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al adoptar la Decisión impugnada la Comisión no se aseguró de que se aplicara efectivamente el Derecho de la Unión Europea, pasando por alto, por lo tanto, el mandato del interés general dominante al que se halla sujeto el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, ignorando al mismo tiempo las normas que ella misma se impuso, contenidas en la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de competencia, y la jurisprudencia pertinente;

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la Comisión ha incumplido sus obligaciones con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia, ya que no intervino cuando una «Autoridad de competencia nacional alarga indebidamente el procedimiento», lo cual se produjo cuando expiró el plazo de dos años establecido por la normativa de Eslovenia sin que la Autoridad de competencia nacional hubiese ni siquiera remitido el pliego de cargos definitivo. Además, la Comisión pasó por alto la prueba que demostraba sobradamente que es la autoridad «mejor situada» para pronunciarse sobre los motivos de la acción controvertida. En las circunstancias de que se trata es altamente improbable que la Autoridad de competencia eslovena «pueda poner fin a la infracción» de una manera y en un tiempo razonables. Por el contrario, en el asunto objeto de examen, resulta patente que «la aplicación por la Comisión de las disposiciones de Derecho comunitario […] puede […] redundar en una mayor eficacia».

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la demandante considera que la facultad discrecional de la Comisión al decidir si ejerce su competencia de acuerdo con la jurisprudencia Automec no es absoluta. A tal fin, la demandante ha presentado abundante prueba que demuestra la existencia de un «interés comunitario» en que la Comisión ejerza su competencia en relación con las reclamaciones de Si.mobil, que la Comisión ha pasado indebidamente por alto. Además, la Comisión ha infringido sus propias Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes (DO 2009, C 45, p. 7), ya que con respecto a ambos tipos de infracciones del Derecho de la competencia (compresión de márgenes y precios predatorios) que afectan a la demandante se prevé en el documento antes mencionado que su control será prioritario para la Comisión, y existe un creciente interés en aclarar las formas cómo la Comisión aplica tales doctrinas, especialmente en el sector de la telefonía móvil en el que aún deben determinarse tales precedentes.