30.6.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 146/69

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respalda la propuesta de establecer un plazo mínimo de diez días para impedir que los poderes adjudicadores firmen un contrato antes de que la decisión de adjudicación se haya comunicado a los demás licitadores. Este procedimiento permite verificar las decisiones antes de que adquieran fuerza legal, lo que beneficia tanto a los poderes adjudicadores como a los proveedores;

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opina que la propuesta para impedir los contratos ilegales de adjudicación directa va demasiado lejos, y aboga por el sistema actual de daños y perjuicios. La Comisión Europea afirma que los contratos ilegales de adjudicación directa constituyen un problema de proporciones considerables, pero no lo demuestra, por ejemplo presentando datos estadísticos precisos en la materia. Pide por tanto a la Comisión Europea que proporcione información detallada sobre el número de contratos ilegales de adjudicación directa;

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señala que no parece estar claro hasta qué punto las directivas «Recursos» se aplican a las licitaciones de los servicios incluidos en el anexo II B que superen el umbral. El Comité de las Regiones considera que los recursos contra la adjudicación de contratos para los servicios de tipo B deben excluirse explícitamente del ámbito de aplicación de las directivas «Recursos», de modo que sean los Estados miembros quienes decidan cómo garantizar la seguridad jurídica de los proveedores en las contrataciones de este tipo de servicios. Un buen número de ellos, por ejemplo los servicios sanitarios y sociales, constituyen el núcleo de las actividades de los entes locales y regionales. Las competencias de la UE en este ámbito son muy limitadas, y la Unión no debería aumentarlas «por la puerta de atrás», a través de las directivas «Recursos» en materia de contrataciones públicas.

1.1

acoge positivamente la propuesta de modificar las directivas «Recursos», ya que considera que un sistema de recurso eficaz y más transparente mejora la protección de los proveedores, con lo que es de esperar que mejore también su disposición a presentar ofertas. De esta manera aumenta la competencia, lo que a su vez beneficia a los poderes adjudicadores;

1.2

opina no obstante que la simplificación de la normativa es una de las condiciones esenciales para reducir el número de recursos. La simplicidad de las disposiciones facilita su cumplimiento y limita el número de malentendidos. Lamentablemente, las nuevas directivas en materia de contratación no van en este sentido, pues sus complicadas normas de procedimiento hacen que los poderes adjudicadores puedan cometer errores fácilmente. Esto afecta especialmente a los entes locales y regionales de menor talla, que no disponen de especialistas jurídicos en materia de contrataciones. Recuerda también a la Comisión Europea que la mayor parte de las contrataciones públicas no se llevan a cabo a nivel nacional, sino que son competencia de los entes locales y regionales;

1.3

opina asimismo que, si las sanciones aplicables a los delitos en materia de licitaciones se hacen sentir con especial agudeza, en especial en combinación con una normativa compleja, ello puede acarrear consecuencias negativas. En primer lugar, es posible que los poderes adjudicadores dejen de recurrir a contrataciones públicas y opten por encargarse ellos mismos de las prestaciones. Otra consecuencia puede ser una obsesión excesiva por los precios más bajos. Resulta difícil discutir qué oferta tiene el precio más bajo, mientras que aspectos como la calidad y otros parámetros similares pueden ponerse en entredicho más fácilmente;

1.4

respalda la propuesta de establecer un plazo mínimo de diez días para impedir que los poderes adjudicadores firmen un contrato antes de que la decisión de adjudicación se haya comunicado a los demás licitadores. Este procedimiento permite verificar las decisiones antes de que adquieran fuerza legal, lo que beneficia tanto a los poderes adjudicadores como a los proveedores. Asimismo, apoya la propuesta de que los Estados miembros puedan prever que la entidad que desea presentar un recurso tenga la obligación de informar al poder adjudicador sobre la supuesta infracción y sobre su intención de recurrir la decisión. Solicita a la Comisión que, transcurrido un año, investigue los efectos de la introducción de ese plazo de diez días, con vistas a averiguar en qué medida ha conducido a un aumento importante de los casos de recurso, como ha sucedido en varios Estados miembros;

1.5

señala sin embargo que pueden surgir problemas en relación con el efecto de los contratos para cuya celebración se hayan incumplido las disposiciones correspondientes. La propuesta de directiva señala que estos contratos no tendrán efecto, pero el CDR considera que debería dejarse que los Estados miembros decidan sobre este punto, con el fin de permitir una adaptación a las normativas nacionales en materia de contratos y daños y perjuicios;

1.6

cuestiona la suposición de la Comisión de que la introducción de la norma de los diez días pueda conllevar, en un primer momento, el incremento, en unos pocos puntos porcentuales, del número de recursos. En Suecia, la introducción de un plazo similar al propuesto arrojó un aumento inicial del número de recursos del orden del 150 %, una cifra que incluso ha seguido aumentando tras este incremento inicial (1);

1.7

opina que la propuesta para impedir los contratos ilegales de adjudicación directa va demasiado lejos, y aboga por el sistema actual de daños y perjuicios. La Comisión Europea afirma que los contratos ilegales de adjudicación directa constituyen un problema de proporciones considerables, pero no lo demuestra, por ejemplo presentando datos estadísticos precisos en la materia. Pide por tanto a la Comisión Europea que proporcione información detallada sobre el número de contratos ilegales de adjudicación directa. Los cuestionarios en línea a los que hace referencia son insuficientes para poder constituir la base de una modificación de tanta importancia. La obligación de anunciar todos los contratos públicos que sobrepasen el umbral y que un poder adjudicador considera poder celebrar sin un procedimiento formal de licitación, con el consiguiente periodo de interrupción de la actividad, tiene consecuencias importantes para los poderes adjudicadores. Entran dentro de este grupo, por ejemplo, los acuerdos con las propias empresas y algunos de los acuerdos de cooperación intermunicipal. El CDR ya ha indicado en dictámenes anteriores cuáles son los problemas que surgen en torno a la firma de contratos públicos con empresas propias y en los casos de cooperación intermunicipal. En su opinión, la normativa en materia de licitaciones no debe dificultar o imposibilitar estos procedimientos;

1.8

señala que la aplicación de las directivas «Recursos» no parece estar clara por lo que se refiere a las licitaciones para los servicios incluidos en el anexo II B (2) que superen el umbral. Considera que los recursos contra la adjudicación de contratos para los servicios de tipo B deben excluirse explícitamente del ámbito de aplicación de las directivas «Recursos», de modo que sean los Estados miembros quienes decidan cómo garantizar la seguridad jurídica de los proveedores en las contrataciones de este tipo de servicios. Un buen número de ellos, por ejemplo los servicios sanitarios y sociales, constituyen el núcleo de las actividades de los entes locales y regionales. Las competencias de la UE en este ámbito son muy limitadas, y la Unión no debería aumentarlas «por la puerta de atrás», a través de las directivas «Recursos» en materia de contrataciones públicas. El CDR considera que son exclusivamente los Estados miembros quienes deben decidir tanto sobre las contrataciones públicas de servicios de tipo B como sobre los contratos por debajo del umbral;

1.9

respalda la propuesta de derogar el mecanismo de certificación de las entidades contratantes y el mecanismo de conciliación.