16.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 368/24

1.

La Empresa Común Europea para el ITER (1) y el desarrollo de la energía de fusión se estableció en marzo de 2007 (2) por un período de 35 años. Mientras que las principales instalaciones de fusión se implantarán en Cadarache, en Francia, la sede de la Empresa Común se halla en Barcelona.

2.

Los objetivos de la Empresa Común son los siguientes (3):

3.

Los miembros de la Empresa Común son la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), representada por la Comisión Europea, los Estados miembros de Euratom y los terceros países que hayan celebrado un acuerdo de cooperación con Euratom en el campo de la fusión nuclear controlada y que hayan manifestado su deseo de convertirse en miembros (a 31 de diciembre de 2010, Suiza).

4.

Cuando se fundó la Empresa Común, los recursos totales indicativos considerados necesarios para el período 2007-2041 ascendieron a 9 653 millones de euros. La contribución total de Euratom se fijó en 7 649 millones de euros, de los cuales un máximo del 15 % se destinó a los gastos administrativos. Otros recursos consisten en contribuciones del Estado anfitrión de ITER (Francia), las contribuciones anuales de los miembros, contribuciones voluntarias de miembros no incluidos en Euratom y recursos adicionales que se recibirán según lo dispuesto por el Consejo de Administración. El Tribunal reitera que es necesario aumentar de manera sustancial los recursos destinados al proyecto ITER (véanse los apartados 27 a 29).

5.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (5) de la Empresa Común para el ITER, que comprenden los «estados financieros» (6) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (7) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

6.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (8).

7.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose al Reglamento financiero de la Empresa Común, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (9), y es responsable asimismo de la implantación (10) de la estructura organizativa y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (11) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

8.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Empresa Común y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

9.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (12). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

10.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones significativas u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno que incide en la preparación y presentación de las cuentas por la entidad con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección, y la presentación general de las cuentas.

11.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

12.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero.

13.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Empresa Común ITER correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

14.

El contenido de las observaciones que se exponen a continuación no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

15.

El presupuesto final incluía créditos de compromiso y de pago por valor de 444,1 millones de euros y 241,7 millones de euros, respectivamente. Las prórrogas de 2009 ascendieron a 106,8 millones de euros de créditos de compromiso y 52,2 millones de euros de créditos de pagos (principalmente créditos procedentes del Estado anfitrión del ITER y asignados a la construcción del ITER). El porcentaje de utilización de los créditos de pago fue solo del 63,4 % (13) debido a los retrasos en la ejecución de las actividades, lo que también se refleja en el elevado saldo de tesorería, que ascendió a 78,8 millones de euros al final del ejercicio (26,8 % de los créditos de pago disponibles en 2010).

16.

En sus dos informes anuales específicos anteriores, el Tribunal de Cuentas señaló que los sistemas de control interno de la Empresa Común no habían sido implantados y aplicados plenamente, como dispone su Reglamento financiero (14). De manera similar, el 31 de mayo de 2010 el auditor interno de la Empresa Común emitió un informe sobre los circuitos financieros en el que expresaba su preocupación sobre estos, así como sobre la separación de funciones.

17.

En respuesta, el Consejo de Administración aprobó en junio de 2010 un plan de mejora de gestión y, en octubre, una propuesta para cambiar la estructura organizativa. La nueva estructura (15) entró en funcionamiento el 1 de enero de 2011.

18.

Pese a estos cambios, la responsabilidad de los circuitos financieros todavía no se había atribuido en el momento de la auditoría (abril de 2011), y continuaban vacantes puestos clave (16) (por ejemplo, el jefe del departamento ITER, el jefe de la Administración y el jefe de la unidad de Presupuesto y Finanzas).

19.

Aunque los sistemas financieros y contables (ABAC y SAP) utilizados por la Empresa Común son propiedad de la Comisión y han sido validados por el contable, los demás procesos empresariales que aportan información financiera todavía no han sido validados. Como se menciona en el Informe Anual del Tribunal de 2009 (17), todavía no se ha implantado un instrumento adecuado para la gestión de contratos operativos (contratos ABAC o similares), integrados con el presupuesto y los sistemas de información financiera.

20.

El Tribunal verificó una muestra de nueve procedimientos de contratación pública y seis procedimientos de adjudicación de subvenciones. En tres de los nueve procedimientos examinados, la Empresa Común solo había recibido una oferta. En cuanto a las subvenciones, la media de propuestas recibida era de una por convocatoria. Pese a reconocer que la Empresa Común opera en un ámbito industrial altamente especializado, el Tribunal recomienda que prosiga sus estuerzos para conseguir la máxima competencia y que aplique el principio de la optimización de recursos en las fases de preparación de la convocatoria, publicación, evaluación y gestión de contratos.

21.

Los controles aplicados por la Empresa Común antes de efectuarse los pagos correspondientes a los acuerdos de subvención no están suficientemente documentados para ofrecer garantías del cumplimiento de los requisitos financieros y de la subvencionabilidad de los costes subyacentes (18).

22.

El Tribunal acoge de buen grado el hecho de que la Empresa Común haya comenzado a desarrollar una estrategia de auditoría ex post que se aplicará en 2012. Esta estrategia constituye un control clave destinado a evaluar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes y debería aplicarse cuanto antes. También debería abarcar las subvenciones y los contratos operativos adjudicados.

23.

En 2008 y 2009, el Tribunal observó que una serie de miembros de la Empresa Común no pagaban sus contribuciones en la fecha fijada por el Consejo de Administración. En 2010, el plazo era el 31 de mayo, pero solo catorce de los veintiocho miembros pagaron puntualmente.

24.

El Tribunal señalaba en su Dictamen no 4/2008 que el Reglamento financiero de la Empresa Común no se refiere a las competencias del auditor interno de la Comisión para practicar auditorías en la Empresa. Aunque todavía no se ha modificado el mencionado Reglamento financiero para incluir las competencias del auditor interno de la Comisión (19), esta y la Empresa Común han tomado medidas para garantizar que se definan con claridad las competencias operativas respectivas del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y de la función de auditoría interna de la Empresa Común.

25.

En su Dictamen no 4/2008 el Tribunal también señalaba que, debido al volumen del presupuesto y a la complejidad de las tareas desempeñadas por la Empresa Común, consideraba que esta debía establecer un comité de auditoría que dependiera directamente del Consejo de Administración (20).

26.

El acuerdo de sede, privilegios e inmunidades entre el Reino de España y la Empresa Común firmado el 28 de junio de 2007 establece que se pondrían a disposición de la Empresa Común locales permanentes a más tardar en los tres años siguientes a la firma del acuerdo. En el momento de la auditoría, los locales permanentes todavía no se habían puesto a disposición de la Empresa Común.

27.

En mayo de 2010, la Comisión publicó una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación del proyecto ITER (21) en la que estimaba que se necesitarían alrededor de 1 400 millones de euros para hacer frente a los incrementos de costes en la contribución de Euratom al ITER en 2012 y 2013.

28.

En julio de 2010, la Comisión presentó una propuesta para modificar el actual marco financiero plurianual y cubrir las necesidades financieras adicionales para 2012 y 2013 (22). El Parlamento Europeo y el Consejo no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta. En el momento de la auditoría (abril de 2011), la financiación de la contribución de la UE al proyecto ITER continuaba sin resolverse.

29.

El Tribunal observa que estas situaciones pueden afectar de manera significativa a las actividades y al presupuesto de la Empresa Común y eventualmente retrasar la contribución de Euratom a la fase de construcción del proyecto ITER.