s)

«interferencia perjudicial»: una interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade gravemente, obstruya o interrumpa reiteradamente un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación comunitaria o nacional aplicable.

s)

«interferencia perjudicial»: una interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade gravemente, obstruya o interrumpa reiteradamente un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación comunitaria o nacional aplicable, o bien con arreglo a los planes de frecuencias internacionales;

a)

En el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

a)

En el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

(b)

En el apartado 2, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:

(b)

En el apartado 2, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:

«a)

velando por que los usuarios, incluidos los discapacitados, los de la tercera edad y los que tienen necesidades sociales especiales, obtengan el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad»;

a)

velando por que los usuarios, incluidos los discapacitados, los de la tercera edad y los que tienen necesidades sociales especiales, obtengan el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad;

«b)

velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, en particular en lo que se refiere a la entrega de contenidos;»

b)

velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, en particular en lo que se refiere a la entrega de contenidos;

c)

En el apartado 3, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

c)

En el apartado 3, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d)

trabajando con la Comisión y la Autoridad a fin de garantizar el desarrollo de una práctica reguladora coherente y la aplicación coherente de la presente Directiva y de las Directivas específicas.»

«d)

trabajando con la Comisión y la Autoridad a fin de garantizar el desarrollo de una práctica reguladora coherente y la aplicación coherente de la presente Directiva y de las Directivas específicas.»

d)

En el apartado 4, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

d)

En el apartado 4, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e)

respondiendo a las necesidades de grupos sociales específicos, en particular de los usuarios con discapacidades, usuarios de la tercera edad y usuarios con necesidades sociales especiales;»

«e)

respondiendo a las necesidades de grupos sociales específicos, en particular de los usuarios con discapacidades, usuarios de la tercera edad y usuarios con necesidades sociales especiales, así como minorías étnicas, culturales o sociales de zonas rurales o con baja densidad de población;»

1.

Los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio con arreglo al artículo 8. Velarán asimismo por que la atribución y asignación de estas radiofrecuencias por las autoridades nacionales de reglamentación se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

1.

Los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio con arreglo al artículo 8. Velarán asimismo por que la atribución y asignación de estas radiofrecuencias por las autoridades nacionales de reglamentación se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.

2.

Los Estados miembros fomentarán la armonización del uso de las radiofrecuencias en toda la Comunidad, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente de las mismas y con arreglo a la Decisión no 676/2002/CE (Decisión sobre el espectro radioeléctrico).

2.

Los Estados miembros fomentarán la armonización del uso de las radiofrecuencias en toda la Comunidad, lo que puede contribuir a la realización de economías de escala y facilitar la interoperabilidad de los servicios en beneficio de los consumidores, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente de las mismas y con arreglo a la Decisión no 676/2002/CE (Decisión espectro radioeléctrico).

3.

A menos que en el párrafo segundo o en las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 9 quater se disponga otra cosa, los Estados miembros velarán por que se puedan utilizar todos los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica en las bandas de radiofrecuencias abiertas a los servicios de comunicaciones electrónicas.

3.

A menos que en el párrafo segundo o en las medidas adoptadas de conformidad con la decisión sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/UE) el artículo 9 quater se disponga otra cosa, los Estados miembros velarán en lo posible, facilitarán la prestación de por que se puedan utilizar todos los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica en las bandas de radiofrecuencias abiertas a los servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con las listas de asignaciones de frecuencias nacionales y la reglamentación UIT.

a)

evitar interferencias perjudiciales,

a)

evitar interferencias perjudiciales,

b)

proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos,

b)

proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos,

c)

garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias cuando su uso esté sometido a una autorización general, o

c)

garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias durante su utilización cuando su uso esté sometido a una autorización general, o

d)

cumplir con una restricción de conformidad con el apartado 4.

d)

cumplir con una restricción de conformidad con el apartado 4.

4.

A menos que en el párrafo segundo o en las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 9 quater se disponga otra cosa, los Estados miembros velarán por que en las bandas de radiofrecuencias abiertas a las comunicaciones electrónicas puedan prestarse todos los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten.

4.

