6.8.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/89

A.

Considerando que sigue siendo necesaria una política de cohesión europea global debido a la persistencia de grandes desigualdades y problemas estructurales específicos en numerosas regiones europeas, situación que se ha agravado tras la reciente ampliación de la Unión,

B.

Considerando que la política de cohesión de la UE sigue siendo un pilar fundamental en el proceso de integración europeo, y desempeña un papel activo en la reducción de las disparidades y de los déficit de desarrollo,

C.

Considerando la clara relación que existe entre la subida del euroescepticismo y el aumento de las desigualdades territoriales en y entre las regiones, lo que demuestra la necesidad de una cohesión económica, social y territorial para reforzar la convergencia y asentar la legitimidad de la Unión Europea, siendo por lo tanto indispensable una política regional visible in situ; considerando que las autoridades regionales y locales y los actores locales deben desempeñar un cometido central en la aproximación de las actividades de la UE a los ciudadanos y en la aplicación de la política regional, cuyos logros deberían divulgarse mejor,

D.

Considerando que, visto su valor añadido, la política de cohesión ofrece a todas las regiones beneficios concretos en términos de empleo de larga duración y niveles de vida más altos para las poblaciones locales, principalmente a las regiones más retrasadas y contribuye al fortalecimiento de la competitividad y de las capacidades administrativas y a una gestión descentralizada; y que, por lo tanto conviene rechazar cualquier intento de vuelta a la nacionalización de esta política,

E.

Considerando que el Tratado de Lisboa, aprobado por los Jefes de Estado y de gobierno el pasado 18 de octubre de 2007 y firmado el 13 de diciembre de 2007, confirma que la cohesión territorial es, junto con la cohesión económica y social, uno de los objetivos fundamentales de la Unión,

F.

Considerando que en el futuro se deben garantizar más recursos financieros para la política de cohesión la política de cohesión con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos anticipados, que tienen un importante impacto territorial, como el cambio demográfico, la concentración urbana, la segregación, los desplazamientos migratorios (que son particularmente problemáticos para las zonas rurales y periféricas), la adaptación a la globalización, el cambio climático y el suministro energético y el lento proceso de recuperación de las zonas rurales; que estos desafíos sólo pueden abordarse si se reconoce en el futuro la gran importancia de la política de cohesión para este fin;

1.

Acoge favorablemente este informe, más detallado que los anteriores, en cuanto que se basa en indicadores diversos y contiene datos comparativos muy útiles de otros países como los Estados Unidos, Japón, China y la India, lo que refleja el contexto internacional en el que operan las economías de la UE;

2.

Lamenta sin embargo la falta de datos cruzados y datos comparables de los diferentes niveles NUTS, que permitirían una mejor apreciación de la sostenibilidad del crecimiento y de la convergencia; solicita por lo tanto unas mejores herramientas estadísticas, por ejemplo indicadores distintos del PIB por habitante, que fueron utilizados con éxito en el Cuarto informe sobre la cohesión, para medir mejor el grado de cohesión económica, social y territorial in situ, la contribución de las acciones locales a la política de cohesión de la Unión, y para ello considera necesario un refuerzo de las capacidades del Observatorio en red de la ordenación territorial europea (ESPON);

3.

Señala los retrasos en la absorción de los créditos de los Fondos Estructurales en los Estados miembros y pide medidas para mejorar la situación; observa no obstante que es demasiado temprano para evaluar los resultados de la política de cohesión en los nuevos estados miembros; acoge con satisfacción todos los esfuerzos para mejorar la efectividad de la política de cohesión y reducir la excesiva burocracia y pide una evaluación sistemática de esta política; reitera su apoyo incondicional a la «Iniciativa Europea en favor de la Transparencia» de la Comisión, que identificará a los receptores de financiación estructural a partir de 2008;

4.

Se congratula de que los antiguos países beneficiarios de la política de cohesión, a saber Grecia, España, Portugal e Irlanda, se hayan recuperado de manera impresionante y hayan registrado una tasa de crecimiento considerable durante el período 2000-2006, pero recuerda que, a pesar de su crecimiento, persisten importantes desequilibrios entre sus regiones y problemas estructurales profundos sin solventar;

5.

Expresa su satisfacción por la elevada tasa de crecimiento registrada en los nuevos Estados miembros, pero comprueba que la convergencia económica de éstos sólo puede preverse a medio o largo plazo y que será un largo proceso, debido al bajo nivel de PIB por habitante en algunos de esos países;

6.

