a)

las «cuentas anuales de las Comunidades Europeas» (1) que consisten en los «estados financieros consolidados» (2) y «los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria» (3) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007;

b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a estas cuentas.

a)

La responsabilidad de la dirección con respecto a las «cuentas anuales de las Comunidades Europeas» abarca la concepción, la ejecución y el mantenimiento del control interno pertinente para la elaboración y presentación fidedigna de los estados financieros exentos de inexactitudes, debidas a fraude o a error, la selección y aplicación de las políticas apropiadas, a partir de las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión (5), y la realización de estimaciones contables razonables con arreglo a las circunstancias. De conformidad con el artículo 129 del Reglamento Financiero, la Comisión aprobará las cuentas anuales de las Comunidades Europeas, una vez que el contable de la Comisión las haya consolidado a partir de la información presentada por las demás instituciones (6) y organismos (7) y haya elaborado una nota que acompañe las cuentas consolidadas en la que declare, entre otras cosas, que tiene garantías razonables de que estas cuentas reflejan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de las Comunidades Europeas.

b)

El modo en que la dirección ejerce su responsabilidad respecto de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes depende de la forma de ejecución presupuestaria. En el caso de una gestión centralizada, los servicios de la Comisión asumen las competencias de ejecución. Cuando la gestión es compartida, dichas competencias son delegadas a los Estados miembros, cuando es descentralizada a los países terceros y si se trata de una gestión indirecta centralizada, a otros organismos. En el caso de gestión conjunta, las competencias se reparten entre la Comisión y organizaciones internacionales (artículos 53 a 57 del Reglamento financiero). Las competencias de ejecución deben ajustarse al principio de buena gestión financiera, lo que implica concebir, realizar y mantener un control interno eficaz y eficiente, incluyendo una supervisión y unas medidas adecuadas que permitan prevenir las irregularidades y el fraude y, si es preciso, procedimientos jurídicos destinados a la recuperación de los fondos abonados o empleados de forma indebida. Con independencia de la forma de ejecución aplicada, la Comisión es responsable en última instancia de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de las Comunidades Europeas (artículo 274 del Tratado).

a)

en «Agricultura y recursos naturales», el Tribunal constató que las operaciones subyacentes al gasto declarado en relación con este grupo de políticas, en conjunto, presenta un nivel significativo de errores relativos a la legalidad o a la regularidad. Así pues, con arreglo a los trabajos de fiscalización efectuados, el Tribunal concluye que los sistemas de control y supervisión solo son, por lo general, parcialmente eficaces para garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria, si bien considera que el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) sigue siendo eficaz para limitar el riesgo de gasto irregular, si se aplica adecuadamente y se introducen en el sistema datos precisos y fiables;

b)

en «Cohesión», el Tribunal constató que el reembolso de los gastos relativos a los proyectos de las políticas de cohesión está afectado por un nivel significativo de errores relativos a la legalidad o a la regularidad. Por tanto, el Tribunal concluye, con arreglo a los trabajos de fiscalización efectuados, que los sistemas de supervisión de la Comisión y los sistemas de control de los Estados miembros solo son, por lo general, parcialmente eficaces para prevenir los gastos declarados en exceso o no subvencionables;

c)

en el ámbito de «Investigación, energía y transporte», el Tribunal constató que los pagos efectuados a este grupo de políticas presentan un nivel significativo de errores relativos a la legalidad o a la regularidad. Los trabajos del Tribunal mostraron que, pese a ciertas mejoras, los sistemas de control y supervisión de la Comisión no mitigan suficientemente el riesgo inherente del reembolso de gastos excesivos o no subvencionables;

d)

en cuanto a «Ayuda exterior, desarrollo y ampliación», el Tribunal constató que las operaciones subyacentes a los gastos efectuados en este grupo de políticas presentan un nivel significativo de errores relativos a la legalidad o a la regularidad, principalmente en las organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos. El Tribunal concluye, con arreglo a los trabajos de fiscalización efectuados, y pese a las mejoras introducidas en la Comisión, que los sistemas de control y supervisión solo son parcialmente eficaces para ofrecer garantías de que los gastos están debidamente justificados y son subvencionables;

e)

en «Educación y ciudadanía» el Tribunal constató que los pagos efectuados a este grupo de políticas presentan un nivel significativo de errores relativos a la legalidad o a la regularidad, y concluye, con arreglo a los trabajos de fiscalización efectuados, que los sistemas de control y supervisión no ofrecen garantías suficientes de que los gastos están justificados y son subvencionables.

a)

una parte desproporcionadamente grande del porcentaje global de errores calculado para el ámbito «Agricultura y recursos naturales» corresponde al desarrollo rural. En cuanto a los gastos del FEAGA, el Tribunal considera que su porcentaje de error es ligeramente inferior al umbral de materialidad, mientras que el porcentaje de error estimado para los gastos del FEADER está muy por encima de dicho umbral;

b)

La complejidad o falta de claridad de las obligaciones jurídicas (como, por ejemplo, las normas para acceder a las subvenciones) inciden considerablemente en la legalidad o regularidad de las operaciones subyacentes al gasto en los ámbitos de «Agricultura y recursos naturales», «Cohesión», «Investigación, energía y transporte» y «Educación y ciudadanía».