A menos que en el párrafo segundo o en las medidas adoptadas de conformidad con la Decisión sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/UE) el artículo 9 quater se disponga otra cosa, los Estados miembros velarán facilitarán, en lo posible por que en las bandas de radiofrecuencias abiertas a las comunicaciones electrónicas puedan prestarse todos los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con las listas de asignaciones de frecuencias nacionales y la reglamentación UIT. Los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten.

5.

Los Estados miembros deberán revisar periódicamente la necesidad de las restricciones a que se refieren los apartados 3 y 4.

5.

Los Estados miembros deberán revisar periódicamente la necesidad de las restricciones a que se refieren los apartados 3 y 4 y serán los únicos habilitados para definir cualquier excepción relacionada con aquellas.

6.

Los apartados 3 y 4 se aplicarán a la atribución y asignación de radiofrecuencias a partir del 31 de diciembre de 2009.

6.

Los apartados 3 y 4 se aplicarán a la atribución y asignación de radiofrecuencias a partir del 31 de diciembre de 2009 de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva en los Estados miembros.

1.

Durante un período de cinco años que comenzará el [1 de enero de 2010], los Estados miembros velarán por que los titulares de derechos de uso de radiofrecuencias que fueron otorgados con anterioridad a esa fecha puedan presentar a la autoridad nacional de reglamentación competente una solicitud de nueva evaluación de las restricciones de sus derechos de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 9.

2.

Cuando el titular de derechos mencionado en el apartado 1 sea un proveedor de servicios de contenidos de radiodifusión sonora o televisiva, y el derecho de uso de radiofrecuencias se haya otorgado para la consecución de un objetivo específico de interés general, solo podrá solicitarse la nueva evaluación en relación con la parte de las radiofrecuencias necesaria para el logro de tal objetivo. La parte de las radiofrecuencias que no resulte necesaria para el logro de tal objetivo a consecuencia de la aplicación de los apartados 3 y 4 del artículo 9 será objeto de un nuevo procedimiento de asignación de conformidad con el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva autorización.

3.

Transcurrido el período de cinco años a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que se apliquen los apartados 3 y 4 del artículo 9 a todas las asignaciones y atribuciones de radiofrecuencias restantes que existían en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

4.

Al aplicar este artículo, los Estados miembros tomarán las medidas apropiadas para garantizar la competencia leal.

1.

Los Estados miembros velarán por que las empresas puedan transferir o arrendar a otras empresas los derechos individuales de uso de radiofrecuencias en las bandas para las cuales se prevea tal cosa en las medidas de ejecución adoptadas de conformidad con el artículo 9 quater sin el consentimiento previo de la autoridad nacional de reglamentación.

2.

Los Estados miembros velarán por que se notifique a la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación de espectro y se haga pública la intención de una empresa de transferir derechos de uso de radiofrecuencias. En los casos en que el uso de radiofrecuencias se haya armonizado a través de la aplicación de la Decisión espectro radioeléctrico o de otras medidas comunitarias, cualquier eventual transferencia de este tipo deberá ajustarse a tal uso armonizado.

a)

armonizar la identificación de las bandas para las cuales se permite transferir o arrendar entre empresas los derechos de uso;

b)

armonizar las condiciones impuestas a tales derechos y las condiciones, procedimientos, límites, restricciones, retiradas y normas transitorias aplicables a tales transferencias o arriendos;

c)

armonizar las medidas específicas encaminadas a garantizar la competencia leal cuando se transfieran derechos individuales;

d)

crear una excepción al principio de neutralidad con respecto al servicio o la tecnología, así como armonizar el alcance y la naturaleza de cualquier excepción a este principio de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 9 no encaminada a la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación.

1.

Cuando una empresa suministradora de redes de comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo a la legislación nacional, del derecho a instalar recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer el uso compartido de tales recursos o propiedades, incluyendo las entradas a edificios, mástiles, antenas, conductos, cámaras subterráneas y distribuidores en las calles.

1.

Cuando una empresa suministradora de redes de comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo a la legislación nacional, del derecho a instalar recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer el uso compartido de tales recursos o propiedades, incluyendo las entradas a edificios, mástiles, antenas, conductos, cámaras subterráneas y distribuidores en las calles, siempre que tales medidas sean técnicamente factibles.

2.