Se felicita de que la Comisión haya reafirmado el importante papel que desempeña la política de cohesión en el refuerzo de la capacidad de todos los Estados miembros de la UE para desarrollar armoniosamente y crear puestos de trabajo nuevos y viables, tal y como ponen de manifiesto los excelentes resultados de la política de cohesión en muchas de las regiones del objetivo 2;

7.

Muestra su preocupación por el hecho de que la convergencia entre los países puede ocultar un aumento de las disparidades entre las regiones y dentro de las regiones; constata además que dichas disparidades regionales e infrarregionales pueden observarse en varios ámbitos, como el empleo, la productividad, las rentas, los niveles de educación, la capacidad de innovación; subraya también el papel de la cooperación territorial para contribuir a superar estos problemas;

8.

Subraya por ejemplo que la competitividad regional depende en gran medida de la productividad, de la accesibilidad de los mercados y de los niveles de formación de la mano de obra, que varían bastante más de una región a otra que de un Estado a otro; toma nota asimismo de que los factores institucionales se consideran cada vez más elementos clave de la competencia, comprendiendo tales factores la inyección de capital social en forma de cultura empresarial y normas comunes de comportamiento que faciliten la cooperación y la actividad empresarial, así como la eficiencia de la administración pública;

9.

Comprueba en ese sentido que determinadas regiones desarrolladas e incluso algunas regiones menos desarrolladas empiezan a acumular múltiples problemas con un gran impacto territorial en su potencial de desarrollo: bajas tasas de crecimiento económico, descenso de la productividad y del empleo o envejecimiento de la población;

10.

Observa que, si bien unas tasas de crecimiento elevadas han permitido que en algunos Estados miembros de la UE se registre el pleno empleo y aumente el PIB por habitante, en otros países las diferencias entre los distintos grupos sociales han aumentado por lo que no debe olvidarse que la integración social es un elemento necesario para los sectores más vulnerables de la población;

11.

Subraya la escasa convergencia en los niveles de educación y un verdadero abismo educativo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, donde el 29 % de las personas de 25 a 64 años de edad tiene un título universitario, frente al 16 % en la Unión Europea; observa sin embargo que la proporción de personas diplomadas de la enseñanza superior aumenta más rápidamente entre las mujeres que entre los hombres;

12.

Recuerda la importancia de integrar la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades y las necesidades especiales de las personas con discapacidad y de las personas mayores en cada fase de la ejecución de los proyectos de la política de cohesión;

13.

Hace hincapié en el efecto de polarización de las regiones-capitales, un fenómeno particularmente observable en los nuevos estados miembros, que han generado un promedio del 32 % del PIB de su país, mientras que representan al 22 % de la población; observa que esta polarización puede conllevar grandes desigualdades en las tasas de desempleo de los centros de las ciudades;

14.

Observa que el proceso incontrolado de urbanización puede crear desequilibrios demográficos, económicos, sociales, de transporte y medioambientales en un espacio limitado y dar lugar a la creación de barrios suburbanos y a una despoblación de las zonas rurales alejadas de las ciudades; pide, por consiguiente, a la Comisión que aborde específicamente este problema presentando propuestas concretas;

15.

Subraya las desigualdades regionales desde el punto de vista de la accesibilidad y de la comunicación entre el centro y la periferia, que son el resultado de desventajas geográficas y estructurales, inversión insuficiente en infraestructura de transportes, así como la falta de diversificación de de potenciales lazos de transporte; señala en particular los obstáculos sustanciales en la accesibilidad de las regiones montañosas e insulares, así como de las regiones periféricas y ultraperiféricas que están muy lejos de la Europa continental; subraya la necesidad de elaborar medidas para estimular el potencial regional, el atractivo y el desarrollo sostenible de estas regiones;

16.

Expresa su gran sorpresa por la declaración de la Comisión en el Cuarto informe sobre la cohesión de que la insularidad no parece ser por sí misma un importante obstáculo al desarrollo y toma nota de la profunda decepción de los habitantes isleños por tal declaración, pues ellos constatan a diario las consecuencias negativas y las dificultades de la insularidad;

17.

