suficientes sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (12).

16.

La información disponible sobre la ejecución de la estrategia de auditoría ex post de esta Empresa Común no es suficiente para que el Tribunal concluya que este control clave funciona eficazmente.

17.

En opinión del Tribunal, salvo los posibles efectos de la cuestión descrita en el fundamento de la opinión con reservas de los apartados 13 a 16, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2012 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

18.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

19.

Contrariamente a lo dispuesto en su propio Reglamento Financiero (13), el presupuesto de la Empresa Común publicado en 2012 no mostraba créditos de pago disociados para los gastos operativos.

20.

El presupuesto de la Empresa Común de 2012 contenía créditos de compromiso operativos por un total de 55,1 millones de euros. Al final del ejercicio, el Consejo de Administración decidió reducir los créditos operativos a 39,5 millones de euros, pero no siguió el procedimiento dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Financiero (14) de la Empresa Común.

21.

Los porcentajes de ejecución para A) créditos de compromiso operativos (tras la reducción de los créditos operativos), B) créditos de pago operativos y C) créditos de pago para gastos administrativos fueron los siguientes:

22.

Las estimaciones de la ejecución presupuestaria del gestor de programas para finales de 2012 y los pagos efectivos de las diferentes convocatorias fueron los siguientes:

Las cifras anteriores muestran un escaso porcentaje de ejecución presupuestaria debido principalmente a la complejidad del proceso financiero de cierre de los proyectos.

23.

El Reglamento del Consejo por el que se crea la Empresa Común preveía un presupuesto máximo de 410 millones de euros destinados a cubrir los gastos operativos. El importe real de ejecución junto con el valor previsto de las convocatorias de propuestas representan 206 millones de euros (15), o sea, solo el 50,2 % del presupuesto total.

24.

En 2012, la Empresa Común intensificó sus esfuerzos para implantar y ejecutar procedimientos de control eficaces, tanto financieros y contables como de gestión. No obstante, tal y como recogió el informe del Tribunal de 2011, hay que seguir trabajando particularmente en el terreno de las normas de control interno (16) y de la verificación financiera de las declaraciones de gastos (17).

25.

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento por el que se crea la Empresa Común, esta tiene la obligación de crear una estructura de auditoría interna. Sin embargo, este importante elemento de control interno no existía todavía al final de 2012.

26.

La carta de competencias del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 25 de noviembre de 2010, pero el Reglamento Financiero de la Empresa Común todavía no ha sido modificado para integrar en él las disposiciones del Reglamento marco relativas a las atribuciones del auditor interno de la Comisión.

27.

El Séptimo Programa Marco (VII PM) establece un sistema de supervisión y notificación que abarca la protección, la divulgación y la transferencia de los resultados de investigación.

28.

En los acuerdos de subvención firmados con los beneficiarios, la Empresa Común incluyó disposiciones específicas para regular los derechos de propiedad intelectual y la divulgación de los resultados de investigación. Asimismo, supervisará la aplicación de dichas disposiciones en diferentes etapas de los proyectos financiados.

29.

Sin embargo, tiene todavía que mejorar el modo de notificar los resultados de esta supervisión a fin de cumplir plenamente las disposiciones del artículo 7 de la Decisión no 1982/2006/CE (18) y del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1906/2006 (19).

30.

La declaración de fiabilidad incluida por el director ejecutivo en el informe anual de actividad de 2012 contenía una reserva sobre la estrategia de auditoría ex post, pero la información contenida en la reserva no es suficiente para determinar la ejecución de dicha estrategia. El principal motivo de preocupación reside en que la Empresa Común no ha analizado las estrategias de auditoría de las agencias de financiación nacionales ni sus informes de auditoría (véanse los apartados 13 a 17).

31.

En 2012, la Empresa Común continuó avanzando en la formalización de políticas de seguridad. No obstante, es preciso seguir trabajando para terminar el plan de recuperación en caso de siniestro (20).