Los Estados miembros podrán exigir que los titulares de los derechos a que se refiere el apartado 1 compartan los recursos o la propiedad (incluida la coubicación física) o adopten medidas para facilitar la coordinación de las obras públicas para proteger el medio ambiente, la salud pública, la seguridad pública o alcanzar los objetivos de la planificación urbana y territorial sólo después de transcurrido un período apropiado de consulta pública, durante el cual todas las partes interesadas deberán tener la oportunidad de expresar sus opiniones. Tales sistemas de uso compartido o de coordinación podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o las propiedades.

2.

Los Estados miembros podrán exigir que los titulares de los derechos a que se refiere el apartado 1 compartan los recursos o la propiedad (incluida la coubicación física) o adopten medidas para facilitar la coordinación de las obras públicas para proteger el medio ambiente, la salud pública, la seguridad pública o alcanzar los objetivos de la planificación urbana y territorial sólo después de transcurrido un período apropiado de consulta pública, durante el cual todas las partes interesadas deberán tener la oportunidad de expresar sus opiniones. Tales sistemas de uso compartido o de coordinación podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o las propiedades.

3.

Las medidas adoptadas por una autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el apartado 1 deberán ser objetivas, transparentes y proporcionadas.

3.

Las medidas adoptadas por una autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el apartado 1 deberán ser objetivas, transparentes y proporcionadas y deberán permitir un uso compartido de los costes sobre una base equitativa.

3.

Las autoridades nacionales de reglamentación, teniendo cuenta en la mayor medida posible la recomendación y las directrices, definirán los mercados pertinentes apropiados a las circunstancias nacionales, y en particular los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio, con arreglo a los principios del Derecho de la competencia. Antes de definir los mercados distintos de los enumerados en la recomendación, las autoridades nacionales de reglamentación observarán los procedimientos contemplados en los artículos 6 y 7.

3.

Las autoridades nacionales de reglamentación, teniendo cuenta en la mayor medida posible la recomendación y las directrices, definirán los mercados pertinentes apropiados a las circunstancias nacionales o regionales, y en particular los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio, con arreglo a los principios del Derecho de la competencia. Antes de definir los mercados distintos de los enumerados en la recomendación, las autoridades nacionales de reglamentación observarán los procedimientos contemplados en los artículos 6 y 7.

1.

Las autoridades nacionales de reglamentación efectuarán un análisis de los mercados pertinentes enumerados en la recomendación, teniendo en cuenta las directrices en la mayor medida posible.Los Estados miembros velarán por que este análisis se lleve a cabo, si procede, en colaboración con las autoridades nacionales responsables en materia de competencia.

1.

Las autoridades nacionales de reglamentación efectuarán un análisis de los mercados pertinentes enumerados en la recomendación, teniendo en cuenta las directrices en la mayor medida posible.Los Estados miembros velarán por que este análisis se lleve a cabo, si procede, en colaboración con las autoridades nacionales responsables en materia de competencia. Tales estudios deberán tener en cuenta las diferencias culturales o lingüísticas regionales o locales.

1.

Sin perjuicio del artículo 9 de la presente Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización), cuando la Comisión constate que las divergencias en la aplicación por las autoridades nacionales de reglamentación de las tareas reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las Directivas específicas pueden crear un obstáculo al mercado interior, podrá, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen de la Autoridad, de haberlo, presentar una recomendación o una decisión sobre la aplicación armonizada de lo dispuesto en la presente Directiva y en las Directivas específicas para fomentar la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 8.

1.

Una autoridad nacional de reglamentación podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, y en particular en el párrafo segundo del apartado 3 de su artículo 8, imponer a las empresas integradas verticalmente la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.

1.

Los Estados miembros no someterán el uso de radiofrecuencias al otorgamiento de derechos individuales de uso, sino que incluirán las condiciones de uso de tales radiofrecuencias en la autorización general, a menos que esté justificado el otorgamiento de derechos individuales para:

1.

Los Estados miembros no someterán el uso de radiofrecuencias al otorgamiento de derechos individuales de uso, sino que incluirán las condiciones de uso de tales radiofrecuencias en la autorización general, a menos que esté justificado el otorgamiento de derechos individuales para:

a)

evitar un grave riesgo de interferencia perjudicial; o

a)

evitar un grave riesgo de interferencia perjudicial; o

b)

alcanzar otros objetivos de interés general.

b)

alcanzar otros objetivos de interés general.

2.

Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso de radiofrecuencias y números, los Estados miembros otorgarán tales derechos a cualquier empresa que preste o use redes o servicios al amparo de la autorización general y así lo solicite, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 6, 6 bis y 7 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 11 de la presente Directiva, y a las demás normas que garanticen el uso eficiente de estos recursos de conformidad con la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

2.

Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso de radiofrecuencias y números, los Estados miembros otorgarán tales derechos a cualquier empresa que preste o use redes o servicios al amparo de la autorización general y así lo solicite, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 6, 6 bis y 7 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 11 de la presente Directiva, y a las demás normas que garanticen el uso eficiente de estos recursos de conformidad con la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

3.

Las decisiones relativas a los derechos de uso se adoptarán, comunicarán y harán públicas lo antes posible tras la recepción de la solicitud completa por la autoridad nacional de reglamentación, en el plazo de tres semanas en el caso de los números que se hayan otorgado por motivos específicos en el plan nacional de numeración y en el plazo de seis semanas en el caso de las radiofrecuencias atribuidas a las comunicaciones electrónicas en el cuadro nacional de frecuencias. Este último plazo no afectará a cualquier acuerdo internacional que sea de aplicación relativo al uso de radiofrecuencias o posiciones orbitales.

3.

Las decisiones relativas a los derechos de uso se adoptarán, comunicarán y harán públicas lo antes posible tras la recepción de la solicitud completa por la autoridad nacional de reglamentación, en el plazo de tres semanas en el caso de los números que se hayan otorgado por motivos específicos en el plan nacional de numeración y en el plazo de seis semanas en el caso de las radiofrecuencias atribuidas a las comunicaciones electrónicas en el cuadro nacional de frecuencias. Este último plazo no afectará a cualquier acuerdo internacional que sea de aplicación relativo al uso de radiofrecuencias o posiciones orbitales.

4.

Cuando, tras consultar con las partes interesadas de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), se haya decidido que los derechos de uso de números de excepcional valor económico deben concederse mediante procedimientos de selección competitiva o comparativa, los Estados miembros podrán ampliar hasta en tres semanas el plazo máximo de tres semanas.

4.

Cuando, tras consultar con las partes interesadas de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), se haya decidido que los derechos de uso de números de excepcional valor económico deben concederse mediante procedimientos de selección competitiva o comparativa, los Estados miembros podrán ampliar hasta en tres semanas el plazo máximo de tres semanas.

5.

Los Estados miembros no limitarán el número de derechos de uso que deban otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias de conformidad con el artículo 7.

5.

Los Estados miembros no limitarán el número de derechos de uso que deban otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de las radiofrecuencias de conformidad con el artículo 7.

6.

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las radiofrecuencias se utilicen eficiente y eficazmente, de conformidad con el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco). También velarán por que la competencia no quede falseada a consecuencia de ninguna transferencia o acumulación de derechos de uso de radiofrecuencias. A tal efecto, los Estados miembros podrán adoptar medidas apropiadas, tales como reducir, suprimir u obligar a vender un derecho de uso de radiofrecuencias.«

6.

1.

La medida técnica de ejecución a que se refiere la letra f) del apartado 1 del artículo 6 bis podrá prever que la Autoridad formule propuestas para la selección de la empresa o empresas a las que pueden concederse derechos individuales de uso de radiofrecuencias o números, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento [.. ].

1.

Sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en materia de promoción de la política cultural y de los medios de comunicación, de las diversidades culturales y lingüísticas, así como de la pluralidad de los medios de comunicación, L la medida técnica de ejecución a que se refiere la letra f) del apartado 1 del artículo 6 bis podrá prever que la Autoridad el grupo Organismo de Entidades Reguladoras Europeas de Telecomunicaciones formule propuestas para la selección de la empresa o empresas que presten servicios paneuropeos o servicios de comunicaciones electrónicas a las que pueden concederse derechos individuales de uso de radiofrecuencias o números, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento [.. ].

2.

Teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen de la Autoridad, la Comisión adoptará una medida por la que se seleccione la empresa o empresas a las que se concederán derechos individuales de uso de radiofrecuencias o números. La medida especificará el plazo en el que las autoridades nacionales de reglamentación concederán tales derechos de uso. Al obrar así, la Comisión actuará de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 bis.

2.

Teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del Organismo de Entidades Reguladoras Europeas de Telecomunicaciones de la Autoridad, l L a , la Comisión adoptará una medida por la que se seleccione la empresa o empresas que presten servicios paneuropeos o servicios de comunicaciones electrónicas a las que se concederán derechos individuales de uso de radiofrecuencias o números. La medida especificará el plazo en el que las autoridades nacionales de reglamentación concederán tales derechos de uso. Al obrar así, la Comisión actuará de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 14 bis.

(7)

Se suprime el artículo 8.

(7)

(1)

Condiciones impuestas a los derechos de uso de radiofrecuencias:

a)

duración de los derechos de uso de las radiofrecuencias;

b)

alcance territorial de los derechos;

c)

posibilidad de transferir el derecho a otros usuarios de las radiofrecuencias y condiciones y procedimientos conexos;

d)

método de determinación de los cánones por uso relativos a los derechos de uso de radiofrecuencias;

(e)

número de derechos de uso que se otorgarán a cada empresa;

f)

condiciones enumeradas en la parte B del anexo I.

2.

Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los Estados miembros podrán obligar a las empresas designadas a que ofrezcan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso o utilizar la conexión a la red a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 o los servicios identificados en el apartado 3 del artículo 4 y en los artículos 5, 6 y 7 como pertenecientes a las obligaciones de servicio universal y que sean prestados por empresas designadas.

2.

Teniendo en cuenta las circunstancias regionales o locales nacionales, los Estados miembros podrán obligar a las empresas designadas a que ofrezcan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso o utilizar la conexión a la red a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 o los servicios identificados en el apartado 3 del artículo 4 y en los artículos 5, 6 y 7 como pertenecientes a las obligaciones de servicio universal y que sean prestados por empresas designadas.

3.

Además de las disposiciones para que las empresas designadas apliquen opciones tarifarias especiales o limitaciones de precios, equiparación geográfica u otros regímenes similares, los Estados miembros podrán garantizar que se preste ayuda a los consumidores con rentas bajas, con discapacidad o con necesidades sociales especiales.

3.

Además de las disposiciones para que las empresas designadas apliquen opciones tarifarias especiales o limitaciones de precios, equiparación geográfica u otros regímenes similares, los Estados miembros podrán garantizar que se preste ayuda a los consumidores con rentas bajas, con discapacidad o con necesidades sociales especiales que habiten en regiones de difícil acceso.

1.

Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios finales de los servicios mencionados en el apartado 2, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, puedan llamar de manera gratuita y sin tener que utilizar ningún medio de pago a los servicios de urgencia utilizando el número único europeo de llamada de urgencia «112», como complemento de cualquier otro número nacional de llamada de urgencia especificado por las autoridades nacionales de reglamentación.

1.

Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios finales de los servicios mencionados en el apartado 2, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, puedan llamar de manera gratuita y sin tener que utilizar ningún medio de pago a los servicios de urgencia utilizando el número único europeo de llamada de urgencia «112», como complemento de cualquier otro número nacional de llamada de urgencia especificado por las autoridades nacionales de reglamentación.

2.

Los Estados miembros velarán por que las empresas que prestan servicios que permiten efectuar llamadas nacionales o internacionales a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica proporcionen acceso a los servicios de urgencia.

2.

Los Estados miembros velarán por que las empresas nacionales o paneuropeas que prestan servicios que permiten efectuar llamadas nacionales o internacionales a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica proporcionen acceso a los servicios de urgencia.

1.

Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razonables de transmisión de determinados canales de programas de radio y televisión y servicios de accesibilidad a las empresas bajo su jurisdicción que suministren redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas de radio o televisión al público, si un número significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se impondrán exclusivamente en los casos en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general, definidos de manera clara y específica por cada Estado miembro en su ordenamiento jurídico nacional, y deberán ser proporcionadas y transparentes.

1.

Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razonables de transmisión de determinados canales de programas de radio y televisión y servicios de medios de comunicación audiovisuales y toda clase de servicios complementarios y servicios de accesibilidad a las empresas bajo su jurisdicción que suministren redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas de radio o televisión al público, si un número significativo de usuarios finales de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se impondrán exclusivamente en los casos en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general, definidos de manera clara y específica por cada Estado miembro en su ordenamiento jurídico nacional, y deberán ser proporcionadas y transparentes.