Subraya las enormes diferencias entre Estados en cuanto a cantidades invertidas en la investigación y el desarrollo, y observa importantes desigualdades regionales en materia de innovación que, en el Cuarto informe sobre la cohesión, se miden con un útil indicador de rendimiento regional al respecto;

18.

Comparte la opinión de la Comisión sobre el efecto de palanca de la política de cohesión para la Estrategia de Lisboa, conseguido al orientar la inversión pública hacia proyectos que favorecen la creación de una estructura económica dinámica, generadora de crecimiento y propicia para la innovación que descanse en las sinergias resultantes de una armonización más eficiente de las políticas y programas;

19.

Deplora que el potencial de innovación de las pequeñas empresas, las microempresas y las empresas artesanales no se haya tenido debidamente en cuenta en la aplicación de la política de cohesión, a pesar de haber sido así previsto; reclama, por consiguiente, la aplicación de una política activa en apoyo de todas las formas de innovación en esas empresas y anima asimismo a la Comisión a crear posibilidades de cooperación mutua entre las empresas, el sector público, las escuelas y universidades para crear núcleos regionales de innovación de conformidad con la Estrategia de Lisboa;

20.

Constata que el efecto de palanca del apoyo estructural se puede aumentar mediante el recurso a la cofinanciación privada; pide la rápida introducción de normas transparentes y soluciones estándar para las colaboraciones público-privadas, que permitirán a las regiones recurrir al capital privado para objetivos públicos;

21.

Recuerda que el respeto del principio de la liberación de oficio de los créditos es fundamental para alentar la financiación y la rápida realización de los proyectos por parte de las autoridades de gestión; insiste en que debe respetarse el principio de la norma N + 2 (y N + 3 en los nuevos Estados miembros durante los tres primeros años del marco financiero 2007-2013);

22.

Recuerda que los retrasos en la ejecución de la política estructural se deben, entre otras cosas, a la excesiva rigidez de los procedimientos y que, en consecuencia, cabe reflexionar sobre la simplificación de dichos procedimientos y sobre un reparto claro de las responsabilidades y las competencias entre la UE y los Estados miembros;

23.

Observa que, para el período de programación 2007-2013, el sistema de señalización de los créditos orientará el 64 % de los recursos destinados al objetivo 1 (convergencia) y el 80 % de los recursos destinados al objetivo 2 (competitividad y empleo en las regiones) hacia la innovación, lo que representa un aumento de 55 000 millones de euros con respecto al período anterior; observa que el aprovechamiento de estos créditos gira en torno a la capacidad de las regiones menos desarrolladas para gestionar proyectos de I + D + i en términos cuantitativos y cualitativos suficientes y de tal calidad que aseguren que se utilizan y que no se derivan a inversiones con escaso valor;

24.

Pide a la Comisión que evalúe el sistema de asignación y su impacto sobre la evolución de disparidades regionales y que se determine si, en la definición de prioridades, este sistema no favorece un enfoque demasiado centralizado; espera que esta evaluación comience con la publicación en 2008 por la Comisión del Quinto Informe sobre la Cohesión, que se espera que se centre en la relación entre la política de cohesión y las prioridades de crecimiento y empleo de la estrategia de Lisboa para todas las regiones;

25.

Subraya que la política de cohesión no puede favorecer a las regiones que ya se muestran dinámicas, que sería lo que ocurriría si se lleva a cabo una señalización estricta de los créditos; recuerda que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la política de cohesión incluirá los tres objetivos de la cohesión económica, social y territorial, que van más allá de la Estrategia de Lisboa;

26.

Pide que se amplíe la Estrategia de Lisboa a la dimensión territorial, lo que permitiría tener en cuenta las características propias de los territorios, al tiempo que se fomentarían las sinergias y las cooperaciones transeuropeas, prestando un apoyo especial a las diferentes formas y tipos de actividades innovadoras;

27.

Destaca al mismo tiempo que el papel de la política de cohesión no puede limitarse a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa; entiende que el lograr la cohesión territorial mediante acciones en el ámbito del objetivo de convergencia es condición previa para asegurar la competitividad a largo plazo de las regiones; considera, por tanto, que los actuales objetivos 1 (convergencia) y 2 (competitividad y empleo en las regiones) deberían tratarse como complementarios también en el futuro y asimismo complementarios con el Objetivo 3 (cooperación territorial europea);

28.

Pide a la Comisión que incluya una definición de «cohesión territorial» en el próximo Libro Verde sobre cohesión territorial (previsto para septiembre de 2008) con el fin de avanzar en esta política comunitaria;

29.

Subraya, a este respecto, la importancia de las asociaciones y de la aplicación de una auténtica gobernanza a todos niveles —comunitario, nacional, regional y local, en consulta con los interlocutores económicos y sociales— para la definición y la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo regional, evitando que se reduzca el campo de aplicación de las prioridades de acción definidas a nivel europeo cuando éstas se apliquen a nivel nacional, regional o local («bottom up approach»); con objeto de evitar cualquier posible riesgo de exclusión de los agentes que intervienen en el desarrollo y en la cohesión de los territorios, en el marco de políticas en vigor o en curso de desarrollo, como por ejemplo la política urbana;

30.

Propone que se dé prioridad a las políticas que obren hacia un auténtico desarrollo policéntrico de los territorios, para aliviar la presión sobre las capitales y favorecer la emergencia de polos secundarios; considera en este sentido que no hay que olvidar el apoyo a las zonas rurales, ni el importante papel que desempeñan las ciudades pequeñas y medianas situadas en estas zonas;

31.

Pide asimismo que se tomen medidas concretas para reducir las disparidades entre las regiones territorialmente accesibles y las regiones con desventajas estructurales, en particular las regiones montañosas, insulares, escasamente pobladas, periféricas y fronterizas, reconociendo la situación de desventaja en que se encuentran estas últimas y tomando medidas especiales y permanentes de ayuda para apoyarlas; reafirma su compromiso de tener en cuenta las desventajas específicas de las regiones ultraperiféricas;

32.

Aboga por una asociación más estrecha de las problemáticas urbanas y rurales; subraya que el desarrollo de las zonas rurales debe coordinarse con acciones aplicadas en el marco de la política regional; expresa su preocupación, en este contexto, acerca de la utilidad de un enfoque separado de la cohesión y el desarrollo rural (a través del Fondo agrícola europeo para el desarrollo rural); pide que se elabore un estudio sobre las consecuencias de incrementar la financiación para el desarrollo rural mediante mecanismos de modulación obligatoria;

33.

Pone en guardia contra el riesgo de organizar las políticas por sectores y fomenta el desarrollo de un enfoque integrado que permita identificar las posibles sinergias entre la política de cohesión y las políticas sectoriales más importantes como el transporte, la agricultura, la pesca, el desarrollo rural, el medio ambiente y la energía, la investigación y la tecnología;

34.

Pide a la Comisión que analice en sus futuros informes la medida en que los diferentes instrumentos y políticas, incluyendo la política de cohesión, han contribuido al progreso realizado en el ámbito de la cohesión económica y social; considera que los logros y los problemas deben ser analizados en todos los ámbitos importantes, en particular en el ámbito de la estrategia de Lisboa;

35.

Espera que el debate sobre la política de cohesión posterior a 2013 propicie que se otorgue una especial importancia a las regiones situadas junto a las fronteras exteriores de la Unión con el fin de asegurar la estabilidad y la prosperidad transfronterizas, lo que a su vez se traducirá no solo en el desarrollo de las regiones fronterizas de la Unión Europea sino que también contribuirá a la convergencia y la competitividad del conjunto de la Unión;

36.

Destaca que, para luchar contra los fenómenos de «segregación espacial» y exclusión social, orientándose hacia un crecimiento sostenible y equilibrado, se necesita la contribución de una política inmobiliaria precisa, enmarcada en una estrategia más amplia de desarrollo territorial, planificación urbana y gestión de los servicios públicos locales;

37.

Pide que los objetivos de la Agenda territorial y de la Carta de Leipzig se traduzcan en la adopción de un programa de acción concreto para integrar mejor la dimensión territorial en todas las políticas públicas, comunitarias, nacionales y locales y espera la manifestación práctica de dicho programa; con vistas a completar la cohesión económica y social con un componente territorial en el marco del Tratado de Lisboa, es necesario desarrollar indicadores apropiados para definir el contenido de la cohesión territorial;

38.

Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión sobre un futuro Libro Verde sobre cohesión territorial, que se espera que se apruebe en septiembre de 2008, y pide que incluya orientaciones concretas para la aplicación del enfoque integrado;

39.

Es consciente de la importancia de una cooperación constante entre el Parlamento Europeo, por medio de su Comisión de Desarrollo Regional, y el Comité de las Regiones, sobre el futuro de la política regional;

40.

Considera que en el futuro, la Unión Europea se enfrentará cada vez más a nuevos desafíos con unas fuertes repercusiones territoriales que exacerbarán los obstáculos existentes para el desarrollo regional, tales como el cambio demográfico, la concentración urbana, los desplazamientos migratorios, que son especialmente problemáticos para las zonas rurales y periféricas, las cuestiones energéticas y climáticas y la adaptación a las mutaciones relativas a la globalización así como a la ampliación y a las políticas de vecindad; subraya en este contexto la importancia de proyectos piloto relativos a la adaptación de las regiones a estos nuevos desafíos;

41.

Pide que se lleven a cabo análisis regulares de los costes y las repercusiones en las políticas estructurales de las posibles ampliaciones futuras antes del inicio de nuevas negociaciones de adhesión y espera poder desempeñar un papel más importante en las políticas de ampliación y vecindad, y que dicha participación sea vinculante para la definición de los instrumentos de preadhesión;

42.

Hace hincapié en la gravedad del problema que supone la despoblación en muchos territorios de la Unión Europea, que conlleva el envejecimiento de la población, la pérdida de capital humano, la fuga de capitales, un coste mayor de los servicios, etc.;

43.

Considera que la evolución demográfica puede tener un impacto territorial considerable, como por ejemplo el despoblamiento de algunas zonas, especialmente las zonas rurales menos desarrolladas, acompañada de una concentración urbana y del envejecimiento de la sociedad o el desarrollo de la economía residencial en otras zonas, lo que requiere el desarrollo de estrategias innovadoras específicas para resolver estos problemas, lo que implica un esfuerzo por mantener los servicios de interés económico general y la garantía de un elevado nivel de servicios universales;

44.

Observa que el cambio climático tendrá repercusiones variables, en particular en términos de catástrofes naturales más frecuentes y graves, tales como incendios forestales, sequías e inundaciones, que exigirán respuestas diferentes según la región europea de que se trate y que las regiones deben abordar mediante una revisión y adaptación de sus estrategias de desarrollo sostenible para alcanzar el objetivo de la UE de reducir la emisiones de CO2; considera que la política de cohesión de la UE debe ser respetuosa con el clima, pero recuerda que las posibilidades abiertas a la política de cohesión en este área son limitadas; opina que la lucha contra el cambio climático debe abordarse también desde otras políticas comunitarias;

45.

Recuerda asimismo, en el marco de la formulación de una política global efectiva para proporcionar protección contra las catástrofes naturales, la importancia de adoptar la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (COM(2005) 0108), que proporciona una respuesta más oportuna y adecuada a las catástrofes naturales a escala regional, que a menudo son devastadoras en algunas regiones debido a su situación geográfica;

46.

Considera que la cuestión del suministro energético y la subida del precio de la energía pueden tener incidencias espaciales considerables en los territorios como resultado de la fuerte dependencia energética de la mayoría de los Estados miembros, en particular en las zonas rurales, montañosas, isleñas, muy remotas o ultraperiféricas, por el hecho de su dependencia de los transportes, sector sensible al coste de la energía; señala que el desarrollo de energías renovables y la inversión eficiencia energética y en unidades de suministro descentralizadas podrían ofrecer grandes oportunidades de desarrollo regional y local en el futuro;

47.

Reitera su solicitud en relación a la reutilización de los créditos no gastados por la aplicación de la regla N+2 o N+3 aplicable a la política de cohesión, con el fin de maximizar los escasos recursos disponibles;

48.

Considera que el mantenimiento de la política de cohesión después de 2013 es una respuesta adecuada a estos nuevos desafíos, que dicha política deberá aplicarse al conjunto del territorio de la Unión, si bien de manera diferenciada; considera que la política de cohesión deben seguir siendo una política comunitaria de acuerdo con el Tratado y el principio de solidaridad y rechaza, por consiguiente, todos los intentos de renacionalizar esta política;

49.

Opina que la política de cohesión debe reforzarse en el futuro y que su valor añadido debe ser subrayado más firmemente; pide, por consiguiente, que se asignen suficientes recursos financieros a la política de cohesión a nivel comunitario; pide que la revisión del marco financiero se utilice como una oportunidad para definir recursos presupuestarios necesarios para hacer frente a todos los desafíos de la política de cohesión de la Unión;

50.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.